Derechos Humanos/Human Rights

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law-education-series-3-68918-mCIDH falló a favor de exguerrillero preso para que reciba tratamiento médico
Fuente: Noticias RCN 

-Colombia-
El organismo le ordena al Estado que le presente la atención que requiere José Parra Bernal, recluido en La Picota y quien sufre de leucemia.
Un plazo de 15 días le dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno para restablecer el tratamiento médico que necesita José Ángel Parra Bernal, un exguerrillero preso en la cárcel La Picota con una condena de 17 años por homicidio y a quien le fue diagnosticada Leucemia en 2009.
El fallo de la CIDH contempla que pese a que la EPS Caprecom, encargada del servicio médico de los reclusos, se niegue a suministrar medicamentos para tratar la Leucemia por no estar incluidos en el POS, el Gobierno sigue siendo responsable por la salud de Parra Bernal.
Gloria Silva, miembro del Comité de solidaridad con los presos políticos, dijo que Parra necesita tratamiento continuo y que no se le puede suspender el medicamento.


En septiembre de 2011 se presentó la solicitud de fallo ante la CIDH, luego de que se le negara el medicamento al exguerrillero y pese a que la Corte Constitucional había ordenado al Inpec que le diera tratamiento a Parra Bernal.

Corte suprema de Brasil y CIDH formalizan aproximación para cooperación
IMG_0896Fuente: Caracol 
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron hoy en Brasilia una carta de intenciones para establecer una aproximación en materia de capacitación y desarrollo del poder Judicial brasileño.
Agencia EFE | 10 de Febrero de 2015
Brasilia, 10 feb (EFE).- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron hoy en Brasilia una carta de intenciones para establecer una aproximación en materia de capacitación y desarrollo del poder Judicial brasileño.
El documento fue suscrito en la Presidencia de la máxima corte del país por el titular del STF y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil, magistrado Ricardo Lewandowski; por el jefe de la delegación de la CIDH, José Jesús Orozco Henríquez, y por el secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza.
El STF señaló que el acto contó con la participación de representantes de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), del CNJ y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Brasil.
Lewandowski destacó después de la firma del documento que el primer paso será la “divulgación” de la jurisprudencia de la CorteIDH entre los 16.000 magistrados brasileños, como un primer paso para integrar el poder Judicial brasileño al sistema internacional.
“Es mostrar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como el sistema internacional, liderado por la ONU, se interconectan”, apuntó el presidente del STF, quien resaltó el interés de Brasil en los tratados internacionales.
El magistrado recordó los juicios en Brasil a favor de las cuotas raciales y sociales en las universidades públicas, la protección a los derechos indígenas, la reforma agraria y las relaciones afectivas y civiles entre personas del mismo sexo.
Orozco Henríquez, por su parte, mencionó que Brasil al firmar la Convención Interamericana, “acepta la competencia de la CorteIDH y por eso tiene miembros tanto en la Corte como en la Comisión”.
El documento es un punto de partida para la realización de cursos de formación y capacitación de jueces y funcionarios del poder Judiciario brasileño bajo orientación del sistema internacional, además de la traducción al portugués de textos y documentos de la CIDH que estarán disponibles en la bibliografía del CNJ.
La delegación de la CIDH, encabezada por los mexicanos Álvarez Icaza y Orozco Henríquez, estuvo hoy también en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña. EFE


IMG_2720_v2Reforma a la Ley de Migración mexicana fortalece protección a los DDHH

Fuente: Yucatán 
El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que con la reforma a la Ley de Migración se da un paso al frente en la construcción de un sistema migratorio justo, que realmente proteja los derechos humanos.
El legislador afirmó que estas legislación, aprobada por unanimidad el martes 10 de febrero en la Cámara de Diputados y que se remitió al Senado para su ratificación, ‘es una medida positiva, porque permitirá que los niños migrantes que viajan solos reciban el trato digno que merecen’.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados señaló en un mensaje radiofónico que ‘nuestro país es una nación de origen, destino y tránsito de migrantes, por eso se debe fortalecer el marco jurídico en materia de protección de los derechos humanos’.
‘Miles de mexicanos emigran cada año a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, como también cientos de personas de otras naciones vienen a México a ganarse la vida y otras más atraviesan por nuestro territorio en su viaje al norte’, expuso.
Lamentó que sea común que entre los migrantes figuren niños que viajan solos, quienes son ‘un grupo especialmente vulnerable ante la acción de bandas delincuenciales que trata con personas, y se exponen a otros riesgos propios de travesías tan largas y peligrosas’.
Añadió que esta iniciativa de reforma a la Ley de Migración asegura que el Instituto Nacional de Migración (INM) se haga responsable de la protección de los derechos humanos de cualquier niño o adolescente migrante que viaje solo y que sea puesto a su disposición.
Beltrones Rivera resaltó que esta ley obliga al INM a canalizar al niño o adolescente migrante no acompañado, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales del DIF o del Distrito Federal.
‘De esa manera, los menores podrán estar en un espacio seguro donde reciban un trato humano y digno, mientras se resuelve su situación migratoria. En el caso de extranjeros, Migración tendrá que dar aviso al Consulado de su país de origen’, aseguró.
Señaló que se trata de una buena decisión de la Cámara de Diputados para ayudar más a los más vulnerables.

