Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_0787Fuente: Panorama Diplómatico

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitará Guatemala en 2015

 

Ginebra, 26 Nov (Cerigua).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció desde su sede en Ginebra que durante el 2015 el Subcomité para la Prevención de la Tortura tiene planificada una visita a Guatemala en la que evaluará el estado de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; la fecha exacta aún se desconoce y deberá ser negociada entre la secretaría del Subcomité y la Cancillería guatemalteca.

Este órgano está integrado por 25 expertos de diferentes nacionalidades y su mandato consiste en visitar a los países que han ratificado el protocolo facultativo, momento en el cual tienen la potestad de entrevistarse con cualquier persona privada de libertad e inspeccionar cualquier centro de detención, con el propósito de verificar si existen indicios sobre prácticas de tortura; Guatemala se adhirió a este instrumento internacional en junio de 2008.

“Estamos ansiosos de profundizar nuestros contactos con los mecanismos nacionales”, dijo Malcolm Evans, presidente del Subcomité, en relación a las instituciones encargadas en los países de implementar las disposiciones contenidas en el protocolo facultativo; al mismo tiempo añadió que explorarán nuevas formas para hacer lo más eficiente posible el trabajo de los mecanismos nacionales y el propio, a fin de proteger mejor los derechos de los privados de libertad y evitar que sean objeto de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Según el Presidente, el Subcomité para la Prevención de la Tortura está al centro de la infraestructura internacional conformada por mecanismos independientes que se encargan de prevenir la tortura y “necesitamos involucrarnos aún más para alentar y apoyar a quienes están a cargo de este trabajo, a cualquier nivel”, agregó el funcionario internacional.

Todas las visitas que lleva a cabo el Subcomité son conducidas por al menos dos miembros del mismo, acompañados, si fuera necesario, por expertos con experiencia profesional relevante, por miembros de la Secretaría que se encarga de organizar todo el trabajo de dicho órgano, así como por intérpretes en casos en que los expertos no manejen el idioma nacional; además de las visitas a los centros de detención, el Subcomité ofrece asistencia y asesoría en cuanto al mejoramiento del mecanismo de prevención nacional.

Según lo establece el protocolo facultativo, el Subcomité tiene acceso irrestricto a todos los lugares donde puedan haber personas privadas de libertad, a sus instalaciones y a toda la información relevante; acorde con ello, los expertos pueden visitar estaciones de policía, prisiones militares y civiles, centros de detención para jóvenes, migrantes y personas que aguardan un proceso judicial, instituciones de salud mental y cualquier otro sitio que sirva de lugar de detención.

También tienen la potestad de entrevistarse en privado con cualquier detenido y otras personas que puedan proveer a los expertos de cualquier información relevante, incluyendo oficiales del gobierno, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, custodios de los centros de detención, abogados, médicos, miembros de familias de los detenidos; ninguna de estas personas podrá ser objeto de sanciones por haber provisto de información al órgano internacional.

Al concluir la visita, los expertos remitirán al Estado concernido sus conclusiones y recomendaciones para avanzar en la implementación del protocolo facultativo, así como para mejorar el funcionamiento del mecanismo nacional a cargo de ejecutarlo; este informe es confidencial, a menos que el Estado examinado solicite su publicación.

 

IMG_0736Fuente: Naciones Unidas

Expertos pugnan por incluir derechos humanos en litigio entre Argentina y fondos buitres

 

27 de noviembre, 2014 — El litigio entre Argentina y los denominados fondos buitres en los tribunales estadounidenses subraya la necesidad de tomar en cuenta los derechos humanos cuando se negocie y regule la reestructuración de deuda.

Así lo aseveraron hoy dos expertos de la ONU en derechos humanos en un comunicado conjunto.

“El litigio de los fondos buitres complica los procesoS de reestructuración y socava la capacidad de los países endeudados de combatir la pobreza y concretar los derechos sociales y económicos”, dijo Juan Pablo Bohoslavsky, experto en el efecto de la deuda en las garantías fundamentales.

Por su parte, Philip Alston, relator especial sobre pobreza extrema, destacó que las crisis de deuda del pasado tuvieron consecuencias graves en los derechos humanos de los argentinos y que se corre el peligro de que esto ocurra nuevamente.

Alston recordó que después del incumplimiento de Argentina en 2001, el 53% de la población del país se sumió en la pobreza y añadió que pese al aumento de inversión social que siguió a la reestructuración, queda trabajo por hacer en la provisión de servicios sociales y reducción de la pobreza.

