Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_0896Declaración conjunta en el Día Internacional del Migrante:  “Canales de migración abiertos, seguros y regulares son cruciales para detener violaciones de derechos humanos de los migrantes”             
Fuente: CIDH
Ginebra / Banjul / Washington, D.C. – Un grupo de expertos internacionales sobre sobre los derechos humanos de los migrantes hicieron un llamado sobre la necesidad de tener canales de migración abiertos, seguros y regulares para los más de 232 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, 20 por ciento de los cuales se encuentran en situación irregular.
Con motivo del Día Internacional del Migrante, los expertos recalcaron que la falta de vías razonables para migrar de forma regular conlleva a menudo a que los migrantes sacrifiquen su dignidad, seguridad e incluso su vida mientras intentan llegar a su destino.

“Este año ha evidenciado un número sin precedentes de migrantes huyendo de la violencia y el conflicto y que se arriesgan en travesías peligrosas por mar en busca de una vida mejor para ellos y sus familias,” señaló la Relatora Especial sobre los Refugiados, Solicitantes de Asilo, Desplazados Internos y Migrantes de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Maya Sahli Fadel. “Si bien la atención ha estado en el Mediterráneo en los últimos meses, miles de personas mueren cada año tratando de navegar el Mar Caribe o el Océano Índico, o cruzando desiertos y ríos en las Américas y África”, indicó la Relatora.
“Las políticas represivas no logran parar la migración irregular ya que la necesidad de sobrevivir de las personas siempre es más fuerte,” dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau. “El aumento de la vigilancia de las fronteras, la securitización y la externalización del control de fronteras, en conjunto con menos canales migratorios abiertos y regulares, obliga a los migrantes a buscar rutas más peligrosas y a depender de traficantes de migrantes o que se conviertan en víctimas de tratantes de personas”. “El efecto generalizado de las políticas migratorias restrictivas ha sido poner a los migrantes en mayor riesgo y hacerlos más vulnerables a abusos y violaciones a sus derechos humanos”, declaró el Relator Crépeau.
“Criminalizar a personas por cruzar o intentar cruzar fronteras no contribuye en nada para abordar las causas de la migración irregular, por el contrario, promueve al aumento de la intolerancia, la xenofobia y la exclusión social de los migrantes”, sostuvo el Presidente del Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Francisco Carrión Mena. “Erróneamente, algunos Estados consideran las zonas fronterizas como lugares exentos de las obligaciones de derechos humanos. Los intereses legítimos de los Estados en asegurar sus fronteras y ejercer control migratorio no pueden anular sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, independientemente de la situación migratoria de estas personas”, expresó el Presidente del Comité.
“La naturaleza multicausal de la migración es cada vez más evidente en los flujos migratorios mixtos en las Américas. En los últimos años, hemos sido testigos del impacto que tienen grupos del crimen organizado en la generación de migración forzada, los cuales, al mismo tiempo, están explotando y aprovechándose de los migrantes durante las diferentes etapas del proceso migratorio”, sostuvo el Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González Morales. “A pesar de las diferentes situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchos migrantes, y de las necesidades de protección que tienen, medidas excesivamente restrictivas por parte de los Estados, destinadas a disuadir la migración y proteger las fronteras se están convirtiendo en una respuesta común en completa violación de los derechos humanos de estas personas. Las fronteras y los corredores migratorios se están convirtiendo en líneas de quiebre de los derechos humanos, en las cuales lo que los Estados hacen y dejan de hacer en términos de protección de derechos humanos está teniendo un costo en términos de vidas humanas”, advirtió el Relator González.

Los expertos en migración explicaron que, a su llegada al país de destino, los migrantes puestos en detención enfrentan violencia y condiciones deplorables, las cuales incluyen hacinamiento, instalaciones sanitarias deficientes y atención médica inadecuada. Millones de niños en todo el mundo se ven afectados por la detención migratoria. Los niños nunca deberían ser detenidos con base en su situación migratoria o la de sus padres, ya que esta medida nunca puede responder al principio del interés superior del niño. En tales casos, los Estados deben buscar medidas alternativas a la detención”, señalaron.

En este sentido, el Relator González añadió: “Quisiera destacar la importancia que tiene la opinión consultiva solicitada por varios Estados del continente americano y recientemente adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos y garantías de los niños en el contexto de migración y/o en necesidad de protección internacional. Más allá de la relevancia que tienen los estándares establecidos en la opinión consultiva para los Estados de las Américas, estos estándares también pueden ser de gran utilidad para otros Estados en todo el mundo”.

