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Derechos Humanos / Human Rights

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Foto; Naciones Unidas

La salud es un derecho humano: ¿Qué significa la cobertura sanitaria universal?

Fuente: Naciones Unidas

11 de abril, 2021

 El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud…”

Por su parte, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”.

Sin embargo, unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios, según datos anteriores a la pandemia de COVID-19.

Además, los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios cuando todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los Estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria.

¿Qué es la cobertura sanitaria universal?

La cobertura sanitaria universal implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Abarca toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

La cobertura sanitaria universal permite a todos acceder a servicios que atienden las causas más importantes de las enfermedades y la muerte, y asegura que la calidad de esos servicios sea suficientemente buena para mejorar la salud de las personas que los reciben.

Proteger a las personas de las consecuencias financieras que puede tener el pago de los servicios de salud reduce el riesgo de que se empobrezcan a resultas de una enfermedad inesperada que exija la utilización de los ahorros de toda una vida, la venta de bienes o el recurso a préstamos, que pueden destruir su futuro y a menudo el de sus hijos.

Lograr la cobertura sanitaria universal es una de las metas que se fijaron los países que adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Los países que avanzan en su logro también lo harán hacia las demás metas relacionadas con la salud y los demás Objetivos. La buena salud no solo hace posible que los niños aprendan, los adultos se ganen la vida y la gente en general escape de la pobreza, sino que también sienta las bases para el desarrollo económico a largo plazo.

¿Qué tienes que saber?

  • La cobertura sanitaria universal no incluye la cobertura gratuita de todas las intervenciones sanitarias posibles, independientemente de su costo, ya que ningún país puede permitirse ofrecer todos los servicios gratuitamente de forma sostenible.
  • La cobertura sanitaria universal no se refiere únicamente a la financiación de la salud: abarca todos los componentes del sistema de salud, a saber, los sistemas de prestación de servicios de salud, el personal sanitario, las instalaciones sanitarias o las redes de comunicación, las tecnologías sanitarias, los sistemas de información, los mecanismos de garantía de la calidad, la gobernanza y la legislación.
  • La cobertura sanitaria universal no solo tiene por finalidad asegurar un conjunto de servicios de salud mínimos, sino también lograr la ampliación progresiva de la cobertura de los servicios de salud y de la protección financiera, conforme se disponga de más recursos.
  • La cobertura sanitaria universal no solo engloba los servicios de tratamiento específicos, sino también incluye los servicios a la población como las campañas de salud pública, la adición de flúor al agua, el control de los lugares de reproducción de los mosquitos, entre otros.
  • La cobertura sanitaria universal comprende mucho más que solo la salud. Adoptar medidas para alcanzar la cobertura sanitaria universal equivale a adoptar medidas para lograr la equidad, las prioridades en materia de desarrollo y la inclusión y cohesión sociales.

¿De qué manera pueden los países avanzar hacia la cobertura sanitaria universal?

Muchos países ya están avanzando hacia la cobertura sanitaria universal. Todos los países pueden esforzarse por avanzar más rápidamente hacia su consecución o por mantener los logros ya obtenidos. En los países en que los servicios de salud son generalmente accesibles y asequibles, los gobiernos tienen cada vez más dificultades para responder a las crecientes necesidades sanitarias de su población y al aumento de los costos de los servicios de salud.

Para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal es preciso fortalecer los sistemas sanitarios en todos los países. Es esencial asimismo contar con estructuras de financiación sólidas. Si la gente tiene que pagar la mayoría de los gastos de salud de su propio bolsillo, los pobres serán incapaces de obtener muchos de los servicios que necesitan, e incluso los ricos se verán expuestos a dificultades económicas en caso de enfermedad grave o prolongada. El acopio de fondos procedentes de fuentes de financiación obligatorias (como las contribuciones obligatorias al seguro médico) permiten repartir los riesgos financieros relacionados con una enfermedad entre la población.

La mejora de la cobertura de los servicios de salud y de los resultados sanitarios depende de la disponibilidad, accesibilidad y capacidad de los trabajadores sanitarios de proporcionar una atención integrada de calidad centrada en las personas. Las inversiones en personal de salud primaria son muy necesarias y resultan costo-eficaces para mejorar la equidad en el acceso a los servicios de salud esenciales. Otros elementos fundamentales son la buena gobernanza, la existencia de sólidos sistemas de adquisición y suministro de medicamentos y tecnologías sanitarias, y de sistemas de información sanitaria eficientes.

