Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_0896Fuente: PanoramaDiplomatico
LA ONU CONDENÓ A LOS “FONDOS BUITRE” POR SUS “EFECTOS NEGATIVOS” PARA CON LOS DERECHOS HUMANOS

Ginebra, 26 de septiembre.- El Consejo de Derecho Humanos de la ONU, integrado por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU que se van rotando anualmente, condenó a los “fondos buitre” por su impacto negativo en perjuicio de los derechos humanos, conforme a una resolución adoptada hoy viernes en Ginebra por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones.
“Condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”, sentencia la resolución presentada por la Argentina y copatrocinada por 74 Estados, entre ellos todos los países del continente africano.
Argentina consiguió el apoyo de los otros siete países que junto con ella representan a la región latinoamericana y del Caribe en este Consejo (Brasil, México, Cuba, Costa Rica, Chile, Perú y Venezuela), a los que se sumaron, entre otros, India, China y Rusia. Sin embargo, Estados Unidos y Japón rechazaron la resolución, mientras que la Unión Europea actuó dividida. Inglaterra, República Checa y Alemania votaron en contra, pero Italia, Francia, Austria, Estonia y Rumania se abstuvieron.
La resolución “alienta a todos los Estados”, a participar en la elaboración de “un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana …. (que) sea compatible con las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos”, en sintonía con la convocatoria a negociar una Convención internacional, resuelta por la Asamblea General de la ONU el pasado 9 de septiembre en Nueva York, por 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.
Respecto a la necesidad de esa Convención, la resolución afirma que “El sistema financiero internacional no cuenta con un marco jurídico sólido para una reestructuración de la deuda soberana que sea ordenada y previsible, lo que aumenta aún más el costo económico y social del incumplimiento”.
Por cierto, el texto explica que el “carácter voluntario de los planes internacionales de alivio de la deuda ha creado oportunidades para que los fondos buitre adquieran deuda soberana impagada a precios sumamente reducidos para luego reclamar el reembolso del valor total de la deuda mediante litigios, embargo de bienes o presiones políticas”.
“Los fondos buitre, mediante el recurso a los tribunales y otros medios, obligan a los países endeudados a desviar recursos financieros ahorrados con la cancelación de la deuda y reducen los efectos del alivio de la deuda para esos países, o atenúan sus posibles beneficios, y por ende, socavan la capacidad de los gobiernos de garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de su población”, añade la resolución.
A su vez, el texto constituye una denuncia contra “los fondos oportunistas (fondos buitre)”, que atentarían contra “el derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda soberana, que no debe verse frustrado ni obstaculizado por ninguna medida procedente de otro Estado”, en velada alusión al conflicto que enfrenta al gobierno argentino con la Justicia de Estados Unidos, la cual ha admitido un reclamo de “fondos buitre” por alrededor de 1600 millones de dólares.
La resolución concluye con una solicitud al Comité Asesor de este Consejo, compuesto por expertos independientes de diferentes países, para que prepare “un informe basado en investigaciones sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos”, una tarea que impulsa un prestigioso miembro de dicho Comité, el conocido sociólogo suizo, Jean Ziegler.

