Derecho Internacional / International Law

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IMG_0649Fuente: ONU

Bolivia reitera su reclamo de derecho al mar
 
03 de noviembre, 2014 — El presidente de Bolivia, Evo Morales, abogó hoy por una solución negociada con Chile para lograr el acceso soberano de su país al Océano Pacífico.

Morales hizo esas declaraciones en la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Países en Desarrollo sin Litoral que reúne en Viena a altos dignatarios de los 32 Estados del mundo que ostentan esa condición.

Bolivia demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en búsqueda de la restitución de su acceso al Océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1879.

En ese conflicto, Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, por lo que sus autoridades consideran que ha sido privada “temporalmente” de costa.

“Bolivia es un país de paz que cree en el diálogo, por ello siempre acudimos de buena fe a resolver pacíficamente nuestras diferencias. Sin embargo, al no tener resultados efectivos por la permanente dilación por parte de Chile para encontrar una solución de acceso soberano al Pacífico, acudimos ante la Corte Internacional de Justicia para que se reconozca las consecuencias jurídicas de sus reiterados ofrecimientos”, dijo.

Morales subrayó que esa disputa no es solamente de naturaleza bilateral, sino de interés continental y destacó que su país no busca alterar el orden internacional ni la estabilidad del sistema de límites y fronteras.

En otro momento de su discurso, el presidente boliviano saludó la iniciativa de la ONU de mantener presente la preocupación sobre los derechos de los países en desarrollo sin litoral y la búsqueda de soluciones para los problemas de estas naciones.

Fuente: ElEspectador

‘Corte Penal de Unasur no es para las Farc’

El hoy secretario general de la organización dice que esa posibilidad nunca ha sido considerada, pues para eso existe la normatividad que se aplica con la justicia transicional.
El pasado 7 de junio, durante una reunión de ministerios públicos en Buenos Aires (Argentina), el fiscal general de Ecuador, Galo Alfredo Chiriboga, puso sobre la mesa la idea de crear una corte penal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que permitiría “coordinar el combate del crimen transnacional organizado, entre todos los estados que conforman el bloque regional”. La propuesta, según explicó, es que las instituciones de justicia de los países suramericanos estructuren un sistema jurídico en el cual se proceda, por iniciativa de cada fiscal general, en casos en los que se considere operan bandas criminales internacionales, como en el narcotráfico y la corrupción.
Para Chiriboga, el hecho de que los 12 estados miembros de Unasur ya formen parte de las principales convenciones y protocolos que combaten delitos como trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de estupefacientes, entre otros, facilitaría la negociación de un tratado constitutivo de esa nueva corte penal regional. Un proyecto en el que también viene jugando un papel preponderante el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, con quien se ha estructurado un equipo técnico binacional para elaborar el anteproyecto de tratado, que se espera sea discutido hacia finales de este año o comienzos de 2015, y posteriormente ser presentado ante los presidentes de Unasur para su aprobación.
Y, como era de esperarse, no fue sino que la idea saliera a la luz pública para que comenzaran los cuestionamientos y conjeturas, casi todos en la perspectiva del proceso de negociación de paz que adelantan el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana. Hay quienes califican desde ya esa nueva corte como una “disidencia” de la Corte Penal Internacional de La Haya, que serviría para abrir la puerta para que el grupo guerrillero pudiese saldar sus cuentas con la justicia, incluyendo sus procesos por terrorismo, narcotráfico, desaparición forzada, delitos de lesa humanidad y genocidio. Algo que niega en esta entrevista con El Espectador el secretario general de Unasur, el expresidente Ernesto Samper, llamado a ser protagonista principal en la consolidación de un proyecto que, sea como sea, representa un escenario de justicia inédito a nivel continental y, por supuesto, mundial.
Ya camina la propuesta de crear una Corte Penal de Unasur, ¿como secretario de este organismo ve viable esa propuesta?
La propuesta esta bien motivada. Se trata de crear un órgano que juzgue delitos transnacionales —distintos a los que se ocupa la Corte Penal de La Haya— que por su naturaleza se cometen en varios países simultáneamente, como por ejemplo, el lavado de activos. Si no hay una judicialización adecuada de todo el proceso delictivo, se puede correr el riesgo de que queden impunes. De hecho, en Europa utilizan un mecanismo parecido que se llama el ‘Eurojust’. De todas maneras, la iniciativa de este grupo de fiscales suramericanos está comenzando apenas a ser valorada y ya estamos recibiendo opiniones de los países suramericanos.
Pero, en concreto, ¿cómo funcionaría esta nueva corte regional?
Se trataría de que cada fiscalía, en cada país, se sume a una investigación conjunta del mismo delito y que la decisión punitiva pueda recaer en un solo órgano. Por supuesto, falta mucha agua por correr antes de que sea una propuesta definitiva y de que los países, además, la adopten en sus estructuras normativas.
¿Y cuáles serían sus alcances?
Sería, como ya dije, un órgano de carácter regional y solamente para unos delitos ‘multinacionales’, como lavado de activos, trafico de armas y algunos casos de corrupción que involucren varios países.
Hay quienes han planteado desde ya dudas sobre esos alcances, ¿esta corte podría ser el mecanismo para tramitar las deudas de las Farc con la justicia internacional?
En ningún caso. Esta posibilidad nunca ha sido considerada. Para el caso de las Farc, existe la normatividad de la justicia transicional, que le permite a cada nación, internamente, aplicar las normas establecidas cuando ciertos países están saliendo de un conflicto que ha generado violaciones graves de los derechos humanos. Es decir, que apliquen sanciones que combinen justicia, reparación y verdad.
¿Entonces qué respuesta les daría a quienes ya señalan que esta corte serviría para darles impunidad a las Farc?
Que no es cierto. Si la Corte no los va a juzgar, ¿cómo se puede hablar de impunidad?
¿Será la consolidación de esa corte penal de Unasur su principal objetivo como secretario del organismo?
Mi objetivo principal es rescatar la visión estratégica de Unasur como defensora de Suramérica como zona de paz, garantizar la aplicación efectiva de los derechos humanos, sociales y económicos, y asegurar la profundización del proceso de democratización, que lleva varios años.
Lleva casi dos meses en la Secretaría General, ¿ha sentido que hay respaldo al proceso de paz y a un eventual escenario de posconflicto?
Por supuesto. De hecho, algunos, como Venezuela y Chile ya están en el proceso mismo.
¿Qué papel podría desempeñar Unasur pensando en la reconciliación de los colombianos?
Ayudando a que se den las medidas de reparación, no repetición, juzgamiento y verdad que conforman el catálogo de la justicia transicional.
¿Podría Unasur impulsar un cambio mundial en política de drogas?
Estamos trabajando en el tema. Le adelanto: la única región que tiene autoridad moral para plantear una política alternativa en materia de lucha contra las drogas, que sustituya la fracasada política prohibicionista, es América Latina. Hemos vivido, sentido y sufrido el monstruo del narcotráfico encima.
¿Se puede decir que Unasur es ya una fuerza alternativa a otras instancias como la OEA y la misma Unión Europea?
Nuestra vocación no es de conflicto y violencia, sino de paz e igualdad.
¿Pero desde Unasur qué futuro le vea a la OEA?
Un magnífico escenario para sentarnos a conversar con Estados Unidos sobre nuestros problemas hemisféricos, eso sí, cada quien con la camiseta de su partido puesta. Y nuestro partido es el Sur.

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