Derechos Humanos/Human Rights

Posted on

IMG_0896Cinco asignaturas pendientes en derechos humanos
Fuente: Nueva Tribuna 
Amnistía Internacional ha hecho público un informe con motivo de la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) que afrontará España mañana en Ginebra acerca de las principales vulneraciones de derechos humanos a las que debe poner fin el Estado español.
“España debe cambiar el rumbo de muchas de sus políticas si quiere aprobar este tipo de evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos”, ha afirmado Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional, que estará presente en la sesión.
En su informe, Amnistía Internacional señala cinco recomendaciones principales sobre aquellos aspectos que considera prioritarios, con el fin de que los Estados participantes del EPU se hagan eco e insten a España a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.


• En primer lugar, Amnistía Internacional exige que en las fronteras de Ceuta y Melilla se respete el principio de no devolución y se garantice el derecho de asilo para aquellas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.
• Respecto a las personas en situación administrativa irregular, la organización también solicita que se garantice el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, algo que no se cumple desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria en 2012.
• Asimismo, la organización pide que, en un contexto de crisis económica, las autoridades se abstengan de aprobar reformas legislativas que limiten de forma desproporcionada el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y de expresión, tal y como ha sucedido tras las últimas normativas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana.
• Además, Amnistía Internacional lamenta que la legislación española sigue sin eliminar el régimen de incomunicación que impide a las personas acusadas de ciertos delitos mantener contacto sus familiares abogados, médicos de su elección durante un plazo máximo de 13 días.
• El informe de Amnistía Internacional también reclama dentro de sus principales recomendaciones que la reforma del Código Penal recoja la tipificación de los delitos de tortura y desaparición forzada conforme al derecho internacional.
• En este sentido, también solicita al Estado español que luche contra la impunidad y asegure la reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, como las que sufrieron abusos durante la guerra civil y el franquismo.
• Por último, Amnistía Internacional reclama que España derogue las disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitan la posibilidad de que se pueda investigar y llevar a juicio a presuntos autores de crímenes de derecho internacional en aplicación del principio de jurisdicción universal.

Examen a los derechos
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se vigila el cumplimiento de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

De este modo, la delegación española afrontará mañana un diálogo de tres horas con otros países miembros de la ONU sobre los principales aspectos en derechos humanos en España. Tras la consulta, se elabora un informe en el que se incluyen las recomendaciones formuladas por los diferentes países en el EPU.
España se enfrentó en 2010 a este examen. Amnistía Internacional ya expresó su preocupación de que España no aceptara algunas de las recomendaciones que se le hicieron, y otras que sí asumió luego no han sido cumplidas realmente.
Amnistía Internacional confía en que los Estados que forman parte del EPU incluyan las recomendaciones que propone la organización, y que España no sólo las acepte sino que también las ponga en práctica lo antes posible.

law-education-series-3-68918-mCrisis económica y Derechos Humanos: España afronta su segundo EPU.
Fuente: Panorama Diplomático 
Con el examen de España continuó hoy en Ginebra la vigesimoprimera sesión del Examen Periódico Universal, EPU, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que hace un balance del tema en cada uno de los 193 estados miembros de la ONU.
Ignacio Ybáñez, secretario de Estado en Asuntos Exteriores y jefe de la delegación española, reconoció que las medidas de ajuste emprendidas para hacer frente a la crisis económica habían dificultado la puesta en marcha de las estrategias previstas por el gobierno para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en su territorio.
El delegado del país ibérico destacó, sin embargo, que los signos de recuperación que presenta la economía nacional permiten vislumbrar un panorama optimista para los sectores de la población más afectados por los recortes presupuestales.
En ese sentido, indicó que el gobierno español ya anunció las primeras medidas para «revertir los efectos del ajuste en los más desfavorecidos». Se trata, por una parte, de una reforma fiscal, vigente desde el 1 de enero del año en curso, que busca la redistribución de la renta y la progresividad de los impuestos mediante la disminución de la tributación para familias numerosas y con bajos ingresos, beneficiarias, a la vez, de nuevas subvenciones.
Por otra parte, el gobierno dispuso un incremento del 1.2% en el presupuesto de 2015 para ser destinado a gasto social. Finalmente, Ybáñez destacó los esfuerzos emprendidos por la administración nacional en materia de empleo y políticas de protección para deudores hipotecarios.
De esta manera, España respondió a las inquietudes que, previamente a la sesión de hoy y como parte del examen, le habían planteado diferentes organismos de las Naciones Unidas, y numerosas Organizaciones no Gubernamentales, en el sentido de no suspender la garantía del goce y ejercicio de los derechos humanos como consecuencia de la crisis y de las medidas de ajuste planteadas como correctivos.
Durante el examen, diversos países manifestaron su preocupación e hicieron recomendaciones en el mismo sentido. Así, por ejemplo, Brasil, Venezuela y Noruega instaron al gobierno español a minimizar el impacto de los ajustes en el acceso universal a la salud, la alimentación, la vivienda y la educación. Por su parte, Cuba le recomendó retomar las medidas de protección social, disminuidas por la crisis, dirigidas a la población más vulnerable.
España finalizó su intervención afirmando que solamente se pronunciará sobre las recomendaciones durante el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar el próximo mes de junio.

