Derecho Constitucional/ Constitucional Law

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IMG_0893Fuente: CEJIL

Organizaciones internacionales denuncian irregularidades en procesos de integración de órganos de justicia en Guatemala

Washington DC y Ciudad de Guatemala. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.
Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.
En el proceso de nombramiento del cargo de Fiscal General que finalizó en el mes de mayo del 2014, las comisiones de postulación (CP) que evaluaron a los y las candidatas actuaron con un amplio margen de discrecionalidad que provocó, entre otras irregularidades, una inadecuada ponderación de la experiencia profesional, una grave falta de justificación sobre la relación entre la puntuación otorgada y los y las postulantes seleccionados, una nula discusión sobre la honorabilidad de los y las postulantes así como ninguna valoración respecto de las tachas presentadas en contra de algunos de ellos.
Más recientemente, en el mes de junio iniciaron los procesos para elegir a 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y 180 magistradas y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pese a la importancia de estos nombramientos, los procedimientos iniciados no se están guiando por los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad, y representatividad; en forma contraria, las comisiones de postulación han tomado decisiones que generan dudas sobre la autonomía e imparcialidad de sus integrantes.
La Corte de Constitucionalidad (CC) en su decisión de fecha 13 de junio de 2014 señaló algunas consideraciones sobre la importancia de realizar una evaluación objetiva y razonable, así como justificar de manera pública, razonada y expresa el voto que se brinda a favor o en contra de un candidato (a). Pese a ello, las CP no establecieron criterios para evaluar el requisito constitucional de “reconocida honorabilidad”, aprobaron tablas de gradación que solamente favorecen la antigüedad en el ejercicio de la profesión pero que no permiten medir la calidad profesional, eliminaron la posibilidad de realizar entrevistas a los postulantes, y manifestaron que sus votaciones serán privadas, lo anterior en abierto desacato a lo que fuera establecido por la CC.
Precisamente por dichas irregularidades, la CC ha otorgado dos amparos provisionales, el primero interpuesto por la Convergencia por los Derechos Humanos y el segundo interpuesto por la diputada Nineth Montenegro, ordenando en ambos casos a las CP rectificar sus actuaciones.
En el mes de abril del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció respecto de los procesos que se están llevando a cabo en Guatemala y recordó al Estado que “el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar”. Para lograr lo anterior, la CIDH consideró indispensable que se establezcan criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las y los candidatos a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección”. Estas recomendaciones no se están cumpliendo en la actualidad.
Las irregularidades descritas fueron expuestas el día de hoy en una audiencia pública ante la CIDH, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Open Society Justice Initiative (OSJI), en el marco del 152 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana que se lleva a cabo en la Ciudad de México DF.
También se refirieron a los obstáculos estructurales que impiden acabar con la impunidad en Guatemala, en tal sentido, se denunció la continuación de la práctica de uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos, la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones, y principalmente la existencia de una política de Estado que se niega a brindar justicia a las víctimas.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el evidente irrespeto a los compromisos internacionales que tiene el Estado de Guatemala y nos sumamos a las numerosas voces de protesta de la sociedad civil y de otros actores que claman por procesos de elección transparentes y objetivos. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que rectifiquen sus actuaciones y garanticen una administración de justicia independiente, sólo así se podrá a su vez avanzar en la superación de los obstáculos estructurales para erradicar la impunidad.
Finalmente las organizaciones saludamos la invitación del Estado de Guatemala de recibir al relator de país en una visita oficial y esperamos que esta visita se realice en el menor tiempo posible.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemalan Human Rights Commission
Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

Fuente: Los tiempos

-Bolivia-

Candidatos a senadores plantean cambios en justicia
Los candidatos a primer senador por Cochabamba de las cinco siglas políticas habilitadas para las elecciones presidenciales del próximo 12 de octubre coincidieron en que existe una mora procesal preocupante y que (en este caso los de oposición) urge rescatar la independencia del Órgano Judicial del Ejecutivo.
El representante del Partido Verde, Alejandro Almaraz, propuso un referéndum revocatorio para las actuales autoridades judiciales, elegidas por primera vez por voto popular el 2011.
Su similar del Movimiento Sin Miedo (MSM), Mario Orellana, observó que para ello habría que modificar primero la Constitución, pero ambos coincidieron en una elección por méritos.
El representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gamal Serham, dijo que en lugar de magistrados tenemos “masistrados”, pero que también deben cambiarse mecanismos procesales, como buscar la conciliación en lugar del litigio.
El candidato de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, añadió que los notables de las carreras de Derecho deberían escoger a los mejores jueces por méritos, pero además hay que triplicar presupuesto y personal.
Finalmente, el candidato del MAS, Ciro Zabala, propuso mayor educación para que haya menos delitos, y, en consecuencia, menos procesos judiciales.

DEFENDER LA CPE EN LUGAR DE REFORMARLA
En cuanto a posibles reformas a la Constitución Política del Estado (CPE), Orellana dijo que su partido quiere cambios judiciales, redistribución de recursos en los niveles de Gobierno y adoptar el sistema unicameral. Almaraz dijo que su partido no quiere que la CPE se enmiende, sino que se la respete, y que las reformas deberían darse a nivel de las leyes en justicia, elecciones y autonomías. Serham opinó que las reformas no cambiarán la realidad, sino la voluntad política.
Murillo dijo que el único que quiere reformas es el oficialismo para buscar su reelección indefinida, y Zabala se excusó de proponer reformas. “Que lo hagan los que saben. No me meto en lo que no sé”, dijo.

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