El litigio de Argentina data de 2008, cuando un fondo de cobertura compró 48 millones de dólares en bonos por una fracción de su valor nominal para luego, junto con otros tenedores de deuda, negarse a participar en la reestructuración y demandar al país en una corte de Estados Unidos para obtener el 100% del valor de los instrumentos más los intereses.

En junio pasado, el tribunal falló a favor del fondo demandante y bloqueó los pagos de Argentina a los acreedores que aceptaron la reestructuración.

Los expertos de la ONU señalaron que si Argentina pagara dicho monto, sería demandado por todos los otros acreedores, lo que podría llevar al país a la quiebra en perjuicio de su población.

Además, advirtieron que este caso no concierne únicamente a Argentina, sino que afecta a todos los países que hayan reestructurado su deuda o se encuentren en ese proceso, por lo que urgieron a regular ese mercado.

IMG_0649Fuente: Naciones Unidas

Instan a tratar la migración de los niños con enfoque de derechos humanos

 

26 de noviembre, 2014 — El tercer comité de la Asamblea General, que se ocupa de abordar temas de derechos humanos, aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por El Salvador, Honduras y Guatemala, sobre los niños y adolescentes migrantes.

El texto ofrece una nueva perspectiva sobre la problemática que cobró auge este año tras el flujo masivo de menores del triángulo norte que viajaban solos hacia Estados Unidos.

El texto reconoce que se trata de una cuestión de derechos humanos y aborda las condiciones de detención de esos menores, insta a buscar alternativas de asistencia teniendo en cuenta el interés superior del niño, explicó en una entrevista el embajador de El Salvador ante la ONU, Rubén Zamora.

“Los menores acompañados o no, no pueden ser sometidos a prisión sino que tienen que tener un trato diferente, en refugios y no en centros de detención si es que son detenidos o parados por las autoridades migratorias. Segundo que en este caso es fundamental enfocar el problema de la reunificación familiar, porque en la gran mayoría de los casos la cuestión es que los niños van a reunirse con sus padres”.

Zamora agregó que otro aspecto interesante del proyecto de resolución se refiere a la corresponsabilidad de los Estados y propone que tanto aquellos de tránsito, como de origen y destino asuman la parte que les corresponde en implementar soluciones al problema.

El proyecto pasará a ser tratado por el pleno de la Asamblea General de la ONU en diciembre próximo.

 

E667E303-E527-42B7-8852-817CC3184CCBFuente: Organización de los Estados Americanos

CIDH celebra Acción Ejecutiva sobre Inmigración en Estados Unidos

26 de noviembre de 2014

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) da la bienvenida a la acción ejecutiva en materia de inmigración anunciada por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el 20 de noviembre de 2014. Esta acción ejecutiva protegerá de la deportación a cerca de cuatro millones personas de las 11,2 millones que se encuentran en situación migratoria irregular en los Estados Unidos. Dado el carácter temporal y parcial de esta medida, la Comisión insta al Congreso de Estados Unidos a adoptar medidas legislativas adicionales en el futuro próximo para regularizar la situación migratoria de estos y otros grupos de personas que se encuentren en los Estados Unidos.

Según el anuncio oficial, esta acción ejecutiva otorgará un aplazamiento de la deportación para los migrantes en situación irregular que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2010 y han vivido en el país de forma continua durante un período de al menos cinco años;  tienen un hijo y/o hija en los Estados Unidos quien, a través de la aplicación del jus soli, es automáticamente ciudadano estadounidense desde su nacimiento o es un residente legal y que nació antes de la fecha de la convocatoria; se registren con el gobierno;  pasen una verificación de antecedentes penales y paguen impuestos. Para los padres y madres cuya deportación sea aplazada y cumplan satisfactoriamente con los requisitos, se les concederá un permiso de trabajo de tres años. Esto, en combinación con ley preexistente de inmigración de los Estados Unidos, establece que cuando un ciudadano de los Estados Unidos cumple 21 años, él o ella pueden solicitar la residencia permanente de padres o hermanos.

Además, gracias a esta acción ejecutiva, el grupo de jóvenes que pudiera ser elegibles para la Acción Diferida para la Llegada de Infantes (DACA, por sus siglas en inglés) se ampliaría a 300.000 beneficiarios más a través de la extensión de la fecha límite para la llegada a los Estados Unidos del 15 de junio 2007 al 1 de enero de 2010. Los padres y madres de los niños y niñas que califican para DACA no son incluidos ni tampoco se les otorga ningún tipo de protección en virtud de esta acción ejecutiva, ni tampoco lo son las personas migrantes en situación irregular que llegaron a los Estados Unidos después del 1 de enero del 2010. Según fuentes oficiales, la acción ejecutiva también pide la continuación de un aumento de los recursos a la frontera sur de Estados Unidos, a fin de aumentar las aprehensiones y deportaciones de personas que intentan entrar en el país de manera irregular. Además, establece que las prioridades de control migratorio deben ser enfocadas en cualquier sospechoso de terrorismo, crímenes violentos, pertenencia a pandillas y aquellos que han cruzado la frontera recientemente.