 

IMG_0649Pensionistas de las FFAA y de la PNP presentan demanda ante la CIDDHH

-Perú-
Fuente: La República 
Con el fin de hacer prevalecer el derecho a una pensión justa, y ante la inseguridad jurídica que experimentaron en el Tribunal Constitucional, la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (Adofaip) envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso emblemático del técnico superior EP Alberto Chinchay para que sea evaluado y posteriormente derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Aquí no hay independencia de poderes, aquí no se ve estado de Derecho”, reclamó el vicealmirante AP (r) Francisco Vainstein, quien afirmó que el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, visitó Palacio de Gobierno para tratar el caso y el Ejecutivo habría presionado al TC para emitir sentencia desfavorable a los intereses de los pensionistas de las FFAA y Policiales.
En otro momento relacionó el Decreto Legislativo N0 1133 –que reordena el régimen de pensiones– con la Ley Pulpín y agregó que “la política del gobierno es ir contra las leyes sociales”.
Por su parte, el abogado de Adofaip, Sergio Solís, indicó que han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reciba el testimonio del técnico superior EP Alberto Chinchay para que relate los daños materiales, intelectuales y psicológicos que le está causando la norma que reordena el régimen pensionario.
También han solicitado una comisión especial que arribe al país para que verifique lo que está pasando con las pensiones militares y policiales.
Ellos informaron que son 2,390 causas que han solicitado acciones de amparo, pero que no han sido acogidas.
A su turno, el general de división EP (R) Roberto Chiabra manifestó con energía que la norma que entró en vigencia en el 2013 es abusiva y afectará grandemente al personal que ingrese a la carrera militar porque los bonos no son pensionables.
“Nos han dividido en dos, eso es discriminación” dijo.
Para hacer más efectiva la lucha de los pensionistas militares, Chiabra pidió unidad a sus compañeros y librarse de personalismos.
“Somos como quince agrupaciones, debemos ponernos de acuerdo todos”, agregó.
El vicealmirante AP Jorge Montoya expresó su deseo de que el gobierno del presidente Ollanta Humala pueda dar solución a sus demandas antes de que el caso se ventile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esta defensa debe darse aquí, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional”, reclamó.

 

wm192762ttGobierno nombra a Quince Duncan como Comisionado de Asuntos de la Comunidad Afrocostarricense 

-Costa Rica-
Fuente: Costa Rica ON 

El Poder Ejecutivo anunció hoy el nombramiento de Quince Duncan Moodie como Comisionado de la Presidencia de la República para Asuntos relacionados con la Comunidad Afrocostarricense.
Duncan es un reconocido defensor y promotor de derechos étnicos, fue consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de la UNESCO, entre otros cargos dentro y fuera del país. También es un prolífico escritor y ensayista sobre temas étnicos y afrodescendientes.
Las responsabilidades del nuevo Comisionado serán coordinar y dirigir actividades para divulgar, promover y conservar la cultura afrocostarricense; coordinar con las instituciones públicas u otros organismos las actividades relacionadas con esa comunidad y coordinar las actividades nacionales e internacionales que se enmarquen dentro del Decenio Internacional de los afrodescendientes.
El decreto ejecutivo anunciado hoy recuerda que el nombramiento de Duncan responde al “ objetivo fundamental del Gobierno de la República mantener y fortalecer las políticas gubernamentales destinadas a estudiar, conservar, promover y divulgar la importancia e influencia de la cultura afrodescendiente en la construcción de la historia nacional costarricense.”

