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Derecho Laboral / Labor Law

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Los riders ni son autónomos ni son TRADE: son trabajadores por cuenta ajena

Fuente: Noticias Jurídicas

19 de enero, 2021

-España-

 Nuevo éxito para los riders. El Juzgado de lo Social nº 24 Barcelona (sentencia 298/2020, 18 Nov. Rec. 810/2018) ha emitido un importante fallo a su favor y ha concluido que la relación que mantienen estos repartidores con la empresa es laboral. No son autónomos, ni tienen encaje en la figura de los TRADE -trabajador Autónomo económicamente dependiente-.

Puede consultar la sentencia aquí

En el caso, los repartidores carecían de organización propia, al estar sometidos al ámbito rector, organizativo y de dirección de la empresa, pues en caso de no seguirse las instrucciones de ésta, en la práctica se rechazaban los pedidos el repartidor, no se le garantizaban los pedidos mínimos, e incluso podía prescindirse de sus servicios; si el repartidor no atendía pedidos o no los realizaba correctamente, recibía una penalización, traducida en que le entraban menos pedidos y por tanto, menos ingresos.

En orden a la pretendida aplicabilidad a los repartidores de la figura del TRADE, cuando se califica al trabajador autónomo de “económicamente dependiente” se refiere sólo a una dependencia económica de un cliente, que viene dada por el hecho de percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos. Ahora bien, en el ámbito jurídico laboral el concepto de “dependencia” tiene un significado propio, que no se refiere sólo a dependencia económica, sino que implica la sujeción o subordinación del trabajador a las órdenes e instrucciones del empresario, con incardinación en el ámbito rector, organizativo y de dirección de dicho empleador. Por consiguiente, para que pueda predicarse la existencia de una relación jurídica de “trabajador Autónomo económicamente dependiente” será preciso que entre el repartidor que presta el servicio y quien lo recibe no concurra una situación de dependencia laboral: esto es, que el TRADE no quede sujeto al ámbito rector, organizativo y de dirección del empresario; y ello porque posea su propia organización.

La empresa controlaba que el repartidor realizaba correctamente su actividad mediante su localización por GPS mientras hacía los pedidos, y a través de la plataforma o aplicación informática, la empresa realizaba un seguimiento de la actividad de los repartidores y los tiempos de reparto, información ésta que era tratada por personal de estructura de la empresa.

Los repartidores eran objeto de valoración sobre su grado de fiabilidad, también a partir de datos suministrados por la aplicación informática, que atendía a elementos como disponibilidad real en los turnos asignados, efectiva realización de los servicios, tiempo de respuesta en la entrega de los pedidos, y prestación de servicios en horas-punta; y si la valoración del repartidor era deficiente, se le concedía un preaviso de 30 días durante el cual se observaba si modificaba su conducta y en caso contrario era dado de baja en la aplicación informática y se finalizaba su colaboración con él.

La sentencia rechaza de plano que el repartidor poseyese su propia organización (ni material ni estructural), porque con los únicos medios o elementos aportados por éste (bicicleta o motocicleta y teléfono móvil) no podía haber realizado una actividad como la que los “riders” venían haciendo, de servir habitualmente pedidos desde los restaurantes a los consumidores.

Que la organización o estructura propia de la empresa era la que hacia posible el trabajo queda probado no solo por los múltiples acuerdos comerciales suscritos entre ésta y una gran cantidad de restaurantes, sino por la complejidad de la plataforma y aplicación telemática que ponía en relación a la propia empresa, a los repartidores o “riders”, a los restaurantes, y a los consumidores.

Y en cuanto a la aportación del vehículo por el “rider”, la sentencia se hace eco de la doctrina del Supremo que ya dijo que la sola aportación de un vehículo no convierte en todo caso en autónomo al trabajador que lo aporte.

Y concluye el Juzgador recordando que el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 25-9-20 (rec. 4746/2019) ha declarado también el carácter laboral de los repartidores de la empresa Glovo, que llevan a cabo su función en términos similares a los ahora enjuiciados.

Derechos Humanos / Human Rights

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México: ACNUR encomia las reformas legislativas para defender los derechos de los menores refugiados y solicitantes de asilo

Fuente: Naciones Unidas

17 de enero, 2021

 La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) celebró este sábado la entrada en vigor “de nuevas e importantes medidas en México” que servirán “para proteger los derechos de la niñez refugiada y solicitante de asilo”.  Entre las disposiciones de la nueva norma figura el fin de la detención migratoria de niños y niñas.

