Derecho Económico y Comercial/ Commercial and Economic Law

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Awm192762ttcuerdo UE-Colombia/Perú, un año después
Fuente: Deutsche Welle

El acuerdo entre la Unión Europea y Colombia y Perú cumple un año de que entró en vigor. Y aunque es muy joven y es muy pronto para sacar balance de un complejo acuerdo de libre comercio que incluye diálogo político y cooperación, ciertas tendencias se manifiestan ya.

¿Cómo le ha ido al comercio?
Fuentes oficiales constatan un incremento del 15% en las exportaciones de Colombia hacia la UE. De ellas, el 70% son materias minero-energéticas entre las cuales destaca el carbón; el resto son productos agropecuarios como fruta, café y flores. En las exportaciones de la UE hacia Colombia se detecta un aumento del 9,4%. La UE es para Colombia el segundo socio comercial y Colombia para la UE, el primero de la zona andina y el quinto de América Latina.
Las exportaciones de Perú a la UE, mayoritariamente minerales, se redujeron en un 15,7% debido al menor precio de materias primas como el cobre y el zinc. Por otro lado, así el informe anual de la Comisión Europea, productos no tradicionales del sector pesquero y agropecuario se exportaron en un 6% más hacia la UE.

En la otra dirección, el porcentaje de exportaciones hacia el país andino permaneció casi constante (+0,16%): la UE siguió siendo el tercer socio comercial de Perú. Por otro lado, así los representantes de ambos países latinoamericanos, se han multiplicado las misiones comerciales de diversos países de la UE, con el objetivo de detectar oportunidades. También para las pequeñas y medianas empresas. La visión a futuro es al alza.
¿Qué llega a la población?
Precisamente esto preocupa a organizaciones de la sociedad civil, que insisten en la necesidad de monitorear si hay avances concretos en la “hoja de ruta”, el camino que traduciría el avance económico en avances laborales y sociales para la población. En una audiencia organizada esta semana por eurodiputados de diferentes grupos políticos que, en su momento, votaron en contra de la firma de los acuerdos, Danilo Urrea, de la organización ambientalista Agua Viva-Amigos de la Tierra de Colombia puso de manifiesto sus dudas en Bruselas:
“Vemos mayor crecimiento económico pero menos beneficios en la vida de la gente común y corriente” , explicó Urrea a DW basándose en datos de poblaciones cercanas a exitosos proyectos de extracción de carbón, en las cuales hay altos índices de mortalidad infantil por polución y desnutrición.
¿Quién monitorea?
“Las legislaciones y las políticas se adecuan a las necesidades de la explotación de los proyectos y no se adecuan a las necesidades de garantías de derechos de las poblaciones. Tenemos ejemplos de flexibilización de licencias ambientales, se entrega protección a la inversión extranjera directa. Ésta influencia una política pública que favorece los beneficios empresariales en detrimento de derechos territoriales de la población, como el derecho al agua”, afirma Urrea.

La tendencia al alza de la industria minera ,y la falta de cumplimiento de estándares ambientales preocupa al activista colombiano. También la ausencia de interlocutores de la sociedad civil en el monitoreo de los efectos sociales de estos acuerdos.
Giuseppe Iuliano, vicepresidente de la sección de relaciones exteriores del Comité Económico y Social Europeo –órgano consultivo europeo que aglutina empresarios, trabajadores y diversos otros sectores- presidirá en junio, en Bogotá, la primera sesión “Domestic Advisory Group”, creado precisamente para monitorear los acuerdos.
Iuliano, que viene del movimiento sindical italiano, ve con preocupación que no esté prevista la presencia de la sociedad civil en esos encuentros. En su opinión, aparte de los delegados ministeriales de Perú y Colombia los sindicatos deberían estar presentes. Iuliano, advirtiendo de llegar a que los acuerdos con la UE saquen a la gente a la calle, como en las protestas en Colombia por los efectos del acuerdo con Estados Unidos, dijo a DW: “Estamos desperdiciando el diálogo que se prevé en los acuerdos”.