 

IMG_0736La reparación del daño por violaciones a derechos humanos
Fuente: E- consulta 
Históricamente, la reparación del daño por parte del Estado ha sido objeto de estudio, ya sea desde perspectivas del derecho civil o administrativo y, en los últimos años, por el derecho internacional a partir de la perspectiva de los derechos humanos. En nuestros días, la reparación del daño es parte de lo que se conoce como derecho de las víctimas.

Con la evolución del derecho internacional en materia de derechos humanos, se acogieron numerosos instrumentos de tutela de los derechos de las personas y aumentaron los referentes a la responsabilidad de los Estados ante un supuesto de incumplimiento a sus obligaciones internacionales.

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido que víctima es la persona cuyos derechos han sido violados por parte del Estado. Al referirnos a los agravios cometidos por éste, estamos hablando de las consecuencias que traen los actos contrarios a derecho en que incurren los servidores públicos, por acción u omisión, con motivo del ejercicio de sus funciones o en aparente cumplimiento de las mismas.

Por ello, en alcance de la consolidación de un Estado de derecho no puede haber referencia de la víctima que padeció transgresiones a sus derechos fundamentales sin hablar de la reparación del daño, lo que, por consecuencia, significa una acción del Estado hacia el reconocimiento de la dignidad humana y a la adopción de medidas de reparación de los daños causados, la sanción a los culpables y la ejecución de medidas que garanticen la no repetición de los hechos que motivaron la violación de esos derechos.

La CoIDH, en su jurisprudencia, señala como principal criterio de reparación el restablecimiento de la situación anterior y el resarcimiento de las consecuencias que la infracción produjo, cuando esto sea posible. También menciona la obligación del Estado de reparar los daños patrimoniales y extra patrimoniales, contemplando dentro de los primeros el daño emergente y el lucro cesante, y dentro de los segundos el daño moral y formas de reparación como la disculpa pública, la construcción de parques, monumentos, escuelas o la indemnización por el daño ocasionado al proyecto de vida.

En el ámbito local, en mayo de 2014, el Poder Legislativo aprobó la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito, que entre otras cosas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha solicitado a algunas autoridades, a través de sus recomendaciones, adoptar medidas que satisfagan a la víctima, tales como el ofrecimiento de disculpa pública, vinculada con el reconocimiento público de los hechos y su responsabilidad, la reparación del daño, el pago de indemnización, la instalación de placa o monumento, así como la investigación de sucesos que derive en una sanción administrativa a los responsables de las violaciones.

Pese a estos avances, es necesario continuar con la misma inercia en la que la reparación del daño, como consecuencia de violaciones de derechos humanos, implique un principio de equidad y justicia a favor de la víctima.

En nuestros días, se requiere que los órdenes de gobierno que conforman el Estado asuman con responsabilidad sus obligaciones establecidas constitucionalmente, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, a fin de que actúen firmemente en pro de las víctimas, incluso a través de indicadores de calidad y eficiencia de la función pública.

Fotor09279173Insisten en la ONU que España investigue las desapariciones de la guerra civil y el franquismo 
Fuente: Panorama Diplomático 
Varios países le pidieron a España que investigue las desapariciones de la guerra civil y el “franquismo (1936-1975), en el Examen Periódico Universal (EPU) de ese país, celebrado oralmente el pasado miércoles, cuyo informe escrito fue distribuido hoy viernes en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
“Asegurar que toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda recibir las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico, aún cuando no se haya iniciado un proceso penal”, reclamó Panamá.
Argentina instó a España a “promover los cambios de orden interno que permitan que sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial las desapariciones forzadas”.
Libia advirtió que las desapariciones no deben ser juzgadas por tribunales militares, sino por la justicia ordinaria, mientras que Corea alentó a España a obrar en sintonía con los mecanismos dispuestos por la ONU para esclarecer tales casos.
“Recomendamos … la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”, consignó Chile.
Suiza constató “que el pasado franquista” es “un desafío de la vida política y social española”, y solicitó “un tratamiento inclusivo del pasado basado en el derecho de las víctimas y las obligaciones de los Estados, a saber: justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Francia recordó el pronunciamiento de “diferentes Comités y Relatores Especiales de la ONU en materia de lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante la guerra civil española y la dictadura”, que han venido exhortando a España a resolverlos judicialmente.
El Examen Periódico Universal (EPU) es una revisión obligatoria entre pares, donde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convoca a los 193 Estados miembros de la ONU que deseen hacerlo, a que expongan sus propuestas para que el país examinado mejore los derechos humanos.
El informe con las recomendaciones de los 88 Estados que intervinieron en este EPU enumera 189 recomendaciones. España tiene hasta junio próximo para pronunciarse si las acepta o rechaza, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúna en Ginebra para adoptar dicho informe

