Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_0896Fuente: PanoramaDiplomatico

ONU DA IMPORTANTE PASO PARA ACABAR LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL Y PROTEGER A PERSONAS LGBTI

Ginebra 29 Septiembre. – La ONU aprobó el pasado viernes, en el Consejo de Derechos Humanos, una resolución que busca evitar todo tipo de discriminación y maltrato por motivo de orientación sexual e identidad de género. El texto ordena realizar un informe que detalle las violaciones de que son víctimas los grupos LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), así como las mejores prácticas y formas existentes de superar este tipo de violencia.
La resolución expresa “gran preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra este grupo específico”. Asimismo, el texto recordó que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y cada uno es titular de todos los derechos y libertades”, lo cual, según la jurisprudencia de la ONU, abarca a la población LGBTI.
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, autores del proyecto, explicaron que es necesario ahondar en este tema pues “hace más de 20 años las instituciones nacionales de derechos humanos de cada país vienen registrando este tipo específico de violencia sin mayor reacción de la comunidad internacional”. Por lo cual Chile señaló la necesidad de hacer “un análisis más comprehensivo de las amenazas al goce de los derechos humanos de las personas con distinta orientación sexual”.

Al proyecto no le faltaron detractores y debió enfrentar la férrea oposición de países como Egipto, Sudán, Uganda, el Congo, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Yibuti, Namibia y Bahrein, quienes intentaron imponerle un paquete de 7 enmiendas que, en su conjunto, modificaban el 54% de los párrafos del texto, incluyendo el título. Según Brasil dichas enmiendas “distorsionaban el espíritu de la resolución y la desnaturalizaban.”
En una intervención en bloque, dichos países argumentaron que “el proyecto, tal como se ha presentado, nos obliga a crear una nueva categoría de derechos para una nueva categoría de individuos”; respecto a los países patrocinadores de la resolución estimaron que, “no se dan cuenta que los pueblos son diversos y tienen distintos sistemas de valores, estas partes no sólo quieren imponer sus valores, sino que son coercitivos e insisten en imponer una percepción cultural que se cree superior.”
En la misma línea, Arabia Saudita aseguró que “hay una tendencia a favorecer el uniculturalismo al imponer un valor cultural que va en contra de la idiosincrasia y principios culturales de algunos países”. Mientras Argelia agregó que “la identidad sexual no reposa en ninguna base jurídica existente… esto significa una imposición a las legislaciones de muchos Estados… es una injerencia en sus asuntos internos, lo que viola la carta de la ONU”.
Costa Rica salió a la defensa y recordó que la Declaración de Viena establece que “los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. El embajador del país centroamericano advirtió al Consejo que con las enmiendas “se pone en entredicho el delicado equilibrio logrado en Viena entre valores culturales y religiosos y los derechos humanos”.
Los países europeos, por su parte, mostraron su apoyo a la iniciativa latinoamericana. Italia, a nombre de la Unión Europea, declaró que “la resolución es sencilla y transparente y representa un intento genuino para sentar las bases de un diálogo abierto sobre el tema”. Igualmente, afirmó que “hay todo tipo de pruebas, en todas las regiones, de la discriminación contra los LGBTI” y que, “sabemos que estos actos quedan a menudo sub-documentados pues las víctimas son reacias a denunciar”.
Según la ONU, entre 2008 y 2011 se produjeron 680 asesinatos en 50 países, por motivos de orientación sexual; un informe presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2011 advierte que sólo en Estados Unidos se registraron 22 asesinatos en 2009 por este motivo, los cuales ascendieron a 27 en 2010. El mismo informe concluye que 76 países tienen en vigencia leyes discriminatorias contra personas LGBTI y que en al menos 5 de ellos el homosexualismo se castiga con pena de muerte.
El debate se prolongó por casi 3 horas en las que, una a una, las enmiendas fueron rechazadas por votación. La resolución fue finalmente aprobada en una votación final con 25 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones, ante lo cual la sala del Consejo explotó en aplausos y celebraciones por parte de los defensores de derechos humanos allí presentes.
Al fin de la ovación, Estados Unidos concluyó afirmando que la victoria diplomática del grupo latinoamericano fue “un hito histórico en la mejora de los derechos humanos para todos” y que “al igual que en momentos en que en la historia se imponía la esclavitud, hoy también se libra una lucha por los derechos de los LGBTI”. La aprobación de la resolución cerró el último día de trabajo de la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual tuvo lugar en Ginebra del 8 al 26 de Septiembre del presente año.

Fuente: PanoramaDiplomatico

EXPERTOS DE LA ONU ADVIERTEN A COLOMBIA SOBRE CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE AMPLIAR EL FUERO PENAL MILITAR

Ginebra, 30 Septiembre. – Mediante una carta, un total de 12 expertos y relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron ayer al gobierno y a los congresistas colombianos reconsiderar la ampliación del fuero penal militar. Esto en atención al Proyecto de Ley No.85 del 2013 que se tramita en el Congreso de ese país, que busca reestructurar y ampliar el alcance de la jurisdicción penal militar y policial.
“La Ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial”, afirmaron los expertos al señalar que, de aprobarse, se transferiría a la jurisdicción militar crímenes propios de la justicia ordinaria. Tal cambio, “representaría un grave retroceso en la lucha del Estado colombiano contra la impunidad en casos de violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y a los derechos humanos,” afirma el comunicado.
Los relatores advierten que los tribunales militares decidirían sobre delitos como “homicidios, infracciones al DIH, delitos contra protección de información y datos, delitos contra seguridad pública y contra la población civil,”. El problema reside en que en Colombia los tribunales militares pertenecen al poder ejecutivo, lo que supondría “una infracción al derecho a un juicio justo ante un tribunal competente e imparcial”, explican.
Para los expertos, es de especial preocupación que la justicia militar “se aplicaría también a civiles que trabajen en el sistema penal militar.” El grupo explicó que “en ningún caso un tribunal militar debe ejercer jurisdicción sobre civiles acusados de cometer delitos penales”. El proyecto contempla además la creación de la “Fiscalía General Penal Militar y Policial” que según los relatores, decidiría si el delito cometido es penal y bajo qué jurisdicción se debería juzgar.