“En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebro este primer e importante paso dado por los Estados Unidos para proteger a millones de padres y madres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales de ser deportados, así como ampliar la cobertura de los jóvenes que calificarían para DACA “, dijo el Comisionado Felipe González en respuesta al anuncio.

“A pesar de todas las contribuciones positivas que los migrantes hacen a un país como los Estados Unidos, aquellos que están en situación migratoria irregular tienen que vivir en las sombras. Esto los expone a múltiples y diarias violaciones de sus derechos humanos más básicos. La regularización de los migrantes es la manera más efectiva de reducir su vulnerabilidad y reforzar la protección de los derechos humanos a disposición de otros sectores de la población “, agregó Felipe González, Relator de la CIDH sobre los Derechos de los Migrantes y Relator de país para los Estados Unidos de América.

Dado que muchos de los migrantes presentes en los Estados Unidos han residido en el país durante años y tienen fuertes lazos familiares allí, la Comisión llama al Congreso de los Estados Unidos a aprobar una reforma integral de su legislación migratoria, la cual permita la regularización de migrantes que se han beneficiado de esta acción ejecutiva, así como otros grupos que deben ser incluidos. Cualquiera de las medidas que sean promulgadas deben tener en cuenta factores tales como las circunstancias en que la persona en situación migratoria irregular ingresó a los Estados Unidos, la duración de su presencia en el país, además de otras consideraciones pertinentes, tales como fuertes lazos familiares o comunales y sus contribuciones a la sociedad. En el marco de esta acción ejecutiva, y en vista de las prioridades en materia de control migratorio, la Comisión también hace un llamado a los Estados Unidos a asegurar que las necesidades de protección de cada persona – sin excepción – se analicen de manera individual por autoridades propiamente capacitadas al momento de su llegada o aprehensión.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

IMG_0901Fuente: Organización de los Estados Americanos

CIDH presenta informe sobre el Derecho a la Verdad en América

27 de noviembre de 2014

Washington, D.C. – Frente a los enormes desafíos que actualmente muchos Estados de la región afrontan a fin de garantizar los derechos de miles de víctimas luego de épocas de dictadura, conflictos armados internos y situaciones de violencia generalizada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe sobre el Derecho a la Verdad en América.

La Comisión, a través de sus distintos mecanismos, recopiló información de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que hubo durante dichos períodos. Eran una constante el fenómeno de la desaparición forzada, la aplicación de la jurisdicción penal militar y las leyes de amnistía a fin de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos. También hubo, y en muchos casos se perpetúa, un patrón común en cuanto a la falta de acceso a la información sobre lo sucedido. El ocultamiento de la información fue en algunos países una política deliberada del Estado e incluso una “estrategia de guerra”.

En este contexto, el informe analiza las obligaciones que los Estados tienen en relación con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos. El informe hace referencia específica a los avances y los desafíos en varios países de la región en esta materia. En el caso de desapariciones forzadas, el informe destaca la obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de las víctimas, identificar los restos exhumados y entregar los restos a sus familiares. Asimismo, el informe señala que los Estados no pueden continuar empleando la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, sin importar el carácter civil o militar de la víctima ni del o de los acusado(s).

El informe también resalta la absoluta incompatibilidad de las leyes de amnistía con derecho internacional de los derechos humanos, sin hacer distinción sobre su naturaleza o momento de adopción. Todas las instituciones estatales tienen el deber de aportar toda documentación de cualquier tipo, incluyendo archivos militares o documentos clasificados como “secretos” o bajo cualquier otra denominación que restrinja su circulación, a fin de contribuir con las investigaciones que se realicen por este tipo de graves violaciones.

“Las democracias de hoy tienen una gran responsabilidad: garantizar que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictaduras, gobiernos autoritarios y conflictos armados del pasado, tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Pero no son sólo las víctimas y sus familiares quienes tienen Derecho a la Verdad, sino también la sociedad como un todo”, dijo la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson. “Cuando el Estado garantiza el Derecho a la Verdad, que incluye el derecho al esclarecimiento de los hechos y también a la justicia y a la reparación, esto funciona como una garantía de no repetición. La impunidad propicia la repetición de las violaciones, en cambio el ejercicio del Derecho a la Verdad la previene”, agregó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza, destacó: “Este informe es un aporte que recopila la jurisprudencia del sistema interamericano sobre las obligaciones de los Estados en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas del pasado. Pero no es un informe sobre el pasado solamente, sino que es una contribución al presente, para coadyuvar desde nuestro lugar y nuestro mandato a que las democracias de hoy puedan avanzar en saldar la deuda pendiente, y es una contribución al futuro también. Porque la garantía del Derecho a la Verdad permite construir un futuro exento de este tipo de abusos”.