commerce-acts-books-477966-mIndultada una de las 17 mujeres de El Salvador 
Fuente: CEJIL 
San José, Costa Rica 21 de enero del 2015.- Hoy se le ha otorgado el indulto a Carmen Guadalupe, una de las 17 mujeres injustamente encarceladas en El Salvador por razones obstétricas. El plenario de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ha anunciado el fallo esta tarde. CEJIL espera que, tras seis años de cárcel, la liberación de Carmen Guadalupe sea inmediata.
A los 18 años de edad Carmen Guadalupe quedó embarazada producto de una violación. Debido a complicaciones en el embarazo el parto se adelantó y tuvo que ser trasladada al Hospital Nacional de San Bartolo cuyo personal la denunció por aborto. Fue interrogada sin asistencia jurídica mientras estaba hospitalizada. Aunque no se presentó prueba alguna que estableciera de manera clara y precisa que ella causó la muerte del recién nacido y se estableció por medio de una autopsia de forma concluyente que la causa de muerte era indeterminada, la víctima fue injustamente condenada a 30 años de prisión. Actualmente tiene 23 años y lleva presa desde el 2007.
Carmen Guadalupe forma parte de un grupo de 17 mujeres cumpliendo condenas penales en El Salvador debido a complicaciones obstétricas. En la actualidad, El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido por ley. Esto significa que no existen excepciones a esta prohibición, ni siquiera en casos que peligre la vida de la mujer o que haya un embarazo producto de una violación.
Esta legislación es contraria a la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos de las mujeres a la salud, a la vida así como su derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación. A su vez, la condena impuesta sobre Carmen Guadalupe y las demás mujeres violaron sus derechos a la presunción de inocencia. En varias instancias, existió una desidia por parte de la defensa que ni siquiera reconoció el nombre de los defendidos.
Asimismo, la decisión presenta una oportunidad importante para víctimas injustamente encarceladas por perder un embarazo. De acuerdo al Consejo Criminológico Nacional, solo cuatro de las 17 fueron consideradas para un indulto porque sus hijos sobrevivieron las emergencias. Las 11 restantes –cuyos hijos murieron–, fueron consideradas un riesgo, por la posibilidad de una reincidencia en el crimen debido a su nivel educativo y a la situación de pobreza en la que vivían.
“El indulto es un paso hacia adelante para asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos de las mujeres. Pero aún falta mucho para efectuar estos compromisos. Las mujeres víctimas de problemas de salud debido a emergencias obstétricas no merecen ser interrogadas, esposadas y arrestadas“, dijo Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL. “Tampoco merecen ser re-victimizadas y estigmatizadas por su perfil socioeconómico. Exigimos que el resto de víctimas salgan en libertad inmediatamente.”

