Derecho Constitucional / Constitucional Law

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IMG_0893Fuente: ElTiempo

-Colombia-

Nueva revisión de procesos congestionaría a la Corte

Fallo de la Corte Constitucional podría colapsar a la Corte Suprema con más procesos ordinarios.

La orden dada por la Corte Constitucional para crear la doble instancia en los procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia y una instancia de revisión adicional en esa misma corte para examinar las decisiones de los tribunales ordinarios dividió la opinión de los expertos.
A pesar de que hay coincidencia en que se requiere la doble instancia judicial para los aforados (congresistas, gobernadores, embajadores y generales) y de hecho ya se aprobó en primer debate en el Congreso un proyecto de ley en ese sentido, existe preocupación por la congestión que podría presentarse en la Corte Suprema si allí empiezan a llegar los procesos que por norma hoy finalizan su etapa judicial con fallos de segunda instancia en los tribunales superiores.
Hoy en el país no hay una instancia para los procesos penales en los que el acusado resulte absuelto en primera instancia en los juzgados y condenado en segunda en los tribunales superiores.
A consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, tales procesos podrían llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema, que hoy tramita en promedio dos mil cada año, o en otro tribunal, lo que generaría nuevos costos para la Rama Judicial en medio de los ajustes planteados por el Ejecutivo.
Entregárselos a la Corte Suprema pondría en riesgo de colapso a esa corporación, en donde solo en la Sala Penal hay 45 funcionarios en cargos de descongestión, y en todo el alto tribunal, 165, que intentan ponerlo al día.
El lío de los aforados
Además, existen procesos, como el que se lleva a cabo contra el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, que se inició hace dos años y está pendiente de decisión desde hace casi un mes.
Los expertos coinciden en que abrirle la puerta al hecho de que los procesos penales contra aforados sean revisados, aunque algo deseable, implica necesariamente que habrá más trabajo para los nueve magistrados de la Sala.
“Creo que la reforma es a todas luces conveniente y la congestión termina siendo un mal necesario”, declaró el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.
Para él, más que aumentar el número de magistrados de la Sala –lo que es más costoso para el Estado–, sería deseable retomar la fórmula de la fallida reforma de la justicia, en la que se dividía la Sala en tres, para que unos investiguen, otros fallen en primera instancia y otros juzguen la segunda instancia.
Para el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, optar por esa medida es justamente lo que generaría caos, “puesto que el trabajo de los nueve magistrados de la Sala Penal recaería únicamente en tres o cuatro personas”.
Mendoza Diago afirmó que la salida consistiría en que los procesos tuvieran su primera instancia en la Sala Penal y que sea otro organismo, como la Sala Plena, el que juzgue en segunda instancia.
Con ese punto coincidió el exconstitucionalista José Gregorio Hernández, quien dijo que, aunque los magistrados deben redoblar esfuerzos, “lo importante es que se administre justicia de manera independiente e imparcial”.

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