Derechos Humanos/ Human Rights

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wm192762ttExperto argentino es nombrado presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU
Fuente: Panorama Diplomático
Ginebra, 16 de marzo.- El jurista argentino Fabián Salvioli fue nombrado esta mañana por unanimidad como Presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el inicio de la 113 sesión, la cual durará hasta el 2 de abril próximo. Este órgano especializado es el encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos.


Salvioli, quien integra el Comité desde el 2009, es el primer argentino en la historia en presidir dicho órgano de expertos independientes; sucede en el cargo al británico Sir. Nigel Rodley, y ejercerá la presidencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el período 2015-2016.
Durante los seis años que ha sido parte del grupo de 18 miembros del Comité, Salvioli ha ocupado los cargos de Vicepresidente (2011-2012) y de Relator Especial de Seguimiento de las Observaciones Finales (2013-2014). Los miembros del Comité son elegidos por los Estados, pero llevan a cabo sus funciones de manera independiente y a título personal, es decir, bajo ningún punto de vista ejercen representación de Estado alguno. Se eligen cada cuatro años y pueden ser reelegidos. La designación del Presidente es entre los propios expertos.
Salvioli es Doctor en Ciencias Jurídicas y en la actualidad profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de la Plata (Argentina), en la que también dirige el Instituto de Derechos Humanos y el programa de Maestría en Derechos Humanos. Además de ejercer las funciones de experto ante Naciones Unidas, integra la Asamblea General del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
Durante la primera sesión que dirigirá como Presidente, el Comité deberá examinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Humanos por parte de Rusia, Cambodia, Costa de Marfil, Chipre, Croacia y Mónaco. Ningún país latinoamericano deberá comparecer en este periodo de sesiones.
Además de examinar a los Estados con relación al pacto internacional, los expertos del Comité emiten observaciones generales sobre la interpretación de los derechos que el instrumento protege, reclamaciones interestatales en las que un Estado parte del Pacto denuncia incumplimiento por parte de otro, así como quejas individuales, mecanismo que permite que víctimas presenten denuncias a título personal contra un Estado por considerar que éste ha violado uno o varios derechos.

ley_19-137274Resolución busca examinar efectos de las políticas antidrogas en los Derechos Humanos

Fuente: Panorama Diplomático
Ginebra, 18 de marzo.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se apresta a resolver un proyecto de resolución que pretende que todos los mecanismos de derechos humanos, como relatores especiales, grupos de trabajo y comités que supervisan el cumplimiento de los instrumentos internacionales, se pronuncien desde su campo de especialidad sobre el impacto de las políticas antidrogas en los derechos humanos.
El proyecto de resolución, que aún está en etapa final de negociaciones entre los Estados para ser puesto a consideración del Consejo, ha sido liderado por varios países latinoamericanos, como Colombia, Guatemala, México, Brasil, Uruguay y Paraguay, y acompañado entre otros por Suiza, Noruega y Albania; responde a la convocatoria de la Asamblea General de la ONU a una sesión especial en 2016 en la que se discutirán alternativas sobre cómo afrontar el problema de las drogas con mayor atención en la protección de los derechos humanos.
Organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) o Conectas Direitos Humanos (Brasil), han promovido la necesidad que mecanismos de derechos humanos, tanto del ámbito de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, ofrezcan mayor claridad al debate internacional sobre los efectos negativos de las políticas antidrogas.
Expertos de derechos humanos, como relatores especiales de la ONU sobre el disfrute de la salud física y mental, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, o la tortura, entre otros, han manifestado su posición contraria a las políticas antidrogas vigentes, su enfoque altamente represivo, orientado a la criminalización del uso de las drogas, y el incremento que ha conllevado de fenómenos violatorios de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, tortura, desaparición forzada y desplazamientos, entre otros.
El proyecto de resolución en ciernes, promueve que el Consejo de Derechos Humanos solicite a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, que prepare un estudio, en consulta con Estados, agencias especializadas de la ONU y otros actores relevantes, para ser presentado en septiembre de este año, con ocasión del 30 periodo de sesiones del Consejo.
Este estudio debe enfocarse en la dimensión de derechos humanos del problema mundial de las drogas, su impacto en el disfrute de los derechos humanos y ofrecer recomendaciones para afrontar este flagelo, con consideración particular de las personas que a causa de este problema se encuentran en situaciones vulnerables.
Así mismo, la resolución decide convenir la celebración de un panel de discusión en la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos (septiembre 2015), en la que se debata la dimensión de este problema a partir de los hallazgos emanados del estudio preparado por ACNUDH, y propiciar una diálogo constructivo e inclusivo con actores relevantes, como las agencias especializadas, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
Según fuentes diplomáticas en la sede de la ONU en Ginebra, no se ha logrado aún alcanzar el consenso entre los Estados. Un bloque de países, en los que se incluye la mayoría de América Latina y Europa, apoya el proyecto en su totalidad, en tanto algunos Estados árabes, liderados por Egipto, rechazan la iniciativa en lo que respecta a la elaboración del estudio y promueven sólo la realización de un panel de discusión, de unas horas de duración y con participación voluntaria de Estados y otras partes interesados, como son habitualmente estos espacios. Hasta el momento, el único país que rechaza por completo el proyecto es Rusia.
Mañana jueves concluye el plazo formal para presentar proyectos de resolución que serán sometidos al Consejo de Derechos Humanos, ya sea para ser aprobados por consenso o por votación; no obstante, las negociaciones podrán continuar hasta el fin de la semana próxima, momento en el cual se procederá a la adopción de decisiones por parte del principal órgano de la ONU en materia de derechos humanos.
Para que una resolución sea adoptada, si no tiene el consenso, necesita la mayoría simple de los 47 miembros del Consejo, independientemente del número de abstenciones que se produzca. Además de esta resolución, el órgano intergubernamental deberá pronunciarse al menos en torno a 25 proyectos más, sobre diversidad de temas y procesos relacionados con derechos humanos y la acción internacional en la materia.

Fotor09279173Expert says key housing rights responsibility lie with local authorities

Source: United Nations Human Rights 

There are over a billion people around the world living in inadequate housing, said Leilani Farha, Special Rapporteur on the right to adequate housing.
By inadequate, Farha means people who are homeless, or living without title to land, living with the threat of forced eviction or living without essential services such as water, electricity or sanitation. And key responsibilities for making this better, lay with local and subnational authorities, she said.
“It is my opinion that the right to adequate housing cannot be effectively implemented without the full participation of local governments,” Farha said.
Farha raised her concerns during the presentation of her report during the 28th session of the Human Rights Council. This is Farha’s first report to the Council, since taking up her duties in 2014.
Implementation Gap
The report (A/HRC/28/62),defines local and other subnational levels of government as anything from rural villages to large metropolitan areas. Increasingly the responsibility for housing and related programmes has devolved to local authorities, often without a similar transfer of resources, knowledge, capacity and accountability for human rights obligations.
Farha said that there is a gap between the international human rights standards on housing and the daily life of people around the globe. In her view, lack of implementation of existing standards developed regarding the right to the housing is a matter of real concern.
“If the implementation gap is to be addressed – and from a human rights point of view, it must be – we have to identify and understand the challenges that face those who are responsible for implementing housing and related programs and explore strategies and opportunities for change.”
The report makes a number of recommendations for various stakeholders to deal with the implementation gap. These include: having human rights standards and their implementation communicated to local governments; ensuring decentralization is guided and informed by the right to adequate housing; and encouraging States to guarantee access to justice and effective remedies for violations of the right to adequate housing.

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