Expertos coinciden en que el derecho de acceso a la información pública debe tener rango constitucional

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singo_derechoA cuatro años de la entrada en vigencia de la ley sobre acceso a la información, destacados juristas participaron en un panel convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, moderado por el investigador Tomás Vial. Coincidieron que para fortalecer la democracia y la participación ciudadana se debe transformar el acceso a la información en un derecho constitucional y mejorar el proceso de selección de los consejeros del Consejo para la Transparencia, para garantizar su independencia y capacidad fiscalizadora.

Como observó Alejandro Ferreiro, ex ministro de Estado y actual Presidente del Consejo para la Transparencia, este órgano ha sido garante de la institucionalidad y ha cumplido con las expectativas, sin embargo, su implementación no ha sido perfecta ni opera en una sociedad que haya completado su transformación cultural hacia una mejor transparencia.

Explicó que uno de los grandes desafíos para el futuro mejoramiento de le Ley es que a pesar de contener un robusto derecho al acceso a la información, su gran debilidad es la falta de regulación adecuada de la gestión gubernamental y de los archivos de la Administración. Al no estar definido cuál es la información que debe generarse y resguardarse, en la práctica se traduce en que no se sabe a ciencia cierta, cuál es la información disponible que se puede dar a conocer. En ese contexto, el derecho pierde su efectividad y la Administración no ofrece respuestas.

Junto con ello, el presidente del Consejo para la Transparencia señaló que la población no tiene suficiente conocimiento de la ley y del derecho de acceder a la información pública; la tasa de conocimiento de los usuarios respecto de la ley, no supera el 15%. “La gente no conoce la ley, no conoce cómo reclamar y no utiliza los mecanismos de transparencia activa que están disponible y esto conduce a la idealización del derecho por lo que estamos frente a un derecho fundamental ciudadano que está siendo ejercido muy por debajo de lo optimo social por lo cual se frustra uno de los objetivos de la ley: más control social, más participación ciudadana y mejor conocimiento de lo que ocurre en el Estado.”

Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de la Fundación ProAcceso, por su parte indicó que el acceso a la información genera la posibilidad de que la sociedad civil pueda hacer uso de ese derecho sin la intervención del Estado en el proceso del flujo informativo. Sin embargo recalcó que lo anterior no tiene que ver con el número de solicitudes sino, con la confianza pública que se genera en la sociedad.

También recalcó que el problema es que las elecciones del Consejo son verdaderas designaciones y el desafío es “establecer un mecanismo claro y coherente de elección de los consejeros que respete el compromiso con los derechos humanos y el conocimiento de la materia; y que exista la pluralidad de integración donde los integrantes de este consejo vengan de distintos mundos y no solamente del mundo político, cercanos a  algunos sectores de interés”.

Otro desafío pendiente es la protección de datos personales. Los panelistas coincidieron que la regulación chilena al respecto no está a la altura de los estándares internacionales lo que lleva a abusos de parte de los que administran bases de datos de terceros lo que significa un peligro para este derecho fundamental. En Chile no hay una clara diferenciación de los límites entre lo público y lo privado. Cabe recordar el caso de los correos electrónicos institucionales instancia donde el Tribunal Constitucional señaló que se trata de una comunicación privada.

Una forma de soslayar este problema es darle rango de institución autónoma al Consejo para la Transparencia y establecer reglas claras para la conformación de este organismo y así otorgarle las herramientas para el control fiscalizador de los organismos autónomos. Para garantizar que la selección de los consejeros responda a criterios de conocimiento de la materia y no a lógicas políticas, se sugirió la participación de la sociedad civil en la constitución del Consejo.

Al respecto, Juan Pablo Olmedo, ex-consejero y primer Presidente del Consejo para la Transparencia, señaló que la presencia de la sociedad civil en la discusión de las reformas necesarias del régimen de acceso a la información pública, ha sido escasa, lo que se traduce que el control social que debe ejercer la ciudadanía, en la actualidad no se ha dado y los esfuerzos institucionales, entre ellos los del Consejo para la Transparencia como promotor del derecho, están pendientes. Destacó que a diferencia de la tramitación de la Ley que se aprobó en 2008, la sociedad civil no está presente en las discusiones en el Congreso sobre el mejoramiento de la institucionalidad.

Finalmente se destacó en el debate que siguió el panel, que las respuestas que el Consejo para la Transparencia y los órganos estatales dan a los desafíos actuales, no sólo tiene repercusiones en Chile ya que el modelo nacional se ha transformado en un referente para Latinoamérica, en un momento en que el modelo mexicano sobre la materia está en una fuerte crisis. Esto ha significado que Chile ha adquirido un liderazgo regional donde las leyes de información y el Consejo son admirados por muchos países de América. Cabe destacar que la Ley Modelo del Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos de la OEA, tuvo gran impacto en la región, posterior al fallo Claude Reyes contra Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y provocó el surgimiento de varias leyes de acceso a la información Pública en distintos países.

Del debate también se pudo desprender que el gran desafío en Chile es reconocer y consolidar de manera expresa en la Constitución el derecho de acceso a la información pública, considerando que el Tribunal Constitucional ha determinado que en este momento, sólo tendría rango legal. En miras de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, a proteger el derecho de acceso a la información pública como derecho humano, esto es insuficiente.

Mientras el actual presidente del Consejo para la Transparencia recalcó las limitaciones en el mandato del Consejo, que no permitirían tomar una posición aún más proactiva en materia de reformas institucionales, Juan Pablo Olmedo esperaría un rol más fuerte del Consejo. Señaló que el principio de legalidad es importante pero si no hay audacia, no se pueden correr las barreras ni realizar reformas.

El estudio Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile: entre Estado y Ciudadanía, es de autoría de Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP y de Mayra Feddersen (Universidad de California Berkeley) y Pablo Valenzuela (Universidad de Chile), y contó con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Realiza una revisión de la generación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y examina su impacto en variables como la profundización de la democracia y la corrupción. También averigua cuáles serían los obstáculos más importantes para el uso de la Ley y muestra, entre otros aspectos, como el diseño del proceso de selección de los miembros del Consejo para la Transparencia en el Congreso podría perjudicar la calidad e independencia de este órgano, faltando las garantías para asegurar que siempre se elijan candidatos con el necesario conocimiento y la indispensable independencia de los procesos políticos.

Fuente: Derechos Humanos

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