Reflexiones sobre le impacto del Estatuto de Roma en su 10° aniversario

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3/7/2012 El 1 de Julio se cumple el décimo aniversario de la Corte Penal Internacional (CPI). En tal día en 2002, el Estatuto de Roma entró en vigor para establecer el primer tribunal penal permanente e internacional.

Para conmemorar este hito, repasamos la primera década de existencia de la CPI y analizamos cuál es el futuro de la primera gran institución internacional del siglo XXI. Para conocer la realidad de la corte desde dentro, el ICTJ entrevistó a la juez Silvia Fernández de Gurmendi. Jurista y diplomática argentina, Fernández de Gurmendi es también profesora visitante en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Facultad de Leyes de la American University de Washington.

Usted formó parte de la delegación argentina durante las negociaciones conducentes a la constitución de la Corte Penal Internacional y después fue miembro del comité que redactó sus normas de procedimiento y prueba. Igualmente, antes de convertirse en juez de esa corte, usted trabajó en la OTP, la Oficina del Fiscal. Diez años después,¿cuál ha sido la aportación de la CPI?

En primer lugar quisiera decir que es sorprendente lo mucho que se ha hecho desde que iniciamos las negociaciones del Estatuto de Roma allá por el año 95. Durante las negociaciones, no creo que pensáramos nunca que la corte pudiera entrar en funcionamiento tan pronto.

Además, hacían falta muchas ratificaciones para que el tratado entrara en vigor, de modo que el hecho de que lo hiciera en solo cuatro años y que la corte estuviera en funcionamiento en 2003 es un gran éxito que demuestra que el entusiasmo que impulsaba la corte en la década de 1990 no se redujo.

Por otra parte, han ocurrido muchas cosas en los últimos 10 años. En realidad, es hora de hacer balance. La corte ha iniciado investigaciones y procesos relacionados con siete casos. Hay varios juicios en marcha. Y uno de ellos, el primero, el seguido contra Lubanga, finalizó el pasado 14 de marzo, y ahora estamos esperando la sentencia y la decisión respecto a las reparaciones.

Así que todo eso demuestra que el tribunal ya es una instancia judicial consolidada, algo bastante notable en tan pocos años.

Si tuviera usted que señalar los grandes éxitos de la Corte Penal Internacional en los últimos 10 años, ¿cuáles serían?

En primer lugar, creo que uno de los grandes éxitos del tribunal es su tratado. Creo que el Estatuto de Roma, con su definición de los delitos, que contiene las primeras definiciones exhaustivas de crimen de guerra y de crimen contra la humanidad, es en sí mismo un gran éxito que está teniendo una gran influencia en las legislaciones nacionales.

Ciento veinte países han ratificado el Estatuto de Roma. Algunos ya han aprobado leyes de aplicación, y yo diría que esas definiciones, esos principios jurídicos, ya han tenido una influencia grande y positiva en la armonización de las legislaciones del mundo en materia de crímenes internacionales.

Además el hecho de que la corte haya demostrado que puede realmente iniciar investigaciones y también procesos es algo muy importante.

Al mismo tiempo, la labor del tribunal se ha topado con muchos desafíos, entre ellos la batalla constante por la cooperación y el respeto a sus decisiones, a veces incluso con los Estados parte. En su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la corte en este momento?

La cooperación siempre ha sido el principal desafío para la corte y para los tribunales internacionales. No siempre es fácil conseguirla, porque hasta los países y las organizaciones que en principio la apoyan, por diversas razones no siempre están dispuestas a cooperar en ciertas cuestiones.

A veces, las organizaciones no gubernamentales del sector tienen la sensación de que cooperar con la corte puede poner en peligro sus propios objetivos. Así que son reacias a la cooperación, o a la cooperación abierta. Y eso siempre es un problema, porque la corte necesita que esa información esté disponible, para poder utilizarla en los procesos.

A veces, las organizaciones no gubernamentales del sector tienen la sensación de que cooperar con la corte puede poner en peligro sus propios objetivos. Así que son reacias a la cooperación, o a la cooperación abierta. Y eso siempre es un problema, porque la corte necesita que esa información esté disponible, para poder utilizarla en los procesos.

Además, la corte no solo necesita asesoría jurídica, también apoyo logístico, por el tipo de contextos en los que tiene que funcionar. Esto también es problemático, porque no hay muchos países ni muchas organizaciones que puedan cooperar con ella en ciertos contextos. Así que es realmente un reto encontrar colaboradores y que sean de procedencia diversa.

También está claro que a veces a los Estados, por interés nacional o por cómo perciben ese interés, les cuesta mucho proporcionar información sobre esos delitos.

En general, creo que la corte ha contado con cooperación suficiente para investigar y procesar. Pero está claro que la dificultad para conseguir cooperación es lo que en ocasiones hace que los procesos sean muy largos y difíciles.

Está también la lucha por la legitimidad de la corte, a la que algunos sectores han tachado de ser una herramienta política en manos del Consejo de Seguridad, que, abrumadoramente dirigida contra criminales de África, deja a un lado su jurisdicción en el resto del mundo. ¿Qué les diría usted a esos detractores?

Las cuestiones relativas a la legitimidad siempre son muy delicadas, porque, como usted sabe, la legitimidad no solo tiene que ver con la verdad, sino con cómo se percibe.

Desde el punto de vista de la legitimidad, la cuestión más crucial y difícil a la que debe responder la corte es la selección de situaciones y casos. Y, en este sentido, lo primero que hay que recordar es que la corte tiene una aspiración mundial, pero que por ahora no cuenta con participación universal. Y ahí tenemos un problema, porque eso significa que no puede investigar en cualquier país del mundo, aunque los crímenes merezcan el inicio de una investigación por su parte.