IMG_0893El Salvador deposita en la ONU tres instrumentos sobre derechos humanos
Fuente: La Prensa Gráfica 
El Salvador depositó en la Organización de Naciones Unidas (ONU) tres instrumentos relacionados con el régimen internacional de derechos humanos, informó hoy la Cancillería.

Los instrumentos son el Tercer Protocolo Opcional a la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, y el reconocimiento de la competencia del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, precisó la Cancillería salvadoreña en un comunicado.

El encargado de Negocios de El Salvador ante la ONU, Rubén Hasbún, depositó los instrumentos el pasado lunes, añadió.

La Cancillería destacó que El Salvador es “el decimoquinto Estado en ratificar el Tercer Protocolo Opcional de la Convención de los Derechos del Niño”, lo cual hizo la Asamblea Legislativa el 20 de noviembre del año pasado.

Dicho protocolo “establece un procedimiento de comunicaciones que posibilita mayor transparencia, participación y da voz a los niñas, niños y adolescentes en el monitoreo de las acciones del Estado en la protección de sus derechos”, explicó.

En el caso de la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, mediante la ratificación del instrumento “El Salvador reconoce la competencia del Comité sobre la materia, con sede en Ginebra, de recibir y examinar comunicaciones relativas a cualquier incumplimiento de sus obligaciones”.

El Salvador ratificó en 2003 la convención relacionada con los trabajadores migrantes, pero no había depositado el instrumento.

La Cancillería apuntó que “con su adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, El Salvador se une a otros 84 Estados Parte a esta Convención, que data de 1954”.

file000921074758Terminó nuevo ciclo de debates en la ONU sobre los DDHH de los campesinos  
Fuente: Panorama Diplomático 

Ginebra, 9 de febrero.- Del 2 al 6 de febrero se celebró en la sede de la ONU en Ginebra la segunda sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental sobre el proyecto de declaración de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. El mandato de este grupo de composición abierta, en el que participan Estados, organizaciones de la sociedad civil y expertos, consiste en elaborar un borrador de una declaración, que deberá ser adoptada posteriormente por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.
El proceso de elaboración de un instrumento internacional a favor de la protección de las personas que viven y trabajan en áreas rurales fue impulsado por la Vía Campesina, un movimiento internacional que agrupa a más de 200 organizaciones campesinas provenientes de Africa, Asia, América y Europa y que en su conjunto reúne a millones de campesinos, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo.
Según relató para Panorama Diplomático Diego Montón, quien está a cargo de la secretaria cooperativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y representa a La Vía Campesina, este fue un proceso que inició en 2001 con un trabajo interno del movimiento campesino de debate y discusión desde las propias bases.
Siete años más tarde, en el 2008, esta etapa culminó con la adopción por parte de La Vía Campesina de la Declaración de los derechos de las campesinas y campesinos, que tuvo lugar en la V Conferencia que la organización mundial realizó en Maputo, Mozambique. Ese mismo año, iniciaron las gestiones para llevar el debate a la ONU y “con la ayuda de un número importante de aliados” trasladarla al foro internacional para acuñar estándares internacionales de derechos humanos a favor de este grupo en particular.
Según Montón, quien estuvo presente en Ginebra en el marco del segundo periodo de sesiones del Grupo de trabajo encargado de elaborar un texto de Declaración, el proceso de redacción y aprobación será complejo por “la negación de algunos países más vinculados a las corporaciones transnacionales que más tienen que ver con las violaciones de los derechos de los campesinos y campesinas”.
Previo a la configuración del Grupo de trabajo, “Estados Unidos y la Unión Europea intentaron bloquear la cuestión diciendo que no hacían falta nuevos derechos y que no había necesidad de especificar en el tema de los derechos campesinos cuando ya existían otros instrumentos de derechos humanos”, declaró Montón.
Durante las discusiones que tuvieron lugar en Ginebra la semana recién pasado, quedó de manifiesto la preocupación de algunos Estados en cuanto a que un instrumento a favor de los campesinos podría colisionar con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en 2007 por la Asamblea General de la ONU.
El activista campesino considera que no existe tal colisión entre ambas declaraciones sino que “se complementan… creemos que la Declaración de los pueblos indígenas es un enorme antecedente […], pero es necesario ampliar los derechos a sujetos que no quedaron contenidos en ese instrumento”. Al mismo tiempo, Montón considera que en este proceso se pueden incorporar “algunos aspectos sobre cuestiones agrarias que no terminaron de profundizarse en la Declaración de Pueblos Indígenas… hay muchísimos indígenas que se sienten campesinos” añadió.
Respecto del proceso de discusión y de elaboración de un borrador de la Declaración de los derechos de los campesinos, el representante de la Vía Campesina es de la idea que “entre más rápido salga, mejor, pero con la condición que logremos el consenso… No queremos apresurarnos y al final que haya una votación (en el seno del Consejo de Derechos Humanos) que la ganemos por un margen estrecho”.
En su opinión, “esta Declaración es una herramienta que no va cambiar instantáneamente la vida del campo… pero que va a fertilizar y abonar las luchas que se vienen dando… conquistas concretas a favor de los derechos de los campesinos y campesinas”.
El Grupo de Trabajo continuará la labor que le encomendó el Consejo de Derechos Humanos de negociar, finalizar y remitir un borrador de Declaración. La tercera sesión está prevista a realizarse en noviembre de 2015.