Según estas reformas no se retendrá ningún niño o niña en centros de detención migratoria, independientemente de si viajan solos o acompañados y se les enviará “a un alojamiento alternativo”.

ACNUR trabaja junto a otras agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil para garantizar “el establecimiento de los mecanismos de remisión pertinentes y una capacidad de alojamiento adecuada”.

La Alta Comisionada Auxiliar de ACNUR para la Protección, Gillian Triggs, explicó durante un reciente un debate en línea sobre “La niñez y el Pacto Mundial sobre los Refugiados” que “México está dando un paso decisivo para poner fin a la detención migratoria de niños y niñas” y añadió que “nos sentimos alentados por este prometedor avance”.

Cabe recordar que el organismo para los refugiados de la ONU promueve acabar con la detención de niñas y niños refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes por motivos migratorios.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, quien también participó en el debate, señaló que las medidas para favorecer el mejor interés de los menores formaban parte de los compromisos asumidos por el Gobierno de México en el Foro Mundial sobre los Refugiados, que tuvo lugar en diciembre de 2019.

“Ningún niño o niña, acompañado o no acompañado, se encuentra ahora en nuestras instalaciones migratorias”, explicó Sánchez Cordero.

“Las reformas aprobadas en noviembre también refuerzan la determinación del interés superior del niño en los procedimientos migratorios y hacen que los niños y niñas sean elegibles para obtener visas humanitarias temporales y así evitar su deportación o retorno, hasta que se realice la determinación de su interés superior, lo que facilita el acceso a la protección internacional y al sistema de asilo”, especifica ACNUR.

Gran incremento de las solicitudes de asilo en diciembre

Durante los últimos cinco años, México se ha convertido en un país con un gran número de solicitudes de asilo. Así, en 2019 se formularon más de 70.000 peticiones. Pese a la disminución del volumen de solicitudes debidas a las restricciones a la movilidad en los vecinos países centroamericanos impuestas por la COVID-19, en diciembre de 2020 “alcanzaron un nivel sin precedentes”.

Según los datos de ACNUR, durante el año pasado uno de cada cinco solicitantes de asilo en México fue un niño o una niña. Durante la pandemia de COVID-19 se han seguido registrando nuevas solicitudes de asilo por parte de personas que huyen de la violencia y la persecución, ayudándolas a encontrar la seguridad.

Finalmente, ACNUR reiteró su compromiso de apoyar al Gobierno de México en la aplicación de las reformas y destaca la importancia de asignar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para su aplicación efectiva.

Derechos Humanos/ Human Rights

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Honduras: Expertas de la ONU deploran la enmienda constitucional que ataca el derecho al aborto seguro

Fuente: Naciones Unidas

19 de enero, 2021

Expertas en derechos humanos de la ONU condenaron este martes un proyecto de ley que básicamente bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras, un país donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años.

La enmienda constitucional presentada por un diputado del Partido Nacional y vicepresidente del Congreso de Honduras el 11 de enero incorporaría la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 de la Constitución nacional. 

“Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, expresaron las expertas en un comunicado.

Honduras es uno de los pocos Estados en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro así como en casos de malformación grave del feto.

“La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, dijeron las expertas. Estas denuncias de los profesionales de la salud también pueden disuadir a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas, de buscar la atención médica necesaria, poniendo así su vida en peligro.

“Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, añadieron las relatoras especiales y miembros de grupos de trabajo, diciendo que la influencia de los grupos religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial.

La segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina

La ley vigente también prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto.

“La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes”, dijeron. Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales la tasa de esos embarazos alcanza el 30%.

Muchos embarazos forzados y precoces son el resultado de delitos de violación sexual e incesto“, dijeron las expertas. También citaron las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres tienen derecho a interrumpir sus embarazos -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen la tasa más baja de interrupciones del embarazo.

“Las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos en condiciones de riesgo y no son eficaces para reducir la tasa de abortos”, dijeron las expertas. El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año, dijeron.

De acuerdo con los estándares internacionales, el acceso a los servicios de aborto seguro y legal debería asegurarse, al menos, en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave.

Las conclusiones y recomendaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras figuran en el informe de la visita al país del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.

