Derechos Humanos/Human Rights

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wm213490ttONU reconoce el matrimonio homosexual de sus empleados
Fuente: Ámbito Jurídico 

La comisión de presupuesto de la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de conceder a los matrimonios homosexuales los beneficios reservados a las parejas heterosexuales, a pesar de la oposición manifestada por Rusia.

Hasta el momento, el estado civil de los miembros del personal de Naciones Unidas estaba determinado por la legislación de su país de origen. Sin embargo, en adelante, todas las uniones serán reconocidas, en la medida en que se hayan celebrado en un país donde el matrimonio homosexual esté autorizado.

Precisamente, en junio del año pasado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decidió otorgar a las parejas del mismo sexo los mismos beneficios que a las parejas heterosexuales (entre ellos pensiones), siempre y cuando hubieran registrado su unión en un país donde fuera legal. Anteriormente, los empleados no podían aprovechar el hecho de ser ciudadanos de un país donde el matrimonio entre homosexuales era reconocido.

Rusia trató de bloquear esta iniciativa, pidiendo una votación ante la quinta comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que gestiona el presupuesto de la organización. La delegación argumentó que el régimen anterior no era discriminatorio, mientras que el nuevo viola la soberanía de los Estados “bajo el pretexto de los derechos humanos”. Pero esta moción fue rechazada por 80 votos, contra 43 a favor y 37 abstenciones. China, Bielorrusia y países musulmanes como Malasia apoyaron a Rusia, mientras Europa, EE UU, Canadá, Australia y México rechazaron la propuesta.

Para la embajadora estadounidense, Samantha Power, la organización tenía todo el derecho de tomar esta decisión administrativa, que no afecta las legislaciones nacionales. Su cuestionamiento, argumentó, sería “un peligroso precedente al socavar la autoridad del Secretario General”. Power acusó a Rusia de “tratar de exportar a la ONU su hostilidad hacia los derechos de gais y lesbianas”.

Cabe mencionar que, desde el 2013, toda “propaganda” homosexual delante de menores de edad se castiga con multas y penas de prisión en Rusia, donde la homosexualidad era considerada como un delito hasta 1993, y como una enfermedad mental hasta 1999.

(Con información de Reuters y BBC Mundo)

IMG_0900OIM presenta estrategia de asistencia a niños migrantes en Honduras
Fuente: Organización de Naciones Unidas 
27 de marzo, 2015 — La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó al gobierno de Honduras un programa estratégico para coordinar la asistencia de las instituciones, la sociedad civil y los organismos internacionales a los niños y adolescentes migrantes.
La estrategia abarca la recepción, protección y ayuda a los menores y sus familias cuando regresan al país. La iniciativa de la OIM ayudará a articular los trabajos con un enfoque de género y respeto a los derechos humanos.

Según los datos oficiales, más de 10.000 niños y adolescentes hondureños regresaron de México y Estados Unidos en 2014. De ese número, el 40% eran mujeres. La OIM recordó que las regulaciones nacionales e internacionales estipulan que los menores requieren protección especial, que incluye cuidados médicos, albergue, alimentos y condiciones de higiene, así como seguridad y respeto a sus garantías fundamentales.

IMG_0901CIDH concluye el 154º Período de Sesiones
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 154º Período ordinario de Sesiones del 13 al 27 de marzo de 2015. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, así como en la implementación de planes a fin de resolver el atraso procesal. También se realizaron numerosos encuentros con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, así como con el Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro. La Comisión asimismo recibió a representantes del Comité de Derechos Humanos de la Liga Árabe y de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos; y a John Knox, Experto Independiente en Derechos Humanos y Medio Ambiente. En el marco de las sesiones, la CIDH presentó asimismo el informe “Derecho a la verdad en América”.

Durante estas sesiones se celebraron 55 audiencias públicas, en las cuales se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como temáticas regionales de derechos humanos y diversas situaciones en 22 países. En las audiencias participaron delegaciones de 19 Estados Miembros de la OEA, así como más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 17 instituciones académicas. También se realizaron 29 reuniones de trabajo, 20 de las cuales fueron sobre soluciones amistosas.