En la cobertura sanitaria universal no solo es importante determinar qué servicios están cubiertos sino de qué manera se financian, gestionan y prestan. Es preciso cambiar radicalmente la prestación de los servicios con el fin de asegurar que se integre y focalice en las necesidades de las personas y comunidades.

Esto conlleva la reorientación de los servicios de salud que asegure que la atención se preste en el contexto más apropiado, con un justo equilibrio entre la atención a los pacientes externos e internos y el fortalecimiento de la coordinación de esa atención. Los servicios de salud, incluidos los servicios de la medicina tradicional y complementaria, que se organizarán en función de las necesidades y expectativas generales de las personas y comunidades, contribuirán a asegurar que estas desempeñen un papel más activo en su salud y sistema de salud.

¿Se puede medir la cobertura sanitaria universal?

Sí. El seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de la cobertura sanitaria universal debe centrarse en dos datos:

  • la proporción de la población que puede tener acceso a servicios de salud esenciales de calidad
  • la proporción de la población que gasta sumas importantes del presupuesto familiar en la salud

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado, conjuntamente con el Banco Mundial, un marco que permite evaluar los avances en la cobertura sanitaria universal mediante el seguimiento de ambas categorías, que tiene en cuenta tanto el nivel general como la medida en la que es equitativa, ofrece una amplia gama de servicios y protección financiera a todas las personas de un grupo de población determinado, como los pobres o las personas que viven en zonas rurales remotas.

La agencia de la ONU utiliza 16 servicios de salud esenciales como indicadores del nivel y la equidad de la cobertura en los países, que agrupa en cuatro categorías, a saber:

Salud reproductiva, de la madre, el recién nacido y el niño:

  • planificación familiar
  • atención durante el embarazo y el parto
  • inmunización infantil completa
  • comportamiento de búsqueda de atención de salud en caso de neumonía.

Enfermedades infecciosas:

  • tratamiento de la tuberculosis
  • tratamiento de la infección por el VIH con antirretrovíricos
  • tratamiento de la hepatitis
  • uso de los mosquiteros tratados con insecticida para la prevención del paludismo
  • saneamiento adecuado

Enfermedades no transmisibles:

  • prevención y tratamiento de la hipertensión arterial
  • prevención y tratamiento de la hiperglucemia
  • detección del cáncer cervicouterino
  • (no) consumo de tabaco

Servicios: capacidad y acceso:

  • acceso a servicios hospitalarios básicos
  • densidad de personal sanitario
  • acceso a los medicamentos esenciales
  • seguridad sanitaria: cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional

Como cada país es único, cada uno puede centrar su labor en diferentes esferas o concebir sus propios medios para evaluar los progresos realizados en a la consecución de la cobetura sanitaria universal. Sin embargo, cabe considerar también la utilidad de un enfoque mundial que se basa en medidas normalizadas y reconocidas internacionalmente que faciliten la comparación entre los países a lo largo del tiempo.

¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud en este sentido?

La cobertura sanitaria universal tiene su sólido fundamento en la Constitución de la OMS de 1948, en la que se declara que la salud es un derecho humano fundamental y se adquiere el compromiso de garantizar a todos los más altos niveles posibles de salud.

Esta agencia de la ONU apoya a los países para que desarrollen sistemas de salud que les permitan conseguir y sostener la cobertura sanitaria universal, así como evaluar los progresos realizados. Ahora bien, la Organización no trabaja de forma aislada, sino que colabora con diferentes socios en situaciones muy diversas y con distintos fines, con miras a promover la cobertura sanitaria universal en todo el mundo. Las alianzas en las que participa son entre otras:

Todos los países pueden hacer más para mejorar los resultados sanitarios y afrontar la pobreza mediante el aumento de la cobertura de los servicios de salud y la reducción del empobrecimiento ocasionado por el pago de los servicios de salud.

Derechos Humanos / Human Rights

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Naciones Unidas

Las solicitudes de asilo en México baten su récord en marzo

Fuente: Naciones Unidas

13 de abril, 2021

El número de solicitudes de asilo en México batió su récord en marzo con más de 9000 peticiones. En lo que va de 2021, el número de peticiones ha aumentado más de un 30% respecto al año pasado. 

Desde enero, se han registrado 22.606 solicitudes, según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que recoge un comunicado de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esto representa un aumento del 31% respecto a 2020 y del 77% con respecto al mismo período de 2019. 

El aumento refleja la tendencia ascendente antes de la pandemia, que comenzó en 2014, y que continúa mientras el país expande su capacidad para procesar las solicitudes de asilo e integrar a las personas refugiadas.

Entre 2014 y 2019, el número de solicitudes de asilo registradas en México aumentó de 2137 a 70.302, un incremento de más del 3000%.

