Derechos Humanos/ Human Rights

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E667E303-E527-42B7-8852-817CC3184CCB Akiba en nombre del Grupo de Demandantes de las Aguas Regionales del Estrecho de Torres

Fuente: Red-DESC

Thematic Focus: Cultural Rights, Indigenous Peoples’ Rights, Land Rights and Natural Resources, Forum and Date of Decisión , Alto Tribunal de Australia

2013-08-07

Nature of the Case:

Apelación ante el Alto Tribunal de Australia solicitando el reconocimiento de los derechos indígenas a acceder a recursos (pesca) con fines comerciales en zonas de propiedad indígena; cuestionamiento acerca de si la legislación que exige licencias para acceder a recursos hídricos con fines comerciales viola los derechos de propiedad indígena; derechos de pueblos aborígenes.

Summary:

El Estado de Queensland y el Commonwealth sostenían que los regímenes legislativos sucesivos vigentes desde 1877 (en Queensland) y la década de 1950 (en el Commonwealth) habían extinguido los derechos de las comunidades del estrecho de Torres a pescar con fines comerciales, al regular “el control, la gestión y la explotación de los recursos vivos” dentro de las “zonas de propiedad indígena”.

Respondiendo a la apelación, el Alto Tribunal decidió que tales leyes no contradecían el reconocimiento de los derechos de propiedad indígena a la pesca con fines comerciales.

Enforcement of the Decision and Outcomes:

Según Butterly, “esta decisión no exige que el Commonwealth o Queensland reasignen licencias de pesca comercial ni ordena que se les otorgue a los peticionarios del derecho indígena una cierta cantidad de licencias. En la práctica, el único efecto inmediato es que los derechos relacionados con la pesca comercial pasan a estar sujetos a los procesos de actos futuros limitados previstos por la Ley de Propiedad Indígena (Native Title Act, (Cth) (‘NTA’)) de 1993. Sin embargo, estos asuntos deben ser negociados, en lugar de ser considerados en el restringido marco legal de la propiedad indígena. Asimismo, se debe reconocer que ya existen actividades intensas de pesca comercial llevadas a cabo por indígenas en la zona del estrecho de Torres. Los interrogantes prácticos planteados por la decisión constituyen una valiosa oportunidad para iniciar discusiones y para destacar la exitosa pesca comercial que ya está siendo desarrollada en el estrecho por los propietarios tradicionales” (Butterly, ILB, 2013).

Significance of the Case:

El Comisionado para la Justicia Social de los Isleños y Aborígenes del Estrecho de Torres, Mick Gooda, declaró en 2013 que “los derechos de pesca comercial son fundamentales para los pueblos indígenas de Australia, no solo porque son derechos tradicionales, sino, también, porque tienen una importancia vital para el desarrollo económico de las comunidades indígenas” (Comisión de Derechos Humanos de Australia, 2013). La decisión, que fue dada a conocer después de más de una década de litigio, establece por primera vez el reconocimiento de los derechos de propiedad indígena comerciales por el alto tribunal (Timebase, 8 de agosto de 2013). También abre “una excelente oportunidad para promover el debate acerca de la integración del derecho del mar, la gobernancia indígena y el derecho comercial no solo en los estrechos, sino en toda Australia” (Butterly, ILB, 2013).

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Pillay afirma que la ley anti-homosexualidad viola los derechos humanos

Fuente: ONU

24 de febrero, 2014 — La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó hoy que la ley contra la homosexualidad en Uganda viola las garantías básicas y podría fomentar la discriminación, el acoso y la violencia contra las minorías sexuales.

El proyecto aprobado recientemente por el Parlamento fue ratificado este lunes por el presidente Yoweri Museveni y quedó así listo para convertirse en ley.

Esa norma contempla condenas de cadena perpetua para quienes mantengan relaciones sexuales reiteradas con personas del mismo género y los matrimonios entre individuos de esos colectivos y sentencias de entre cinco y siete años de prisión para quienes se considere que promocionan esas relaciones, entre otras conductas.

“La desaprobación de la homosexualidad por parte de algunos nunca puede justificar que se violen los derechos fundamentales de otros”, manifestó Pillay en un comunicado y agregó que la ley es tan general que puede llevar a abusos de poder y a formular acusaciones contra cualquiera.

La Alta Comisionada subrayó que Uganda está obligada, por su Constitución y por el Derecho Internacional, a respetar los derechos de todos los individuos y a protegerlos contra la discriminación y la violencia.

Pillay se mostró además muy preocupada por el hecho de que la ley podría ser también una amenaza para el trabajo de los defensores de los derechos humanos en ese país y para los esfuerzos en prevenir la propagación del virus que causa el Sida.

