Derecho Internacional/ International Law

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file000921074758Reforma del sistema judicial de la UE para reforzar su eficacia ante el aumento de litigios
Fuente: Noticias Jurídicas
La duración excesiva de la tramitación ante el Tribunal General de los asuntos complejos –como los litigios de carácter económico– puede dar lugar a una violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales.


El contexto de la propuesta: el aumento del número de litigios y la duración excesiva de los procedimientos
Desde hace varios años el Tribunal General se encuentra en una situación extremadamente difícil a causa del constante aumento del número de litigios que se le someten: el número de recursos presentados ante este Tribunal ha pasado de 398 en 2000 a 912 en 2014. Este aumento espectacular tiene visos de ser estructural y probablemente seguirá produciéndose.
Con el fin de hacer frente a esta situación se han adoptado diversas medidas que han permitido obtener importantes mejoras en la eficacia y notables resultados en cuanto al número de asuntos concluidos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, al Tribunal General le ha resultado imposible moderar el ritmo de crecimiento del cúmulo de asuntos pendientes. Por consiguiente, en la situación actual el Tribunal General no está en condiciones de afrontar, de forma eficaz y sostenible, el número y la complejidad creciente de los litigios que debe resolver.
Debido a este desequilibrio estructural y creciente, la duración de la tramitación ante el Tribunal General de los asuntos complejos –como los litigios de carácter económico– ha llegado a ser particularmente elevada. A este respecto es importante recordar que la duración excesiva de un procedimiento puede dar lugar a una violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y expone a la Unión al riesgo de ser condenada a resultas de un recurso de indemnización, cuyas consecuencias financieras corren a cargo del presupuesto de la Unión. Cabe citar que en un año se han interpuesto cinco recursos de indemnización ante el Tribunal General, en los que se reclaman unas indemnizaciones por daños y perjuicios cuyo importe total es de 26,8 millones de euros.
La solución propuesta por el Tribunal de Justicia
A fin de responder a este desafío, el Tribunal de Justicia ya había formulado una propuesta en el año 2001 para aumentar el número de jueces del Tribunal General, que pasarían de 27 a 39. A pesar de haber recibido el dictamen favorable de la Comisión Europea, la aprobación en primera lectura del Parlamento Europeo y el acuerdo de principio del Consejo, esta propuesta no pudo hacerse realidad porque no se alcanzó un acuerdo entre los Estados miembros sobre cómo designar a esos jueces adicionales.
En 2014, a instancias de la presidencia del Consejo y habida cuenta de que la situación se había agravado con respecto al año 2011, el Tribunal de Justicia procedió a mejorar su propuesta.
La finalidad de la propuesta de reforma actualizada es reforzar la eficacia global del sistema judicial de la Unión y aportar soluciones estructurales y sostenibles.
Conviene poner de relieve que esta propuesta es el fruto de intensas discusiones e intercambios de puntos de vista entre los tres órganos jurisdiccionales que componen la institución (el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública), en los que el Tribunal General ha mostrado su preferencia por la creación de un tribunal especializado y el Tribunal de la Función Pública su apoyo a la solución propuesta.
Considerando que la experiencia (concretamente, el aumento del número de letrados que componen los gabinetes de los jueces o la creación de un tribunal especializado) demuestra que no existe ninguna otra alternativa sostenible, el Tribunal de Justicia, que representa a la institución, ha presentado la propuesta actualmente sometida al legislador europeo.
¿En qué consiste la propuesta del Tribunal de Justicia?
Con el fin de reforzar el Tribunal General, el Tribunal de Justicia propone crear 21 nuevos puestos de jueces en tres etapas, con arreglo al siguiente calendario:
− En 2015: aumento del número de jueces con 12 nuevos puestos.
− En 2016, al producirse la renovación del Tribunal General, el número de jueces aumentaría en 7, mediante la integración del Tribunal de la Función Pública en el Tribunal General, con lo que el número total de jueces del Tribunal General sería de 47.
− En 2019, en la siguiente renovación del Tribunal General, el número de jueces se aumentaría finalmente con 9 puestos más, con lo que el número total de jueces sería de 56.
Esta división en tres etapas se justifica por razones jurisdiccionales (acompañar el constante aumento del número de litigios sometidos al Tribunal General) y por razones presupuestarias (el interés de repartir entre varios ejercicios las consecuencias presupuestarias de la reforma propuesta).
Es importante recordar que esta propuesta no responde solamente a las necesidades inmediatas del Tribunal General, sino que busca ante todo reforzar la eficacia del sistema judicial europeo en su conjunto y de manera sostenible.
En primer lugar, la aplicación de esta propuesta permitirá al Tribunal General poner fin al incremento del número de asuntos pendientes y comenzar a reabsorber el cúmulo de asuntos pendientes. La duración de los procedimientos ante el Tribunal General se verá consiguientemente reducida, de modo que disminuirá el riesgo de que la Unión se vea condenada por incumplir la obligación de resolver los asuntos en un plazo razonable.
Además, la arquitectura jurisdiccional de la Unión se verá simplificada y su eficacia global reforzada, al tiempo que se favorece la coherencia de su jurisprudencia, puesto que habrá un solo tribunal —el Tribunal de Justicia— encargado de asegurar la interpretación uniforme de las normas jurídicas a través de los recursos de casación.
El Tribunal de Justicia considera que, gracias a esta reforma, el Tribunal General ganará igualmente en flexibilidad a la hora de tratar los litigios, ya que, en interés de una buena administración de la justicia, podrá adscribir un número mayor o menor de jueces a una o a varias Salas, en función de la importancia y de las necesidades de cada asunto y de la evolución de los litigios. La reforma también persigue de este modo el objetivo de permitir salvaguardar y mejorar constantemente la calidad y la imperturbabilidad de la justicia impartida en nombre de los ciudadanos europeos.
Por último, no debe olvidarse que el número de litigios sometidos al Tribunal de Justicia también se halla en constante aumento. Así, el reforzamiento del Tribunal General permitirá un eventual traspaso a éste de ciertas competencias del Tribunal de Justicia, única solución prevista en los Tratados para hacer frente a una saturación en el Tribunal de Justicia.
Coste de la propuesta
A instancias de las autoridades presupuestarias y legislativas, el Tribunal de Justicia ha aceptado una reducción de un 25 % del coste total de la reforma.
Por consiguiente, el coste neto total de la reforma, para el conjunto de las tres etapas previstas, asciende a 13,875 millones de euros anuales, lo que representa alrededor de un 0,01 % del presupuesto de la Unión (135.000 millones de euros). En comparación con el coste de la reforma que se había propuesto en 2011, esta cifra supone un incremento del 23 %, mientras que la carga de trabajo del Tribunal General ha aumentado un 43 % en ese mismo período.
En este contexto, es preciso poner de relieve que, si no se adopta una decisión con la mayor brevedad posible, la situación continuará agravándose con rapidez, en perjuicio de los ciudadanos y del presupuesto de la Unión. Efectivamente, dada la importancia de los flujos financieros en juego, el hecho de que no haya una solución perenne entraña riesgos muy importantes para el buen funcionamiento del mercado interior. El importe de las multas impuestas por la Comisión e impugnadas ante el Tribunal General y el de las recuperaciones de ayudas ordenadas en los asuntos de ayudas de Estado asciende a miles de millones de euros, cantidades que quedan bloqueadas a la espera de una resolución judicial y de las que se ve privado el mercado interior. – Comunicado de Prensa TJUE

