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Llamado a convocatoria sobre Experiencias en materia de Exigibilidad y Justiciabilidad de DESCA        

Fuente: CEJA

Fuente: CEJA

01 de marzo, 2019

CEJA y el programa DIRAJus de la Cooperación Alemana/GIZ invitan a profesionales, especialistas, académicos y no académicos, grupos, instituciones y organizaciones activas en la promoción y defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de América Latina y el Caribe, a un diálogo regional sobre las propias experiencias respecto del rol de los sistemas jurisdiccionales en la materialización de los DESCA en países signatarios del Protocolo de San Salvador y otros en América Latina y el Caribe.

El propósito de iniciar este diálogo en 2019 es también el de reunir distintas experiencias en varios países de la región, posibilitando una reflexión sustantiva sobre la cuestión de los DESCA en una dimensión que trascienda la perspectiva local y permita un análisis comparado a nivel regional.

¿En qué consiste la convocatoria?

Desde la exigencia de una tutela efectiva surge la pregunta central: ¿En qué medida han contribuido los sistemas judiciales a asegurar que los beneficios de la proclamación de los DESCA alcancen a toda la población de los respectivos países, garantizando su plena exigibilidad y justiciabilidad?


En la búsqueda de una respuesta, se espera que -a partir del relato de una situación específica de afectación de uno o más DESCA (conflictos concretos en los que haya trabajado o conozca)-, lo/as postulantes analicen cómo surgió el conflicto, de qué manera se lo identificó y cuáles son las causas a las que responde; las estrategias, actividades y acciones de abordaje y articulación con actores sociales; la construcción del conflicto en caso judicial y su institucionalización; las limitaciones y externalidades que explican y rodean la causa judicial, su procesamiento, resultado y cumplimiento; y, los demás elementos esenciales o accesorios, estructurales o contingentes, que hayan condicionado o posibilitado en el caso en concreto la exigibilidad y justiciabilidad del DESCA en cuestión.

¡Prepará tu propuesta!En este link se adjuntan las bases de la convocatoria y el formulario de postulación. La convocatoria estará abierta por 30 días, desde el 1 a30 de marzo. Se elegirán 20 propuestas. Para la elaboración de la propuesta de postulación deberán observarse las pautas o guías establecidas en el formulario pertinente. Los seleccionados deberán elaborar su trabajo final con seguimiento del equipo CEJA-GIZ y experto/as. En las bases constan los términos y cronograma. Por cada trabajo final elaborado se asignará una renta de dos mil dólares estadounidenses (USD 2.000) por todo concepto. Para preguntas sobre la convocatoria, formulario o postulación escribe a matias.sucunza@cejamericas.orgalejandra.bocardo@cejamericas.org o juanjose.martinez@cejamericas.org.

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Derecho Ambiental / Environmental Law

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PPG to pay $1.2 million in pollution settlement             

Source: Jurist

April 03, 2019

-United States-

The Pennsylvania Department of Environmental Protection (DEP) on Tuesday announced the terms of a settlement with PPG Industries, Inc. (PPG), requiring PPG to pay a $1.2 million civil penalty for environmental contamination.

For decades, from the 1920’s until 1970, PPG dumped polluted materials from a glass manufacturing plant into the Allegheny River in Armstrong County. While there is evidence that the contamination has harmed stream quality and fish near the site of pollution, DEP said that public water supply intakes located downstream have not been impacted by the discharge.

The settlement also requires that PPG cleanup and treat the discharge in the Allegheny River and its tributary Glade Run. Since the lawsuit, PPG has “conducted numerous investigations of its own at the site and implemented various control and remedial strategies to control the leachate discharges.” 

DEP Southwest Regional Director Ron Schwartz said that reaching this agreement is “long overdue” but it is necessary for the environment and “protects further generations.”

As part of this settlement, PPG has agreed not to appeal the final National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) permit for treated wastewater discharges.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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El Supremo determina que las organizaciones ambientales están exentas de pagar costas        

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS), a través de un auto –de 13 de marzo de 2019–, ha dejado sin efecto la tasación de costas aprobada en un proceso judicial a cuyo pago había sido condenada una organización medioambiental sin ánimo de lucro, a la que previamente se le había concedido la asistencia jurídica gratuita por la correspondiente Comisión de Justicia Gratuita.