La ONU pide a El Salvador que reforme la legislación del aborto tras indulto 
Fuente: La Información 
Ginebra, 23 ene.- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alabó hoy la decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de indultar a una mujer condenada a 30 años de cárcel por un aborto que ella no causó, pero solicitó cambios legislativos urgentes.
“Damos la bienvenida a la revolucionaria decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de perdonar a Carmen Guadalupe Vásquez Aldana”, dijo en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.
El portavoz explicó que la persona indultada fue condenada por homicidio agravado tras sufrir un aborto después de haber sido violada.
La Asamblea Legislativa, de 84 escaños, aprobó por 43 votos a favor y 26 en contra, de los 69 diputados presentes en la plenaria, el indulto para Vásquez Aldana, quien desde 2008 cumple una pena de 30 años de prisión.
Su indulto fue solicitado hace varios meses por organizaciones feministas, que consideran que su condena es una injusticia porque ella no incurrió voluntariamente en la interrupción del embarazo sino que sufrió un aborto tras la agresión.
Vásquez Aldana lleva siete años encarcelada y es una de las 17 mujeres salvadoreñas presas por acusaciones de aborto cuyo indulto reclaman organizaciones civiles al Parlamento desde abril de 2014.
El Salvador prohíbe totalmente el aborto y lo criminaliza incluso cuando la vida de la madre o su salud están en peligro o en caso de violación o incesto.
“Muchos mecanismos de Naciones Unidas, incluyendo comités y relatores especiales regularmente expresan honda preocupación ante la total prohibición del aborto y su criminalización, y su impacto en el derecho de las mujeres de no ser discriminadas, así como su derecho a la vida y a la salud”, dijo Colville.
“Estamos esperanzados por lo ocurrido con el caso de Guadalupe y esperamos que otros casos se revisen con el debido proceso”.
“Esperamos que otras mujeres que recibieron sentencias similares sean liberadas, y esperamos que se reforme la legislación sobre derechos reproductivos en línea con los estándares internacionales”, sostuvo el portavoz.
Este es el primer indulto a una mujer en la historia del país y por supuesto el primero por razones vinculadas al aborto o complicaciones del embarazo.
Pese a la aprobación del indulto, Vásquez Aldana está todavía en la cárcel porque faltan unos trámites para que se concrete.
Entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres salvadoreñas fueron acusadas de aborto, de las cuales 29 están encarceladas, entre ellas las 17 cuyo indulto se pide desde abril pasado mediante una campaña, según laAgrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
El Salvador es, junto a Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam yRepública Dominicana, uno de los países de América Latina y el Caribe que prohíbe totalmente el aborto, según organizaciones feministas salvadoreñas.
E667E303-E527-42B7-8852-817CC3184CCBLa CorteIDH verá cumplimiento de Panamá a fallo sobre trato cruel a inmigrante 
Fuente: La Información 
San José, 22 ene (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizará en Costa Rica el próximo 5 de febrero una audiencia privada para revisar el estado de cumplimiento de Panamá a una sentencia del 2010 por tratos crueles e inhumanos al inmigrante ecuatoriano Jesús Vélez Loor, ocurridos en el 2002.
La directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, representante de Vélez, dijo a Efe que hasta el momento Panamá no ha cumplido con la sentencia y que eso será expuesto ante la Corte.
Según Aguiluz, Panamá no ha cumplido con asuntos como la revisión de sus centros de detención, la capacitación del personal sobre trato a inmigrantes y derechos humanos, y que tampoco ha realizado una investigación para castigar a los responsables.
La representante de CEJIL dijo que ha percibido voluntad del nuevo Gobierno panameño del presidente Juan Carlos Varela, por cumplir con la sentencia de la CorteIDH, pero que no se ha reflejado en hechos concretos.
Este caso consiste en la detención en Panamá y posterior procesamiento de Vélez Loor por delitos relacionados con su situación migratoria, sin las debidas garantías y sin la posibilidad de ser oído y de ejercer su derecho de defensa.
La víctima también denunció falta de investigación de denuncias de tortura presentadas ante autoridades panameñas, así como condiciones inhumanas de detención entre el 11 de noviembre de 2002 hasta su deportación a Ecuador, el 10 de septiembre de 2003.
La CorteIDH aseguró en la sentencia del 2010 que Vélez “sufrió física y emocionalmente a causa de la privación arbitraria de su libertad, por las condiciones crueles, inhumanas y degradantes a las que estuvo sometido durante su detención” y que fue “sometido a un proceso migratorio sin las debidas garantías”.
Los jueces determinaron que Panamá es responsable por violaciones a los derechos de libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y a la integridad personal, y además que incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la Justicia.
“Ha quedado demostrado que Vélez no contó con dicha asistencia (judicial), lo cual tornó inefectiva la posibilidad de acceder y ejercer los recursos para cuestionar las medidas que dispusieron su privación de libertad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la Justicia”, señala el fallo.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s