Derecho Internacional/ International Law

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IMG_0901Costa Rica logra apoyos en Veracruz para su candidata a jueza de la CorteIDH    
Fuente: ABC
San José, 9 dic.- El canciller de Costa Rica, Manuel González, anunció hoy que durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Veracruz (México) ha conseguido apoyos para la candidatura de la jurista Elizabeth Odio a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Elizabeth Odio es una persona de gran experiencia y con una trayectoria impresionante en materia de Derechos Humanos. Este apoyo que hemos conseguido es un reconocimiento, no solo a los méritos de la señora Odio, sino a la sólida trayectoria de Costa Rica como Estado que defiende el Derecho Internacional y los Derechos Humanos”, dijo González en un comunicado difundido en Costa Rica.
El canciller no precisó la cantidad ni cuáles países confirmaron el apoyo para Odio, pero aseguró que su candidatura ha tenido “muy buena acogida” entre las naciones que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 13 de noviembre la Cancillería costarricense anunció la postulación de Odio, quien es exvicepresidenta de Costa Rica y exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI).
Odio aspira a convertirse en jueza de la CorteIDH para el periodo 2016-2021, en una elección que se llevará a cabo en junio próximo en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), ente al que está adscrita la Corte.
En la trayectoria de la jurista costarricense se destaca su desempeño como jueza de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012, jueza del tribunal penal internacional ad hoc para la antigua Yugoslavia entre 1993 y 1998.
En Naciones Unidas, fue presidenta del Grupo de Trabajo para el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura (1998-2002) y miembro de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos (1980-1983).
En Costa Rica, ejerció como vicepresidenta con recargo como ministra de Ambiente y Energía (1998-2002) y ministra de Justicia en los periodos 1978-1982 y 1990-1995.

IMG_0736Bolivia cumple fallo CorteIDH e indemniza a familia peruana expulsada en 2001    Fuente:  La Información

12 dic.- Bolivia pagó hoy una indemnización de 35.000 dólares a una familia peruana que vive en Chile, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que el año pasado condenó al Estado boliviano por negarles asilo y expulsarlos del país en 2001.
La Procuraduría General del Estado y el Consulado General de Bolivia en Santiago de Chile llevaron a cabo el acto de reparación en la capital chilena con la presencia de la familia Pacheco Tineo, que reside en Chile desde 2001.
La CorteIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), fijó en una sentencia emitida en noviembre de 2013 una indemnización de 35.000 dólares para la familia, formada por dos adultos y sus tres hijos.
El caso se remonta a 2001, cuando la familia Pacheco Tineo fue expulsada de Bolivia a su país de origen, Perú, como consecuencia del rechazo de la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiados políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la CorteIDH al considerar que el Estado de Bolivia era responsable internacionalmente por diversas violaciones como el derecho a la integridad psíquica, el derecho a solicitar y recibir asilo o la desatención de obligaciones de protección de menores.
La familia abandonó Perú en 1995 después que un incidente jurídico con el Gobierno del entonces presidente peruano, Alberto Fujimori, derivara en una orden de captura en contra de Juan Pacheco, el padre de la familia.
Un año más tarde obtuvieron el estatuto de refugiados en Bolivia y en 1998 se trasladaron a vivir a Chile. En febrero de 2001 los Pacheco Tineo regresaron a Perú para realizar algunos trámites pero abandonaron el país a los pocos días al percatarse que la orden de detención en su contra seguía vigente.
Entraron a Bolivia por un paso ilegal con la idea de llegar nuevamente a Chile, pero las autoridades migratorias bolivianas decretaron su expulsión del país y les negaron asilo.
Durante el acto de cumplimiento del dictamen, en el consulado de Bolivia en Chile, el subprocurador de ese país, Pablo Menacho, destacó que el Estado boliviano “cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
“En los últimos años el Estado boliviano ha mejorado su sistema de protección de derechos, incluyendo como parte de su bloque de constitucionalidad los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, añadió.