Derechos Humanos / Human Rights

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Informe sobre Haití denuncia un “patrón de violaciones de los derechos humanos” y una “casi total impunidad”

Fuente: Naciones Unidas

19 de enero, 2021

Un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “muestra un patrón de violaciones y abusos” de estas garantías fundamentales “seguido de la falta de rendición de cuentas”, aseguró su portavoz.

Marta Hurtado también expresó la preocupación de la Oficina que dirige Michelle Bachelet por los recientes decretos presidenciales que crean una agencia nacional de inteligencia y fortalecen el sistema de la seguridad pública, “porque los análisis preliminares indican que no parecen estar en línea con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

También conllevan el riesgo de conducir a una mayor represión de las libertades de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión.

“Los actos de violencia cometidos por manifestantes en protestas anteriores no deben servir como pretexto para restringir las libertades fundamentales y reducir el espacio cívico”, aseguró Hurtado.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también está preocupada por la inseguridad, la pobreza y las desigualdades estructurales persistentes en Haití, junto con el aumento de las tensiones políticas, lo que puede llevar a un descontento público seguido de una violenta represión policial y más violaciones de los derechos humanos.

En los últimos meses, los secuestros para pedir rescate, los ataques de bandas criminales contra barrios supuestamente rivales y la inseguridad generalizada han aumentado en Haití en un contexto de impunidad casi total.

Tensiones políticas

Paralelamente, las tensiones políticas están resurgiendo debido a las disputas sobre el calendario y el alcance de las elecciones y un referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno.

“Los llamados a protestas masivas han ido en aumento. Esto, a su vez, genera preocupaciones por las renovadas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la vigilancia de las protestas, como se vio durante las protestas durante meses en 2018 y 2019, así como durante las manifestaciones de octubre y noviembre del año pasado”, afirmó Hurtado.

Añadió que “las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley haitianos y los abusos de derechos humanos cometidos por pandilleros durante los disturbios sociales de 2018-2019”, están documentados en un informe publicado por su Oficina.

El informe muestra un patrón de violaciones y abusos de los derechos humanos seguido de casi la falta de rendición de cuentas. Además, documenta violaciones a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión.

Las autoridades deben evitar que se repita

El documento también recoge los impactos de las manifestaciones y las barricadas en la vida cotidiana del pueblo haitiano, especialmente en 2019. Más específicamente, aborda las restricciones a su libertad de movimiento, su acceso a la atención médica, incluida la salud sexual y reproductiva, su acceso a la educación y su derecho a la alimentación. También el impacto que esas protestas tienen en las prisiones haitianas.

“Las autoridades deben tomar medidas de inmediato para evitar la repetición de estas violaciones y abusos de los derechos humanos, asegurándose de que los agentes del orden respeten las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza cuando se enfrentan a protestas”, declaró Hurtado.

También deben garantizar que las pandillas no interfieran con el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente.

Además, el Gobierno también debe garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos pasados, asegurando justicia, verdad y reparación.

Haití debe tomar medidas para abordar las quejas de la población y las causas fundamentales que alimentaron las protestas, incluida la impunidad generalizada, las denuncias de corrupción, la pobreza persistente, las desigualdades estructurales, el acceso limitado a los servicios sociales y otras dificultades en el disfrute de los derechos económicos y sociales por el pueblo haitiano.

Hurtado señaló que la Oficina acoge “con satisfacción” el compromiso de la Policía Nacional de Haití con la reforma de las prácticas documentadas en el informe, incluida la garantía de que los agentes que participan en la vigilancia de las protestas reciban la formación y las instrucciones adecuadas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está dispuesta a seguir apoyando a las autoridades estatales en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos y expresa su voluntad de seguir trabajando para establecer una oficina en el país.

Derecho Internacional / International Law

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South Korea court orders Japan to compensate sex abuse victims from wartime brothels

Source: Jurist

January 9, 2021

 The Seoul District Court Friday ordered the Government of Japan to compensate 12 women who were forced to work in wartime brothels or “comfort stations” operated by the Japanese Empire during World War II. The court, presided over by Chief Judge Kim Jeong-Gon, termed the series of incidents as “crimes against humanity” and ruled that Japan should pay 100 million won to each of the women as compensation for their mental suffering. It also granted a provisional execution of the order for compensation which allows immediate seizure of the Japanese government assets.

Wartime brothels were established and systematically operated by the Japanese empire to mobilize manpower, promote the morale of soldiers and pursue effective leadership during war.  Victims often in their mid-teens to just over 20 years old faced severe sexual injuries and violence. They lived without proper food, clothing or shelter and they struggled to readapt to society even after the war ended.

