Derechos Humanos/Human Rights

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IMG_0896Debate por idea de crear otra Corte de Derechos Humanos
Fuente: El Universo 
Crear una Corte de Derechos Humanos para Latinoamérica en reemplazo de la Interamericana, tal como lo propone el presidente Rafael Correa, sería complejo y tendría como real objetivo político reducir el poder de la Organización de Estados Americanos (OEA), opinan analistas consultados.
Para el presidente Correa, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA está en “decadencia y es mucho más difícil corregirlo que reemplazarlo”, por lo que es “hora de crear algo nuevo, mejor y nuestro: latinoamericano”, dijo en su última sabatina.


Pero Hernán Salgado, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), asegura que es complicado establecer un órgano nuevo, pues la actual Corte “aunque no se la quiera reconocer tiene su prestigio”.
Como parte del sistema está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que califica las demandas de ciudadanos que podrán ser tratadas por los jueces de la Corte. Sin el filtro de esta, dice Salgado, se requerirán más abogados y a tiempo completo e incremento en los salarios.
“Una cosa es tener un organismo para reunirse y hacer debates políticos, otra es sentarse a leer enormes alegatos de juicios y asistir a las audiencias; ser juez es un trabajo pesado y querer crear una Corte sin mayores efectos será difícil. Además que faltarían independencia e imparcialidad si lo impulsa, por ejemplo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”, opinó.
El jurista y catedrático Ramiro Ávila cree que la propuesta del mandatario “va encaminada a disminuir el poder de la OEA, pues el sistema seguiría funcionando mientras no se modifique la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Ecuador es parte y no ha dicho que piensa denunciar (rechazar) su vigencia”.
En tanto que Gina Benavides, especialista en derechos humanos, recuerda la importancia de tener un organismo que defienda a la gente cuando sienta que sus derechos han sido conculcados, pues “los abusos de poder se dan y necesitan ser controlados”.
Según datos de la CorteIDH, desde 1996 hasta la actualidad se han dictaminado 70 resoluciones de varios tipos, como fallos contra el Estado por violaciones de derechos humanos, interpretaciones y fondos para reparaciones y costas.
La Procuraduría reporta en su portal que ese organismo tiene solo un proceso del 2013 en trámite, mientras que hay otros tres con sentencia. Agrega que el Ecuador ha evitado el pago de $ 12 millones por resoluciones a su favor. (I)

IMG_2720_v2Correa pide reforzar CorteIDH y dice que es en realidad una corte de A.Latina 
Fuente: La Información 
Quito, 31 ene.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró hoy que se debe reforzar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), organismo que, a su juicio, es “en realidad” un tribunal latinoamericano ya que Estados Unidos y Canadá no lo han reconocido.
“Ya está todo puesto para tener nuestro propio sistema de derechos humanos porque, básicamente, la corte en realidad no es Corte Interamericana de derechos humanos, es Corte Latinoamericana de derechos humanos porque Estados Unidos, Canadá, los países anglosajones, no han reconocido a la Corte”, dijo.
Tras señalar que ese tribunal, con sede en Costa Rica, tiene “los mejores jurisconsultos de toda América Latina”, recordó que las sentencias emitidas por la CorteIDH son de obligatorio cumplimiento de los países que han ratificado el Acuerdo de San José, es decir 23 naciones de las 35, indicó el gobernante.
El gobernante ecuatoriano comentó que se puede fortalecer la corte brindándole “suficiente presupuesto y aumentando personal y jueces a tiempo completo” que ágilmente puedan dictar medidas cautelares en caso de que sea necesario.
Correa dijo que la corte, que visitó el pasado jueves en San José, debe tener fuentes “previsibles, estables e incondicionales de ingresos para que pueda actuar con absoluta independencia”.
En su informe semanal de labores, Correa criticó el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en EE.UU., pese a que ese país no ha ratificado el Pacto de San José.
El mandatario ecuatoriano, quien participó el miércoles y jueves pasados en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), aseguró en San José a los jueces de la CorteIDH que algunas cosas del sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) “deben cambiar”.
“La Corte Interamericana ha sido apegada a la Convención y goza de un prestigio inmenso, pero es sabido que la Comisión (CIDH) se ha vuelto una comisaría”, expresó Correa durante una visita a la CorteIDH.
El gobernante añadió que su país es uno de los impulsores de los derechos humanos pero que eso “no impide” que cuestione ciertas instituciones que tiene el SIDH y puntualizó que con la CorteIDH, que es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), no tiene “ninguna observación”.
En Costa Rica, la Celac descartó la adopción de una declaración especial de apoyo al fortalecimiento del SIDH y, aunque en principio se atribuyó el hecho a la oposición de Ecuador, Correa lo desmintió hoy y apuntó que esa adjudicación se dio por un error de la Cancillería de Costa Rica, algo que -subrayó- se aclaró inmediatamente en San José.
“Para total claridad no fue el Gobierno del Ecuador el que solicitó el retiro de esa declaración. Además, fue otro país participante en la Cumbre”, dijo el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a los medios en unas declaraciones que hoy se reprodujeron en el informe semanal de labores de Correa.
En ese mismo informe, Correa criticó que en la inauguración la cumbre hayan intervenido delegados de organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos antes que los presidentes de la región.
“Hay instituciones interesantes, habló la canciller de la Unión Europea, de todos modos yo creo que eso debe ser después de la intervención de los presidentes, pero escuchar al secretario general de la OEA, después de cómo se ha comportado, cómo ha dado la espalda a cualquier cambio en la OEA ¿por qué tenemos que escuchar esa burocracia internacional?”, se preguntó el gobernante.