IMG_0649Comisión de la verdad presenta informe sobre dictadura militar en Brasil       
Fuente: Ámbito Jurídico
La Comisión Nacional de la Verdad de Brasil divulgó este miércoles un informe condenatorio sobre las matanzas, desapariciones y torturas cometidas durante la dictadura militar entre los años 1964 y 1985, y exhortó a procesar a los responsables.
 El informe, de 4.500 páginas, cita a 377 agentes responsables de torturas y persecuciones, y advierte que “bajo la dictadura militar, la represión y la eliminación de los opositores políticos se convirtió en política de Estado, concebida e implementada con base en decisiones tomadas por el Presidente de la República y ministros militares”.
 El documento detalla la práctica sistemática de detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cadáveres. Así mismo, documenta 191 matanzas y 210 desapariciones atribuidas a las autoridades militares, y 33 casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueron hallados.
 “La comisión rechaza enfáticamente las explicaciones ofrecidas hasta hoy de que las violaciones a los derechos humanos no fueron más que unos pocos hechos aislados o excesos de unos cuantos soldados”, señaló.
 Del mismo modo, reclamó el reconocimiento de la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas por los atropellos cometidos, “como elemento esencial a la reconciliación nacional y para que esa historia no se repita”. Además, recomendó que los órganos competentes determinen la responsabilidad jurídica, criminal, civil y administrativa de los agentes públicos que causaron las graves violaciones de derechos humanos en el periodo investigado.
 “La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y hasta el ocultamiento de cadáveres no es extraña a la realidad brasileña contemporánea”, sostuvo la comisión. Y aunque advirtió que esos crímenes ya no ocurren en un contexto de represión política, relacionó la situación actual con la falta de castigo de los abusos del régimen militar.
 Los investigadores pasaron casi tres años revisando archivos, registros de hospitales y morgues e interrogando a las víctimas, sus familias y los supuestos culpables. La comisión fue creada en el 2011 por la presidenta Dilma Rousseff, quien estuvo presa y fue torturada por el régimen militar.
 Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura por una ley expedida en 1979 y ratificada en el 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
 
E667E303-E527-42B7-8852-817CC3184CCBLos migrantes que cruzan el Mediterráneo precisan respuesta humanitaria, señala relator  
Fuente: Organización de Naciones Unidas
05 de diciembre, 2014 — El aumento de migrantes y solicitantes de asilo cruzando el Mar Mediterráneo en los últimos meses ha generado una crisis humanitaria global que precisa una respuesta humanitaria global, afirmó el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de esas personas.
Al terminar una visita oficial a Italia, un país al que llegan miles de esos migrantes, François Crépeau dijo que es necesaria un nuevo enfoque estratégico de los Estados europeos y la comunidad internacional al fenómeno.
El experto encomió los esfuerzos el gobierno italiano en la operación de rescate de migrantes Mare Nostrum, urgió a la Unión Europea a evaluar opciones inmediatas, como respaldar a Italia en las operaciones de búsqueda y rescate, e implementar un programa de reubicación para refugiados.

Recordó que este año Italia ha salvado la vida de más de 150.000 personas que emprendieron la travesía del Mediterráneo.
“Sin embargo, el operativo italiano para salvar vidas ha debido resistir críticas y falta de financiamiento o asistencia de otros Estados europeos”, apuntó.
Crépeau subrayó que los migrantes y solicitantes de asilo huyen de conflictos y violencia, y que arriesgan sus vidas por desesperación.