La misiva explica que “aunque en Colombia la ejecución extrajudicial esté prohibida por ciertas disposiciones penales, no constituye una violación de derechos humanos tipificada en la legislación”, lo cual implicaría que los llamados “falsos positivos” quedarían bajo jurisdicción militar cuando el perpetrador sea un miembro de la Fuerza Pública. Igualmente, crímenes como violencia contra defensores de derechos humanos, manifestantes o periodistas cometidos por la fuerza pública pasarían a ser delitos militares.
Para el Comité de Derechos Humanos la base jurídica de dichas recomendaciones emana del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Colombia hace parte, el cual estipula la impartición de justicia por un tribunal competente e imparcial. A juicio del Comité, que es el órgano que controla el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mencionado Pacto, dicho artículo “se refiere a un órgano, sin importar su denominación, independiente de los poderes ejecutivo y legislativo.”
No es la primera vez que instancias internacionales se pronuncian al respecto. En 2013, la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, aseguró que observaba “un conflicto de intereses en el hecho de que sean los militares quienes se investiguen y se juzguen a sí mismos.” Por su parte, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, expresó el pasado mes de Julio “su profunda preocupación” ante el proyecto, que a su criterio “prácticamente aseguraría la impunidad.”
Al final del texto, los expertos ofrecen su “asesoría para asistir al Estado colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el marco legislativo.” En el grupo figuran el colombiano Pablo de Greiff, Relator especial de justicia transicional, el noruego Mads Andenas, Presidente del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, el argentino Ariel Dulitzky, Presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y Christof Heyns, Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

Source: TheGuardian

What is the European convention on human rights?

Drafted in 1950 and in force since 1953, the convention marked a turning point in history towards peace and diplomacy

 After the traumas of the second world war, the UN’s Universal Declaration of Human Rights of 1948 was the first global expression of rights to which all human beings are inherently entitled. It was a turning point in history, and was a written text promoting peace and diplomacy.
Here’s article 2 of the declaration:
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”
The European convention on human rights was drafted by the newly formed Council of Europe in Rome on 4 November 1950. The convention for the protection of human rights and fundamental freedoms aimed to achieve greater international unity in recognising the equal rights of men and women, and to incorporate the traditions of civil liberty. It came into force on 3 September 1953. The adoption of the convention by the Council of Europe was the first step in implementing the Declaration of Human Rights in writing.
Here are 11 facts about the convention and the court that implements it:
1.    Rights and freedoms: There are 17 key articles relating to rights and freedoms in the convention outlined in section 1 Article 2-18, which include: 2) the right to life; 3) prohibition of torture; 4) the prohibition of slavery and forced labour; 5) the right to liberty and security; 6) the right to a fair trial; 7) no punishment without law; 8) the right to respect for private and family life; 9) freedom of thought, conscience and religion and 10) freedom of expression.
2.    Opponents of the court in Strasbourg often point to article 8 – the right to respect for private life and family – and article 10 – freedom of expression – which are incorporated in the British human rights act, as the main contentious aspects. This was the case when the home secretary, Theresa May, incorrectly claimed at her party conference speech in 2011 that an illegal immigrant could not be deported from the UK because of his pet cat.
3.    European court of human rights (ECtHR): It is the international court based in Strasbourg, which was set up in 1959 and implements the convention. This is the place where rules on individual or state applications, alleging violations of civil and political rights set out in the convention, are made. It is also the physical place where rulings are made.
4.    The court is responsible for monitoring respect for the human rights of 800 million Europeans within the 47 Council of Europe member states that have ratified the convention.
5.    At present, 47 judges – who are elected for a non-renewable term every nine years by the parliamentary assembly of the Council of Europe – sit at the court. They are totally independent and can not engage in any activity that would hinder their impartiality. Since the court was established, most cases have been lodged by individuals.
6.    Statistics: There have been a total of 916 judgments which concerned the 47 Council of Europe member states, and only 1.42% of the total concerned the UK. Almost half of the judgments concerned five of the 47 member states: Russia (129), Turkey (124), Romania (88), Ukraine (69) and Hungary (41).
7.    A total 797 judgements (or 87.01%) found at least one violation of the convention – including 119 judgments concerning Russia, 118 concerning Turkey, 83 concerning Romania, 65 concerning Ukraine and 50 concerning Hungary.
8.    In 2013, the court had decided on 1,652 cases concerning the UK. Of these, 1,633 were declared inadmissible or struck out. That’s 98.85% of cases.
9.    Last year, there were 13 judgments concerning the UK, with eight judgements finding at least one violation of the convention.
10.    There were 2,519 cases pending against the UK as of 1 January 2014, which includes 2,006 cases related to prisoners’ right to vote. In contrast there are 16,813 pending cases concerning Russia, 14,379 concerning Italy, 13,284 concerning Ukraine, 11,230 concerning Serbia and 10,931 concerning Turkey.
11.    The overall backlog of pending cases has fallen from 151,600 in 2011 to 99,900 in 2013 – a 34% decrease. This is the result of the reform process which has been under way for several years. There had been consecutive year-on-year increases of cases between 1999 and 2011.

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