Solo el tiempo y más ratificaciones podrán remediar ese problema, fomentando la participación, que también ayudaría a atenuar la sensación de que hay un doble rasero, porque, a veces, el hecho de que la corte no pueda iniciar investigaciones por razones técnicas se considera fruto de un doble rasero.

Ahora bien, la corte, tal como exige el Estatuto, ha iniciado investigaciones partiendo de análisis independientes realizados por el fiscal y siguiendo los diferentes procedimientos de activación que dicta el tratado.

En tres casos, la intervención de la corte la solicitaron organismos estatales. En dos la iniciativa fue del Consejo de Seguridad. Y en estos dos casos hubo mucho apoyo internacional para que el Consejo los remitiera a la corte. Así que, en cierto modo, habría sido un problema que el Consejo de Seguridad no hubiera actuado así.

Además, evidentemente el fiscal también ha iniciado investigaciones motu proprio, con la autorización de los jueces, lo que también es una forma de asegurarse de que la corte siempre pueda promover investigaciones aunque no sean iniciativa del Consejo o de un Estado, y esto es enormemente positivo.

Pero ninguno de esos mecanismos basta para evitar las percepciones externas. Con el tiempo, la corte llevará sus investigaciones a otras regiones del mundo.

Uno de los principios fundamentales del mandato de la CPI es el de complementariedad, según el cual son las jurisdicciones nacionales las que tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar los crímenes internacionales, y, en cierto modo, la CPI es un tribunal de última instancia. Se está poniendo mucho empeño en la aplicación práctica de este principio en muchos lugares distintos. ¿Qué papel cree usted que tiene la CPI en este proceso de aplicación real del principio de complementariedad?

En este momento hay bastante debate a ese respecto. Durante las negociaciones, la complementariedad se vio de forma negativa, considerando en cierto sentido que era un obstáculo para la intervención del tribunal en un caso concreto. Ahora, después de 10 años de funcionamiento, creo que se entiende mejor que la complementariedad supone una oportunidad para la corte. Como esta es de alcance mundial, no puede estar presente en todas las situaciones ni ocuparse de todos los casos. Además, la lucha contra la impunidad exige la colaboración entre la corte y los Estados en un sistema común.

Ahora bien, ¿qué es lo que la corte puede hacer para convertirse en un incentivo para que los Estados investiguen y juzguen? Es una cuestión muy difícil de responder.

Se podría ofrecer cierta asesoría técnica o ayudar a que se celebren procesos nacionales. Pero aquí hay un problema, ya que por supuesto el mandato de la corte no contempla ni la ayuda al desarrollo de las capacidades nacionales ni a las investigaciones en cada país.

Así que la corte puede compartir algunas de sus experiencias con los Estados, pero solo hasta cierto punto. Quizá el resto no pueda hacerlo ella, sino que tengan que hacerlo los Estados y otras organizaciones. Pero creo que la corte tiene un papel importante a la hora de estimular esas iniciativas.

La complementariedad está muy arraigada dentro de la justicia transicional. Y usted procede de Argentina, un país cuya experiencia es muy rica en iniciativas a ese respecto, que, afrontando las violaciones de derechos humanos de la dictadura, han intentado resarcir a las víctimas. En su opinión, ¿qué impacto han tenido esas medidas de justicia transicional en la sociedad argentina?

Es cierto que Argentina ha puesto mucho empeño en las investigaciones y los procesos nacionales, y en lidiar con los abusos cometidos en la década de 1970. Como usted sabe, después de los primeros juicios contra las juntas militares, los de comienzos de la década de 1980, se aprobaron algunas leyes posteriormente derogadas, de manera que se han reabierto muchas causas e investigaciones.

Así que para nuestra sociedad el Estado de derecho es algo muy importante, y en concreto las investigaciones y los juicios. Entre otras cosas, por eso Argentina fue desde el principio muy partidaria de la corte. Pero no porque quisiéramos que ese tribunal realizara nuestras investigaciones y juicios.

Al contrario, creo que somos un ejemplo de que es bueno que una sociedad, siempre que sea posible, lleve a cabo sus propias investigaciones y juicios.

Entendemos que las investigaciones y los juicios son esenciales per se. Así que, cuando el Estado no puede o no quiere llevarlos a cabo, es importante tener un tribunal de última instancia que puede salvar ese bache. Y continuamos observando cómo actúa esa complementariedad entre lo que hacen los países y lo que se hace en el ámbito internacional.

¿Qué mensaje trasmitiría usted a nuestros lectores en este décimo aniversario de la Corte Penal Internacional?

Yo les diría que es importante que tanto dentro de la corte como fuera de ella la gente sea paciente. Porque, desde el punto de vista institucional, diez años es muy poco tiempo. Así que cuando decimos, “Vaya, ya hemos cumplido diez años, ¡cuántas cosas han ocurrido!”, es cierto que ha sido así, pero para mí la corte sigue estando en pañales.

Y debemos tener paciencia para ver cómo se desarrollan las cosas más a largo plazo. Muchos de los grandes retos de hoy, quizá puedan superarse simplemente con más tiempo y experiencia. Además, algunos de los problemas actuales quizá exijan algún tipo de adaptación o de cambio en nuestra forma de hacer las cosas.

Pero creo que uno de los problemas, quizá porque la corte suscitó mucho entusiasmo, tiene que ver con la enormidad de esas expectativas y con lo que la corte puede hacer realmente y con qué rapidez. Y me parece que después de 10 años necesitamos cierta cautela y cierta paciencia, y permitir que la corte se desarrolle.

Fuente: ICTJ

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