IMG_0736Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas concluye examen a México
Fuente: Panorama Diplomático 
Ginebra, 3 de febrero.- El Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas finalizó hoy su escrutinio al informe presentado por México, como parte de sus obligaciones de signatario de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En el marco de sus respuestas ante el grupo de expertos independientes de distintas nacionalidades de la ONU, Eliana García, encargada de la Procuraduría General de la República (PGR), recordó que en diciembre de 2014 se aprobó la creación de los protocolos homologados a la convenciones contra la desaparición forzada y de la tortura.
Asimismo indicó que se piensa incluir el artículo 3 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, donde se precisa también sobre estos crímenes cuando son cometidos por particulares. Indicó que todas las entidades del país van a tener este protocolo.
Este protocolo homologado incorporará que cualquier autoridad que conozca un reporte de desaparición debe iniciar de inmediato las acciones para su búsqueda, añadió la mexicana.
Controversia sobre el artículo 31 de la Convención
Durante el diálogo entre los expertos y la delegación mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acotó que mientras tenía lugar la reunión, en las redes sociales se estaba generando la percepción de que si México hubiese aceptado la competencia del artículo 31 de la Convención, que se refiere a admitir la competencia del Comité para recibir quejas individuales, la discusión sobre las desapariciones, particularmente del Caso Ayotzinapa sería distinta.
Gómez Robledo dijo que aunque México hubiera aceptado las disposiciones contenidas en los artículos 31 y 32, “el resultado hubiera sido el mismo”. Emmanuel Decaux, presidente del Comité, recordó que México al adherirse al instrumento internacional lo hizo con reserva de ambos artículos, por lo que no se reciben casos individuales, y llamó a centrarse en el diálogo y no en las redes sociales.
Militarización
En otro momento, el relator del Comité de origen argentino, asignado al examen de México, Luciano Hazán, señaló que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas en su visita del 2011 al país norteamericano propuso retirar a las fuerzas armadas de las calles para evitar este tipo de delito contra los derechos humanos.
La respuesta de Gómez Robledo fue que la participación del ejército es de carácter temporal, y que va del a mano con el fortalecimiento de la policía. “Soy consciente de que no hemos aportado información sobre eso”, señaló, pero que se ha creado una gendarmería que se inspira en la francesa, y que 5 mil gendarmes iniciaron sus funciones en junio del año pasado.
Registros de personas perdidas
El experto Hazán pidió a México que se precisara de qué manera se identifica a las víctimas de desaparición forzada si es que estas se encuentran en lugares como hospitales psiquiátricos o centros penitenciarios, ya que el informe del Estado indicaba la reclusión en estos lugares como posible destino de quienes eran reclamados por sus familiares como desaparecidos.
En ese sentido, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, precisó que en México no es obligatorio portar una cédula de identidad, por lo que era frecuente que una persona detenida diera otra identidad, lo que ocasiona que no haya un registro fiable de las personas que entran en prisión.
Ley de víctimas
El experto Rainer Huhler consultó a la delegación mexicana si la nueva Ley de Víctimas tenía carácter retroactivo, es decir si también consentía reparaciones a familiares de desaparecidos durante la denominada “guerra sucia” que tuvo lugar en México durante la década de los setentas u otras víctimas como las del movimiento del 68.
También preguntó en qué consistían las reparaciones de la Ley de Víctimas, a lo que la delegación mexicana respondió que se trataba de una reparación integral y no solo económica; y que sí reparaban a las víctimas de la “guerra sucia”, incluso para los casos en que las autoridades han prescrito el delito de desaparición forzada.
Sin embargo, la delegación reconoció que no todos los estados habían adaptado su legislación a la Ley General; así, 12 estados aún no han reactualizado sus códigos con este fin. Asimismo, la Ley de procedimientos penales no reconoce a las víctimas como la Ley General.
En otro momento del examen, Huhler demandó a la delegación mexicana por qué los familiares de las víctimas se quejaban del difícil acceso a copias de los expedientes de los casos de las víctimas, si la ley de transparencia indica que no se puede negar el acceso a la información cuando se trata de violación de los derechos humanos.
Ley General de desapariciones forzadas
Por su parte, Miriam Cárdenas, presidenta de la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados, indicó que en México existen distintas tipificaciones del delito de desaparición forzada, “algunas de ellas cumplen con los estándares internacionales, otras no”. “También encontramos que existen seis estados que no contemplan la desaparición forzada como un delito en su legislación”.
“Los parlamentarios consideramos, luego de un amplio debate sostenido en ambas cámaras que no se iba a resolver el problema de fondo, y este problema referido a las definiciones (…) como también a las competencias, por lo que se optó por trabajar en una Ley General en la materia que habrá de aplicarse en todo el territorio de la República”, añadió.
La PGR, a través de la agencia de investigación criminal creó un área de protección para medidas cautelares a víctimas y testigos, para lo cual el personal ha sido capacitado, indicó la delegada mexicana.
Noemi Festinger, secretaria de la gobernación, explicó la implementación de un mecanismo de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos, integrado por distintas dependencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la PGR, y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
Por su parte, el General Beltrán Benitez, indicó que los casos de desaparición forzada se trataban en fueros civiles cuando las víctimas eran civiles, pero no fue capaz de responder al relator Rainer Huhler sobre los casos de desapariciones de agentes militares en manos de otros militares.
Extradición
Ante la pregunta del experto español Juan José López Ortega sobre la verificación de situaciones de riesgo en caso de la detención de extranjeros, el delegado Guillermo Fonseca respondió que la Convención era el marco para las extradiciones que tienen lugar en México. Precisó que los tratados de extradición (México ha firmado 33 tratados bilaterales) no están limitados a un listado de delitos, sino que se requiere de una doble incriminación, es decir que se considere delito en ambos países.
Por otro lado, Eliana García precisó que en el caso de las numerosas fosas con cadáveres encontradas en el estado de Guerrero, el Estado trabaja en conjunto con el comité de familiares “los otros desaparecidos”. De esta labor, se han tomado las muestras genéticas a más de 500 familias. De 63 fosas, se logró la recuperación de 42 cuerpos. Indicó que fueron los padres de las víctimas quienes empezaron a hacer este trabajo solos, y ahora cuentan con el apoyo de las autoridades.
Por eso se había integrado el sistema nacional de información genética, el cual va a integrar con el CODIS, que incluye la información genética de las personas desaparecidas y de los familiares, de los cuerpos sin identificar, así como la información de otras instituciones.