A-stack-of-files-001Gobierno “acata” condena de Corte IDH por desaparecidos del Palacio de Justicia  

-Colombia- 
Fuente: El Espectador
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que Colombia “acata y respeta” la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada de 11 personas en 1985 durante un operativo para recuperar el Palacio de Justicia, tomado por el M-19, dijo este miércoles
“El gobierno acata y respeta esta decisión y frente a las víctimas señaladas procederá a aplicar y cumplir el fallo”, dijo Juan Fernando Cristo en rueda de prensa.
El Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado y distante unos metros de la Casa de Nariño, fue asaltado el 6 de noviembre de 1985 por un comando de unos 35 guerrilleros del extinto Movimiento 19 de Abril (M-19), que se pacificó en 1990 y se benefició de una amnistía.
Los guerrilleros reclamaban la presencia del entonces presidente Belisario Betancour para hacerle un “juicio revolucionario”. Para retomar el control del edificio, las fuerzas militares realizaron una violenta operación en la que murieron unas 100 personas (incluidos 11 magistrados) y desaparecieron otras 11.
“Este fallo era esperado por el Estado, sin lugar a dudas, pero es un fallo que reconoce los esfuerzos del gobierno colombiano en el esclarecimiento de los hechos”, afirmó Cristo.
Según la Corte IDH, hubo “un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”. El tribunal pidió al Estado colombiano determinar a la mayor brevedad el paradero de las 11 personas aún desaparecidas.
César Rodríguez, hermano del desaparecido Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, saludó el fallo. “Para eso hemos estado luchando todos estos años, para conseguir que la Corte condene al Estado, primero por la importancia de esta condena para el país, para las víctimas y para la sociedad en general”, dijo a Caracol.
Agregó que espera que con esta sentencia se aceleren las investigaciones y se alcance una justicia completa en el caso.
La Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos de colaborar con el M-19 y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos. Por el violento ataque de recuperación del Palacio fue condenado en 2012 el coronel retirado Alfonso Plazas, uno de los responsables de la operación militar.

IMG_0893La Haya: Defensa de Chile se reúne con abogados internacionales por demanda de Bolivia  
Fuente: La Tercera
El agente de Chile en el caso iniciado por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Felipe Bulnes, se encuentra en París presidiendo una reunión plenaria con los abogados internacionales que asesoran a Chile en este caso.
La reunión se extenderá hasta el día de mañana, contando con la asistencia de los coagentes en el caso, Claudio Grossman y la Embajadora de Chile ante los Países Bajos,  María Teresa Infante, el Director Jurídico de la Cancillería, Claudio Troncoso, el embajador Alberto van Klaveren, además de  los profesores Ximena Fuentes, Nienke Grossman y Andrés Jana y la abogada Mariana Durney.
Entre los abogados internacionales asisten Pierre-Marie Dupuy, Daniel Bethlehem, Sam Wordsworth, Ben Juratowitch, Mónica Pinto, Kate Parlett y Harold Koh.
La reunión se ha concentrado en el análisis de la respuesta boliviana a las excepciones preliminares interpuestas por Chile para cuestionar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este caso y forma parte del plan de trabajo determinado por el equipo de la defensa para enfrentar la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia.

IMG_0787Someten Tribunal Constitucional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