Fuente: PanoramaDiplomatico

EL ACCESO A LA JUSTICIA: TEMA CENTRAL DEL DEBATE SOBRE PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Ginebra, 26 de septiembre.- El acceso de los afrodescendientes a la justicia es un componente esencial de la promoción y protección de los derechos humanos. “Es importante combatir la impunidad en los casos de discriminación racial, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia de la que son víctimas y asegurarles el goce de un acceso a la justicia, en condiciones de igualdad”; es la conclusión a la que llegó el Grupo de Expertos, durante la sesión celebrada sobre este tema el pasado 23 de septiembre en el seno del Consejo de Derechos Humanos.
“El respeto y la protección de los derechos humanos sólo se puede garantizar si los remedios legales efectivos están disponibles cuando se violen los derechos individuales”, afirmó Verene Shepherd, Presidenta del Grupo de Trabajo, ese mismo día en el marco de la 27 sesión del órgano de Naciones Unidas, instancia máxima en materia de derechos humanos.
La experta presentó dos reportes: el primero referente al tema de acceso a la justicia de los pueblos afrodescendientes, tema global que le fue encomendado como parte de su mandato, y el segundo sobre la visita del grupo de expertos efectuada a Brasil en diciembre de 2013.
En el primer caso, asegura que los pueblos afrodescendientes, en general, siguen siendo víctimas de la construcción de las sociedades basadas en la jerárquica de “las razas” en la cual, por un lado, los hombres negros son particularmente vulnerables a la discriminación racial y esto se ve reflejado en acciones policiales, como control de identidad, requisas, arresto abusivo, violencia por parte de los policías que pueden llegar a ser mortales, y por otro lado, las mujeres sufren de violencia física o verbal por parte de la administración.
Dentro de las recomendaciones que el grupo de trabajo propone a la comunidad internacional está la de asegurar que la reparación judicial sea accesible geográficamente de forma rápida e imparcial en cada Estado.
El segundo reporte explica los hallazgos hechos en Brasil, dentro de los cuales resalta que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, en cuanto a la disminución de la pobreza y la desigualdad, situaciones de racismo y discriminación persisten. Si bien hay un fuerte cuerpo de políticas públicas a nivel federal, al grupo de trabajo le preocupa que en los niveles estatal y municipal muchas de las políticas tienen menos peso y las instituciones de desarrollo carecen de financiación y estructura capaces de llevar a cabo sus actividades de manera eficaz.
Los expertos recomiendan a Brasil reforzar en el tema de la educación; por un lado la enseñanza de la historia afrobrasilera y por otro aumentar la inversión en la formación del profesorado y el desarrollo del currículo, así como asegurar la igualdad en la calidad de la educación de todos los niños y las niñas en Brasil.

Fuente: PanoramaDiplomatico

COSTA RICA RECHAZA EN LA ONU RECOMENDACIONES SOBRE MIGRACIÓN, ABORTO Y PAREJAS DEL MISMO SEXO

Ginebra 22 Septiembre. – Costa Rica decidió rechazar 15 recomendaciones, de un total de 178 que recibió durante su evaluación en el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas. Este proceso culminó de manera definitiva el pasado viernes con la adopción final del informe en el Consejo de Derechos Humanos. A pesar de haber admitido la gran mayoría, se rehusó a hacerlo en temas relacionados con migración, aborto y cohabitación de parejas del mismo sexo.
En materia de migración el país tico se negó a asumir recomendaciones sobre la ratificación de la Convención Internacional de protección a los derechos de trabajadores migrantes, porque dicho instrumento “refleja exclusivamente el interés de países que dan origen a flujos migratorios importantes y no así de los países que los reciben y hacen frente a sus necesidades”. Del mismo modo, rehusó a considerar la ampliación de la legislación para brindar acceso a justicia, educación, salud y seguridad a todos los migrantes independientemente de su condición jurídica.
Respecto al aborto, Bélgica, Suiza, Francia y Noruega exhortaron al Estado centroamericano a modificar la legislación relativa al aborto para legalizarlo en casos de violación e incesto. Costa Rica se abstuvo, alegando que el marco constitucional lo impide y que tal cambio va más allá de las posibilidades del gobierno pues depende del poder legislativo cambiar la ley. Según el Estado, sólo se puede ejecutar el aborto terapéutico en los casos en que el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, según el artículo 121 del Código Penal.
En reacción, el Centro para los Derechos Reproductivos recordó que el país tiene en curso dos demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no interrumpir embarazos cuando el feto tenía malformaciones. Según esta organización, el Estado no consideró los daños a la salud mental y física que sufrieron estas mujeres, lo cual es producto de la ausencia de protocolos de salud integral que se ajusten a las disposiciones legales.
Costa Rica también denegó la recomendación de Países Bajos de legalizar el contrato de cohabitación para parejas del mismo sexo, pero indicó que la Caja Costarricense del Seguro Social reformó su regulación para permitir que dichas parejas se aseguren y sean beneficiarias de pólizas de vida y seguros voluntarios, lo cual garantiza los derechos patrimoniales del esta población.
En contraste, el país rechazó las recomendaciones de Bangladesh y Mauritania orientadas a defender los valores tradicionales de la vida familiar argumentando que “en Costa Rica se respeta la pluralidad de familias”. Esto, pues Bangladesh, apoyado por Estados de marcados valores islámicos y también por el Vaticano, ha dirigido una campaña para limitar el concepto de familia a la unión de un hombre y una mujer, con el objeto de prohibir las familias de padres del mismo sexo.
Sin embargo, muchas de las recomendaciones recibidas durante el EPU han sido recogidas por el país y ya están siendo implementadas, como la tipificación del delito de trata de personas en niños, la creación de una Política Nacional para la Equidad de Género, una Política Nacional para la Niñez y adolescencia y una Comisión de atención y prevención a la violencia intrafamiliar; también han ratificado algunos instrumentos internacionales, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores domésticos.
El EPU se realiza cada 4 años y medio. Esta es la segunda ocasión que el Estado centroamericano es examinado. En 2012 presentó un informe de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas en 2010.

