Derecho Internacional/International Law

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IMG_0901Corte Penal Unasur juzgará 7 delitos 
Fuente: Telegráfo 
La Fiscalía de Ecuador expuso en la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social(Flacso) el proyecto de la Corte Penal de Unasur, para perseguir al crimen organizado y delitos transnacionales.
Elfiscal de la Nación,Galo Chiriboga, explicó que la Corte no será competencia de otros organismos internacionales de justicia como la CIDH o la Corte Penal Internacional. “La propuesta consiste en tener 12 magistrados, 6 principales y 6 suplentes, designados por las cortes supremas de justicia de sus respectivos países, los cuales juzgarán delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, estafas bancarias, delitos cibernéticos, que se cometan en más de una nación”.


Esta corte no tendría una estructura burocrática, simplemente contará con una oficina en la sede de Unasur y actuará cuando los fiscales de alguno de los países miembros lo estime.
La intervención de la corte no sustituye a jueces locales en el conocimiento de los delitos que en su propio país se dan.
Chiriboga dijo que el proyecto será discutido en la Unasur y espera que en los próximos 2 años se pueda tener lista la propuesta que ya tiene el apoyo de las fiscalías de 6 naciones.


IMG_2720_v2Chile espera “construir futuro con Perú” a un año de fallo de la CIJ

Fuente: La Información 
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, afirmó hoy que Chile y Perú deben mirar hacia adelante en sus relaciones, al cumplirse un año del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que definió el límite marítimo entre ambos países.
“La tarea ahora es construir futuro”, dijo al inaugurar una mesa redonda sobre las relaciones chileno-peruanas en la que participaron representantes del sector público y privado.
“Creo que es útil no ignorar el pasado, ni ocultarlo ni menos menospreciarlo, porque las relaciones entre vecinos deben darse con una mirada hacia adelante, sin desconocer el pasado, pero poniéndole énfasis a lo que viene en el horizonte cercano a medio y largo plazo”, subrayó el responsable de la diplomacia chilena.
Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2008 reclamando el establecimiento de un límite marítimo entre ambos países con el argumento de que no había sido establecido nunca.
Chile, por el contrario, defendió que no había límites pendientes, pues habían quedado establecidos en tratados previos, vigentes desde 1952 y 1954, que establecían la línea del paralelo a partir del hito 1 de la frontera común como límite marítimo.
La corte determinó que la frontera era efectivamente la línea del paralelo que nace en el hito 1, pero lo consideró válido sólo hasta la milla 80, desde la cual trazó una línea tangente, como reclamaba Perú, hasta la milla 200 para definir el resto de la frontera marítima.
Aunque esbozaron la línea divisoria en el mar, los jueces de la CIJ no establecieron las “coordenadas precisas” de esta nueva frontera marítima, algo que corresponde a las partes involucradas y en lo que se ha estado trabajando para presentar posteriormente una cartografía conjunta ante Naciones Unida.
“Esperamos que a partir de la sentencia de la Corte (…) se marque un antes y un después en que seamos capaces (con Perú) de superar la desconfianza, los discursos de rivalidad y avanzar hacia una nueva etapa de nuestra historia como países vecinos”, dijo Muñoz.