La CIDH busca con este informe generar una plataforma de discusión con el objetivo de mejorar y consolidar la legislación, las políticas y las prácticas de los Estados en relación con el Derecho a la Verdad. Además de las obligaciones estatales en materia de justicia, el informe analiza las fortalezas y desafíos de las Comisiones de la Verdad creadas en dieciséis Estados de América. Se explican los principios generales que deben tener las Comisiones de la Verdad a fin de constituirse en efectivos mecanismos complementarios a los procesos judiciales que permitan avanzar en la construcción colectiva de la verdad sobre violaciones de derechos humanos.

El informe identifica asimismo los aportes positivos realizados en casi una decena de Estados por víctimas, familiares, defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, orientados a documentar, verificar y difundir la verdad acerca de violaciones de derechos humanos, tales como comisiones no oficiales de la verdad, conducción de investigaciones, elaboración de estudios e informes, así como iniciativas orientadas a presionar a los países por el reconocimiento social y público de dichas violaciones.

Lamentablemente, en la actualidad continúan teniendo lugar algunas de estas graves violaciones a los derechos humanos en países con gobiernos democráticos. Los Estados están obligados a garantizar el Derecho a la Verdad para todas las violaciones a los derechos humanos, independientemente de si son cometidas en dictadura o en democracia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 IMG_0900Fuente: The Guardian

United Nations human rights committee resolves to protect privacy  

 

UN passes resolution in light of revelations by Edward Snowden and new challenges to liberty presented by information age

A landmark resolution demanding privacy protection in the digital age and urging governments to offer redress to citizens targeted by mass surveillance has been approved by the UN general assembly’s human rights committee.

The resolution, which was adopted in the face of attempts by the US and others to water it down and which comes at a time when the UK government is calling for increased surveillance powers, had been put forward by Brazil and Germany in the wake of revelations by US intelligence whistleblower Edward Snowden about large-scale US surveillance.

However, diplomats reported that a reference to surveillance using metadata – information generated through the use of technology – as an intrusive act was removed in order to appease the US and its British, Canadian, Australian and New Zealand allies in the so-called “Five Eyes” surveillance alliance.

Nevertheless, the text does still contain a precedent-setting mention of metadata, warning that “certain types of metadata, when aggregated, can reveal personal information and give an insight into an individual’s behaviour, social relationships, private preferences and identity.”

It also emphasises the role of the private sector in digital surveillance, saying, “business enterprises have a responsibility to respect human rights.”

While not naming any in particular, it calls on states to review their procedures, practices and legislation regarding the surveillance of communications, their interception and the collection of personal data, including mass surveillance, with a view to upholding the right to privacy under international human rights law.

Although are non-binding, such resolutions carry significant moral and political weight if they are supported by enough states.

The resolution was approved by the 193-member committee as a follow-up to a similar text adopted last year after Snowden, a former US National Security Agency (NSA) contractor, exposed a major spying programme by the agency.

Germany’s ambassador meanwhile called for the UN to create a special investigator post on the issue, warning that “without necessary checks, we risk turning into Orwellian states where every step by every citizen is monitored.”

The resolution, while will now goes before the full assembly in December, was also welcomed by individuals and campaigning organisations including Privacy International, which said that text was at odds with calls in Tuesday’s report by the British parliament’s Intelligence and Security Committee for internet companies to look through user data for state authorities.

“The resolution adopted today pushes back against this idea, stating that states must respect the right to privacy when they require disclosure of personal data from companies, as well as when they intercept digital communications of individuals or collect personal data,” the charity said.

Tomaso Falchetta, legal officer at Privacy International, added: “The adoption of a much-needed resolution on the right to privacy is a welcomed step. The resolution’s principles and recommendations would, if reflected in governments’ policies, go a long way to address some of the serious concerns related to state’s surveillance practices in violation of the right to privacy and other human rights.”

The text also urges the UN Human Rights Council (UNHCR) to consider the establishment of a special procedure for participating actively in the debate on such topics, including through the creation of a mandate for a special rapporteur.

  • This article was amended on 26 November 2014 to correct Tomaso Falchetta’s position at Privacy International.

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