CARTA ABIERTA SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOBRE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ESPAÑA

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IMG_0900Fuente: El Institut de Drets Humans de Catalunya
El Institut de Drets Humans de Catalunya, junto con otras 16 organizaciones, ha entregado una carta en el Congreso de los Diputados para exigir a los grupos parlamentarios que rechacen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la jurisdicción universal, que limitaría la capacidad de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura.
Si saliera adelante, España estaría contraviniendo las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los estados tienen la obligación de investigarlos y enjuiciarlos, o de extraditar a la persona sospechosa de cometerlos en caso de encontrarse en su territorio. Entre dichos convenios se encuentran el Convenio de Ginebra, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Las limitaciones establecidas en la reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, que profundizan aún más la reforma de la jurisdicción universal de 2009, son las siguientes:
• Con respecto a los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra el proyecto de ley requiere que la persona sospechosa sea española o extranjera residente en España.
• Con respecto a la tortura y desaparición forzada, se requiere que la persona sospechosa sea ciudadana española o que la víctima sea española en el momento en que se cometió el delito y que la persona sospechos esté presente en España.
• También establece que España también puede procesar los crímenes de derecho internacional en los que la persona sospechosa sea extranjera en territorio español si su extradición hubiera sido denegada, si así lo impone un tratado vigente para España.
Las organizaciones firmantes instan al Congreso a asegurarse que cualquier reforma del marco jurídico actual sea consistente con las obligaciones internacionales y el propósito y principio de la jurisdicción universal, para asegurar la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad.

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