La pandemia causó una pausa en la tendencia al alza, cuando las restricciones de movimiento relacionadas con la COVID-19 y los cierres de fronteras llevaron a una caída significativa en las solicitudes. Sin embargo, a medida que los países flexibilizaron las restricciones la trayectoria ascendente regresó.

Huyendo de la violencia

Según la Agencia, el alto número de solicitudes es también una muestra de los importantes esfuerzos que está haciendo México para ofrecer protección a quienes huyen para salvar sus vidas.

La mayoría de las peticiones están relacionadas con la violencia que afecta a cientos de miles de personas en ciertos lugares de Centroamérica, incluidas amenazas, reclutamiento forzado, extorsión, violencia sexual y asesinatos.

“Un 64% son del triángulo norte de Centroamérica. De ellos, el 51% proviene de Honduras, 8% de El Salvador y un 5% de Guatemala. Los cubanos y haitianos son un 11% cada uno y los venezolanos un 6%. Un 22% de todos los solicitantes son niños y la mayoría llegan sin familiares”, explicó Aikaterini Kitidi, portavoz de la Agencia. 

En cuanto a las personas que intentan llegar a Estados Unidos, ACNUR está ayudando al actual Gobierno a procesar las solicitudes de personas que tenían casos abiertos, pero fueron obligadas a permanecer en México por el anterior Ejecutivo. De las 25.000 personas elegibles, se han completado 17.248 solicitudes entre febrero y comienzos de abril.

“Hasta el 11 de abril, 6320 personas han sido autorizadas a entrar en Estados Unidos”, dijo Kitidi. 

Derechos Humanas / Human Rights

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Día de la Mujer | Millones de mujeres marcharon en todo el mundo en el Día  de la Mujer para repudiar la violencia y pedir por la igualdad de género -  BBC
Foto: BBC

A casi la mitad de las mujeres se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus relaciones sexuales

Fuente: Naciones Unidas

14 de abril, 2021

Casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, según concluye el nuevo informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, este año bajo el lema Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

A mayor nivel educativo, más poder de decisión

El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

En aquellos países en los que existen datos disponibles el informe muestra que:

  • Solo el 55% de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a mantener relaciones sexuales
  • Únicamente el 71% de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales
  • Solamente el 75% de los países garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción
  • Cerca del 80% de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales
  • Únicamente alrededor del 56% de los países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad

Un conjunto de situaciones que provoca el rechazo de la directora ejecutiva del Fondo, la doctora Natalia Kanen.

“El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos” y añadió que “en esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros”.

El estudio también documenta otros de vulneración de la autonomía corporal en mujeres, hombres, niñas y niños.

  • Veinte países o territorios tienen leyes que obligan a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si se casa con la mujer o niña que ha violado
  • Cuarenta y tres países no cuentan con legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja (la violación por parte de un cónyuge)
  • Más de treinta países restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar
  • Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto

Negar la autonomía corporal supone una violación de los derechos de las mujeres

El informe también analiza cómo las iniciativas para confrontar los abusos pueden derivar en mayores vulneraciones de la autonomía corporal.

A modo de ejemplo, se indica que en los procesos judiciales de casos de violación es probable que el sistema de justicia penal requiera que la sobreviviente sea sometida a la llamada prueba de virginidad, un procedimiento invasivo.

Según el estudio, las auténticas soluciones a estos problemas deberán considerar las necesidades y experiencias de las personas afectadas. Así, en Mongolia, las personas con discapacidad se organizaron para informar directamente al gobierno sobre sus necesidades en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

“La negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas que refuerza las inequidades y perpetúa la violencia derivada de la discriminación por razón de género”, comentó Kanem. ” Se trata sencillamente de una destrucción del espíritu, y hay que detenerla”.

“Al contario”, afirmó la máxima responsable del Fondo, “una mujer que tiene control sobre su cuerpo tiene más probabilidades de estar empoderada en otros ámbitos de su vida. Se beneficia no sólo desde el punto de vista de su autonomía, sino también a través de los avances en los ámbitos de la salud, educación, ingresos y seguridad. Tiene más probabilidades de prosperar, y lo mismo sucederá con su familia”.

El informe sobre el Estado de la Población Mundial se publica anualmente desde 1978 y pone de relieve cuestiones novedosas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incorporándolas al debate público y analizando los retos y las oportunidades que presentan para el desarrollo internacional.