ley_19-137274El Presidente del Tribunal Constitucional pronuncia el discurso de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Fuente: Noticias Jurídicas 

-España-

El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha sido el encargado de pronunciar el discurso inaugural en la audiencia solemne de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que tuvo lugar recientemente en su sede de Estrasburgo.

En el acto, al que han asistido representantes de las más altas instituciones judiciales de los Estados que integran el Consejo de Europa, el Presidente del Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto la “capital” contribución del TEDH en la “construcción y desarrollo del sistema europeo de protección de los derechos humanos”.
Segón Francisco Pérez de los Cobos, esta Institución ha convertido en realidad la Europa que soñaron los fundadores del Consejo de Europa cuando, el 4 de noviembre de 1950, firmaron el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, con él, “establecieron, limitando las soberanías nacionales, una jurisdicción internacional encargada de garantizar el respeto por los Estados firmantes de los derechos fundamentales que habían reconocido”.
A este sistema de protección de los derechos humanos tienen hoy acceso, a través de la interposición de recursos individuales, 800
millones de europeos.
La importancia del TEDH en la transición española
También ha destacado la importancia que tuvo la jurisprudencia del TEDH en los inicios de la democracia española. Con la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos por España en 1979, las sentencias dictadas por el Tribunal de
Estrasburgo se convirtieron en un referente claro para la interpretación de “derechos tan relevantes como el de igualdad ante la ley y no discriminación, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho de defensa o el de presunción de inocencia”.
Con el transcurso de los años, y gracias al papel determinante que ha desempeñado el Tribunal Constitucional en la recepción de ese acervo doctrinal, la influencia del TEDH en la interpretación de los derechos humanos se pone de manifiesto en el trabajo diario de los jueces y los tribunales españoles, que actúan como “eficaces garantes de los derechos reconocidos en el Convenio de Roma y de sus Protocolos adicionales”.
La relación entre el Tribunal de Estrasburgo y los órganos judiciales españoles ha dejado de ser unilateral para pasar a convertirse en un verdadero “diálogo entre tribunales”.
El cumplimiento de las sentencias del TEDH
Uno de los problemas en los que se ha puesto de manifiesto esta interacción es el relativo al cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, una cuestión que el Convenio de Roma no aclara, pues “no establece la forma en que los Estados deben ejecutar” sus resoluciones. Desde hace más de dos décadas, “la jurisprudencia constitucional española ha sido beligerante a la hora de garantizar la ejecución efectiva de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo”, por lo que de alguna manera ha ido “subsanando” las “carencias” de la legislación en esta materia.
Finalmente, el Presidente del Tribunal ha reflexionado sobre “la dimensión multinivel del sistema europeo de protección de derechos humanos”, que hoy es “con seguridad, el principal desafío al que nos enfrentamos”. La “complejidad” de este sistema viene dada por la superposición de distintas declaraciones de derechos (Constituciones nacionales, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea), cada una de las cuales está “respaldada por la jurisdicción de un tribunal que se presenta como su máximo intérprete”.
A las “inevitables” discrepancias jurisprudenciales, se suma la “complejidad procedimental” derivada de la posibilidad de interponer, en el curso del mismo proceso, recursos ante diferentes instancias. Las normas vigentes no ofrecen “pautas claras” respecto de las distintas posibilidades que se presentan al ciudadano, por lo que deben acometerse las reformas necesarias que permitan minimizar la “sensación de incertidumbre” que puede generar el sistema multinivel.
Mientras llegan esas decisiones, el Presidente del Tribunal Constitucional ha abogado por que los actores implicados en la protección de los derechos humanos sigan apostando por el “diálogo”, “el conocimiento recíproco y la empatía” como medios para resolver posibles fricciones.

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