Derechos Humanos / Human Rights

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RÉCORD DE DERECHOS HUMANOS” DE EL SALVADOR EXAMINADO EN LA ONU; ESTADOS LE PIDEN MEDIDAS CONCRETAS

Ginebra, 27 de octubre.- El Salvador presentó hoy lunes en Ginebra, en la sede europea de Naciones Unidas, las políticas que ha implementado para mejorar su situación de derechos humanos. Fue su turno de comparecer en el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos, en el cual cada Estado de los 193 que integran la organización mundial someten su “récord” de derechos humanos, cada cuatro años y medio, en un ejercicio de diálogo con sus pares.
En su intervención como jefe de la delegación oficial salvadoreña, el viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Carlos Castañeda, hizo énfasis en que su gobierno “posee el firme compromiso de trabajar por el fortalecimiento y la protección de los derechos humanos como parte de una política de Estado y como pilar fundamental de su política exterior”.
El país centroamericano, que a partir del 2015 será miembro del Consejo de Derechos Humanos junto con otros 46 Estados (47 en total) representativos de las cinco regiones geográficas de la ONU, afirmó haber avanzado en campos como la adhesión a instrumentos internacionales, entre ellos el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2011), y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte (2014).
También dijo haber mejorado la promoción y protección de los derechos de la población LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), los derechos de las mujeres, de la niñez, las personas con discapacidad, personas adultas mayores y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En relación a la seguridad pública, el Viceministro indicó que el Estado “reconoce éste como un tema complejo, que exige el trabajo conjunto del Gobierno con diferentes actores y sectores de la sociedad”, sin embargo, no indicó se ha habido avances en la materia.
Varios Estados, aparte de reconocer las políticas adoptadas, fueron enfáticos en sugerirle a El Salvador que dé pasos concretos. España le recomendó redactar y aprobar una ley, en consultas con la sociedad civil, sobre identidad de género para las personas transexuales en la que se reconozca, entre otros, derechos civiles y políticos, en particular su derecho a la identidad.
Alemania le recomendó tomar medidas para reparar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado y explorar la posible cooperación con la ONU, especialmente con el Relator Especial sobre sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; también adoptar una legislación sobre el aborto que esté en congruencia con los estándares internacionales de derechos humanos, y que considere indicadores como los riesgos médicos, situaciones de violaciones e incesto y que dé acceso a métodos adecuados de contracepción.
México se refirió en concreto al reconocimiento de los pueblos indígenas y le solicitó crear mecanismos de consulta con dichos pueblos a fin de adoptar políticas y legislación que promuevan sus derechos; en tanto Países Bajos mostró su preocupación por el ambiente de inseguridad en el que trabajan los defensores de derechos humanos y le recomendó a El Salvador que se investiguen de forma apropiada todos los ataques y que sus responsables sean enjuiciados.
Varios Estados insistieron en la necesidad de que El Salvador se ponga al día en la adopción de varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas, el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura, el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
La decisión del Estado salvadoreño respecto del cúmulo de recomendaciones se conocerá al fin de esta semana, cuando se adopte el informe sobre este ejercicio a cargo del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos encargado de practicar el EPU. El Salvador, por su parte, podrá decidir en los próximos días si acepta o rechaza dichas recomendaciones.

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