Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú

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Más de dos décadas después de iniciadas las reformas  penales en América Latina, la aplicación de la detención preventiva sigue  generando fuertes tensiones, pues enfrenta la aplicación de principios del  Estado Democrático y constitucional de derecho (tales como la presunción de  inocencia, el plazo razonable del juicio, y la privación de la libertad como  última ratio), de un lado, con la necesidad de contar con políticas eficaces  para seguridad ciudadana y sanción del delito, del otro. Dicho enfrentamiento es  claro en los cuestionamientos de los medios de comunicación a la forma como los  sistemas judiciales aplican esta figura, pues los mismos han entendido al  garantismo como un sinónimo de impunidad, y endurecimiento de los regímenes de  detención prisión preventiva como respuesta a los problemas de seguridad  ciudadana. En ese contexto, la independencia de los funcionarios judiciales  para decidir respecto de estas medidas termina siendo seriamente afectada.

En ese contexto, la Fundación para el Debido Proceso Legal –DPLF-, coordinó  investigaciones simultáneas en cuatro países de la región (Argentina, Colombia,  Ecuador y Perú) tendientes a reflexionar sobre dos problemáticas: 1. Una  insuficiente independencia judicial frente a 2. La aplicación extendida de la prisión  preventiva por razones no justificadamente cautelares. El libro que se presenta  a continuación es el resultado de las investigaciones en cada uno de los cuatro  países. Además de contar con un análisis basado en los estándares  internacionales que configuran la prisión preventiva y que están incorporados  en la mayoría de legislaciones nacionales, el libro cuenta con un análisis  comparativo que estuvo a cargo del reconocido consultor Luis Pásara, quien  condensa las tendencias comunes y formula propuestas para responder  institucionalmente al problema en la región.

En el capítulo de Colombia, que estuvo a cargo de Dejusticia, partimos de la  hipótesis de que los funcionarios judiciales son, en menor o mayor medida,  vulnerables a presiones externas, legítimas e ilegítimas, que les dificultan  interpretar y aplicar razonablemente la normatividad de la detención  preventiva. Dichas presiones ocurren a través de diferentes vehículos (como por  ej. los medios de comunicación o los procesos sancionatorios), y sumadas a la  vulnerabilidad en la que se encuentran en ocasiones los funcionarios, llevan a  que al menos en casos paradigmáticos los operadores judiciales –incluyendo a  veces los de altos rangos-, desconozcan la excepcionalidad y carácter cautelar  de la prisión preventiva.

Para ejemplificar esta situación nos basamos en el estudio que hicimos de la  evolución de procesos judiciales de alta resonancia en los medios de  comunicación, como los de las ejecuciones extrajudiciales, el caso del ex Alto  Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, el Carrusel de la Contratación y  el proceso del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, entre otros. El  capítulo termina con la presentación de conclusiones y recomendaciones de  alternativas de política pública que podrían ser consideradas por la Fiscalía  General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura como forma de  solventar la ausencia de mecanismos de protección para los funcionarios  judiciales.

Autores: Miguel La Rota, Rodrigo Uprimny Yepes, Sebastián Lalinde

Fuente: Dejusticia

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