Aquellas personas que consiguen permanecer en los países de destino se encuentran en ocasiones trabajando en condiciones de esclavitud en sectores como la industria pesquera en Asia, en la construcción y el trabajo doméstico en Medio Oriente y en industrias agrícolas y de procesamiento de carne en Europa y Norteamérica. “La contribución de los migrantes al desarrollo tiene con frecuencia un costo humano, especialmente para aquellos en situación irregular, quienes a menudo se ven forzados por las circunstancias a realizar tareas a cualquier costo financiero, físico e incluso psicológico”, destacaron los expertos. “Si los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situación migratoria, son efectivamente promovidos, respetados y protegidos dentro de procesos migratorios bien gobernados, los resultados en materia de desarrollo se pueden mejorar significativamente”.

“Además de las múltiples violaciones a los derechos humanos de las que a diario son víctimas los migrantes, su falta de peso político conlleva a que con frecuencia las autoridades estatales los utilicen como chivos expiatorios en tiempos de crisis económicas o de seguridad pública. Lamentablemente, los discursos xenófobos y racistas son un lugar común, a pesar de que diversos estudios han demostrado que no existe un vínculo entre la migración y la inseguridad o la migración y el desempleo,” declaró el Relator González. “La forma en que los Estados pueden contribuir a no romper las partes más vulnerables del tejido social es a través de la implementación de políticas de integración que se basen en el reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos humanos”, señaló el Relator González.
Los expertos abogan decididamente por el fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria, en concreto a través de la ratificación de laConvención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; y también a través de la ratificación de instrumentos regionales, tales como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, los expertos instan a los Estados a aplicar los derechos reconocidos en estos instrumentos en el plano interno, así como a la necesidad de que estos sean respetados y garantizados por todas las autoridades, y a que las autoridades judiciales de los Estados proporcionen una protección judicial efectiva a los migrantes cuyos derechos hayan sido violados.

Los expertos también exhortaron a la comunidad internacional a participar en una campaña de un año para celebrar el 25° aniversario de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (18 de diciembre de 1990 – 18 de diciembre de 2015) y lograr su ratificación universal. La campaña global “Reforcémoslo: Dignidad, Derechos, Desarrollo” se centra en los siguientes temas: poner fin a la detención migratoria de niños y niñas, los trabajadores domésticos migrantes, el trabajo forzoso, las contribuciones de los trabajadores migrantes a los países de origen y de destino y la promoción de la ratificación de la Convención.

La plataforma ofrece un espacio para que todas las partes interesadas puedan mostrar los eventos y actividades que realicen durante todo el año para promover los derechos humanos de los trabajadores migrantes y la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

IMG_0901Indígenas piden a presidente Varela que Panamá cumpla con sentencia CorteIDH  
Fuente: La Información
Panamá, 17 dic (EFE).- Los indígenas beneficiados por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), publicada el martes pasado, que condena al Estado panameño por violar sus derechos territoriales, solicitaron hoy al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que cumpla con la sentencia.
Caciques, excaciques y abogados nativos de la causa de estas poblaciones aborígenes hicieron un llamado a Varela, en una rueda de prensa, para que se siente con ellos a dialogar y elaborar una “hoja de ruta” hacia el rápido cumplimiento de lo estipulado en la sentencia de la CorteIDH.
Dijeron que lo más urgente es que el Gobierno cumpla con el desalojo inmediato de los colonos que han invadido sus tierras, que calculan en unos 160, y la creación cuanto antes de una comisión para revisar las indemnizaciones estipuladas por el tribunal.
Destacaron que el plazo para el cumplimiento de la sentencia empieza a correr a partir de hoy y que para el 16 de diciembre de 2015 debe haberse concluido con su ejecución total.
El excacique de Pueblo Kuna de Madungandí Benjamín García, mediante un traductor, hizo un llamado a Varela de “autoridad a autoridad” para, dijo, “sentarnos a conversar porque tenemos un plazo que cumplir” y también definir una “hoja de ruta” para verificar los puntos de la sentencia y su cumplimiento.
“Si no se cumple con el plazo (para ejecutar la sentencia) tomaremos otras acciones”, aseguró García, quien también conminó a que “se instale de una vez la comisión” con todas las partes.
Por su parte, el cacique de Alto Bayano, Jeremías Cansari, instó al Gobierno a cumplir con la sentencia “antes del año”, en tanto que el cacique actual de Madungandí, Fidel Díaz, consideró que el “triunfo” logrado con el fallo “es de todos los pueblos indígenas de Panamá”.
Díaz hizo un llamamiento a la unidad a los pueblos indígenas del país para exigir que todos los proyectos del Gobierno en sus tierras sean consultados con sus comunidades.
El Gobierno panameño anunció hoy que le dará seguimiento a la sentencia de la CorteIDH, a través de una comisión que se creará con esa finalidad.
“Responsablemente, el Estado de Panamá creará una comisión interinstitucional para dar seguimiento a lo estipulado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó un comunicado conjunto de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno (Interior) sobre la sentencia.
Panamá recibió el pasado martes la notificación de la CorteIDH sobre la condena por violación de los derechos a la propiedad colectiva y a la protección judicial del pueblo Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, señala el comunicado.
El caso surgió a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica de Bayano en 1972, para lo cual se inundaron las tierras que habitaban los pueblos indígenas de la zona y fueron trasladados a tierras alternativas.
La CorteIDH estableció la responsabilidad internacional del Estado panameño al derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas afectadas por no haber delimitado, titulado, ni demarcado por varios años las tierras alternativas asignadas al pueblo Kuna de Madungandí y a las comunidades Emberá de Ipetí y Periatí.
Panamá debe pagar por daños materiales 250.000 dólares para las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí, y 1 millón de dólares para el pueblo Kuna de Madungandí.
Por concepto de daños inmateriales, tendrá que cancelar en el plazo de un año esas mismas cantidades a cada pueblo.
La Corte también ordenó a Panamá pagar 120.000 dólares a los representantes de los pueblos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional.
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.

