Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_0896Fuente: ICTJ

El ICTJ hace entrega de un manual sobre análisis contextual de crímenes de sistema a la Fiscalía General de la Nación

A lo largo del conflicto armado en Colombia han tenido lugar graves violaciones de los derechos humanos que se han repetido de forma sistemática, como las matanzas, los secuestros o las desapariciones forzadas. Estos crímenes, llamados crímenes de sistema, plantean un desafío a las estructuras judiciales tradicionales y a sus formas de investigación penal. A diferencia de los crímenes ordinarios, en la investigación de los crímenes de sistema –que involucran a un gran número de víctimas y victimarios– hay que tener en cuenta el contexto político, social y económico que ha hecho posible el desarrollo y funcionamiento de las estructuras macro criminales.
Con el propósito de hacer frente a los desafíos judiciales que representan los crímenes de sistema y la criminalidad organizada, el ICTJ ha trabajado durante un año y medio con la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación para consolidar una nueva forma de investigar penalmente los crímenes de sistema, que incluya un análisis en profundidad del contexto y conduzca al desmantelamiento de las estructuras criminales.
Las reflexiones construidas conjuntamente con fiscales, analistas e investigadores en el marco de la de la asistencia técnica brindada por el ICTJ se han sistematizado en un manual de casi 50 páginas –financiado por la Embajada de Suecia– que fue presentado oficialmente a la Fiscalía de la Nación la semana pasada en Bogotá. El manual, titulado Análisis contextual en la investigación penal de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación, servirá como guía para el trabajo de los fiscales, analistas e investigadores judiciales de la DINAC y de otras unidades de la Fiscalía General de la Nación que enfrentan el reto de investigar los fenómenos macro criminales en Colombia.
La presentación contó con la participación del Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo; la directora del programa del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno; el Director de la DINAC, Juan Pablo Hinestrosa; la Embajadora de Suecia en Colombia, Marie Andersson de Frutos y el autor del manual, David Martínez Osorio.
Durante la presentación, Perdomo insistió en la importancia de seguir desarrollando el modelo de investigación penal en contexto adoptado en 2012. “La investigación en contexto permite garantizar la efectiva realización del derecho a la verdad de las víctimas, así como permite acabar con la continuidad de la actividad criminal al encontrar sus patrones y formas”, destacó en su intervención. “La investigación en contexto hasta ahora comienza, siendo un largo camino el que viene por delante”.
Durante los 18 meses de trabajo, el ICTJ y la Fiscalía han realizado jornadas de capacitación, seminarios internacionales, acompañamiento a los grupos técnicos de la DINAC, así como una serie de jornadas de capacitación sobre crímenes de sistema, crímenes de lesa humanidad y construcción de contextos, dirigidas a los funcionarios para . “El manual es el resultado del diálogo permanente entre los diversos actores que participaron en su construcción y desarrollo”, añadió Moreno. “Actualmente se presenta una gran oportunidad para el país, en la cual la Fiscalía juega un papel importante en el desmantelamiento de las estructuras criminales responsables de crímenes de sistema”.
La Embajadora de Suecia destacó la importancia de capacitar adecuadamente a la Fiscalía en su rol fundamental para el futuro de Colombia. “Una justicia transicional bien estructurada permite la consolidación de una paz duradera”, subrayó.
El manual se estructura en tres partes. La primera hace referencia a la nueva política de investigación penal de la Fiscalía General de la Nación.. La segunda desarrolla los elementos conceptuales y prácticos de la investigación en contexto de crímenes de. La última parte presenta los avances en el análisis contextual en la DINAC, mediante ejemplos que hacen referencia a algunas de las problemáticas priorizadas por la Fiscalía General de la Nación.