In the ruling Judge Kim Jeong-gon held that “it was a crime against humanity that was systematically, deliberately and extensively committed by Japan in breach of international norms” and that “even if it was a country’s sovereign act, state immunity cannot be applied as it was committed against our citizens on the Korean peninsula that was illegally occupied by Japan”.

Japan claims that the issue has been settled under the Japan-Korea Claims and Economic Co-operation Agreement of 1965, which opened up diplomatic relations between the two countries. Over the military’s use of “comfort women”, Japan continues to hold that the countries had arrived at a “final and irreversible solution” in 2015 when Japan had agreed to a one-time settlement of 1 billion yen and refused to participate in the lawsuit.

Former South Korean President Park Geun-hye had used the proceeds to establish the Reconciliation and Healing Foundation in support of the surviving women. Her successor, President Moon Jae-in, later dissolved the foundation amidst continuing domestic opposition against the 2015 agreement and Japan’s refusal to provide a formal apology.

Japan has issued a statement saying that the Central District Court has violated international law by denying the principle of sovereign immunity and granting relief to the plaintiffs. It termed the judgement as “absolutely unacceptable” and urged the Korean government to “take appropriate measures to correct violations of international law”.

The Korean Ministry of Foreign Affairs has also released a statement in support of the decision by the Central District Court and said it will make all efforts to recover the dignity and honour of the victims. The dispute can worsen diplomatic ties between the countries which have recently run into close controversies over historical issues.

Derechos Humanos / Human Rights

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Uganda opposition leader asks ICC to investigate president and other senior officials for rights abuses

Source: Jurist

January 9, 2021

 Uganda’s main opposition leader Robert Kyagulanyi, who goes by the name Bobi Wine, asked the International Criminal Court (ICC) Thursday to investigate president Yoweri Museveni, Security Minister Elly Tumwine, and eight other senior officials for sanctioning human rights abuses.

The brief filed by Wine refers to incidents dating back to 2018 where military and police had deployed, the widespread use of shooting to kill, beatings, and other methods of violence. However the aforementioned brief only acts as a referral to the prosecutor and does not guarantee that there will be a criminal investigation. Whether the ICC has jurisdiction on the referral made to alleged crimes is yet to be decided by the office of the prosecutor. Following this determination after analyzing the available information,  it will be decided whether there is a reasonable basis to proceed with an investigation.

Okello Oryem, Uganda’s state minister for foreign affairs, has been reported saying:

“[The opposition] have tried everything under the sun, they have failed. Now they are resorting to the ICC. We are a law-abiding country, we are a peace-loving country”

Wine has been subjected to detention a countless number of times for fabricated charges of treason. In a press conference after announcing that he has filed a brief against the President and senior officials, he was also reported expressing a deep sense of concern for his life.

Derecho Internacional / International Law

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Bélgica puede ejercitar acciones judiciales contra Facebook por un tratamiento transfronterizo de datos, según el Abogado General

Fuente: Noticias Jurídicas

14 de enero, 2021

 En las conclusiones de 13 de enero de 2021, asunto C-645/19 (Facebook vs DPA Belga), el Abogado General de la UE recuerda que la competencia para interponer acciones por la presunta infracción en relación con el tratamiento transfronterizo de datos la tiene, con carácter general, la autoridad de protección de datos del Estado en el que el responsable o el encargado del tratamiento de los datos tenga su establecimiento principal en la Unión Europea. 

No obstante, según el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) permite que, en situaciones específicas, la autoridad de protección de datos de un Estado miembro ejercite acciones judiciales por una supuesta infracción en relación con un tratamiento transfronterizo de datos tanto en el país donde la presunta empresa infractora tenga su sede principal, como en las de los países donde haya delegaciones. 

Así se ha pronunciado el checo Michal Bobek, sobre la pregunta planteada por el Tribunal de Apelación de Bruselas sobre si el RGPD impide realmente que la autoridad nacional de protección de datos belga entable un procedimiento judicial en su Estado miembro por un tratamiento transfronterizo de datos realizado por Facebook, con delegación en Bélgica pero cuya sede europea se encuentra en Irlanda (Conclusiones de 13 de enero de 2021, asunto C-645/19, Facebook vs DPA Belga).

El origen del conflicto

En septiembre de 2015, la autoridad de protección de datos belga inició un procedimiento contra varias empresas del grupo Facebook: Facebook INC, Facebook Ireland Ltd – que es la sede principal del grupo en la UE- y Facebook Belgium BVBA.