Derechos Humanos / Human Rights

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El programa antiterrorista de Estados Unidos Recompensas para la Justicia viola los derechos humanos, aseguran expertos

Fuente: Naciones Unidas

14 de abril, 2021

El programa antiterrorista de Estados Unidos Recompensas para la Justicia viola los derechos humanos de aquellos individuos por los que ofrece una gratificación a quienes puedan información que conduzcan a su paradero, según varios expertos* independientes de la ONU.

Operado por el Departamento de Estado, el programa ofrece dinero sobre personas fuera de los Estados Unidos que el Gobierno considera como asociados al terrorismo pero que no tienen cargos por crimen alguno.

También ofrece recompensas dinerarias a individuos extranjeros a los que considera estar implicados en actos de terrorismo si cooperan con Estados Unidos.

“A muchas de las personas a las que el programa Recompensas para la Justicia tiene como objetivo, se las ha negado el derecho al debido proceso”, asegura Alena Douhan, relatora** especial sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.

“Esos derechos comprenden el de la presunción de inocencia y el de un juicio justo, a los que Estados Unidos está obligado por las leyes internacionales. Ofreciendo dinero por la información que pueda conducir a su detención, el programa alienta a otras personas a participar en la denegación de esos derechos”, asegura la relatora.

Diferencias entre nacionales y extranjeros

“Tales recompensas tienen paralelismo con los carteles de personas en busca y captura” de la Justicia estadounidense, explica Douhan, sin embargo, a diferencia de los extranjeros, los ciudadanos norteamericanos han sido acusados formalmente de crímenes o tienen órdenes de arresto.

El ofrecimiento de dinero por la captura de individuos extranjeros supuestamente implicados en actividades terroristas o asociados con entidades descritas por Estados Estados como implicadas en actividades terroristas, incluidas instituciones en Irán, Cuba y otros muchos Estados, vienen acompañadas de amenazas sobre la imposición de sanciones a aquellos individuos que no cooperen con las exigencias del Gobierno estadounidense.

Otros derechos violados

Sin posibilidad de acceder a la justicia para protegerlos, las sanciones impuestas contra esos individuos violan distintos derechos humanos, entre ellos el derecho al trabajo, la libertad de movimiento, el derecho a la buena reputación, el derecho a la vida y el derecho al olvido.

“Hacer que una persona lleve a cabo tareas contra su voluntad bajo la amenaza de una sanción por no hacerlo equivale a trabajo forzoso según lo definido por los acuerdos hechos a través de la Organización Internacional del Trabajo, una definición que Estados Unidos”, dijo Douhan.

El trabajo forzoso está prohibido por tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado.

Por ese motivo, la relatora insta al Gobierno a revisar el programa Recompensas para la Justicia con el objetivo de asegurar que está alineado con las leyes internacionales.

“La lucha contra el terrorismo es obviamente necesaria, pero solo puede hacerse con el debido respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados, de conformidad con la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo“, concluyó Douhan.

La Relatora Especial ha planteado esto, junto con otras cuestiones que preocupan a su mandato, al gobierno de los Estados Unidos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

*Los expertos que firman el comunicado son Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Leigh Toomey presidenta del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; Elina Steinerte, vicepresidenta del grupo; y los relatores de ese grup Miriam Estrada-Castillo,  Muma Malila y Priya Gopala.

Derecho Internacional / International Law

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Europe rights court finds France extradition of one Romanian escapee breached human rights, but not other

Source: Jurist

March 29, 2021

 The European Court of Human Rights ruled Thursday in the joint case of two Romanian escapees extradited from France in 2016, finding that the extradition of one man had been in breach of the European Convention on Human Rights, but not of the other.

Both applicants had sought to challenge France’s execution of European arrest warrants (EAWs) and their surrender to Romanian authorities under article 3, which provides that “no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.” As part of this, it protects individuals from deportation or extradition if there is a real risk they will face torture or inhuman or degrading treatment or punishment in the country concerned.

The first of the applicants, Codrut Moldovan, was sentenced to seven years and six months imprisonment by the Mures District Court in June 2015 for human trafficking offenses committed in 2010. At the conclusion of his trial, Moldovan fled to France, and an EAW was issued by Romanian authorities for the purpose of enforcing his prison sentence. On August 26, 2016, he was surrendered to Romanian authorities.

In accepting Moldovan’s challenge to France’s execution of the EAW, the court considered that “the executing judicial authority had a sufficiently solid factual basis […] to characterize the existence of a real risk that the applicant would be exposed to inhuman and degrading treatment as a result of his conditions of detention in Romania.” It went on to infer, from the particular circumstances of the case, “the existence of a manifest insufficiency in the protection of fundamental rights” and a violation of article 3.

