Derecho Constitucional/ Constitucional Law

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IMG_0901Fuente: Panorama Diplómatico

Situación de los DESC en Guatemala bajo la lupa de expertos de la ONU

18/11/2014

Ginebra, 17 Nov (Cerigua).- Guatemala compareció este lunes en Ginebra ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cumplimiento de sus obligaciones por ser parte desde 1988 del Pacto Internacional que regula estos derechos; éste es apenas el tercer informe que presenta el país (1996, 2003 y 2014) desde la ratificación del instrumento, a pesar que la rendición de cuentas debe ser cada cinco años, según las reglas establecidas por el Comité.
En su alocución ante el grupo de expertos, Antonio Arenales Forno, actual secretario de la Paz (SEPAZ) y titular de COPREDEH, quien encabeza la delegación oficial del gobierno, reconoció que si bien desde la firma de los Acuerdos de Paz en el país “ha habido significativos avances, el mayor rezago lo continuamos teniendo en el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, principal obstáculo para transitar de la democracia formal… a una democracia real y participativa”.
Para el funcionario, “… en tanto no haya cambios constitucionales y estructurales, será imposible que superemos el rezago y deficiente ejercicio por todos los guatemaltecos, sin discriminación ni exclusión, de los derechos económicos, sociales y culturales”, señaló luego de admitir que “la ausencia de consensos nacionales ha permitido que prevalezcan los intereses más conservadores que se oponen, por temor, a cualquier modificación constitucional”.
Arenales Forno es acompañado por el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, el secretario Ejecutivo del Gabinete de Desarrollo Rural, Adrián Zapata, así como la Subsecretaria de Políticas Públicas de SEGEPLAN y un funcionario de SESAN; “hubiésemos querido tener en la delegación funcionarios de todas las áreas sociales, incluyendo educación y salud”, dijo Arenales Forno, sin embargo “atravesamos una severa crisis económica de desfinanciamiento del presupuesto, crisis hospitalaria y conflictividad que lo imposibilitaron”, agregó .
Adrián Zapata, quien dirige el Gabinete de Desarrollo Rural, presentó ante los expertos la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, como “parte fundamental del Pacto Hambre Cero”, que impulsa la administración del presidente Otto Pérez Molina; según el funcionario, a través de esta política “decidimos enfrentar las causas inmediatas de la desnutrición, pero también las raíces estructurales que las determinan y que están relacionadas con la pobreza y la ausencia de desarrollo”.
Previo al inicio del examen, los expertos del Comité se reunieron con representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes expresaron su preocupación al constatar que “los obstáculos para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, están relacionados con la estructuración del Estado en torno a intereses de una pequeña parte de la población en detrimento de la mayoría”.
Más de sesenta organizaciones guatemaltecas presentaron a los expertos un informe alternativo al oficial, como contrapeso a la postura del gobierno, en el que, entre otros aspectos, da cuenta de las profundas limitaciones y falta de reconocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas, la situación de las mujeres, en especial las que trabajan en el servicio doméstico, la situación de los campesinos, así como la implantación de un modelo de desarrollo que impide a la mayoría de la población de ser parte del mismo.
El examen continuará mañana martes con un diálogo entre los expertos y la delegación oficial, en el que se busca profundizar en aspectos relativos a la implementación de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional. El Comité remitirá a finales de este mes sus observaciones finales y recomendaciones al Estado de Guatemala para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia.

 

 

IMG_0649Fuente: Centro Internacional para la Justicia Transicional

La justicia penal en contextos de transición: ¿Qué lecciones puede aprender Colombia de otras experiencias internacionales?

Fecha: 19/11/2014

El término “justicia transicional” es común en Colombia. Inunda los titulares de prensa, los foros públicos y los discursos políticos. Durante más de una década, el país ha estado reflexionando acerca de un modelo de rendición de cuentas para enfrentar los crímenes cometidos durante el conflicto que incluya medidas de justicia penal, esclarecimiento de la verdad y reparación.
El debate público acerca de qué medidas de rendición de cuentas se deberían implementar se encuentra ahora en pleno auge, en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Uno de los puntos de negociación más delicados de la agenda es precisamente el diseño de un modelo de responsabilidad penal.
Colombia puede sacar lecciones de su propia experiencia, en particular de la desmovilización de grupos paramilitares bajo el proceso de Justicia y Paz, que ofrecía sentencias alternativas y reducidas a excombatientes desmovilizados a cambio de que contribuyeran a la verdad confesando y proporcionando información acerca de los delitos que cometieron.
Al mismo tiempo, en Colombia hay mucho interés en aprender de experiencias internacionales en las que se han aplicado medidas de responsabilidad penal para hacer justicia tras violaciones masivas de los derechos humanos. Las iniciativas de justicia penal en países como Bosnia-Herzegovina, Camboya, Sierra Leona y Timor Oriental, la participación internacional y los desafíos y limitaciones de los modelos que se adoptaron podrían contener importantes lecciones para Colombia en la búsqueda de su propio camino.
Con el fin de presentar estas experiencias y promover el intercambio de ideas acerca de qué lecciones podrían resultar útiles para Colombia, el ICTJ celebrará una conferencia en Bogotá el 24 de noviembre. La conferencia, que estará abierta al público, reunirá a reconocidos expertos internacionales que estuvieron directamente involucrados en estas iniciativas de justicia penal.
“El ICTJ espera que este sea un debate robusto sobre una amplia variedad de experiencias internacionales en busca de la responsabilidad penal en contextos de postconflicto. Esta reflexión contribuirá a informar a las distintas partes para que comprendan mejor los caminos posibles para la justicia penal en el marco del proceso de paz”, dijo David Tolbert, presidente del ICTJ.
También asistirán a la conferencia representantes del Gobierno, el Congreso, el poder judicial, ONGs, la sociedad civil y académicos colombianos.
“Esperamos que la conferencia proporcione a los colombianos y colombianas una valiosa perspectiva sobre diversas experiencias internacionales, que se sume a las prácticas y lecciones aprendidas de las iniciativas de su propio sistema judicial”, dijo María Camila Moreno, directora del programa del ICTJ en Colombia. “Colombia no debería subestimar la capacidad de sus propias instituciones judiciales de juzgar delitos masivos; los jueces, fiscales e investigadores han adquirido una experiencia considerable a lo largo de estos últimos años”.
Durante la jornada, los expertos debatirán y analizarán las experiencias de cinco tribunales internacionales e híbridos: la Cámara para Crímenes de Guerra de Bosnia-Herzegovina, las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, los Paneles Especiales del Tribunal de Distrito de Dili en Timor Oriental, el Tribunal Especial para el Líbano, y el Tribunal Especial para Sierra Leona.
La conferencia será retransmitida en vivo a través de esta página web, y también informaremos en vivo a través de las redes sociales en Twitter @el_ICTJ usando #LeccionesJusticia y en Facebook.
Para saber más sobre la conferencia visite el blog de la conferencia.
Para asistir al evento deben reservar plaza enviando un correo a bogota@ictj.org o bien llamando al 248 0488 ó 310 489 7684.

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