En su demanda, la autoridad de protección de datos solicitó que se requiriera a Facebook para que dejase de insertar, sin el consentimiento de los usuarios de Internet establecidos en Bélgica, determinadas cookies en los dispositivos utilizados por estos cuando navegan por una página web en el dominio Facebook.com o cuando acaban en el sitio web de un tercero, así como para que dejase de recopilar datos de forma excesiva mediante social plug-ins (complementos sociales) y píxeles en sitios web de terceros. Asimismo, la autoridad belga solicitó la destrucción de todos los datos personales obtenidos mediante cookies y social plug-ins relativos a cada usuario de Internet establecido en el territorio belga.

Presentada la demanda, el Tribunal de Apelación de Bruselas determinó que carecía de competencia para conocer de las pretensiones formuladas frente a Facebook INC y Facebook Ireland Ltd, por lo que el procedimiento quedó restringido a Facebook Belgium. Así las cosas, la filial belga de la red social afirma que, en virtud del RGPD, la única autoridad de protección de datos facultada para incoar un procedimiento en relación con el tratamiento transfronterizo de datos es la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), ya que la sede europea de la empresa está en Dublín.

Las conclusiones del Abogado General

En sus conclusiones, el Abogado General considera, en primer lugar, que de la redacción del RGPD se desprende que la autoridad principal de protección de datos tiene una competencia general sobre el tratamiento transfronterizo de datos, incluido el inicio de un procedimiento judicial por la violación del RGPD y, por implicación, las demás autoridades de protección de datos afectadas gozan de una facultad más limitada para actuar a este respecto

En segundo lugar, recuerda que la razón misma de la introducción del mecanismo de ventanilla única del RGPD fue resolver algunas deficiencias derivadas de la normativa anterior, que obligaba a los operadores a interactuar con todas las autoridades nacionales de protección de datos, lo que resultaba “costoso, oneroso y lento”, y era fuente de “incertidumbre y de conflictos”. 

No obstante, el Sr. Bobek subraya que, aunque el RGPD otorga un papel importante a la autoridad de protección de datos principal, esta no puede ser considerada la única encargada de velar por el cumplimiento del RGPD en situaciones transfronterizas. Así, el Abogado General señala que debe cooperar estrechamente con las demás autoridades en cuatro situaciones específicas. En primer lugar, cuando las autoridades nacionales de protección de datos actúen fuera del ámbito material del RGPD; en segundo lugar, cuando investiguen tratamientos transfronterizos de datos efectuados por autoridades públicas, en interés público, en el ejercicio de poderes públicos o por responsables del tratamiento que no tengan un establecimiento en la Unión; en tercer lugar, cuando adopten medidas urgentes, y, en cuarto lugar, cuando intervengan como consecuencia de la decisión de la autoridad de protección de datos principal de no tratar un caso.

Por consiguiente, con estas conclusiones el abogado general pretende aclarar qué autoridad es competente para actuar ante las infracciones de protección datos en Internet, aunque su opinión no vincula al Tribunal de Justicia, que comenzará ahora sus deliberaciones sobre este asunto. 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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India top court agrees to examine validity of anti-conversion laws

Source: Jurist

January 8, 2021

 The Supreme Court of India has issued notice on a petition challenging the so-called “love jihad” laws made by the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand but refused to stay the controversial legislations.

The petition was filed by Citizens for Justice and Peace, a non-governmental organisation. Chief Justice of India SA Bobde and Justices V Ramasubramanian and AS Bopanna were on the bench Wednesday hearing the petition. The petitioners were seeking a stay on the grounds that both the legislations violate articles 21 and 25, as they empower the State to suppress an individual’s personal liberty and the freedom to practice religion of one’s choice. Besides seeking to declare the laws null and void, the plea sought direction to the two states to not to give effect to impugned provisions and withdraw the same.

The petition also said that while the burden of proof is usually on the prosecution to prove the guilt and the accused is treated as innocent until proven guilty, under the ordinance, the burden of proof as to whether a religious conversion took place through misrepresentation, force, or by any fraudulent means or by marriage, lies on the person who has caused the conversion. The plea by the petitioners asserted, “The Act and Ordinance seemed to be premised on conspiracy theories and assume that all conversions are illegally forced upon individuals who may have attained the age of majority. These provisions in both the impugned Act and Ordinance place a burden on individuals to justify their personal decisions for State approval.”