Fuente: BlogCorteIDH

CIDH presenta caso sobre masacres en Guatemala
 
El 17 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 100/14, mediante el cual informó que el 5 de agosto presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.788, Miembros de la Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala.

La CIDH sostiene en su comunicado de prensa lo siguiente: el caso se relaciona con “masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sexuales en contra de los miembros de la Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal, en el marco de los operativos por parte del Ejército y colaboradores durante el conflicto armado interno en Guatemala. Las víctimas de este caso son 32 personas torturadas y masacradas el 8 de enero de 1982, y otras 39 personas torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en diversos operativos ejecutados en Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal entre 1981 y 1986. En todos los casos se trataba de civiles que se encontraban en estado de indefensión al momento de su detención, tortura y ejecución. Adicionalmente, ocho personas fueron desaparecidas entre 1981 y 1984; todas fueron vistas por última vez bajo custodia de agentes estatales y hasta la fecha no se conoce su paradero. Además, el 8 de enero de 1982 y el 22 de noviembre de 1982, dos mujeres fueron víctimas de violación sexual, y entre octubre de 1982 y junio de 1985, otra mujer fue víctima de múltiples violaciones sexuales. Esta última persona también fue víctima de trabajo forzado en la ‘aldea modelo Chichupac’ bajo órdenes de miembros del Ejército Nacional. La Comisión también encontró que los sobrevivientes de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas fueron víctimas de desplazamiento forzado. De manera conexa con este cúmulo de violaciones, la Comisión encontró que en el caso se perpetraron violaciones del derecho a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a la propiedad y a los derechos políticos.”

La CIDH también afirmó que tales hechos “formaron parte de una estrategia estatal destinada a destruir a un grupo étnico a través de operativos militares, que significaron la masacre de miles de miembros del pueblo indígena maya, la huida de los sobrevivientes, la destrucción de sus economías de subsistencia y, finalmente, el sometimiento intencional de miles de indígenas mayas a condiciones de existencia que implicaban la dependencia de la estructura militar. Los hechos del caso constituyeron parte del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala. Pasadas más de tres décadas de ocurridos los hechos y más de dos décadas de la primera denuncia, los hechos se encuentran en la más absoluta impunidad.”

Este comunicado de prensa también expone que el caso fue enviado a la Corte porque el Estado no habría cumplido con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo. Por último, se refiere implícitamente a los motivos por los cuales este caso afectaría el orden público interamericano.