Después de evaluar la información recibida, la Comisión destaca que las transiciones a la democracia que muchos países de América Latina vivieron a mediados de la década de los ochenta constituyeron logros históricos, ya que sólo en democracia es posible caminar hacia la garantía de los derechos humanos de los habitantes, sean los derechos políticos y civiles como los económicos, sociales y culturales. Según la información recibida por la CIDH, en estas décadas se han logrado avances muy significativos en la aprobación de leyes y políticas públicas que buscan garantizar el derecho a la igualdad, en materia de acceso a la información pública, y en relación a la independencia judicial, todo lo cual tiene un impacto positivo en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, la información disponible indica que en los últimos 15 años se registró una importante reducción de la pobreza en varios países de la región.

Sin embargo, la región aún tiene profundos desafíos pendientes, tanto en materia de derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las graves violaciones del pasado, como en el ejercicio de los derechos humanos en el presente democrático. En algunos países continúan siendo generalizadas las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y en la región sigue siendo extendida la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles y centros de detención. Asimismo, existen significativos obstáculos en el acceso a la justicia. Los defensores y las defensoras de derechos humanos y los periodistas son objeto de amenazas, hostigamientos y asesinatos, que en un alto porcentaje permanecen impunes. Asimismo, hay una tendencia hacia la criminalización y represión de la protesta social en muchos países de la región, y se recibió información según la cual en algunos países se utiliza frecuentemente a las Fuerzas Armadas para el control de las manifestaciones y en funciones de seguridad ciudadana, lo cual es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos. Además, se recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas policiales, lo cual genera un grave impacto, en especial sobre niños, niñas y adolescentes y sobre jóvenes afrodescendientes. La violencia contra los y las afrodescendientes, las mujeres, y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex se perpetúa en un contexto de permisividad social y con altos niveles de impunidad para los perpetradores, mientras que las personas afrodescendientes siguen viviendo en condiciones estructurales de discriminación, la cual permea los sistemas judiciales. Finalmente, se recibió información sobre la elevada concentración de la propiedad y el control de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, lo cual deriva en una preocupante ausencia de diversidad y pluralismo. Asimismo, subsiste una situación de afectación a los derechos de niños, niñas y adolescentes como resultado del contenido de la programación de muchos medios de comunicación. Delegaciones de cinco Estados compartieron sus experiencias en el abordaje a este tema en una fructífera reunión convocada por la Comisión.

Por otra parte, el desarrollo económico de la región en las últimas décadas ha generado un impulso sin precedentes en la explotación de recursos naturales en el continente. En muchas ocasiones, estos proyectos de desarrollo no se manejan en estricto apego a los derechos humanos, y tienen un especial impacto sobre las personas afrodescendientes y sobre los pueblos indígenas y sus tierras y territorios ancestrales. En una de las audiencias, un participante indicó que se presentó ante la CIDH para “testimoniar la angustia y sufrimiento de muchos hermanos y hermanas que sufren en algunas circunstancias las consecuencias de una devastadora y cada vez más amenazante actividad extractiva sin rostro humano y sin ética”. Es imprescindible que cualquier proyecto de desarrollo se realice de acuerdo a los estándares de derechos humanos del sistema interamericano, incluyendo el requisito de consulta previa. Asimismo, se recibió información preocupante sobre la existencia de una relación entre empresas extractivas y agentes de policía que serían contratados por estas. La explotación de recursos naturales genera diversos tipos de impacto que afectan no sólo a los pueblos indígenas y afrodescendientes sino a otros sectores poblacionales, incluyendo dificultades crecientes en el acceso al agua potable en algunas regiones, en especial en áreas rurales.

