Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta propuesta de reforma de su reglamento: críticas y observaciones bienvenidas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de presentar la propuesta de reforma de su Reglamento al Consejo Permanente de la Organización de los Estado Americanos (OEA). Ésta es, tal vez, la modificación más importante desde la creación de la CIDH, no tanto por el cambio de procedimientos, pues se han producido muchos —uno trascedente en el año 2000, con una reforma total del reglamento—, sino por la carga política en la que está inmersa y el cuidado que la sociedad civil está teniendo en la misma. Por ello, la propuesta estará abierta a observaciones de la sociedad civil hasta el 1º de marzo.

Antecedentes

Como se recordará, actualmente el Sistema Interamericano (especialmente la CIDH) se encuentra en un proceso de fortalecimiento iniciado a mediados del 2011, a pedido de un grupo de estados. Durante el año 2012 el proceso de reforma decantó en la necesidad de una modificación de los procedimientos y trámites de la CIDH a fin de hacerlos más expeditivos, certeros y objetivos. Estados como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Honduras y otros se quejaban de una especie de favoritismo a otros países del hemisferio norte, producido, principalmente, por una supuesta subjetividad de los integrantes de la Comisión.

Las principales críticas de los estados giraban en torno a: (i) la falta de amparo de parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), de la potestad de otorgar medidas cautelares, (ii) la falta de criterios para otorgar las medidas cautelares colectivas —siendo el principal referente la medida cautelar contra Brasil en el caso Belo Monte—; (iii) la lentitud al momento de admitir peticiones; (iv) la existencia de “casos eternos”, sin tramitar, dentro de la CIDH; (v) el activismo de las relatorías en la emisión de informes; (vi) que existan algunos estados que no han ratificado la CADH; (vii) la falta de criterios para establecer la lista de estados con problemas en el Informe Anual (Capítulo IV); (viii) la necesidad de que la CIDH promueva soluciones amistosas; (vix) que la CIDH se dedique a la promoción y defensa de derechos humanos en igual medida.

Mientras, la sociedad civil viene exigiendo especialmente: (i) que las reformas se realicen mediante el Reglamento de la CIDH y que no se abra el Estatuto (como lo proponían algunos estados); (ii) dinamizar el proceso de admisión de peticiones y (iii) la obligación de los estados de otorgar mayores recursos a un Sistema Regional exitoso, razón por la que está con una importante carga procesal.

Principales puntos de la propuesta de reforma

Durante el amplio diálogo producido durante el 2012, varios de los puntos planteados por los estados fueron aclarándose. La propuesta de reglamento de la CIDH ha tratado de responder a las inquietudes de los estados y de la sociedad civil. En esa medida plantea trascendentes reformas de sus procedimientos. Aclara criterios y pone en blanco y negro prácticas procedimentales que la Comisión ya emprendía pero que, de aprobarse el reglamento, se volverían de obligatorio cumplimiento.

Estas modificatorias son buenas propuestas, sin embargo plantean algunas interrogantes y preocupaciones para la sociedad civil, sobre todo para la que litiga en esta materia. Nosotros plantearemos en este artículo tres interrogantes, por razones de espacio.

– Medidas cautelares

Salvo la posición de Ecuador, es clarísimo que la posibilidad de objetar a la CIDH por la competencia de otorgar medidas cautelares se ha disuelto. Es evidente que dicha competencia se enmarca como parte de los deberes implícitos de la Comisión, lo que ha sido reconocido incluso por Brasil, país que inició la asonada en contra de aquéllas. Es en esta perspectiva (y como debe ser) que el reglamento mantiene esa figura pero realiza un cambio importante. Explicita y llena de contenido los criterios de procedencia (gravedad, urgencia, irreparabilidad). Creemos que esto es positivo. Sin embargo, en mérito a restringir esa figura (una concesión a los Estados) establece un fraseo muy complicado para los peticionarios.

Así, la CIDH en el reglamento entiende por “urgencia de la situación” a la “amenaza inminente y que pueda materializarse, lo cual requiere que la respuesta para remediarla o prevenirla sea inmediata” (artículo 25 literal 2.a). Sin embargo, resulta muy complicado entender el significado de “respuesta inmediata”. Hay supuestos en que una situación de indefensión puede tener varias respuestas y no tan inmediatas. Por ejemplo, la insalubridad de las cárceles. Creemos que, en muchos casos, la interposición de medidas cautelares ha servido para salvar vidas (sobre todo las impuestas en contra de Argentina y Brasil), y es evidente que la respuesta del estado a esta situación no puede ser una, ni ha sido tan inmediata.

Otro artículo que vemos con preocupación es el literal 13 del artículo 25º, que crea la regla de negar la medida cautelar si la Corte Interamericana ha rechazado una medida provisional en la misma causa. Si bien guarda cierto sentido, ya que la Corte es un órgano jurisdiccional, creemos que es importante para los peticionarios y también para la propia Comisión mantener independencia de criterio en este tipo de medidas de tutela urgentes que, algunas veces, por su rapidez, han servido para salvar vidas. En todo caso si ya se está restringiendo y estableciendo criterios objetivos en un amplísimo artículo ¿por qué agregar un candado más?

– Admisibilidad

En general, son positivos los cambios procesales que se establece. Sin embargo, preocupa la posibilidad de que se archiven peticiones o casos por la inactividad del peticionario (artículo 42).

– Informes

Finalmente, el último punto es que modifica toda la lógica del Informe Anual (Artículo 59) de la Comisión y los informes de las relatorías especiales. Es decir, incluye todos los informes de relatorías en un segundo Volumen del Informe Anual que se enviará a la Asamblea General. Creemos que dado el nivel del trabajo de las relatorías, esto puede llegar a invisibilizar algunas denuncias que se desprendan de su labor, las mismas que han ayudado a mejorar la defensa de los derechos humanos en la región, especialmente de la libertad de expresión que tantos dolores de cabeza ha ocasionado a países como Ecuador, Venezuela y Argentina.

Estos son tres puntos importantes y que seguro saldrán a la luz en el conjunto de observaciones que la sociedad civil y los propios Estados pueden hacer a la Comisión. Recordemos, el plazo es hasta el 1º de marzo. Es hora de leer esta propuesta de reglamento y opinar. Esperemos que los estados tengan en cuenta este esfuerzo adicional que hace la Comisión, sobre todo en el momento de emitir su resolución el 22 de marzo, durante la Asamblea Extraordinaria a realizarse en Washington D.C. Desde Justicia Viva seguiremos informando.

Fuente: Justicia Viva

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