The second of the applicants, Gregorian Bivolaru, was the leader of a spiritual yoga movement, Movement for Spiritual Integration into the Absolute. In June 2013, the Romanian High Court of Cassation and Justice sentenced Bivolaru in absentia to six years imprisonment, having found him guilty of conducting sexual relations with a minor. The Sibiu County Court subsequently issued an EAW with a view to enforcing that sentence, Bivolaru having fled to Sweden to seek asylum.

In rejecting his challenge, the court concluded that nothing in the file before the executing judicial authority indicated that Bivolaru risked, in the event of surrender, being persecuted for religious reasons in Romania. It considered that the executing judicial authority, after conducting a “thorough and complete examination of the applicant’s personal situation,” did not have a sufficiently solid factual basis to characterize the existence of a real risk of violation of article 3 of the ECHR or to refuse, for this reason, the execution of the EAW.

While Moldovan was awarded €5,000 in damages and €2,520 for expenses, Bivolaru’s whereabouts are currently unknown. The latter is also wanted by Finnish authorities in connection with sexual assault and human trafficking accusations.

Derecho Internacional / International Law

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EU Commission refers Poland to ECJ for undermining independence of judges

Source: Jurist

April 01, 2021

 The European Commission announced Wednesday that it was referring the Republic of Poland to the European Court of Justice (ECJ) over the adoption of laws that allegedly undermine the independence of judges. The Commission further requested that the ECJ order interim measures seeking the suspension of some provisions of the law until a final judgment is reached.

This move comes as a result of the Polish government’s adoption of the Law on the Judiciary of 20 December 2019, which is considered to be contrary to EU law. More specifically, the EU Commission believes the law undermines the independence of Polish judges and is incompatible with the primacy of EU law because it prevents Polish courts, under the threat of disciplinary proceedings, from directly applying certain provisions of EU law protecting judicial independence as well as from further referring such matters for preliminary rulings to the ECJ.

In a communique, the EU Commissioner for Justice Didier Reynders said:

Since it was not possible to resolve our concerns on the law on the judiciary with the Polish authorities, the Commission decided to seize the European Court of Justice on this matter. More broadly speaking, the Commission continues to monitor the situation of the rule of law in all Member States, including in Poland.

We are doing so via the rule of law mechanism, with the Commission’s annual rule of law report at its centre. It is a means for Member States to engage with each other and with the Commission, to create a rule of law culture, to prevent rule of law issues from arising or deepening, and to resolve those that exist.

The referral of the EU Commission is just one of several measures that have been taken against Poland in relation to the independence of its judiciary. The Commission has previously launched several proceedings on former versions of the Polish laws relating to its judiciary, which were consequently deemed contrary to EU law by the ECJ.

Derecho Internacional / International Law

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ICC confirms acquittal of former Ivory Coast president and minister of crimes against humanity

Source: Jurist

April 02, 2021

The Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC) on Wednesday confirmed by majority Trial Chamber I’s acquittal of Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé of all four counts of crimes against humanity. Gbagbo, Ivory Coast’s former president, and former minister Blé Goudé, had faced the charges for their alleged role in post-election violence in the country from 2010 to 2011.

Gbagbo served as president from 2000 until 2011, when he was arrested after declining transition of power to President Alassane Ouattara following the 2010 election. It was reported that more than 3,000 people were killed in the ensuing violence. Gbagbo was sent to ICC custody in 2011, and Blé Goudé in 2014. The cases were joined in 2015.

The Trial Chamber’s January 2019 decision to acquit the pair came as a result of the majority finding that the evidence submitted by the prosecution was lacking. This decision was followed by a written judgment in July of that year. In September of the same year, Prosecutor Fatou Bensouda appealed the acquittal and sought a declaration of mistrial.

The grounds of Bensouda’s appeal were “that the Trial Chamber’s decision to acquit Mr Gbagbo and Mr Blé Goudé (i) had violated statutory requirements and (ii) was taken without properly articulating and consistently applying a clearly defined standard of proof and its approach to assessing the sufficiency of the evidence.” 

On the first point, the Appeals Chamber majority found that a delay in the issuance of the reasons for a decision “cannot necessarily invalidate an entire trial process,” as there may be clear justification for the delay, based on the circumstances of the case. The majority also rejected the second point, noting that the Trial Chamber judges who had constituted the majority found the evidence against the pair to be “exceptionally weak.”

However, the two dissenting Appeals Chamber judges, Judge Luz Del Carmen Ibáñez Carranza and Judge Solome Bossa, were of the view that the Trial Chamber decision was “materially affected by serious errors.” Judge Ibáñez said that either of the two grounds should have been granted, as the majority judges’ difference of opinion on both the grounds constituted “errors of law and procedure that materially affected, and vitiated, the impugned decision.”