“Con las tasas de infección de VIH en aumento en Uganda, la ley tendrá un impacto negativo en los esfuerzos por prevenir la trasmisión y facilitar tratamiento a los pacientes con ese virus, y socava el compromiso del Gobierno de un acceso no discriminatorio a los servicios de salud”, destacó Pillay.

global networkLa Comisión Interamericana de DDHH realizará audiencia sobre concentración de medios en el Perú

Fuente: LaRepublica

-Perú-

En Washington. A pedido de IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el organismo supranacional abrirá un espacio de debate sobre el tema el 24 de marzo próximo.

En el marco de su 150 período ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el próximo 24 de marzo una audiencia para tratar el tema de la situación del derecho a la libertad de expresión y a la concentración de propiedad de medios de comunicación en el Perú.

El organismo supranacional aceptó realizar la audiencia luego de que el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) del Perú hicieran tal solicitud y le expresaran la necesidad de analizar en su seno un problema que, consideran, vulnera diferentes libertades.

El pedido de la audiencia se hizo tras el debate que generó en nuestro país la compra de acciones de Epensa por parte del grupo El Comercio, con lo cual este último pasó a concentrar el 78 por ciento de la propiedad, la comercialización y la distribución del mercado periodístico nacional.

Que la Comisión admita el pedido de IDL y de la CNDDHH saca de un supuesto ámbito privado el debate iniciado en nuestro país sobre la concentración de medios y lo coloca en el interés público, asimismo estas instituciones afirman que la CIDH ha puesto en agenda este tema porque considera que existe una posible violación de derechos fundamentales.

DESDE EL IDL

“Acuérdate que El Comercio trataba de decir que era un interés privado y que tenía que ver con el libre mercado, pero acá no, sino más bien te están diciendo que no es un tema privado y que sí tiene que ver con libertad de expresión”, comentó a este diario Ernesto de la Jara, director del Instituto de Defensa Legal.

Juan Carlos Ruiz, abogado de ese mismo organismo, añadió que “una cosa es tener monopolio en fábrica de galletas y otra, que tengas monopolio en medios de comunicación, porque en el segundo de los casos se compromete la democracia, el pluralismo político, la tolerancia, etc”.

Ruiz señaló, además, que en la medida en que haya mayor oferta informativa, se podrá ejercer de una manera más idónea el derecho a la participación.

EL TEMA SOBRE LA MESA

De otro lado, los representantes del IDL destacaron que si bien la audiencia en la CIDH no culminará en la expedición de una sentencia, condena, absolución o medida cautelar, el debate que se dé al interior de ese organismo permitirá “visibilizar el problema que significa que el 78 por ciento de la prensa en el Perú esté concentrado en un solo grupo económico”.

“Con esta audiencia se va a hacer visible, se va a poner en agenda, y esta vez ya a nivel regional, una problemática que no es solo del Perú. La Comisión acepta la audiencia porque si bien hay un caso en concreto, es una situación que va más allá de nuestro país”, anotó Ruiz Molleda.

De la Jara, por su parte, destacó la importancia de que el organismo supranacional haya aceptado que la audiencia se enmarque en la libertad de expresión en nuestro país relacionada con la concentración de medios y haciendo mención expresa a la situación que se ha generado tras la compra de Epensa por parte del grupo El Comercio.

“La Comisión está admitiendo que sobre eso se va a informar. No está todavía pronunciándose, pero eso quiere decir que indirectamente está diciendo que la concentración de medios puede afectar la libertad de expresión. De otra manera, no habría razón para que otorgue una audiencia referida a la libertad de expresión vinculada a la concentración de medios”, finalizó el director de IDL.

AUDIENCIA EN LA CIDH EVIDENCIA QUE NO ES UN TEMA EMPRESARIAL

Mirko Lauer, columnista del diario La República, y Fernando Valencia, director de Diario 16 –ambos, firmantes de la acción de amparo presentada contra la concentración de medios– destacaron la importancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abra un debate sobre ese caso.

“El tema hace tiempo que ha dejado de ser exclusivo de los ocho periodistas que hicimos la denuncia. Que la comisión se interese por fomentar un debate sobre el tema es un claro indicio de que los denunciantes teníamos la razón”, dijo Lauer.

Explicó que una parte de la razón se las tiene que dar el Juzgado Constitucional, pero la otra parte la tiene que dar la sociedad misma al aceptar en sus foros e instituciones que la concentración de medios es nociva y peligrosa para la sociedad.

Valencia, por su parte, afirmó que se trata de una noticia importante para el país porque se abre un espacio suprarregional, neutral e independiente, para una discusión sobre la concentración de medios de comunicación que, “afecta lamentablemente la pluralidad informativa en el Perú”.

“Felicito a IDL y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por este logro. Que la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos haya aceptado realizar una audiencia sobre este caso que denunciamos, confirma que no se trata simplemente de un tema empresarial o privado, como algunos quisieron presentarlo, en su intento por descalificarlo”, finalizó.

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