IMG_0736Entrevista al Presidente de la Corte Humberto Antonio Sierra Porto y al Vicepresidente Roberto F. Caldas.   
Entrevista disponible en:
Fuente: Deustche Welle

 

E667E303-E527-42B7-8852-817CC3184CCBLa ONU dice que ni el islam ni el multiculturalismo son culpables del asesinato de caricaturistas       
Fuente: La Información
Ginebra, 9 ene (EFE).- El máximo responsable de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió hoy “calma” ante el ataque contra un grupo de renombrados caricaturistas en Francia y no atribuirlo al islam o al multiculturalismo europeo.
“No se necesitan represalias. Ni el islam ni el multiculturalismo en Europa deben ser culpados por este sangriento ataque, como algunos líderes políticos de la derecha ya empiezan a decir”, declaró Zeid.
El responsable formuló esos comentarios durante un tributo que se rindió en la sede de Naciones Unidas en Ginebra a los doce fallecidos y a los heridos en el atentado terrorista contra la publicación francesa “Charlie Hebdo”.
El alto comisionado, de origen jordano, recordó que él mismo es musulmán y que muchas caricaturas -no sólo de “Charlie Hebdo”- “son tan ofensivas para mí como lo son para cualquier otro musulmán”.
“Pero la respuesta, por supuesto, no es asesinar ni mutilar a nadie… sino ejercer el mismo derecho que era ejercido de manera tan talentosa por los fallecidos editores, escritores y caricaturistas de Charlie Hebdo”, recalcó.
Se trata de los derechos a escribir, a hablar y a dibujar libremente, señaló Zeid, quien instó a todos a practicar estas libertades fundamentales “con tanta pasión y determinación como lo hacían las víctimas de este terrible ataque”.

singo_derechoOIM alarmada por continua migración por mar en condiciones peligrosas   
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
06 de enero, 2015 — La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó hoy que un barco llamado “Blue Sky”, que transportaba 736 personas, arribó a fin de año a la costa italiana de Apulia.
Además, un segundo barco “The Ezadeen” con bandera de Sierra Leona, atracó en la costa de Calabria el sábado 3 de enero con 359 refugiados sirios abordo.
El personal de la OIM informó que ha mantenido reuniones con migrantes rescatados de esas embarcaciones y otras que han desembarcado en los últimos días.
Según datos de ese organismo que colabora con la ONU en este tema, los traficantes, con base en Turquía, habrían cobrado entre 4.000 y 6.000 dólares por persona. La OIM expresó alarma por la suspensión de las operaciones de rescate en el mar y la tendencia al aumento de ese tipo de migración en condiciones peligrosas.

 

IMG_0896Comité de los Derechos del Niño analizará situación de tres países latinoamericanos   

Fuente: Organización de Naciones Unidas
05 de enero, 2015 — El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño analizará del 12 al 30 de enero en Ginebra la situación de 12 países, entre ellos República Dominicana, Uruguay y Colombia.
El Comité está compuesto por 18 expertos independientes y se encarga de vigilar el cumplimiento de los Estados que han ratificado la Convención sobre el tema.
También revisa la implementación de los Protocolos Opcionales, uno de ellos sobre la venta, prostitución y pornografía infantil, y el otro sobre el involucramiento de niños en conflictos armados.
Los Estados miembros de esta Convención y de los Protocolos Opcionales deben enviar informes regulares a los miembros del Comité.
Durante las reuniones en Ginebra, los expertos celebran sesiones de preguntas y respuestas a los delegados de los gobiernos. La agenda prevé la revisión del informe de la República Dominicana el 12 y 13 de enero, Uruguay del 19 al 20 y Colombia del 20 al 21 de enero.

