Derechos Humanos/ Human Rights

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file000921074758Conferencia: Ius Constitucionale Commune del Profesor Armin von Bogdandy.

Fuente: Corte IDH 

En el marco del 108 Período Ordinario de Sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tubo el agrado de escuchar al profesor Armin von Bogdandy quien dictó una conferencia titulada Ius Constitucionale Commune en la sala de audiencias de la Corte Interamericana. Dicha conferencia es organizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Max Planck de Derecho Público y Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania.

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file0001491768926México y la UE fortalecerán cooperación en derechos humanos 
Fuente: El Informador 
CIUDAD DE MÉXICO (16/ABR/2015).- México y la Unión Europea acordaron fomentar una mayor cooperación, incluso a través de la puesta en marcha de proyectos específicos en temas de derechos humanos y combate a la tortura, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Ello en el marco de la quinta edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en Materia de Derechos Humanos entre México y la Unión Europea, que se llevó a cabo este jueves en la Ciudad de México, informó la cancillería en un comunicado.
En ese tenor se acordó trabajar de manera conjunta para fortalecer la cooperación estratégica entre México y la Unión Europea en materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional como en los foros multilaterales.
Detalló que el diálogo permitió abordar temas de interés o preocupación común en los ámbitos multilateral, bilateral y en materia de cooperación.
En el ámbito bilateral, la Unión Europea y México sostuvieron intercambios sustantivos en asuntos sobre Estado de derecho y combate a la impunidad, derechos de las personas migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, y empresas y derechos humanos.

“En estos rubros, se coincidió en la importancia de fomentar una mayor cooperación bilateral, incluso a través de la puesta en marcha de proyectos específicos”, manifestó.

Ambas partes acordaron que en el marco del Laboratorio de Cohesión Social II, cofinanciado por México y la UE, se pondrán en marcha este año dos proyectos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en el ámbito de empresas y derechos humanos.

También se acordó trabajar con las autoridades relevantes a fin de poner en marcha proyectos para el fortalecimiento de las capacidades sobre la prevención y combate a la tortura (capacitación y certificación de peritos para la aplicación del Protocolo de Estambul).

Asimismo sobre desaparición de personas (fortalecimiento de las bases de datos y registro de personas desaparecidas), y defensores de derechos humanos y periodistas (fortalecimiento del Mecanismo de Protección).

Entre los temas abordados se incluyeron empresas y derechos humanos, la abolición de la pena de muerte, acoso escolar (bullying), agenda de desarrollo post-2015, pueblos indígenas, Beijing +20, la Alianza para el Gobierno Abierto, y la promoción de instrumentos legales sobre transparencia y acceso a la información en la agenda multilateral.

En este marco, ambas partes coincidieron en la importancia de aunar esfuerzos con visitas para fortalecer los foros multilaterales relevantes, en particular el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y asegurar así la efectiva consecución de su importante mandato en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

Así ambas partes subrayaron la importancia de su continuada cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos, para una mejor y más efectiva promoción y protección de los derechos humanos.

En ese tenor se acordó trabajar de manera conjunta para fortalecer la cooperación estratégica entre México y la Unión Europea en materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional como en los foros multilaterales.

Este diálogo, precisó, fue presidido de manera conjunta por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Juan Manuel Gómez Robledo, y por el representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis.

IMG_0901Chile reconoce uniones civiles entre parejas del mismo sexo 

Fuente: Ámbito Jurídico 
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó la ley que reconoce las uniones civiles entre las parejas del mismo sexo. Esta norma, que entrará en vigor en seis meses, les reconoce a estas parejas y a las que no están casadas derechos de los que gozan los matrimonios, incluidos los de heredar la propiedad y recibir una pensión.

Conocida como el acuerdo de unión civil (AUC), el Congreso chileno aprobó esa figura en enero pasado. “Hoy es un día en que avanzamos como sociedad (…), estamos dando un paso fundamental en este camino de derechos, de justicia y de respeto a la libertad individual”, afirmó Bachelet.

La nueva ley garantiza una protección patrimonial y reconoce los derechos civiles de los contrayentes, al regular los efectos de su vida en común de forma estable y permanente. Así mismo, prevé la posibilidad de disolver el acuerdo, aclara asuntos relacionados con el patrimonio y precisa que las parejas homosexuales que contraigan matrimonio en el extranjero serán reconocidas en Chile.