Fuente: CEJIL

30 de Agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa
Washington DC, 29 de agosto del 2014. La comunidad internacional conmemora el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa, recordando a todos los hombres y mujeres que fueron desaparecidos y de los cuales aún se desconoce su paradero.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha querido unirse a esta iniciativa que comenzara hace media década la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y concluyera con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010, donde se recogía:
“La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.” (Resolución A/RES/65/209 Asamblea General de las Naciones Unidas).
Actualmente el uso de la desaparición forzada está amparada en la impunidad, por ejemplo en México apenas 25% de los delitos son denunciados y sólo el 2% resulta en una sentencia condenatoria de un total de 65 000 casos conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1995 (dato registrado en el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU) A la falta de esclarecimiento de las desapariciones del pasado se suman día a día nuevas víctimas.
Asimismo, en el año 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación por “la persistencia y la actualidad del fenómeno de las desapariciones forzadas en la región, y la invisibilidad en que permanece esta situación”, la entidad destacó además en esa ocasión que existe aún negación del problema como tal, lo que propicia la repetición de los crímenes.
Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, apunta al respecto que “es crucial que el compromiso con la erradicación de la desaparición forzada se manifieste en acciones claras de los Estados para avanzar las investigaciones penales que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Es importante evidenciar que muchos Estados no han siquiera adoptado legislación específica para combatir e investigar delitos de desaparición forzada, lo cual se inicia por la tipificación del delito de desaparición forzada como tal; incluso países como Guatemala, Perú, Brasil y México siguen sin tipificar el delito de desaparición forzada pese a tener sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo ordenan”.
CEJIL recuerda la deuda pendiente con la obtención de verdad, reparación y justicia sobre los cientos de casos de desaparición forzada en el continente, especialmente al celebrarse 20 años de la creación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP) en junio de este año.
También CEJIL reconoce el papel fundamental de los familiares de los y las desaparecidas. Por ello, quiere sumarse a sus voces en un llamado a los Estados del continente para que renueven su compromiso con la investigación y el esclarecimiento de los hechos que derivaron a las miles de desapariciones, así como insta a que se erradique la desaparición forzada y se de reparación pronta a los familiares.
En este día honramos especialmente la memoria de:
• Los 45 000 desaparecidos durante el conflicto armado guatemalteco entre 1960-1996.
• José Carlos Trujillo Oroza (Bolivia) desaparecido en 1972
• Heliodoro Portugal (Panamá) desaparecido desde el 1970
• Los desaparecidos durante la Guerrilla de Araguaia (Brasil) entre 1972 y 1975.
• María Claudia García Iruretagoyena de Gelman (Uruguay) desaparecida en 1976.
• Marco Antonio Molina Theissen (Guatemala) desaparecido desde 1981.
• Los 12 desaparecidos de la retoma del Palacio de Justicia (Colombia) desde 1985.
• Efraín Bámaca Velázquez (Guatemala) desaparecido desde 1992.
• Víctimas de La Cantuta (Perú) en 1992.
• Kenneth Ney Anzualdo (Perú) desparecido desde 1993.
• Narciso González (República Dominicana) desaparecido desde 1994.
• Jesús Ángel Gutiérrez Olvera (México) desaparecido desde el 2002.

 

Fuente: ElUniversal

-Venezuela-

Rodríguez: Nadie está autorizado para violar los DDHH
Funcionarios participaron en foro de Unasur sobre seguridad ciudadana
Jueves 28 de agosto de 2014 12:00 AM

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que “ningún funcionario hoy está ni autorizado ni recibe órdenes de violar los derechos humanos a nadie”. “Nos desmarcamos de cualquier hecho o acción que haga un funcionario contra los derechos humanos en cualquier ciudad”, aseveró durante el encuentro regional de la Unasur “Desarrollo de Políticas de Seguridad Ciudadana” en la sede de la UNES, en el cual participaron autoridades venezolanas.

Tras celebrar la actividad, afirmó que en las protestas de febrero pasado “se evidenció un máximo respeto por los derechos humanos pese al intento de alcanzar el poder por la vía violenta. “Nosotros levantamos la guarimba luego de tres meses de conspiración y resurrección en la calle por una derecha extrema que quiere alcanzar el poder por la vía violenta, siempre respetando al máximo los Derechos Humanos”.

Calificó de “implacable” la labor de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, al alabar su funcionamiento, y consideró que la extinta Disip fue “una especie de organismo al margen de la Ley”. “El Sebin es distinto (a la extinta) Disip”.

Cuestionó la política represiva de los pasados gobiernos y mencionó que se disparaba a los edificios del 23 de Enero, durante el “Caracazo” de 1989, o a la gente “que violaba el toque de queda a las 6:00 p.m”.

Dar respuesta a los conflictos

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, por su parte, sostuvo que la seguridad y los derechos humanos deben ir de la mano para generar respuestas efectivas en la resolución pacífica de los conflictos dentro de las comunidades.

Durante su ponencia, Ramírez consideró que no se puede ejercer la seguridad de una manera coercitiva para la resolución de los conflictos. “El tema de la seguridad hay que coserlo con filigrana con el tema de los derechos humanos, porque si hacemos mucha presión sobre la celeridad de la manera coercitiva generamos desviaciones que tal vez están afectando a nuestros funcionarios (policiales)”, dijo. ¿Consideró que los derechos son una conquista del pueblo y es un lenguaje internacional.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, destacó los avances alcanzados en la legislación venezolana para garantizar los derechos humanos, y mencionó que de 350 artículos de la Constitución de la República, 286 se refieren a estos. “Es un verdadero catálogo de derechos humanos”, destacó. Defendió el carácter civil y profesional de la PNB.