IMG_0736El abogado general de la UE ve ilegal que el examen de integración para los residentes extranjeros 
Fuente: La Información 
Bruselas, 28 ene (EFE).- El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Maciej Szpunar afirmó hoy que va contra el principio de proporcionalidad del Derecho europeo que un inmigrante extracomunitario residente de larga duración en un Estado miembro tenga que aprobar un examen de integración en la sociedad.
En cambio, señaló que no es incompatible con la legalidad europea imponer a estos residentes de larga duración una “obligación de integración”, siempre y cuando ésta “no constituya un requisito para mantener su estatuto”.
Según una directiva de 2003, los Estados miembros concederán el estatuto de residente de larga duración a los nacionales de terceros países que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
Al mismo tiempo, los Estados miembros pueden exigir que estas personas cumplan los requisitos de integración conforme a la normativa nacional.
No obstante, la directiva no precisa si puede imponerse a la persona esa obligación de integración una vez adquirido dicho estatuto y, en su caso, en qué medida.
En esta ocasión, el abogado estudió los casos remitidos por el Tribunal Supremo neerlandés de una estadounidense y una neozelandesa a las que, tras haber adquirido el estatuto de residentes de larga duración en Holanda, se les exigió aprobar un examen para demostrar su “integración” en el país.
Estas personas consideraron que, por ser residentes de larga duración, no están sujetas a la “obligación de integración”.
En sus conclusiones presentadas hoy, el jurista comunitario indica que la directiva europea no excluye que los Estados miembros puedan establecer medidas de integración para los residentes de larga duración.
En su opinión, establecer medidas de integración para residentes de larga duración no es contrario a los objetivos que persigue la directiva, puesto que dichas medidas “están dirigidas exclusivamente a integrar a los residentes de larga duración en la vida social y económica del Estado de residencia”.
Sin embargo, considera que las disposiciones nacionales que impongan la obligación de integración como requisito para mantener el estatuto de residente de larga duración o para ejercer los derechos relacionados con él, son contrarias a la directiva.
Además, señala que las disposiciones nacionales también deben respetar el principio de proporcionalidad, por lo que la obligación de integración “no puede dificultar de manera desproporcionada el ejercicio de los derechos derivados de dicho estatuto por los residentes de larga duración”.
Así, el abogado apunta a que “un examen obligatorio de los conocimientos del idioma o de la sociedad no contribuye a conseguir el objetivo de las medidas de integración, que es facilitar la integración en la sociedad de la persona interesada”.
Por lo tanto, “imponer la obligación de realizar un examen de integración adultera la propia esencia de las medidas de integración”, que a su juicio “deberían promover la socialización en vez de establecer requisitos de cualificación relacionados con la residencia en el Estado miembro”.
“No cabe duda de que una persona que vive desde hace tiempo en un Estado determinado ha tejido forzosamente una red de vínculos de integración a través de la familia, el trabajo ejercido, la vida vecinal o una afición”, concluyó.

file0001491768926Suecia rechazó en la ONU recomendación de robustecer cooperación judicial internacional
Fuente: Panorama Diplómatico 
Ginebra, 30 de enero.- Suecia decidió no avanzar hacia el fortalecimiento de la cooperación entre naciones en materia judicial para mejorar las garantías procesales de individuos beneficiarios de asilo político.
La decisión se tomó en respuesta a la recomendación de Ecuador de “agilizar los mecanismos de cooperación jurídica internacional en los órganos judiciales y de la fiscalía para garantizar el debido proceso, específicamente en los casos en los que la persona afectada se encuentre protegida por una decisión de asilo o por el estatus de refugiado”. Esta recomendación hacía referencia tácita al caso de Julian Assange, periodista investigado por las autoridades suecas y buscado por el gobierno norteamericano, quien, bajo el amparo del asilo político que le fue otorgado por el país andino, se encuentra refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres.
El anuncio fue hecho ayer por la delegación de Suecia durante la adopción del informe preliminar presentado en Ginebra por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU). Este informe resume las recomendaciones hechas al país examinado por los países participantes en este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, diseñado para hacer un balance de la situación en materia de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU.
No obstante, Suecia aceptó otras recomendaciones alusivas a las garantías procesales, como la facilitación del acceso a la protección judicial, en consonancia con los compromisos internacionales previamente asumidos por el Estado. Adicionalmente, Estocolmo se pronunciará durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar el próximo mes de junio sobre temas como el acceso a las pruebas y la garantía de no-retorno en favor de los detenidos, recomendaciones formuladas por Cuba y Argentina.
Tampoco se fortalecerán derechos de trabajadores migrantes
Por otro lado, la delegación sueca reiteró su decisión de no ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, un instrumento que busca proteger los derechos de toda persona que lleve a cabo una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Numerosos países habían hecho una recomendación en este sentido durante el Examen.
La Convención, vigente desde 2003, consagra la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y sus familias, independientemente de su estatus legal. Sin embargo, sus disposiciones no implican “la regularización de trabajadores no documentados o en situación irregular”. A la luz del instrumento, los trabajadores migrantes legalmente establecidos deben gozar del ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los trabajadores nacionales. Los Estados adherentes, por su parte, mantienen plena autodeterminación para dotarse de su política migratoria y adquieren el compromiso de combatir eficazmente el tráfico de personas y el empleo ilegal.
Suecia aclaró que la decisión de ratificar este instrumento no puede ser tomada sin el acuerdo de la Unión Europea. Una posición semejante fue adoptada por España la semana pasada cuando compareció ante sus pares en el marco de su segundo EPU.