file000816536459Honduras y Guatemala firman unión aduanera
Fuente: SELA 

Tela, Honduras, 27 de febrero de 2015 (AFP).- Honduras y Guatemala firmaron este jueves una unión aduanera para impulsar el comercio exterior de ambos países, durante un encuentro en el que también participó El Salvador para discutir la migración ilegal desde el Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos.
“Estamos dando el paso que hemos esperado por 64 años en Centroamérica con la unión aduanera entre Honduras y Guatemala”, destacó el mandatario guatemalteco Otto Pérez, en la cita celebrada en el puerto caribeño de Tela, a 300 km de Tegucigalpa.
Pérez, su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández, el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, en representación del presidente Salvador Sánchez Cerén, y empresarios de los tres países acudieron a la reunión.
El mandatario guatemalteco recordó otros esfuerzos en el pasado para integrar el comercio de las dos naciones como en 1951 la creación de la Organización de Estados Centroamericanos, después el Mercado Común Centroamericano y en los noventa hubo otros intentos.
Entonces “no fue posible lograr esa unión aduanera, pero esta vez será realidad en menos de un año” entre Honduras y Guatemala, celebró Pérez.
La reunión de Tela fue convocada para impulsar la llamada Alianza para la Prosperidad, presentada por los tres mandatarios en julio de 2014, y en la que acordaron buscar soluciones a la crisis migratoria desatada por la llegada a Norteamérica de una oleada de más de 62 niños no acompañados por adultos, procedentes de los tres países.
El presidente estadounidense Barack Obama solicitó al Congreso de su país 1,000 millones de dólares para apoyar esa iniciativa.
Hernández anunció que, junto con la administración Obama, los gobiernos de los tres países centroamericanos tendrán que hacer gestiones “de oficina en oficina” en el Congreso estadounidense para que aprueben los fondos.

E667E303-E527-42B7-8852-817CC3184CCBZonas francas deben concluir adecuación al marco de las disposiciones de la OMC hasta diciembre de 2015 
Fuente: SELA 
El 31 de diciembre de este año vence el plazo límite que tienen los países en vías de desarrollo para concluir el proceso de adecuación al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Entre los países beneficiados por la prórroga se encuentran: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, Fiji, El Salvador, Granada, Guatemala, Jamaica, Jordania, Mauricio, Panamá, Papua Nueva Guinea, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Algunos de los cuales ya tiene implementado el régimen de adecuación.
En 2007, el Consejo General adoptó la decisión de extender el plazo para la eliminación de los programas de subvenciones a la exportación de los mencionados países en desarrollo, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2015.
Las zonas francas son áreas geográficas que gozan de tratamiento preferencial en materia arancelaria, tributaria y cambiaria, lo que promueve sectores dinámicos como el manufacturero, servicios y logística.
América Latina y el Caribe concentran el 23% del total de zonas francas existentes en el mundo, el segundo mayor porcentaje después de Asia-Pacífico (44%), según la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).
Cabe recordar que el desarrollo y consolidación de zonas francas en América Latina y el Caribe, permitió conformar un instrumento importante para el incremento del empleo, la atracción de inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la ampliación de la oferta exportable, mejorando considerablemente la inserción internacional de los diferentes mercados.
Hasta la década de los 90s, precisa un estudio del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), las zonas francas eran principalmente un medio de promoción de exportaciones, pero en los últimos veinte años pasaron a ser un instrumento de desarrollo productivo.
A partir del estudio de la evolución de las legislaciones de algunos países, señala SELA, se evidencia la importancia en el desarrollo que adquirieron las zonas francas, especialmente, las enfocadas a la tecnología, convirtiéndose en “catalizador de inversiones y en polos de desarrollo productivo e industrial”.
Las zonas francas en la región generan más de un millón de empleos directos, concentrando la mayor participación de puestos laborales en Estados Unidos, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Brasil.
El informe del SELA señala algunos casos como el de Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Colombia, pero destaca la falta de una política unificada, principalmente en materia de origen, para la región de América Latina y el Caribe.
Así, mientras Estados Unidos, por ejemplo, reconoce el origen en los productos fabricados en las zonas francas de República Dominicana, otros países del CAFTA, Colombia, Perú y MERCOSUR niegan origen a los productos provenientes de sus propias zonas francas, advierte el informe, pese a que reconocen origen en otros provenientes de zonas extra regionales.
Para el SELA, la región se beneficiaría más si estableciera el reconocimiento de origen de los productos elaborados en zonas francas en los acuerdos comerciales del continente.

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