El Alto Tribunal admite, por primera vez, que una organización ambiental sin ánimo de lucro a la que le ha sido reconocida la justicia gratuita reconocida por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente –conocida popularmente como Ley Aarhus– no está obligada a abonar las costas judiciales, al ser contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

El ponente, el magistrado Tolosa Tribiño, determina que las organizaciones sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, , no están obligadas a justificar su falta de recursos para litigar en estos casos, y cambia de criterio al dejar sin efecto por primera vez la tasación de las costas judiciales que se había practicado.

Como consecuencia de esta decisión, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) no tendrá que abonar los 11.260 euros que el propio TS había aprobado en concepto de costas tras desestimar una demanda que había presentado esta institución de defensa del medio ambiente.

El IIDMA presentó en 2017 una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Nacional de Transición para grandes instalaciones de combustión (GIC).

Dicho Plan, al que están acogidas la mayoría de las centrales térmicas españolas, supone una excepción a la obligación de operar conforme a valores límites de emisión más estrictos que dicta la normativa europea para reducir las emisiones contaminantes.

Tras un año y medio de proceso, el Alto Tribunal desestimó el recurso mediante sentencia de 12 de julio de 2018 y condenó en costas a la organización. En enero de 2019 se aprobaron los decretos que aprobaban la tasación de costas practicada, que fueron recurridos en revisión por el Instituto.

La Ley Aarhus incorpora al derecho español las obligaciones del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, del que España es parte desde 2005.

Protección medioambiental

“El hecho que el TS haya reconocido por vez primera que las organizaciones ambientales sin fines de lucro no deben hacer frente al pago de las costas judiciales, independientemente de sus recursos, supone un gran paso para la protección del medio ambiente en nuestro país y una victoria del estado de derecho”, explica Ana Barreira, Directora de IIDMA.

“Gracias al Convenio de Aarhus, conocido como convenio de la democracia ambiental, una de las principales barreras al acceso a la Justicia en materia ambiental ha sido superada. Las organizaciones ambientales en muchas ocasiones nos vemos obligadas a acudir a los tribunales de justicia porque la legislación en materia ambiental no se respeta en muchas ocasiones. No olvidemos que la legislación ambiental responde a la necesidad de proteger nuestro Planeta. Por ello, vencida esa barrera nuestra labor se facilita”, afirma Ana Barreira.

Derecho Internacional / International Law

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EU launches new infringement proceedings against Poland over judiciary reforms       

Source: Jurist

April 03, 2019

he European Commission on Wednesday launched infringement proceedings against Poland by sending a Letter of Formal Notice regarding its new disciplinary regime for judges.

The notice alleges that the new regime “undermines the judicial independence of Polish judges by not offering necessary guarantees to protect them from political control, as required by the Court of Justice of the European Union.” Poland has two months to reply.

The Commission alleges that Poland has failed to meet its obligations under Article 19(1) of the Treaty on European Union and Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which preserve the right to “an effective remedy before an independent and impartial court.” The Commission alleges that Polish law “allows to subject ordinary court judges to disciplinary investigations, procedures and ultimately sanctions, on account of the content of their judicial decisions.”

In addition, the Commission alleges that Poland’s regime does not ensure that a court can decide in first instance on disciplinary proceedings against ordinary court judges, because it gives the power to the President of the Disciplinary Chamber to determine the disciplinary court of first instance to hear a given case, “on an ad-hoc basis and with an almost unfettered discretion.”

The Commission is also of the opinion that Poland has failed to fulfill its obligations under Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which ensures courts’ right to request preliminary rulings from the European Court of Justice.

The EU’s concern about Poland not adhering to EU’s principles on rule of law is increasing. Last December the European Court of Justice ruled that Poland must “immediately” suspend the national legislation which lowered the mandatory retirement age for its supreme court judges.

Derecho Internacional / International Law

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La Eurocámara aprueba las nuevas normas para el intercambio de datos del sector público                    

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-Unión Europea-

 El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la Directiva sobre los datos abiertos y la información del sector público. La normativa refuerza la disponibilidad y el uso innovador de los datos públicos o con financiación pública, lo que a su vez ayudará a impulsar el desarrollo de tecnologías que hacen un uso intensivo de datos, como la inteligencia artificial.

El vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, y la comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, avalan y se han mostrado hoy satisfechos por el resultado de la votación en una declaración conjunta.

“Estamos muy satisfechos por el apoyo abrumador a la Directiva sobre los datos abiertos entre los diputados al Parlamento Europeo”, señalan en una nota conjunta. “Los datos son un activo esencial de la economía digital, y una gran parte de ese activo es generada por el sector público. Para aprovechar plenamente su potencial de innovación, es fundamental que los datos públicos o con financiación pública sean fácilmente accesibles para los ciudadanos y las empresas de la UE. Esto es especialmente cierto en el caso de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende del acceso a grandes cantidades de datos”, añaden.

Ansip y Gabriel entienden que “es necesario reforzar las normas de la UE sobre la reutilización de la información del sector público para adecuarla a la rápida evolución de las tecnologías y superar los obstáculos que impiden a las pymes y las empresas emergentes innovar en la utilización de recursos de datos públicos”. A su juicio, “gracias a la Directiva sobre los datos abiertos adoptada hoy, los datos en tiempo real del sector público, así como los de las organizaciones de investigación y las empresas públicas, serán más fácilmente accesibles y utilizables tanto por las máquinas como por las personas”.

Próximas etapas

El texto adoptado hoy por el Parlamento Europeo tendrá que ser aprobado oficialmente por el Consejo de la UE. A continuación, los Estados miembros contarán con un plazo de dos años para aplicar las normas revisadas, antes de que entren en vigor. La Comisión empezará a trabajar con los Estados miembros en la identificación de conjuntos de datos de alto valor, que se dispondrán en un acto de ejecución.

Derecho de Familia / Family Law

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Entra en vigor el nuevo permiso de paternidad de ocho semanas          

Fuente: Noticias Jurídicas

01 de abril, 2019

-España-

 El RDL 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas. Calvo ha detallado que el plazo para la implantación de esta medida será de tres años “para dar tiempo suficiente a las empresas”. Así, en 2019 serán ocho semanas de permiso, en 2020 doce semanas, y se llegará a las 16 en 2021.

De esta manera los progenitores distintos de la madre biológica de todos los bebés nacidos a partir de este lunes disfrutarán de ocho semanas de permiso, frente a las cinco semanas que tenían desde verano de 2018.

En la nueva redacción del art. 48 ET se establece que el nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica durante 16 semanas.

Disfrute del permiso 

Las primeras dos semanas del permiso de paternidad se deben disfrutar de forma conjunta con la madre e inmediátamente después del parto. 

El futuro permiso de 16 semanas se distribuirán del siguiente modo:

• Las primeras 6 semanas posteriores al parto deberán disfrutarse ininterrumpidas y a jornada completa.

• Las 10 semanas restantes podrán distribuirse a voluntad del progenitor, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida, a jornada completa o a tiempo parcial, y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses.

El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días. Y cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. Aquí también se equipara el derecho al de la madre biológica.

Todo esto también se contempla para los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento.

Esta medida será implementada paulatinamente según la nueva disp. adic. vigesimotercera del ET:

– A partir de 1 de abril 2019: la suspensión del contrato por nacimiento tendrá una duración de 8 semanas, de las cuales las 2 primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. La madre biológica podrá ceder al otro progenitor hasta 4 semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio.

– A partir de 1 de enero de 2020: 12 semanas (las 4 primeras ininterrumpidas). La madre biológica podrá ceder hasta 2 semanas.

– A partir de 1 de enero de 2021: 16 semanas, de las cuales las 6 primeras deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida. A partir de este momento ninguno de los progenitores puede transferir este derecho al otro.

La misma disposición regula las particularidades que se puedan dar mientras no se produzca la total equiparación en los periodos de suspensión de ambos progenitores.

También se modifica la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regulando la suspensión del contrato por nacimiento para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas (arts. 7, 48.f), 49.a), b) c) y d), y disp. trans. novena RDL 5/2015).