Following the announcement of the decision, Prosecutor Fatou Bensouda tweeted, “I seize the occasion to reaffirm that our independent & objective investigations in Côte d’Ivoire continue into alleged crimes under the Court’s jurisdiction.”

Michèle Eken, Amnesty International West Africa Researcher, said, “Victims of the 2010-2011 post-election violence in Côte d’Ivoire will be disappointed again today as the ICC’s Appeals Chamber confirms the acquittal of Gbagbo and Blé Goudé, meaning the court has held no one responsible for atrocity crimes committed during this period.”

All conditions on the pair’s release were removed and the case is now closed

Derecho Internacional / International Law

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US lifts sanctions against ICC prosecutor Fatou Bensouda

Source: Jurist

April 3, 2021

 Secretary of State Antony Blinken announced on Friday that the United States would lift sanctions on International Criminal Court (ICC) prosecutor Fatou Bensouda that former President Donald Trump had imposed in September of last year. Then-Secretary of State Mike Pompeo imposed sanctions on ICC staff after Bensouda launched an investigation into the US military’s involvement in carrying out war crimes in Afghanistan. The US then imposed travel bans on ICC staff and froze staff assets to block the investigation.

Blinken announced that the State Department also planned to cancel a 2019 policy imposing visa restrictions on ICC members, saying that the “decisions reflect our assessment that the measures adopted were inappropriate and ineffective.” While the State Department still opposes the ICC’s decision to investigate US war crimes in Afghanistan and Palestine — as well as ICC efforts to “assert jurisdiction over personnel of non-States Parties such as the United States and Israel” — the State Department plans to move forward with the policy cancellation.

Blinken said Washington would continue to help the ICC “prioritize its resources and to achieve its core mission of serving as a court of last resort in punishing and deterring atrocity crimes.”

The ICC welcomed the decision, stating that the move would allow for better cooperation between the US and the international community. “I trust this decision signals the start of a new phase of our common undertaking to fight against impunity,” said Silvia Fernandez de Gurmendi, ICC head of Association of States Parties.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Myanmar lawmakers announce repeal of military-backed constitution

Source: Jurist

April 03, 2021

 On Wednesday ousted lawmakers in Myanmar announced the abolition of the 2008 constitution that enshrined the military’s ability to interfere in the political situation in the country.

The announcement of the repeal was issued by the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, a group of lawmakers from the National League for Democracy party, which won landslide elections in 2015. In its statement the group derided the 2008 constitution for prolonging the military dictatorship and preventing the emergence of a true federal democratic union for the nation. Citing the aspirations of the people of Myanmar for justice and the rule of law, the Committee formally repealed the constitution in light of the February 1 coup d’etat by the military.

The Committee also announced the formation of a Federal Democracy Charter, agreed to by the Committee and a coalition of ethnic alliances. It calls for the creation of a national unity government in collaboration with all democratic forces. In the interim the People’s Government under caretaker vice-president Mann Win Khaing Than will continue to carry out administrative responsibilities.

The National Security Council, led by Senior General Min Aung Hlaing, has been lashing out violently against pro-democracy protestors since the coup, with more than 500 people killed by the military and over 2,700 detained since protests began.

Derecho Penal / Criminal Law

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La UE actualiza la normativa de adquisición y tenencia de armas

Fuente: Noticias Jurídicas

08 de abril, 2021

 La Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021, que codifica y deroga la Directiva 91/477/CEE, establece un conjunto de medidas sobre el control de las armas de fuego dentro de la Unión, con la finalidad de armonizar las legislaciones nacionales aplicables a su adquisición, tenencia, almacenamiento y circulación. Estas son sus principales novedades.

Armas de fuego

La Directiva incluye dentro del concepto de «armas de fuego» las armas transformadas.

Así, define el arma de fuego como toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor, salvo que quede excluida de esta definición por una de las razones enumeradas en el anexo I, parte III. Las armas de fuego se clasifican en el anexo I, parte II en armas de la categoría A (armas de fuego prohibidas), categoría B (armas de fuego sujetas a autorización) y categoría C (armas de fuego y armas sujetas a declaración).

El texto incluye dentro de las actividades del armero, además de la fabricación, la modificación o transformación de armas de fuego, componentes esenciales y municiones, como el acortamiento de un arma de fuego completa, que implique un cambio de su categoría o subcategoría.

Se excluye del ámbito de aplicación de la norma la adquisición y tenencia, con arreglo al derecho interno, de armas y municiones por parte de las fuerzas armadas, la policía o las autoridades públicas.