El acuerdo “reconoce y fortalece el vínculo de convivencia”, apuntó la presidenta de Chile, país donde, se calcula, más de dos millones de personas conviven en este tipo de unión. “Desde el momento en que celebren su acuerdo de unión civil, las dos personas serán consideradas parientes, tanto con su pareja como con los familiares de ella, y podrán exigir que se cumplan todos los derechos que la ley contempla para los familiares próximos”, agregó Bachelet.

El AUC, originalmente denominado acuerdo de vida en pareja, fue una de las promesas del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Sin embargo, la falta de respaldo a la iniciativa por parte de la propia coalición de derecha que apoyaba al entonces presidente impidió que avanzara durante su mandato.

En su campaña presidencial, y tras asumir el poder en marzo del 2014, Bachelet se comprometió a sacar adelante el proyecto, dándole la urgencia necesaria en el Congreso, con lo que logró que fuese aprobado en su primer año de gobierno.

Varios países de Latinoamérica permiten estas uniones civiles, pero sólo Argentina y Uruguay reconocen el matrimonio homosexual.

law-books-4Comité de Seguimiento de la Convención sobre Personas con Discapacidad de la OEA avanza en la elaboración de un manual sobre los derechos de las personas discapacitadas
Fuente: Organización de Estados Americanos 
El Grupo de Trabajo del Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS), cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), concluyó hoy una reunión regional en Lima, Perú, en la que avanzó en la elaboración de un “Manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad” para los Países Miembros.

Durante dos días, el Grupo de Trabajo analizó en la capital peruana los contenidos del manual, cuyo objetivo es apoyar a los Estados Miembros con lineamientos precisos sobre diferentes modalidades de toma de decisiones para garantizar a las personas con discapacidad -incluidas aquellas con discapacidad intelectual y psicosocial- el ejercicio pleno de su capacidad jurídica.

El Manual estará dirigido a los operadores judiciales, fiscales, jueces, defensores públicos, procuradores, notarios, registradores públicos, personal de servicios penitenciarios, peritos y funcionarios públicos de las Américas.

La reunión contó con la presencia de 30 delegados, observadores y expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú. En el evento también participaron funcionarios del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA.

La agenda de trabajo incluyó el debate y acuerdo sobre el marco conceptual del manual y los criterios para la recolección de experiencias y buenas prácticas de los países de la región en materia de ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En este contexto, se aprobaron dos cuestionarios dirigidos a todas las áreas del sector público y a las organizaciones de la sociedad civil de personas que trabajan el tema discapacidad, para la recolección de dichas experiencias y buenas prácticas. La información recolectada a nivel regional a través de estos instrumentos será la base que sustentará la elaboración definitiva del Manual Instructivo.

Además, durante la sesión de hoy, se realizó una reunión con líderes de organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad del Perú y de la región, para recabar sus opiniones, comentarios y propuestas a los documentos en discusión.

Con los insumos obtenidos en esta reunión, y una nueva ronda de consultas, el Grupo de Trabajo avanzará en la elaboración del Manual, cuyo objetivo es promover el nuevo paradigma social de la discapacidad, que sostiene que toda persona, cualquiera sea su situación de discapacidad, es primero persona y ciudadana, con plenos derechos y deberes a ejercer en igualdad con las demás personas.

Para más información, visite la Web de la OEA en http://www.oas.org
Referencia: C-141/15

IMG_0893Ombudsman hondureño asume presidencia de Consejo Centroamericano de Derechos Humanos
Fuente: Tiempo 
TEGUCIGALPA. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, asume a partir de hoy la presidencia del Consejo Centroamericano de Procuradores de los Derechos Humanos (CCPDH).
La ceremonia se desarrolló en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a la misma fue acompañada por el Presidente Juan Orlando Hernández, el presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y defensores de las Repúblicas de Paraguay, Ecuador, Bolivia.
Además acompañaron el evento los procuradores y defensores de los derechos humanos de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala y Belice.
Roberto Herrera Cáceres fue nombrado de forma unánime en la XLVIIII reunión del CCPDH auspiciada en El Salvador en febrero del presente año.
Herrera Cáceres además de ser el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras es Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de París. Embajador de Carrera. Premio Nacional de Ciencia 2010, y el primer Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana.