Las presiones del desarrollo sobre el medio ambiente habrían generado un aumento en los flujos de migrantes y desplazados internos. Estos fenómenos responden tanto a motivos económicos y de falta de oportunidades en el lugar o país de origen, como a intentos por escapar de situaciones de altos niveles de criminalidad y violencia, ya que la inseguridad ciudadana es otro problema generalizado en varios países del continente. Resulta alarmante la situación de grave vulneración a los derechos humanos en la que viven personas apátridas y miles de desplazados internos en el continente, así como las amenazas, ataques, asesinatos y desapariciones forzadas de las cuales son víctimas cientos de miles de migrantes y de víctimas del tráfico y la trata de personas, incluyendo niños y niñas, muchos de ellos con fines de explotación sexual.

La CIDH recibió en este período de sesiones información altamente preocupante sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos que resultan de vivir en asentamientos urbanos. Asimismo, la pobreza continúa afectando en forma desproporcionada a las mujeres, los niños y las niñas, los pueblos indígenas, y las personas afrodescendientes, así como a las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.

A fin de poder profundizar su trabajo en los derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH anunció en abril de 2014 su intención de crear una Relatoría Especial, que empezaría a funcionar a fines de 2015, a condición de que se reciban los recursos financieros necesarios. Para alcanzar este objetivo, la CIDH invitó a los Estados Miembros de la OEA a colaborar con aportes a un fondo especial destinado a recaudar recursos que se dedicarán en forma exclusiva a la creación y las actividades de esta Relatoría Especial, invitación que la CIDH reitera a Estados miembros y otros donantes.

Finalmente, la CIDH recibió información de que las personas de algunos países sufren represalias y reciben amenazas por asistir a audiencias y por acudir al sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

La Comisión publicará en las próximas semanas un Informe sobre el 154 Período de Sesiones.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

IMG_0896ONU crea relator especial sobre el derecho a la privacidad en la era digital
Fuente: Panorama Diplomático 
Ginebra, 26 de marzo.- El Consejo de Derechos Humanos decidió aprobar por consenso la resolución L.27 denominada “El derecho a la privacidad en la era digital” presentada por Brasil, Alemania y México, en la cual decide crear la figura de un Relator especial sobre el derecho a la privacidad en la era digital, por un periodo inicial de tres años. El Relator deberá presentar un informe anual al Consejo en la 31° sesión (en el 2016) y a la Asamblea General en la 71° (en el 2017/2018), que incluya “observaciones importantes” sobre cómo garantizar este derecho fundamental.
La resolución pone en evidencia “el reto” que representa la doble tendencia actual en el ámbito de las comunicaciones para la protección a la privacidad. Por un lado, el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; y por otro lado, el incremento de la capacidad de los gobiernos para “llevar a cabo actividades de vigilancia, interpretación y recopilación de datos”. Así, la iniciativa insta a los Estados a respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos “en lo referente al derecho a la privacidad cuando intercepten las comunicaciones digitales”.
El Consejo otorga al Relator Especial la facultad de denunciar las violaciones, “dondequiera que tengan lugar, del derecho a la privacidad” en consonancia con lo establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y de igual manera “llamar la atención del Consejo y del Alto Comisionado relativo a situaciones de grave inquietud”. Además, el Consejo exhorta la cooperación y asistencia de todos los Estados en el desempeño del mandato del Relator Especial.
Las reacciones de los Estados a la iniciativa coincidieron en cuanto a la pertinencia del proyecto de resolución y agradecieron los esfuerzos de Brasil y Alemania para resaltar la cuestión del derecho a la privacidad en la era digital ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.
China y Rusia acogieron favorablemente la creación de este mecanismo especial y destacaron la urgencia sobre la cuestión de la protección de ese derecho el cual fue debilitado “por los recientes casos de vigilancia en el Internet a gran escala… que violan la soberanía de los Estados” según China. Además, Rusia acusó los Estados Unidos y sus aliados de violar “masivamente el derecho a la vida privada y la correspondencia privada”.
Cuba y Arabia Saudita instaron a que el Relator Especial no vaya más allá de los límites de su mandato, es decir que su trabajo se enfoque en el derecho a la privacidad en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Sin embargo, Sudáfrica dejó de manifiesto que no apoya el texto ya que la creación de un nuevo mandato para el derecho a la privacidad no es “la forma adecuada” para protegerlo. Según el país africano, hubiera sido preferible “incorporar esta temática dentro de mandatos ya existentes… para atender de forma más global los desafíos de este ámbito”.
Por su parte, Estado Unidos se sumó al consenso en cuanto a la creación del mandato del Relator Especial, que debe ser “amplio” para proteger los derechos a la privacidad en todo los contextos, ya que “la era digital no se limita a una tecnología específica” declaró Keith Harper, el embajador estadounidense quien subraya también que la iniciativa llega en un momento “muy oportuno”. Harper agregó que la interferencia a la privacidad es “únicamente admisible cuando es legal y no arbitraria” es decir debe ser “razonable”.
Por último, la organización no gubernamental Human Rights Watch calificó como un “paso principal” la aprobación de la resolución por el Consejo. Eileen Donahoe, directora de asuntos globales en Human Rights Watch declaró que “la protección de la privacidad es una de las cuestiones más apremiantes de nuestro tiempo … nuestra esperanza es que la resolución del Consejo marca el principio de una consideración global sobre la vigilancia de masas y sus efectos. ”