The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020 prohibits a person from forcefully converting the religion of another by marriage. Violation of this provision is punishable with imprisonment for a term not less than one year but which may extend up to five years, and a minimum fine of 15,000 rupees. The Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018 prohibits the conversion of religion for marriage and entails two-year jail term for those found guilty. Conversion for employment or material benefit is also prohibited.

The court refused a stay on the provisions on the ground that the states’ contentions hadn’t been heard. Instead, a notice was issued to seek response from both the state governments within four weeks.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Greece government submits bill to parliament for doubling territorial Waters

Source: Jurist

January 12, 2021

The Greek government submitted a bill to the country’s Hellenic Parliament Friday in an attempt to increase its territorial waters.

The five-article bill is titled, “Determination of the bandwidth of the Aegialitis zone in the maritime region of the Ionian and Ionian Islands up to Cape Coatro of the Peloponnese.” If passed, it would double the country’s western territorial waters in the Ionian Sea, taking them from existing six to 12 nautical miles.

According to Article 1, the bill would also preserve the country’s “right to exercise in its other areas Territory of its respective rights as they derive from the Convention of United Nations Convention on the Law of the Sea … which reflects international customary law.” The Convention was created in 1982 and ratified by Greece in 1995.

Reuters reported that Nikos Dendias, the country’s minister for foreign affairs, said after the bill’s submission that “[t]his draft legislation confirms Greece’s strategy of seeking agreements with neighbouring countries, based always on international law and promoting security and prosperity in the region.”

Submitting the bill comes after Greece and Italy resolved Ionian Sea fishing rights in June 2020. The two nations, which share a maritime border, signed an agreement clarifying their respective maritime boundaries and establishing an exclusive economic zone. A similar agreement between Albania and Greece, which also share a maritime border, could follow.

The bill must now be passed by the Hellenic Parliament and will come into force upon publication in the government gazette.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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India top court stays implementation of new farm laws, forms committee to hear stakeholders

Source: Jurist

January 12, 2021

The Indian Supreme Court on Tuesday issued a stay on implementation of the new agricultural reform laws that have seen continuous protests by farmers at New Delhi’s highways since November. The order was made in the proceedings of a batch of civil writ petitions dubbed Rakesh Vaishnav & Ors. v Union of India challenging the constitutional validity of the three farm laws as well as the validity of the protests by the farmers against these laws.

The three laws that have been stayed are the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, the Essential Commodities (Amendment) Act, 2020, and the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020.

The court noted that although the farmers have carried on peaceful protests until now, all rounds of negotiations with the government of India have failed to produce a solution. There are many senior citizens and children at the protest sites who are exposed to serious health hazards due to the coronavirus and the harsh winter. There have also been some deaths due to illness and suicide.

In light of the situation on the ground and repeated failure of negotiation, the court decided to stay the implementation of the laws and form a committee of agricultural experts to negotiate between the farmers’ organizations and the government. It further said that staying implementation of the laws “may assuage the hurt feelings of the farmers and encourage them to come to the negotiating table with confidence and good faith.”

With respect to apprehensions on the abolition of guaranteed minimum support price (MSP), the court noted that the existing MSP system will continue and that the government’s Solicitor General given his assurances of in-built safeguards within the new laws to protect the farmers’ lands.

The expert committee shall comprise Bhupinder Singh Mann (the National President of Bhartiya Kisan Union and All India Kisan Coordination Committee), Dr. Pramod Kumar Joshi (agricultural economist), Ashok Gulati (agricultural economist and former chairman of the Commission for Agricultural Costs and Prices) and Anil Ghanwant (president of Shetkari Sanghatana).

The first sitting of the committee will be held within ten days from the date of the order and the committee shall submit a report with recommendations within two months of its first sitting. Representatives of all the farmers’ bodies are directed to make their representations to the committee, irrespective of whether they favour or oppose the laws.

Although the court’s order notes that the farmers’ bodies are amenable to proceedings before the committee, the Sankyukt Kisan Morcha has stated that it does not wish to participate in any committee proceedings as they want a complete repeal of the laws instead of not mere changes. They noted that previous talks with the government over submitting before a committee had also failed. Thus they have said that although a formal decision on participation before the court-appointed committee is yet to be made, the protests by the farmers will continue. The Morcha comprises nearly 40 protesting farmers’ unions and their decision is expected to have a significant impact on the success of the court-appointed committee.