IMG_0901Corte de Unasur delimita sus competencias 
Fuente: La Mañana
El fiscal General de Ecuador y promotor de la creación de una Corte Penal Suramericana, Galo Chiriboga Zambrano, aseguró que el nuevo tribunal regional, cuyo proyecto aún está en elaboración, no competirá con otras instancias trasnacionales de Justicia, como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que el objetivo será combatir el delito trasnacional y garantizar la seguridad a los ciudadanos.
“La Corte Penal Suramericana (CPS) no se contrapondría con las competencias de otros sistemas judiciales internacionales ya operantes”, señaló Chiriboga a Télam.
De paso por Buenos Aires para participar del Seminario Perspectivas de una Corte Penal Regional en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el impulsor del proyecto que ya lleva dos años y que esta semana se debatirá en la Universidad de Buenos Aires, indicó que aunque muchos detractores opinen anticipadamente que esta nueva Corte intentará reemplazar a los tribunales ya vigentes o a la justicia local de cada país miembro del bloque, la CPS será una instancia que “dará solución a delitos de crimen organizado que no se juzgan en esas otras instancias”.
Entre los sistemas que existen aparece la Corte Internacional de La Haya, que da soluciones a controversias; la Corte Penal Internacional, que juzga delitos de lesa humanidad o genocidios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protege justamente a los DD.HH., y el Tribunal Andino de Justicia, que vela por la correcta aplicación de instrumentos suscritos, pero ninguno de ellos juzga delitos de bandas que operan en toda la Región.
La idea, según el fiscal, no es invadir otras competencias locales sino complementar. Y en cuanto a lo internacional, la Corte no compite con otras porque no juzga ni a los Estados ni asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad o de violación a los derechos humanos. “Somos los Estados los que vamos a tratar de resolver los delitos que afectan a los ciudadanos”, explicó Chiriboga.
“Creemos que algunos detractores previenen de no conocer todavía un tema mucho mas específico sobre lo que representa esta idea. Cuando tengamos el documento más elaborado lo presentaremos a la comunidad internacional para que sepan bien de qué va a este proceso”, indicó el también presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
Por otra parte, explicó que el proyecto, si bien es una iniciativa de Ecuador, se concibe desde la creación colectiva. “Creemos que los juristas deben manifestar sus preocupaciones para ir completando ese borrador. Lo que vinimos a debatir a la Argentina se incorporará al borrador inicial y ya habremos dado otro paso, antes de llevarlo también a otros países como Bolivia, Paraguay, Venezuela, para el mismo trayecto.
Por último, señaló que la voluntad política la deben dar los presidentes. “Lo nuestro es aportar desde los fiscales un instrumento para que ellos tengan a consideración y lo analicen y vean si sería adecuado o no. Pero en términos generales, siendo Unasur un espacio de democracia y paz, es fundamental aportar este elemento para que se consolide como un espacio de democracia, paz, seguridad y justicia”, subrayó.

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