Source: OpenDemocracy

Beyond the courts – protecting economic and social rights

Are economic and social rights just “soft” rights, too woolly to pin down in laws or constitutions? Yes, some would argue. When a policeman tortures a political prisoner, the state can be readily blamed, but when a child dies because her parents are too poor to feed her, who’s responsible? Rights imply duties, and to be meaningful they must be fulfilled. Many developing countries simply don’t have the resources to provide food, education or health services to all citizens who need them. What’s the point, therefore, in turning economic and social rights into solid legal entitlements, and asking courts to enforce them?
We disagree, for two reasons. First, from a development perspective, the notion that some rights are more worthwhile and deserving of legal protection than others simply does not make sense. And second, giving economic and social rights legal protection has an impact far beyond the courts.
Dividing rights into categories—civil and political or economic and social—serves no useful purpose in fighting poverty. When an African widow’s right to own land is recognized, what sort of right are we talking about? Is it a civil right, because it addresses discrimination? Is it an economic right because it concerns property? Or is it a social right because the land ensures the woman’s right to feed herself and her family?
When an Afghan woman flees from violence in her home, she wants justice but she also to wants a safe place to stay, medical care to heal her wounds, and a job to sustain her in the future. Weaken one claim and you weaken them all.
The lived experience of poor people demonstrates that freedom is indivisible from education and nutrition; education and nutrition from livelihood; and livelihood from life and freedom.
The reality is that rights are rather like eggs. Crack them open, and rights will flow and join up and spread around individuals and communities like social protein: they are good for you in all sorts of ways. And often there will be no telling where one right ends and the next one begins, and therefore it is difficult to separate out just some rights for legal protection.
Previous contributors to this debate have argued forcefully for and legalizing economic and social rights, basing their arguments around judicial enforcement—that is, on the advisability and feasibility of courts adjudicating claims in matters of education, health care, social security or housing. Should laws and constitutions give you the right to sue your government for clean water, say, or schooling? Yes, says one camp: a judicial decision gives poor people something to wave in the authorities’ face. No, says the other: this is impractical, counterproductive, and may only serve to divert the state’s scarce resources to the vocal and the litigious rather than the vulnerable and the needy.
For us, this exclusively jurisprudential analysis misses the point. Of course, courts have a role to play in prodding recalcitrant governments, although it is worth remembering that in many developing countries courts are often slow and expensive to use, or lacking in independence to enforce decisions that hold the authorities to account.
But the reason for legalizing economic and social rights is not only to make them justiciable in court; it is to create the political and societal impetus to make rights a reality.
Legalizing economic and social rights gives formal expression to progressive ideals; it builds political legitimacy behind them; it creates a horizon of societal expectations. When the needs essential to a life lived in dignity—housing, education, basic health care—are elevated to the rank of legal entitlements, they have the power to change the political discourse and decisions on resource allocation. Policymakers are obliged to take legal rights into account when designing and carrying out development plans. Lawmakers find it difficult to ignore the obligations set by law—or do so at their peril, especially in democratic societies where an angry electorate often carries more weight than a learned judge.
Incorporating rights into law produces an environment conducive to change and provides a framework for successful interventions. The International Development Law Organization’s (IDLO) health law program has shown that to fight discrimination and ensure access to medical treatment, the right to health must be enshrined in national law, and implemented with a focus on those most at risk. Furthermore, as the threat of non-communicable diseases grows, countries that have weak or inadequate health laws with no reference to human rights obligations find themselves at a considerable disadvantage against the tobacco, alcohol and food industries. Needless to say, there is also evidence that governments in countries with strong health laws are more likely to invest in the health sector, which in turn pays off in higher social and economic dividends.
Laws can be the vanguard of change, driving popular attitudes and policy shifts. True, there is plenty of evidence out there that laws alone do not eradicate racial prejudice or gender inequality. But it would be hard to find any country in the world that has successfully tackled entrenched discrimination without any constitutional or legal reform.
For individuals and communities living in poverty, recasting their lack of education, health care, housing or clean water not as failures of government policy but as a denial of their rights is a mobilizing factor. When these rights are affirmed by law, coupled with legal literacy and empowerment programs and supported by a dynamic civil society, they become a significant force for change. IDLO’s research shows that this top-down, bottom-up approach, combining grass roots empowerment with constitutional and legal protection of rights, is particularly relevant for women who, more often than not, are compelled to turn to informal set-ups in their communities to settle grievances.
Legal empowerment strategies are not just about litigation, although that may be an important element. They are more often about helping poor people gain the knowledge and tools to engage with those who actually administer the laws that affect their daily lives—land registration offices, local government agencies, rural relief schemes, to give some examples—so that they can protect their property, fight discrimination, receive the health, education and other services to which they are entitled and participate in community and government decision-making that vitally affects their lives and livelihoods.
When economic and social rights are legalized, the greatest impact is likely not to be in litigation, but in the political and policy realms; not in more red tape, but in improved elbow room for development initiatives; not in courts but in communities and people’s lives.

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