Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_0896Fuente: PanoramaDiplomatico

OBSTÁCULOS PARA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Ginebra, 17 de septiembre.- A pesar de todos los esfuerzos que se han llevado a cabo a nivel nacional e internacional en consolidar una normativa de protección de los derechos de los pueblos indígenas, siguen existiendo problemas que se interponen y evitan el goce pleno de los derechos que se les han reconocido, explicó en Ginebra Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, durante la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos.


La experta filipina, quien asumió el mandato como nueva Relatora recién el 2 de junio pasado, observó que “hay una sólida base jurídica y normativa sobre la que progresar en la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas”, pero que pesar de ello “los pueblos indígenas siguen enfrentando obstáculos que les impiden gozar de una plena y efectiva protección de sus derechos”.


La Relatora resumió en cinco los problemas persistentes a los que se enfrentan los pueblos indígenas y sobre los cuales se ocupará en el marco de su mandato. El primer de ellos es el no reconocimiento o reticencia de los Estado y otros agentes a reconocer ciertos grupos como “pueblos indígenas”, soslayando así la aplicación de las normas internacionales y los mecanismos de protección aplicables a los grupos indígenas. Tauli Corpuz considera necesario tener en cuenta los atributos que pueden ayudar a diferenciar los pueblos indígenas de otros grupos minoritarios, al interior de los Estados.


El segundo hace referencia a las dificultades para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, que están relacionadas con el desconocimiento de las normas, la dificultad de definir medidas prácticas para hacerlas efectivas y las interpretaciones contradictorias sobre el contenidos de las mismas. Desafortunadamente, lamentó la experta, no se consulta a menudo a los pueblos indígenas ni se busca alcanzar su consentimiento previo, libre e informado.


Los procesos inconclusos de reconciliación, reparación y resarcimiento de agravios históricos y aplicación de medidas que garanticen la no repetición, es el tercer obstáculo que se debe superar. El cuarto, la persistencia de actitudes negativas hacia los pueblos indígenas en las sociedades en las que viven, incluidos sus gobiernos; y por último, las condiciones sociales y económicas que colocan en desventaja a la mayoría de pueblos indígenas y que impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos. Todas estas trabas deben desaparecer para generar una atmósfera propicia a favor de las garantías de dichos pueblos.


Frente a los Estados, la Relatora patentó su compromiso de contribuir a que la voz de los pueblos sea oída y hacer avanzar el debate sobre estos puntos durante la Conferencia Mundial, que se llevará a cabo los próximos 22 y 23 de septiembre en Nueva York. También alentó a los países de América Latina y Asia a extenderle una invitación formal para que pueda observar en el terreno la situación de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos.

 

Fuente: PanoraamaDiplomatico

“NECESITAMOS GARANTIZAR EL DERECHO A LA PRIVACIDAD PARA NO LLEGAR AL MUNDO DE ORWELL”

Ginebra 16 Septiembre. – Para Carly Nist, directora legal de Privacy International, no estamos lejos de llegar a un mundo represor donde un “súper estado totalitario” vigila todos los ámbitos de la vida, incluso los pensamientos, como lo narrado en 1984, obra del escritor británico Georges Orwell.

La experta usó la analogía durante un debate sobre el ciberespionaje que tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos para manifestar la urgencia de implementar normas internacionales que garanticen el derecho a la privacidad en internet y que protejan contra la vigilancia, las interceptaciones y la recopilación ilegal de datos en la red.
Según la representante de la organización no gubernamental, es urgente aunar esfuerzos en esta vía, pues “la privacidad se refiere a la dignidad, a la capacidad de tomar decisiones de manera independiente… el problema no es la inexistencia de normas, sino la dificultad de coordinar y comprender su efectiva aplicación” concluyó Nist.
Por su parte, la Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, advirtió que “la vigilancia en masa por parte de los gobiernos se ha revelado como un hábito peligroso y no una medida excepcional”. Además recordó que la violación a la privacidad es grave, pues acarrea la violación de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, a recibir y difundir información y a la vida familiar.
El debate suscitó la condena de diversos países latinoamericanos a las prácticas de interceptación masiva. Ecuador manifestó su “rechazo categórico al espionaje y acoso cibernético en escala masiva que algunos Estados hacen a otros”. Venezuela denunció que “la situación se agrava cuando las compañías internacionales se apropian de estos datos.” A su vez, Cuba advirtió que esa vigilancia “amenaza la soberanía de los Estados” y aseguró que “la lucha contra el terrorismo no puede usarse como excusa para ello”.
La relatora de la OEA para la libertad de expresión, la colombiana Catalina Botero, quien fue invitada al panel de discusión celebrado en Ginebra, declaró entender las preocupaciones de los países por el espionaje por parte de otros Estados, pero “la legitimidad de dichas preocupaciones debe partir primero de la preocupación por la interceptación y violación a la privacidad de sus propios ciudadanos”. Recordó que, “en las Américas ha sido evidente el uso de estas tecnologías para espiar a disidentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.”
Botero explicó a Panorama Diplomático, luego de haber culminado la sesión en la ONU, que “es necesario establecer una legislación que regule las prácticas de vigilancia, pero no basta con cualquier ley. Éstas tienen que ser capaces sustancialmente de superar los estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos; deben ser aprobadas por el congreso, o sea ser leyes materiales y formales, pero precisas, que digan exactamente lo que está permitido y lo que está prohibido.”
El debate llegó a la ONU por insistencia de países como Brasil y Alemania, tras el escándalo desatado el año pasado al saberse que la Agencia Nacional de Seguridad, de Estados Unidos, había interceptado datos privados de millones de personas dentro y fuera de territorio norteamericano, incluyendo los de personalidades y altos dignatarios, como la canciller alemana Ángela Merkel y la presidenta brasileña Dilma Rouseff.
El panel se realizó el pasado viernes en el marco de la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la ciudad de Ginebra; contó con la presencia de representantes del sector privado de las telecomunicaciones, expertos académicos, miembros de la sociedad civil y periodistas.

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