Veinte años después, una oportunidad para la rendición de cuentas en El Salvador

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IMG_0649Durante más de 20 años, la Ley de Amnistía de El Salvador ha impedido que los autores de los graves crímenes cometidos contra la población civil durante la guerra que enfrentó al Gobierno y la guerrilla en los años 80 rindieran cuentas. Sin embargo, esto podría cambiar próximamente. El 20 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema aceptó a trámite una demanda contra la Ley de Amnistía aprobada en marzo de 1993 para proteger a los autores de crímenes graves cometidos durante ese conflicto, en la que se aduce que es anticonstitucional.

La presión para anular la ley ha cobrado fuerza recientemente. En diciembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y lugares aledaños, en la que el Ejército asesinó a más de 1.000 personas, entre ellas 450 niños. El tribunal dictó también que la Ley de Amnistía no puede obstaculizar la investigación de dicha masacre y que los restos deben exhumarse, identificarse y devolverse a los familiares de las víctimas. Además, el fallo ordenaba que en el plazo de cinco años se proporcionara reparación a las víctimas.

En enero de 2013 el presidente Mauricio Funes se disculpó públicamente por la masacre de El Mozote y reconoció que el Ejército había cometido graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado salvadoreño ha hecho muy poco por reparar a las víctimas o enfrentarse a las atrocidades del pasado: ninguno de sus autores ha sido juzgado, no ha habido programas de reparación, ni políticas de memorialización, ni tampoco se han llevado a cabo reformas institucionales.

Al finalizar en 1991 el enfrentamiento entre la guerrilla izquierdista y el Estado, un acuerdo de paz promovido por la ONU condujo a la creación de la Comisión de la Verdad para el Salvador (CVES), que fue uno de los primeros organismos oficiales en identificar y revelar el nombre de los principales responsables de los crímenes cometidos en el país, entre ellos importantes figuras del Ejército, la judicatura y el Gobierno.

Tres días después de que la CVES hiciera público su informe final en 1993, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobaba la Ley de Amnistía para proteger a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas antes de enero de 1992. Según Carlos Dada, director de El Faro, una galardonada publicación virtual conocida por su cobertura de noticias relativas a crímenes del pasado: “En contra de lo que dicen quienes defienden la Ley de Amnistía, esta no sentó las bases para los acuerdos de paz. Es completamente falso. La ley se aprobó en 1993, así que no era una condición para la paz, sino una reacción al informe de la CVES, publicado poco antes”.

Patricia García, directora de CoMadres, una asociación de madres y familiares de desaparecidos o asesinados durante el régimen militar y la guerra civil lucha desde hace tiempo porque se sepa la verdad sobre los desaparecidos. La asociación ha documentado 8.000 casos de desaparición forzada. Como no hay un registro oficial de víctimas del conflicto, estas mujeres se han dedicado durante décadas a recoger testimonios, denuncias policiales, fotografías y otros documentos, y las han ido guardando en cajas de cartón con la esperanza de que algún día se utilicen para abrir procesos judiciales (aunque los archivos han sufrido cinco robos).

“Para nosotros, [La Ley de Amnistía] fue como una bofetada”, recuerda García. Con frecuencia se pide a las víctimas que perdonen a los victimarios para que el país pueda pasar página, pero la directora de CoMadres afirma que la reconciliación no será posible sin verdad y sin justicia: “Nosotros tenemos el legítimo derecho de saber sobre el paradero de ellos. Parte del perdón es que nos digan la verdad. Y no hay perdón si no hay justicia”.

Dada añade: “Aunque quizá la Ley de Amnistía se aprobara con una intención noble, impulsada por la urgencia de proteger los acuerdos de paz y bajo la amenaza de criminales de guerra aún poderosos que temían ir a la cárcel, a lo largo de los años está claro que ha enviado un mensaje equivocado. Daba a entender que, por horrible que fuera la atrocidad que se hubiera cometido, por espantoso que fuera el crimen, no habría consecuencias judiciales si su autor tenía algún tipo de poder”.

El vínculo entre la rendición de cuentas por crímenes del pasado y la confianza ciudadana en las instituciones que deben velar por los derechos de los ciudadanos es algo crucial para desarrollar una paz duradera y una sociedad fuerte. “Sin algún tipo de proceso de justicia penal que garantice la rendición de cuentas por parte de los responsables de crímenes, El Salvador no podrá decir que realmente ha superado el legado de su violento pasado”, afirma David Tolbert, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

“Para que las víctimas sientan que se ha hecho algo de justicia y el conjunto de la sociedad recupere la confianza en la capacidad de las instituciones del Estado para proporcionarla, es preciso esclarecer la responsabilidad de los autores de esos graves crímenes masivos”, recalca Tolbert.

Muchos creen que la actual epidemia delictiva y los actos de violencia de las maras, que sitúan a El Salvador entre los países con mayor índice de asesinatos del mundo, tienen su origen en la cultura de impunidad que dejó sin castigo los crímenes sufridos por los civiles durante la guerra civil. Según el juez Thomas Buergenthal, uno de los tres comisionados de la CVES, compuesta exclusivamente por extranjeros: “En lo que sí fracasamos es en que ahora hay crímenes por doquier en El Salvador. La gente sobrevivió a un periodo político terrible y ahora se enfrenta a esas bandas. Es algo que no podíamos solucionar, no lo vimos venir”.

Dada comparte este sentimiento: “Quizá los legisladores que aprobaron la ley no lo previeran, pero a pesar de todo esta sentó las bases de la pervivencia de la impunidad en El Salvador, impidiendo que el país aprendiera de las lecciones de una cruel guerra civil. La Ley de Amnistía no sólo frustró el avance de la justicia, también el esclarecimiento de la verdad histórica. Dejó de lado los relatos de las víctimas y les negó el derecho a la justicia y, con él, el derecho a la recuperación de su dignidad”.
Si hay algo que la Ley de Amnistía ha demostrado es que las víctimas no van a renunciar a la lucha por la justicia, sin importar lo mucho que puedan tardar en conseguirla.

En palabras de Patricia García: “Nosotros no vamos a ver ni vamos a a gozar de la justiciam pero las generaciones venideras sí. Y es por ello que nosotros queremos sanear este pueblo, para que que ellos tengan la seguridad de que en este país no va a haber impunidad y que los hechos del pasado no se volverán a cometer. Yo creo que esa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestra futura generación”.

La justicia nunca llega demasiado pronto. Ahora El Salvador tiene la oportunidad de alcanzarla, gracias a la demanda presentada ante la Sala de lo Constitucional.

Fuente: ICTJ

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