file0001491768926ONU aprueba resolución que amplía estudio sobre impacto de “drones” en los Derechos Humanos

Fuente: Panorama Diplomático 
Ginebra, 26 de marzo.- El Consejo de Derechos Humanos decidió aprobar por votación la resolución propuesta por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, entre otros, en la cual le piden a los mecanismos de derechos humanos del Consejo y a los órganos de supervisión de tratados (comités) que, en el marco de sus mandatos, presten atención especial a las violaciones del derecho internacional causadas por la utilización de los denominados drones.
La resolución, que se refiere al uso de aeronaves dirigidas por control remoto en operaciones antiterroristas o militares, fue aprobada por 29 votos a favor, 6 en contra y 12 abstenciones, del total de 47 miembros que integran el principal órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Francia y Estados Unidos, entre los seis Estados que decidieron no apoyar el proyecto, explicaron ante sus pares que el Consejo de Derechos Humanos, según su opinión, no es el foro adecuado para analizar el impacto de armas de esta naturaleza; en contrapartida, los ponentes de la iniciativa, como Venezuela, explicaron que la importancia de esta decisión radica en “los cientos” de personas que han fallecido por operaciones teledirigidas y que su impacto en materia de derechos humanos es evidente.
Acorde con el texto aprobado, la resolución toma con reconocimiento los informes del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, presentado en 2014 al Consejo de Derechos Humanos, así como el del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el cual fue elevado a la Asamblea General de la ONU en su sexagésimo octavo periodo de sesiones.
Ambos relatores especiales, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, se refirieron al impacto en materia de derechos humanos, de las operaciones militares, particularmente en el marco del denominado contraterrorismo, en las que se emplean aeronaves dirigidas por control remoto.
Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en su informe de agosto de 2014, notó en su informe un aumento de la despersonalización del uso de la fuerza mediante los sistemas sin manipuladores, así como del potencial letal de las llamadas “armas menos letales” como los drones.
Entre sus recomendaciones, el Relator Especial hizo énfasis en la necesidad que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “debería convocar un grupo de expertos para examinar la aplicación del marco internacional de derechos humanos a las armas menos letales y a los sistemas a control remoto (sin operador) en el contexto de las operaciones de las fuerzas del orden y la seguridad privada, prestando especial atención a la legalidad de las armas, y a las restricciones impuestas a su uso”.
Asimismo, que “los diversos organismos e instituciones internacionales que se ocupan del desarme y de los derechos humanos, como la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales y el Consejo de Derechos Humanos, tienen una responsabilidad y un papel que desempeñar”.
Por consiguiente, la recién aprobada resolución constituye una medida en la dirección que el propio Relator Especial aconsejó en su informe.

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