Derecho Constitucional / Constitucional Law

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IMG_0893Fuente: LosTiempos
-Bolivia-

Juez remite el primer caso a la justicia indígena

El Juzgado Primero de Sentencia en lo Penal de la ciudad de El Alto remitió ayer el primer caso de la justicia ordinaria a la justicia indígena originaria campesina, en cumplimiento a la Sentencia Constitucional 0874/2014 de 12 de mayo de 2014.
“El Ministerio de Justicia acompañó el cumplimiento de la Sentencia Constitucional sobre el conflicto de competencias. Por ello se ha coordinado con las autoridades jurisdiccionales para que den cumplimiento a esta sentencia, constituyéndose en el primer caso que pasa de la justicia ordinaria a la justicia indígena”, informó la viceministra de Justicia Indígena Originario, Isabel Ortega., según un boletín de prensa.
La autoridad explicó que la sentencia emerge de un conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Central Campesina de Zongo y el Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Enrique Morales; motivo por el cual el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró competente a la Jurisdicción Indígena Originario Campesina de esa comunidad.
Ortega dijo que recién las autoridades competentes pudieron dar cumplimiento a dicha sentencia porque no existía un mecanismo de coordinación y cooperación entre ambas instancias, por lo que se pudo remitir los antecedentes del caso, junto a cuatro detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro, a la jurisdicción de Zongo.
“En este marco, correspondía al Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, gestionar institucionalmente los mecanismos de coordinación y cooperación, necesarios para la remisión de todos los antecedentes a la jurisdicción declarada competente por el Tribunal Constitucional”, explicó.
La autoridad señaló que también realizó las gestiones ante la Dirección de Régimen Penitenciario de La Paz y el Tribunal Departamental de Justicia, a objeto de facilitar un escenario de coordinación para el cumplimiento a dicha sentencia.
Inicio de conflicto competencial
El conflicto de competencias jurisdiccionales en el sector de Zongo se presentó el 2010, cuando esta comunidad en una asamblea decidieron aplicar justicia comunitaria a Óscar Bellota Cornet con la expulsión de la comunidad, debido a que estaba acusado de apropiación indebida de tierras que no cumplen la función social, contaminación del río Zongo, retiro de comunarios trabajadores sin beneficios sociales y sueldos.
Sin embargo, Bellota presentó una denuncia ante la justicia ordinaria contra los dirigentes de las Central Agraria Campesina del sector de Zongo por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, daño calificado, asociación delictuosa, allanamiento de domicilio, amenazas y lesiones, por lo que en audiencia de medidas cautelares mediante el Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Enrique Morales Díaz, dispuso la detención preventiva de estos dirigentes comunales.

Fuente: Blog CorteIDH

Dos nuevos casos contra Perú y uno contra Guatemala
 
Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 112/2014 (06.10.14), Caso N°. 12.482, Valdemir Quispialaya Vilcapoma vs. Perú.  

Este asunto fue enviado a la Corte el 5 de agosto de 2014.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la afectación a la integridad personal de Valdemir Quispialaya Vilcapoma, como consecuencia de un golpe recibido el 23 de enero de 2001 por un Suboficial, en respuesta a los errores que habría cometido en el ejercicio de la práctica de tiro, mientras prestaba el servicio militar. El golpe fue propinado con la culata de un arma de fuego en la frente y ojo de la víctima, lo cual derivó en la pérdida de capacidad visual del ojo derecho. La Comisión concluyó en su informe de fondo que estos hechos responden al patrón de torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes que ocurrían al interior de las dependencias militares, identificado por la Defensoría del Pueblo del Perú, el cual tendría su origen en una arraigada y errónea interpretación de la disciplina militar. La Comisión también concluyó que el Estado no proveyó de recursos efectivos a la víctima y sus familiares, pues no se inició una investigación de oficio por las autoridades competentes; no se adoptaron las medidas pertinentes para salvaguardar el objeto y fin del proceso penal a pesar de que Valdemir Quispialaya Vilcapoma denunció reiteradamente la existencia de amenazas en su contra y en contra de otros testigos de los hechos; el proceso fue conocido por la jurisdicción militar durante casi 7 años; y el proceso ha tenido una duración irrazonable. En suma, la Comisión concluyó que los hechos se encuentran en situación de impunidad.”

2.  Comunicado 113/14 (07.10.14), Caso No. 12.739, María Inés Chinchilla y otros vs. Guatemala.  

Este asunto fue enviado a la Corte el 19 de agosto de 2014.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con las violaciones a los derechos humanos de María Inés Chinchilla Sandoval como resultado de la falta de atención médica adecuada mientras era una interna en el Centro de Orientación Femenina (COF), así como por los hechos relacionados con su muerte. La Comisión determinó que al encontrarse Chinchilla Sandoval privada de su libertad, el Estado de Guatemala tenía una posición especial de garante de sus derechos a la vida e integridad, sin embargo, no realizó diagnósticos completos para determinar la totalidad de las enfermedades que padecía, ni las necesidades específicas del tratamiento correspondiente. Asimismo, ante las obligaciones especiales que imponía su condición de persona con discapacidad, el Estado no le proveyó de condiciones de detención adecuadas para garantizar sus derechos. El día de su muerte, al no tener quien la desplazara, cayó de su silla de ruedas por una escalera. La Comisión consideró que María Inés Chinchilla Sandoval no recibió una protección judicial efectiva. Además, la investigación emprendida por el Estado no determinó si las causas establecidas de su muerte ocurrieron como consecuencia de la falta de atención médica adecuada y las condiciones de detención, de tal forma que hasta la fecha no se han establecido los diversos tipos de responsabilidades que pudieran haber surgido por tal hecho.”

3.  Comunicado 116/14 (10.10.14), Caso No. 12.700, Agustín Bladimiro Zegarra Marín vs. Perú.

Este asunto fue enviado a la Corte el 22 de agosto de 2014.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la violación al principio de presunción de inocencia y al deber de motivación en perjuicio de Agustín Bladimiro Zegarra Marín, quien fue condenado por la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia el 8 de noviembre de 1996 por varios delitos, utilizando declaraciones como único elemento de prueba. No obstante existir prueba favorable que contradecía directamente dichas declaraciones, la Sala indicó que las imputaciones eran ‘factibles’. La Comisión consideró que la condena penal de una persona sobre la base exclusiva de la ‘factibilidad’ de los hechos indicados en una declaración debe ser considerada bajo el principio de presunción de inocencia. Además, la Comisión encontró una manifiesta inversión de la carga de la prueba que quedó plasmada en la sentencia condenatoria al indicar la Quinta Sala Penal que ‘no ha surgido prueba de descargo contundente que lo haga totalmente inocente de los ilícitos que se le imputan’. Asimismo, la Comisión consideró que el recurso de nulidad resuelto el 17 de diciembre de 1997 no cumplió con el derecho a recurrir el fallo y que ni dicho recurso de nulidad ni el recurso de revisión resuelto el 24 de agosto de 1999, constituyeron recursos efectivos frente a las violaciones al debido proceso generadas en la sentencia condenatoria de primera instancia.”

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