IMG_0896Access to justice a greater concern than free healthcare – poll 
Source: The Guardian 
Study finds strong public support for legal aid, as new charges of up to £1,200 for anyone convicted in magistrates and crown courts are introduced
The public is more concerned about access to justice than free healthcare, according to a poll commissioned by lawyers campaigning to reverse cuts to legal aid.
The findings from a YouGov poll have been released as the Conservatives, Labour and Liberal Democrats vie to pledge more and more funding for the NHS.
The figures, which challenge the consensus over the public’s priorities, coincide with the introduction on Monday of punitive charges of up to £1,200 for anyone convicted in magistrates and crown courts.
This is a statement that the public believe access to justice, underpinned by legal aid, is a fundamental right
Robin Murray, vice-chair of the Criminal Law Solicitors’ Association
According to the online poll, 84% of those replying rated access to justice as a fundamental right, compared with 82% for healthcare that is free at the point of use and 79% for the state pension. The survey also found that when told the definition of legal aid, 89% of the sample believed that its availability is important for ensuring access to justice for all income groups.
The polling was commissioned by the Criminal Law Solicitors’ Association (CLSA), which is to stage a “vote for justice” rally on 23 April at Central Hall in Westminster to focus electoral attention on cuts to legal aid. The online poll 0f 2,022 adults was conducted on 1-2 April.
Robin Murray, vice-chair of the CLSA, said: “The findings are a definitive statement to all political parties that the public believe access to justice, underpinned by legal aid, is a fundamental right. Despite five years of unrelenting cuts and dishonest rhetoric that ‘we cannot afford the system as it currently stands’, the public have signalled their support for legal aid is unwavering.
“[It] is particularly heartening to a battered and bruised profession and has given us all a real shot in the arm ahead of our vote for justice rally. At the rally on 23 April we will add our collective voice to the general election campaign and make sure that politicians start taking seriously the absolute crisis our once world-renowned legal system finds itself in.”
The new criminal courts charge, which is not means-tested, will have to be paid on top of other financial penalties, such as fines, compensation, prosecution costs or the victims’ surcharge. The charge is eventually expected to raise up to £185m a year towards the expense of administering justice and the courts.
The savings introduced by the Ministry of Justice over the past five years – such as cuts to legal aid, professional fees and increases in civil court fees – have been felt most acutely by lawyers, and the charge may extend resentment about austerity in the justice system to a new section of the public. More than 1.1 million defendants were convicted at crown and magistrate courts in the 12 months ending September 2014.
Critics say the charges will only add to the growing debt burden owed to HM Courts and Tribunal Service and that much of it will prove to be uncollectable. The Ministry of Justice’s own impact assessment concedes that without cancelling some charges, total debt to HMCTS could rise to £1.2bn by 2020.
Some also fear it could create a perverse incentive for defendants to plead guilty even if they are not, because they may not be confident of avoiding a subsequent conviction that would cost more.
The new criminal court charges vary from £150 for a guilty plea for a summary offence in a magistrates court, through to £500 following conviction after a magistrates court trial and up to £1,200 for conviction after a trial in the crown court.
Those under the age of 18 will be exempt from the charge. Defendants who are acquitted will not have to pay. The charges apply to offences committed from Monday. The only means-testing element is that those judged not able to pay immediately will be allowed to pay the bill in instalments.
When the plans were revealed last year, the justice secretary, Chris Grayling, said: “Why should the law-abiding, hard-working majority pay for a court service for the minority who break the law? Those who live outside the law should pay the consequences both through being punished and bearing more of the costs they impose on society.”
Commenting on the charges, Richard Monkhouse, national chairman of the Magistrates Association, said at the weekend: “Now that this is in force, our members are interested to see how it will pan out because of previous concerns regarding the potential impact on defendants’ pleas, general concerns about criminal fine collection rates and also the area-by-area varying effectiveness of agencies getting cash out of offenders.
“We’d like to see a review to examine the changes in say six months, and if it doesn’t appear to be working we would like the introduction of judicial discretion to be strongly considered in applying charges.”

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