IDL presentó su posición para el fortalecimiento de la CIDH y en defensa del sistema interamericano

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La audiencia especial para escuchar a los representantes de los Estados, así como a la sociedad civil, sobre las propuestas que se debaten en el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano desde mediados del 2011, se realizó el pasado miércoles 31 de octubre, en el marco del 146 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En dicha audiencia participaron representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos quienes saludaron la presentación del Informe de la Comisión Interamericana (23 de octubre), como una sustancial contribución al fortalecimiento del sistema interamericano. Así, reiteraron el importante papel que la Comisión y la Corte Interamericana jugaron para la recuperación de la democracia en el país durante los 90, por sus visitas in loco, actuaciones y resoluciones.

Por otro lado, como peticionarios y actores del sistema interamericano, el IDL y la Coordinadora presentaron algunas recomendaciones a la Comisión para que sean tomadas en cuenta a fin de que se mejore su procedimiento.

Dichas recomendaciones fueron, en primer lugar, la de solicitar que la CIDH junte en un solo documento el Informe de admisibilidad y de fondo que realiza actualmente por separado, a fin de acelerar la tramitación de las peticiones y maximizar los escasos recursos con los que dispone.
En segundo lugar, se reiteró que la medida que más podría fortalecer a esta instancia es su verdadera universalización y, por ello, la CIDH debería resaltar que la exigencia de una verdadera universalización depende de la voluntad política de los propios Estados, de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Cabe señalar que en la actualidad varios Estados del Caribe, Estados Unidos y Canadá, no han ratificado aún la CADH y Venezuela acaba de anunciar la denuncia de la misma.

Así también, el IDL y la Coordinadora enfatizaron la necesidad que se termine de tomar conciencia en el hemisferio que las violaciones de derechos humanos no se realizan sólo en dictadura, sino que también pueden perpetrarse en democracia, por lo que los Estados deberían ver a la CIDH como una aliada y no como un enemigo para alcanzar los estándares de derechos humanos.

Del mismo modo, se enfatizó que se coincide con los Estados, en que el Sistema Interamericano no es una cuarta instancia, pero se precisó que el protagonismo de la CIDH se debe más bien a la precariedad de los sistemas de justicia nacionales: “en tanto los sistemas judiciales nacionales ofrezcan más ‘justicia’ a sus ciudadanos y ciudadanas, menos protagonismo le competerá cumplir a la Comisión y Corte Interamericanas”.

Como se recuerda, estas discusiones se han iniciado durante el 2011, cuando, a petición de algunos países de la región, se formó un Grupo de Trabajo Especial dentro de la OEA para que emita una serie de observaciones de mejora del Sistema Interamericano; dicho Informe fue presentado el 25 de enero del 2012, y contiene un conjunto de recomendaciones a la Comisión Interamericana y unas pocas a los Estados a fin de mejorar el trabajo del sistema.
En junio del 2012, en la Asamblea General de la OEA, realizada en Cochabamba, los Estados acogieron el Informe del Grupo de Trabajo y encomendaron al Consejo Permanente de la OEA que formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas. Cabe señalar que el plazo máximo para su entrega es en febrero de 2013, luego de lo cual deberá tener lugar una Asamblea General Extraordinaria de la OEA.

En razón a ello, la CIDH, teniendo como premisa la necesidad de mantener su autonomía e independencia, inició una serie de actividades de consulta para mejorar sus procedimientos. En ese sentido,  publicó un Informe respondiendo al Grupo de Trabajo de la OEA, realizó una consulta electrónica en sus páginas web, llevó a cabo audiencias extraordinarias en diversos países, y finalmente, realizó esta última audiencia pública que contó con la participación de representantes de 22 Estados y aproximadamente 55 representantes de sociedad civil.

Fuente: Justicia Viva

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