IMG_0900Citizens should have the power to call constitutional conventions   
Fuente: Open Democracy
While the questions  of who participates and on what topics are critical, I want to throw open a different kind of question: when – at whose discretion – should a constitutional convention be established?
There is much debate about the need for a constitutional convention for the UK. The case for a convention is strong: the constitutional settlement is currently in flux with cross-party agreement to devolve further powers to Scotland; the Welsh and Northern Irish assemblies want enhanced powers; and there are calls for devolution to the regions and cities within England and/or an English parliament. Older constitutional issues such as the voting system and the future of the House of Lords remain unresolved.
A great deal of ink is being spilled on the question of what form any convention should take. A concern that a new settlement will be a stitch-up amongst the major political parties and the vibrancy of the referendum campaign in Scotland have energized campaigners to call for a convention that is either constituted fully by randomly-selected citizens (as with the British Columbia Citizens Assembly on Electoral Reform) or one that is a mix of randomly-selected citizens and participants appointed by political parties (as with the Irish Constitutional Convention).
But while the questions of who participates and on what topics are critical, I want to throw open a different kind of question: when – that is, at whose discretion – should a constitutional convention be established?
Even with building political pressure to launch a convention that is fully or partially constituted by citizens, it will be at the whim of Parliament (read the governing party/parties) following the next general election as to whether such a convention is established, its form and the task assigned. But is this the right way for a democracy to decide on the timing of conventions on fundamental matters such as the constitution? Should it be left to Members of Parliament as to when, in what form and on what subject a convention should be established? Are our elected representatives the best judges of when a constitutional convention is necessary?
By its nature, such a convention will potentially reshape the division of political power within the polity. It is a prudent principle of constitutional design that those who are privileged within the current system (and who have strong interests in any alterations to the institutional architecture) should not hold such agenda-setting power. In other words, politicians should not have power over a process that could well further advantage their position within the system. (This is also a central argument as to why citizens rather than politicians or their surrogates should participate in a constitutional convention.)
But how then is a convention to be launched? How are citizens to set the agenda?
The solution lies with the citizen initiative process. That is, citizens should be empowered to call for a constitutional convention. If a petition on an issue pertaining to the constitution collects a specified number of signatures from citizens (or those authorized) within a specified time period, the petition launches a constitutional convention. Citizens would thus be in control of the agenda-setting process for constitutional change.
Petitioning a citizen convention
The use of petitions is most commonly associated with forms of direct legislation in California (and other US states) and Switzerland, where successful petitions generate a popular ballot on potential legislative and constitutional changes. Petitions are also commonly used by a number of parliaments (the UK parliamentary process is unfortunately particularly poorly designed) and local governments, providing citizens with the opportunity to petition their representatives to consider a particular matter. The recently adopted European Citizens Initiative (ECI) scales up this idea: a million signatures from across a number of European member states collected within one year generates a requirement for the Commission to consider and respond to the petition.
The proposal here for a citizens’ initiative to launch a constitutional convention thus represents an innovation in current democratic practice, linking citizen mobilization through signature collection with the launch of a (citizen-based) constitutional convention.
The details of the qualification requirements – the number of signatures required, the geographical spread of those signatures and the time allowed for collection – need to be considered carefully. A low number of signatures over a long collection period would have a negative effect. Conventions are serious political events: as such there would need to be evidence of a significant popular demand. Moreover, like the ECI, requiring a geographical spread of support (a specified number of signatures from a specified number of regions of the UK) is also crucial, otherwise it places those living in the big cities (especially London) at an advantage in terms of signature collection and can generate proposals that unfairly favor particular parts of the UK over others.
Beyond this, it is an open question as to whether this initiative mechanism should be limited only to constitutional issues, or rather become an agenda-setting device for generating a citizens’ assembly on any broad political issue where the relevant number of signatures can be collected. Such assemblies could become a regular part of the institutional architecture of British politics, providing considered reflections by selected citizens on controversial issues of public debate where currently such debate is often highly polarized. While a number of constitutional issues clearly require attention, much of what currently ails UK (in particular, English) politics are not specifically constitutional in nature, but are rather a symptom of how we practice democratic politics.
One obvious advantage of using the initiative is that taking agenda-setting power away from politicians and devolving it to the people responds to one of the central elements of contemporary ‘anti-politics’ – the suspicion that politicians too often act in their own interests. Giving citizens the power to initiate citizens’ conventions and assemblies is one way of instilling confidence and trust and empowering citizens within the political system. The initiative process empowers citizens to set the political agenda; conventions and assemblies empower selected citizens to make constitutional, legislative and/or policy recommendations.
The proposal for a citizens’ initiative to launch conventions and assemblies leaves open the questions of who participates in the forum and whether proposals that emerge should be considered by Parliament or go direct to a public vote (my own preference is the latter). What the proposal offers is a meaningful way for political power to be devolved to citizens: something that all the political parties – at least rhetorically – support.

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