La LGSS también adapta su redacción a las nuevas medidas, así la rúbrica del capítulo VI del Título II en lugar de «maternidad» se denomina «Nacimiento y cuidado de menores» y la del capítulo VII en lugar de «paternidad» «Corresponsabilidad en el cuidado del lactante».

Destacamos la incorporación de la disp. trans. trigésima segunda que regula el periodo transitorio para el abono del periodo no obligatorio de la prestación por nacimiento y cuidado del menor.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El CGPJ avala el anteproyecto de ley de impulso a la mediación pero reclama medidas que garanticen una implicación “real y efectiva” para su implantación                        

Fuente: Noticias Jurídicas

29 de marzo, 2019

-España-

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe favorable al Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación, elaborado por la Secretaría de Estado de Justicia. El dictamen hace una valoración general positiva del texto, pero incide en la necesidad de ir más allá del estricto planteamiento normativo y de aprobar medidas que garanticen una “implicación real, efectiva y coordinada de las instituciones responsables de la mediación y un mayor compromiso” tanto de los jueces y magistrados como de las administraciones competentes en la materia. En definitiva, reclama “políticas públicas capaces de crear un sistema que garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia”. Han sido ponentes del informe los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo.

Mediante la reforma de leyes sustantivas y procesales (Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley de asistencia jurídica gratuita), el anteproyecto de ley establece, entre otras medidas, la obligada asistencia de las partes en conflicto a una sesión informativa sobre la mediación, cuyo alcance y consecuencias regula; establece también medidas referidas a los incentivos económicos de la mediación, a su relación con el derecho a acceder a la justicia, a la confidencialidad y calidad de la mediación. La norma afecta únicamente a los procesos de los órdenes civil y mercantil.

El anteproyecto supone un avance en el cumplimiento de la Directiva 2008/52/CE, de agosto de 2016, y de los objetivos que, sobre la implantación de la mediación, han marcado tanto la Comisión como el Parlamento Europeo. En este ámbito, afirma el dictamen, es donde se encuentra la razón de ser del anteproyecto, que entiende la mediación no tanto como un instrumento concebido para aligerar la carga de trabajo de los tribunales sino como una herramienta que, siendo capaz de producir ese efecto, debe considerarse esencialmente como “un medio capaz de propiciar la tutela de los derechos e intereses legítimos”. La consecución de esta tutela, añade el informe, está directamente relacionada con la “calidad de la mediación”.

Si bien la valoración general que el informe hace sobre el anteproyecto es positiva, el CGPJ realiza una serie de consideraciones que inciden en la necesidad de plantear medidas de impulso a la mediación que vayan más allá del ámbito estrictamente normativo. Tal y como el órgano de gobierno de los jueces señaló en el documento “Diez realidades-Diez propuestas” presentado el pasado mes de enero, el impulso a la mediación requiere “políticas públicas” capaces de crear un sistema que garantice el acceso del ciudadano a la justicia y que cuente con la “implicación real, efectiva y coordinada” de las instituciones responsables de la mediación y también “un mayor compromiso tanto de los miembros de la Carrera Judicial como de las administraciones competentes”.

Sería conveniente, concluye el dictamen, “acometer una regulación integral y con mayor profundidad” de la mediación, más allá de reformas puntuales dirigidas sólo a incentivar el uso de esta herramienta.

Respetuoso con los derechos fundamentales

El informe del CGPJ analiza el anteproyecto desde el prisma de la compatibilidad entre la mediación obligatoria “mitigada” que en él se establece y los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción, amparados por la Constitución (art. 24) y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 47). 

En lo que respecta al art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el órgano de gobierno de los jueces concluye que el anteproyecto se encuentra dentro de los márgenes que configuran los estándares de protección derivados del citado precepto y que satisface también los principios de equivalencia y efectividad. 

Asimismo, afirma que la mediación obligatoria “mitigada” no vulnera el art. 24.1 de la Constitución porque la obligatoriedad prevista en el articulado no excluye que la decisión última de acudir a esta vía se adopte de forma voluntaria por las partes ni tampoco impide la intervención judicial. La mediación obligatoria “mitigada”, explica el dictamen, “no empaña la voluntariedad que caracteriza a este instrumento de solución extrajudicial de conflictos, ni desplaza la intervención judicial (…) permaneciendo incólume la plenitud del ejercicio de la función jurisdiccional”.  