 

Fuente: El país

-España-
Menores y explotación
La Unión Europea ve imprescindible la introducción de un verdadero Derecho Social

Dos siglos después de la Revolución Francesa, y a pesar de que los avances resultan incuestionables, restan aún materias del ordenamiento jurídico donde los Derechos Humanos, la igualdad y el principio de no discriminación parecen difíciles de alcanzar. El caso de la protección jurídica de los menores frente a la trata de seres humanos y la explotación laboral es una de esas materias en las cuales el esfuerzo paulatino del legislador viene buscando plasmar nuevos derechos y niveles de protección en clave de derechos fundamentales y en los restantes ámbitos del ordenamiento.
Así, en el contexto español, la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, entre otras normas de importancia, ha desarrollado toda una serie de mecanismos de protección sobre los derechos de los menores, especialmente desde la perspectiva de los Derechos Fundamentales contemplados en la propia Constitución, en los Tratados Internacionales y en el Derecho Comunitario Europeo.
Pero, como se ha citado, tanto el Derecho Internacional desde el marco de la ONU (UNESCO y Organización Internacional del Trabajo, fundamentalmente), como el Derecho Comunitario Europeo, han sido pioneros en la materia y el devenir histórico de las sucesivas reivindicaciones jurídicas sobre la protección de los menores de edad demuestran el marcado tinte internacional y europeo de esta necesidad de protección sobre los más vulnerables, incluso más allá del principio de soberanía de los Estados.
El Derecho Europeo nos ofrece un buen ámbito de análisis para abordar la cuestión que nos ocupa por dos razones esenciales:
a) La primera reside en la forma. Nos encontramos ante un Derecho impregnado de las dos corrientes o perspectivas jurídicas centrales existentes en Occidente, el Common Law y el Derecho Continental, pues tanto uno como otro son acogidos por el Derecho Comunitario, gracias al carácter escrito de sus normas, junto a la creación jurisprudencial de principios, normas y, en suma, Derecho, tarea ésta siempre llevada a cabo por el Tribunal de Justicia de la UE y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en determinados casos.
b) La segunda se sustenta en el fondo, en el objeto material sobre el que recae el Derecho Comunitario, como un Derecho básicamente garantizador de derechos individuales, estrechamente vinculado con los Derechos Fundamentales, aspectos cuyo nexo de unión con el principio de no discriminación hacen de este ámbito un campo de estudio lleno de ejemplos y aplicaciones prácticas en la realidad de la protección jurídica de los menores de edad, desde la perspectiva social, laboral y, por supuesto, desde la protección de los Derechos Humanos.
A nadie escapa hoy el origen prioritariamente económico de la Unión Europea en base a la tripleta de libertades encarnadas por la libertad de circulación de capitales, la libre circulación de mercancías y la libre circulación de personas. Con el tiempo, la UE ha visto imprescindible la introducción de un verdadero Derecho Social que acompañe las libertades apuntadas para el logro de los fines y objetivos postulados por los Tratados, incluido el cumplimiento de los Derechos Humanos que eviten la trata de personas y la explotación laboral de los menores.
Dentro de ese Derecho Social, el papel a desarrollar por la UE resulta incuestionable desde cualquier punto de vista, incluido el del impulso de los Derechos Fundamentales de los menores de edad en toda su extensión. Sin embargo, es con la entrada en vigor del Acta Única Europea cuando los objetivos sociales de la UE comienzan a cristalizar en los diferentes textos normativos que hoy aplicamos.
En el caso español, el artículo 14 de la Constitución contiene una mención directa y explícita sobre el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación. Bien es cierto que el ámbito de aplicación de este precepto se reduce a los españoles, mientras que el art. 1 de la Ley Orgánica 1/1996, reconoce su directa aplicación a cualquier menor de edad que se encuentre en territorio español. Desde el punto de vista del Derecho Internacional y Europeo, una nueva oportunidad para reflexionar sobre los límites existentes en el principio de soberanía estatal en busca de la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de cualquier otra condición. Una interesante referencia a este respecto es la Sentencia del TEDH de 7-1-2000, en el asunto Rantsev v. Cyprus & Russia, donde se subraya el carácter internacional del problema jurídico en su más amplia complejidad.

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