El texto considera conveniente prever categorías de armas de fuego cuya adquisición y tenencia por parte de los particulares deban estar prohibidas o supeditadas a autorización o declaración y dispone que las autorizaciones para la adquisición y tenencia de las mismas deben revestir, en la medida de lo posible, la forma de una decisión administrativa única y ser aplicables las disposiciones nacionales relativas al porte de armas, a la caza o al tiro deportivo.

Ficheros de datos

Los Estados miembros han de mantener un fichero informatizado de datos en el que se registre la información necesaria sobre cada arma de fuego, ya sea centralizado o descentralizado, que garantice a las autoridades facultadas el acceso al mismo. Han de incluir toda la información que permita vincular un arma de fuego con su propietario, indicando el nombre del fabricante o de la marca, el país o lugar de fabricación, el tipo, la marca, el modelo, el calibre y el número de serie del arma de fuego y cualquier marcado único aplicado en el armazón o el cajón de mecanismos del arma de fuego.

Estos registros de los ficheros de datos deben conservarse durante un período de 30 años tras la destrucción de las armas de fuego o los componentes esenciales de que se trate

Estos registros de los ficheros de datos deben conservarse durante un período de 30 años tras la destrucción de las armas de fuego o los componentes esenciales de que se trate, limitándose el acceso a las autoridades competentes únicamente por un período de hasta 10 años tras la destrucción del arma de fuego o de los compontes esenciales de que se trate.
Todas las armas de fuego o sus componentes esenciales deben ser identificados con un marcado claro, permanente y único y deben ser registrados en los ficheros de datos de los Estados miembros. Y a fin de facilitar su localización, conviene utilizar códigos alfanuméricos e incluir en el marcado el año de fabricación del arma, si el año no forma parte del número de serie.

Adquisición de armas de fuego

Los Estados miembros solo permitirán la adquisición y tenencia de armas de fuego a las personas a las que se les haya concedido una licencia o, por lo que se refiere a las armas de fuego de la categoría C, a las personas a las que se haya autorizado específicamente a adquirir o tener en su poder tales armas de fuego de conformidad con el derecho interno.

Así, solo se permitirá la adquisición y tenencia de armas de fuego a las personas que, teniendo un motivo justificado y hayan cumplido 18 años de edad, salvo en caso de adquisición que no sea mediante compra y de tenencia de armas de fuego para la práctica de la caza o el tiro deportivo, siempre que en tal caso las personas menores de 18 años de edad tengan permiso de sus padres o estén sometidas a la supervisión de estos o a la de un adulto titular de una licencia de armas o de caza válida, o practiquen en un centro de entrenamiento que tenga licencia o esté autorizado, y los padres, o un adulto con una licencia de armas o de caza válida, asuman la responsabilidad de su adecuado almacenamiento de conformidad con el artículo 7, y no representen un riesgo para ellos mismos o los demás, para el orden público o la seguridad pública.

El hecho de haber tenido una condena por un delito doloso violento se considerará indicativo de dicho riesgo.

Por término general, se debe prohibir la adquisición de armas de fuego por parte de personas que hayan sido condenadas en firme por determinados delitos penales graves.

Los Estados miembros tendrán un sistema de seguimiento, que podrá funcionar de manera continua o no continua, a fin de garantizar que se cumplen las condiciones para una autorización de armas de fuego durante todo su período de vigencia. En su caso, decidirán si la evaluación va a suponer, o no, una prueba médica o psicológica previa, pero sin que la evaluación de la información médica o psicológica pertinente atribuya ningún tipo de responsabilidad al profesional sanitario o a otras personas que proporcionan dicha información en caso de uso indebido. Si cualquiera de las condiciones de autorización deja de cumplirse, retirarán la autorización respectiva.

Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos de adquisición y venta de armas de fuego, componentes esenciales o municiones clasificadas en la categoría A, B o C mediante contratos a distancia, la identidad y, cuando sea necesario, la autorización del adquirente del arma de fuego, de los componentes esenciales o de las municiones se controle antes o, a más tardar, en el momento de su entrega a dicha persona por parte de un armero o corredor titular de una licencia o autorización, o una autoridad pública o un representante de dicha autoridad.

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Asimismo, adoptarán todas las medidas oportunas para prohibir la adquisición y la tenencia de armas de fuego, componentes esenciales y municiones clasificados en la categoría A, debiendo incautar las que sean objeto de tenencia ilícita. No obstante, deben poder autorizar su adquisición y tenencia cuando sea necesario por motivos educativos, culturales, incluidos el cine, el teatro, museos o coleccionistas, de investigación o históricos. Entre las personas autorizadas se podría incluir, entre otras, a los armeros de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los bancos de pruebas, los fabricantes, los expertos acreditados, los expertos forenses, en determinados casos las personas que participan en rodajes de cine o televisión o particulares con fines de defensa nacional.