IMG_0649UN expert urges Portugal to boost access to justice for country’s most vulnerable people 
Source: Organization of United States 
Portuguese authorities must do more to ensure wider access to the country’s justice system, enhancing its legal aid programmes amid growing poverty, the United Nations Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers has urged.
“One of the most serious concerns in Portugal is the increasing costs to access justice,” Gabriela Knaul stressed in a news release issued today, following her eight-day visit to the country.
“Legal aid exists in Portugal, but many don’t qualify to receive it due to the restrictive requirements,” she continued. “Furthermore, the fragmentation of responsibilities in the delivery of legal aid can lead to excessive delays in obtaining such support.”
Ms. Knaul, an independent expert appointed by the Geneva-based Human Rights Council, explained that by ensuring greater access to the justice system, the Government of Portugal would also give attention to the situations of persons “particularly vulnerable to violence,” such as women, children or persons in detention.
She added that the “re-victimization” of women and children victims of violence through the justice system remained “unacceptable” and urged authorities to speedily implement measures to support and protect these victims.
The Special Rapporteur acknowledged that her visit – which took her from Lisbon to Porto and on to Coimbra – had come at a time of comprehensive structural reform for the Portuguese justice system but remained concerned about delays affecting the implementation of such reforms, including the recent collapse of the Courts’ computer system.
To that point, she called on the Government to provide greater budgetary, financial, and administrative autonomy to the Courts and the Public Prosecution, warning that the concentration of administrative responsibilities under the Ministry of Justice appeared “to limit the possibilities of accountability of judges and prosecutors.”
“There must be a continuous dialogue between the government, judges, prosecutors, lawyers and representatives of civil society to ensure that the reforms bring the desired changes and increase the effectiveness of the justice system,” she concluded.

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