-República Dominicana-      
Fuente: El Nuevo Diario

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Asociación de Controladores Aéreos (ADCA) acusaron al Tribunal Constitucional (TC) de ensombrecer el panorama de justicia con su sentencia en contra del reintegro de 31 de sus miembros cancelados en el Instituto de Aviación Civil (IDAC).
En rueda de prensa, Jacobo Ramos, presidente de la CNTD y Wellinthon Almonte, presidente de la ADCA, manifestaron que ante esos atropellos a los derechos laborales y humanos sometieron      una instancia, tanto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), como en la Corte Interamericana de los Derechos Humano (CIDH).
Asimismo, precisaron que con su decisión el TC envía una señal peligrosa al Estado Democrático de Derecho que consagra la Constitución de la República y que esa alta corte, está obligada a garantizar.
“Someteremos una instancia ante el DR-CAFTA basado en el Artículo 16 del acuerdo, por violación de los derechos labores de los miembros de la Asociación Dominicana de Controladores de Tránsito Aéreo por parte del Gobierno dominicano, mientras que la queja sometida ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está en progreso a la espera de sus resultados”, destacó Ramos.
Señalaron que al parecer se trató de una medida precipitada de ese tribunal que desconoció la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) 00230-2014, de fecha 24 de junio del 2014 que determinó, mediante las pruebas irrefutables aportadas en un proceso oral público y contradictorio, ventilado en varias audiencias por más de cuatro meses.
A su juicio se trató de una decisión política y no jurídica, para favorecer al director del IDAC, Marcelino Alejandro Herrera, que incluso fue publicada el pasado domingo 7 diciembre fecha en que se conmemora el día internacional de la aviación civil.
Calificaron de temeraria la decisión  que rechazó el recurso de amparo interpuesto por los controladores aéreos y niega el derecho de estos trabajadores de ejercer la libertad sindical conforme lo estipulan las convenciones internacionales ratificadas por el país, en especial, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y los Convenios de la OIT números 87 y 98 sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva y Protección del Derecho de Sindicación.
Expresaron además que la fusión de dos recursos interpuestos por el IDAC para perjudicar a los controladores sin estar presentes los representantes de los demandantes constituye un acto sombrío y nebuloso.
Basan sus afirmaciones en que luego de la sentencia 00230-2014 que evacuo el Tribunal Superior Administrativo se tomó represalia contra los jueces que votaron a favor del reintegro de los controladores cancelados.
En ese sentido, indicaron que se llegó al extremo de degradar y trasladar a una jueza del TSA por no aceptar presiones políticas como pudo verse en declaraciones públicas.
Ramos detalló “El Tribunal Constitucional obvió que la cancelación de los 31 controladores aéreos fue por la defensa de su derecho a organizarse, a preservar el gremio que los agrupa, y que el director del IDAC quiere destruir para formar una entidad paralela que sirva a sus intereses”.
Precisaron que la Constitución de la República consagra en su artículo 62 el derecho de los trabajadores a organizarse, sin embargo el Tribunal responsable de garantizar ese derecho fundamental lo violó para complacer intereses políticos.
Con las legítimas acciones de carácter legal, los controladores aéreos, junto con su asociación (ADCA) y su confederación (CNTD), continuaran desarrollando a partir de enero del año próximo protestas pacíficas, para lo que desde ya se coordinan acciones con sectores sociales comprometidos con la defensa de la libertad sindical y el respeto a los derechos de los trabajadores

E667E303-E527-42B7-8852-817CC3184CCBFrom Global Law to Local Justice  

Fuente: International Law Grrls

  It is now a standard observation: the legal academic, activist, and employment world is globalizing.  U.S.-based law schools are partnering with schools in the Middle East, Africa, Latin America, and East Asia.  LL.M. And S.J.D. students from around the world have arrived in the U.S. to enrich classroom discussions and practice with their perspectives about the U.S. and about their home countries.  Many well-prepared “domestic” lawyers will, at one time or the other, encounter clients, adversaries, partners, and issues that raise “global law” problems (i.e., International, Comparative, Foreign, National Security, Immigration/Refugee/Asylum, Trade, and Business Transactions).  Many law students and faculty take advantage of international law programs to engage in on-the-job learning around the world.  In addition to the wonderful opportunities for travel and exposure to other cultures, such opportunities offer the chance to hone language skills and to learn innovative problem-solving strategies.  The “Bringing Human Rights Home” movement has once again stimulated U.S. social justice activism on issues as broad-ranging as post-Katrina housing in New Orleans, misuse of force, racial discrimination, and extrajudicial killings of young minority men, and violence and trafficking against girls and women with disabilities.
On this annual Human Rights Day, marking the end of this year’s “16 Day Campaign Against Gender-Based Violence,” let us use our new-found focus on working, traveling, and Skyping across borders as a means to strengthen understanding and let go of violence.  At the very least official and systematic violence, as well as violence in the home, should never be met with impunity.  As the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Rashida Manjoo, recently pointed out during a visit to Northeastern Law School, those responsible must be held to account, educational efforts must begin in early childhood, and survivors compensated through money damages, law reform, apologies, and other community-based public acknowledgments.  Much good has come out of the decades old international human rights movement, but we see how much left there is to do.  Law students will, no doubt, help move that work forward.

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