La norma contempla la posibilidad de autorizar a los armeros o corredores, en el ejercicio de sus respectivas actividades profesionales, a la adquisición, fabricación, inutilización, reparación, suministro, transferencia y tenencia de armas de fuego, componentes esenciales y municiones de la categoría A bajo estrictas condiciones de seguridad.

Por otra parte, dichos profesionales pueden negarse a completar cualquier transacción sospechosa destinada a la adquisición de cartuchos completos de munición o componentes de detonación de munición (si, por ejemplo, implica cantidades inhabituales para el uso privado previsto, si el comprador parece no estar familiarizado con el uso de la munición o si insiste en pagar en efectivo siendo reacio a acreditar su identidad). En estos casos deben informar de tales transacciones sospechosas a las autoridades competentes.

Por lo que respecta a la adquisición de armas de fuego de la categoría B, no podrá realizarse en el territorio de un Estado miembro sin que este haya autorizado para ello al adquirente. Tampoco podrán poseerse sin su previo consentimiento. Las autorizaciones de adquisición y de tenencia de armas de fuego de la categoría B podrán revestir la forma de una decisión administrativa única.

Y no podrá tenerse un arma de fuego de la categoría C sin que su poseedor haya formulado una declaración a tal efecto ante las autoridades del Estado en que sea objeto de tenencia. Todo vendedor, armero o particular informará de toda cesión o entrega de un arma de fuego de la categoría C a las autoridades del Estado miembro en que la misma tenga lugar, precisando los elementos de identificación del adquirente y del arma de fuego.

Las disposiciones para la adquisición y tenencia de municiones serán las mismas que las que se apliquen a la tenencia de las armas de fuego a las que se destinen.

Almacenamiento y transporte

Las armas de fuego y la munición deben almacenarse de forma segura cuando no sean objeto de una supervisión inmediata. Cuando no se almacenen en una caja fuerte deben almacenarse por separado y cuando se hayan de entregar a un transportista para su transporte, este debe ser responsable de una supervisión y almacenamiento adecuados.

El derecho interno debe definir los criterios para un almacenamiento adecuado y un transporte seguro, teniendo en cuenta el número y categoría de las armas de fuego y municiones de que se trate.

Armas transformadas

Dado el elevado riesgo de que las armas acústicas y otros tipos de armas de fogueo sean transformadas en verdaderas armas de fuego, los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que todo dispositivo con un receptáculo para cartuchos diseñado únicamente para disparar cartuchos de fogueo, productos irritantes, otras sustancias activas o cartuchos pirotécnicos de señalización no pueda transformarse para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor. La Comisión debe adoptar especificaciones técnicas para garantizar que dichas armas no se puedan transformar.

Se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva los objetos que tengan la apariencia física de un arma de fuego (réplicas), pero que se hayan fabricado de tal forma que no puedan transformarse para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor.

Armas inutilizadas

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que una autoridad competente compruebe la inutilización de las armas de fuego para garantizar que las modificaciones aportadas a un arma de fuego conviertan a todos sus componentes esenciales en permanentemente inservibles e impidan que puedan retirarse, sustituirse o modificarse de manera que el arma de fuego pueda reutilizarse de algún modo. Al efectuar dicha comprobación, expedirán un certificado y procederán a su inscripción en un registro en el que se haga constar la inutilización del arma de fuego, colocando a tal efecto de un marcado claramente visible en el arma de fuego.

Circulación de armas de fuego

La Directiva contiene las disposiciones aplicables a las transferencias de armas de fuego a otro Estado miembro y señala que cada Estado miembro comunicará a los demás Estados miembros una lista de armas de fuego para las que la autorización de transferencia a su territorio puede concederse sin su consentimiento previo.

La tarjeta europea de armas de fuego es el principal documento que necesitan los tiradores deportivos y otras personas autorizadas para la tenencia de un arma de fuego durante un viaje a otro Estado miembro. Los Estados miembros no deben condicionar la aceptación de una tarjeta europea de armas de fuego al pago de tasas o cánones.

Modificaciones legislativas

Queda derogada la Directiva 91/477/CEE, en su versión modificada por las Directivas citadas en el anexo III, parte A, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al derecho interno de las Directivas que se indican en el anexo III, parte B.

Entrada en vigor

La Directiva (UE) 2021/555 entrará en vigor el 26 de abril de 2021, a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.