El órgano de gobierno de los jueces plantea la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la mediación obligatoria con el fin de mejorar su funcionalidad, y ello sin exceder del marco de los estándares de protección de los derechos fundamentales antes citados. Se trataría bien de incluir otras materias y procedimientos de naturaleza ejecutiva bien de proyectar la obligatoriedad hacia estadios más avanzados del procedimiento de mediación, no limitándola a la participación en sesiones informativas. Asimismo, expresa la conveniencia de extenderla mediación a la fase de ejecución de todos los procedimientos judiciales.

La mediación como servicio público

Finalmente, en consonancia con las recomendaciones tanto del Parlamento Europeo como del Parlamento español, el CGPJ afirma que la reforma podría ser una oportunidad para diseñar un Servicio Público de Mediación, es decir, una especie de administración pública de apoyo, coordinación y prestación de servicios en favor de la mediación que garantizara en todo el territorio nacional el acceso a la mediación en igualdad de condiciones y oportunidades.  

Por ello, considera necesaria una formación de calidad en mediación que se haga extensiva no sólo a los planes formativos de los grados universitarios que se considere oportuno sino también a todos los ciclos formativos. Asimismo, entiende que debería incluirse en los temarios de las oposiciones, especialmente las de la Administración de Justicia.

Con el fin de dotar de efectividad “lo más pronto posible” al conjunto de medidas recogidas en el anteproyecto, el dictamen expresa la conveniencia de reducir la vacatio legis de los tres años previstos a seis meses. Señala, en este sentido, que debería contemplarse un plazo de tiempo proporcionado a las verdaderas necesidades para la implantación del sistema, acaso con una mayor implicación de todas las administraciones.

El órgano de gobierno de los jueces valora también de modo positivo que el anteproyecto se muestre “sensible” a las demandas de los sectores y agentes de mediación y recoja en su articulado las reivindicaciones más relevantes con el objetivo de impulsar este sistema de resolución de litigios.

El informe ha sido aprobado con el voto a favor de diez de los dieciocho vocales presentes en el momento de la votación. Entre los ocho discrepantes, han anunciado voto particular Rafael Fernández Valverde, Roser Bach Fabregó, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y Vicente Guilarte Gutiérrez.  

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Los condenados en sentencia no firme por corrupción o rebelión son ineligibles para cualquier cargo público

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-España-

No son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

Así, lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de abril de 20195, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, en la que estima que es preciso actuar con “la ejemplaridad social exigible a quien ejerce la función pública, máxime si es representante de los ciudadanos”.

La ponente, la magistrada Pico Lorenzo, razona que “lo dicho por el Tribunal Constitucional no es cuestión novedosa en nuestro marco jurídico europeo y su herencia cultural. Si bien los regímenes de los Estados miembros de la Unión Europea sobre inelegibilidad reflejan tradiciones jurídicas distintas suelen coincidir en que una condena penal inhabilita para ocupar un cargo público”.

Incluso, -continúa indicando la magistrada- en algún Estado, haber incurrido en quiebra o ser indigno de ocupar un cargo público por otro motivo también es causa de inelegibilidad.

Por ejemplo, cita Dinamarca, donde una persona no puede ser elegible si ha sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna de pertenecer al Parlamento Europeo o al Folketing, Parlamento danés (www Comisión Europea).

En este caso, el litigio versaba sobre un recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante nueve años.

El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.

El Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida y afirma que, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia constitucional, es “certera” la interpretación que hizo el Cabildo, por lo que la declaración de incompatibilidad del recurrente para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura no vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución.

También considera que la cuestión de interés casacional planteada se proyecta más allá del archipiélago canario, motivo por lo que examina la cuestión desde un plano general.

Pico Lorenzo se plantea si la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 6.2 b) en relación con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

Así, considera que el artículo 6.2 de la LOREG en su última reforma tiene “un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que concierne al artículo 23.2 CE en aras a una mayor protección de las instituciones públicas haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público”.

Pico Lorenzo subraya, también, que “la sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito”.