E667E303-E527-42B7-8852-817CC3184CCBEspaña dice no a la convención sobre derechos de trabajadores migrantes 
Fuente: Panorama Diplómatico 
España mantuvo su determinación de no ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, durante su comparecencia el pasado miércoles ante el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concebido para llevar a cabo un balance de la situación de los derechos humanos en los países miembros de la organización internacional.
Dicha Convención, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1990 y que entró en vigor en 2003 luego que completara sus primeras 20 ratificaciones, busca proteger los derechos de toda persona que lleve a cabo «una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional» y garantizar que su ejercicio no se vea afectado por ningún tipo de distinción.
Así, la Convención consagra la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y sus familias, independientemente de su estatus legal. Sin embargo, es clara al afirmar, en su artículo 35, que las disposiciones allí contenidas no implican «la regularización de trabajadores no documentados o en situación irregular». Por el lado de los trabajadores migrantes legalmente establecidos, son objeto de protección, entre otros, el acceso a planes de vivienda de interés social, la facilitación de transferencias al Estado de origen, la prevención de la doble tributación y el cubrimiento, en igualdad de condiciones que los nacionales, de los seguros de desempleo.
En lo que respecta a los Estados, la Convención establece las restricciones que pueden ser mantenidas en ejercicio de su autodeterminación. Por ejemplo, es potestad de todo Estado de acogida el establecimiento de los requisitos para el otorgamiento de permisos de residencia y trabajo, la limitación del acceso a diferentes categorías de empleo o la restricción de determinadas actividades remuneradas. Entre las obligaciones adquiridas se encuentran, entre otras, la lucha contra el tráfico de personas, la eliminación de la contratación ilegal y la facilitación del acceso a los servicios consulares requeridos por los migrantes.
Durante el EPU llevado a cabo el miércoles anterior, de los 88 países que intervinieron, 21 le recomendaron a España su adhesión a la Convención.
Los países que recomendaron la adhesión de España a la Convención fueron: Argelia, Benín, Costa de Marfil, Ecuador, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Irán, Nicaragua, Paraguay, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Timor Oriental, Turquía y Venezuela.
En su intervención durante el examen, el jefe de la delegación española, Ignacio Ybáñez, recordó que ningún país de la Unión Europea ha ratificado dicho instrumento y que la negativa de su Estado obedece a una decisión conjunta del ente supranacional. Asimismo, señaló que la legislación interna de su país ya ofrece protección para los derechos de la población migrante.
Ayer viernes, durante la adopción del informe preliminar por parte del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, España reiteró su decisión de llevarse todas las recomendaciones a estudio y será en junio próximo, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en la que se aprobará el informe definitivo, que España deberá pronunciarse sobre cuáles recomendaciones acepta y cuáles rechaza.
Panorama Diplomático preguntó a la misión diplomática española por las razones de la posición de su país respecto de la no adhesión a la Convención internacional. Quisimos determinar si el hecho de que España sea ahora un Estado de origen y no sólo de recepción de migrantes podría significar una postura más favorable a la ratificación del instrumento, no obstante, su representante indicó no estar autorizado para pronunciarse al respecto.

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