Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_090152 Período Extraordinario de Sesiones – Del 20 de abril al 24 de abril 2015

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos
Video del 52 Período Extraordinario de Sesiones disponible acá

wm213490ttEcuador plantea a Celac tener un propio sistema de derechos humanos
Fuente: El Economista
Ecuador planteó hoy a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que hoy cumple su VIII reunión de cancilleres en Quito, que América Latina cuente con un propio sistema de derechos humanos.

La propuesta fue elevada por el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, país que ostenta la presidencia pro témpore del organismo.

“No necesitamos que nadie nos dé lecciones de democracia y de derechos humanos, podemos y debemos ser árbitros de nuestro acontecer nacional y regional”, fundamentó el diplomático.

Patiño destacó que los países sudamericanos son los que han suscrito y ratificado el Pacto de San José, por el que se estableció la competencia en la materia de la actual Corte Interamericana.

El país andino ha rechazado de manera sostenida las acciones que ejerce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, y ha solicitado que se cambie su sede, que se encuentra en Estados Unidos.

Tampoco ha concurrido a debatir en la CIDH sobre denuncias en contra de la libertad de expresión que le han hecho grupos y ciudadanos ecuatorianos, porque acusa a la Comisión de una inclinación pro estadounidense.

Patiño señaló también que la región debe tener sus propios mecanismos para la solución de controversias entre las compañías transnacionales y los estados.

Consideró que los actuales centros como CIADI y la Corte de la Haya han demostrado claramente “de qué lado se inclina la balanza”.

“No esperemos a que el capital transnacional establezca sentencias justas, normalmente son sentencias injustas e incluso violatorias del derecho internacional”, expresó el canciller al abrir los trabajos de la Celac. Pidió hacer realidad la integración de los países de la comunidad en logros tangibles, para que sean comprendidos por la gente.

“Solo entonces la palabra integración brillará con la luz de las palabras justicia, dignidad, libertad”, comentó. Los cancilleres y representantes de los 33 países de la Celac mantuvieron su octava reunión en Quito, destinada a establecer una agenda de trabajo hasta 2020.

En la agenda se prioriza el combate a la pobreza extrema y acciones sobre infraestructuras, conectividad, medio ambiente y talento humano.

La Celac es un nuevo organismo de integración política, económica, social y cultural de la región latinoamericana y caribeña que empezó a funcionar en 2011.

IMG_0900CIDH presenta Informe Anual
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington, DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su Informe Anual 2014. El Informe Anual ofrece información accesible, completa y relevante a todos los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca del trabajo y los recursos de la Comisión. La publicación de este informe busca promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas, rendir cuentas sobre las actuaciones de la CIDH durante el año que se informa, e informar sobre la situación de los derechos humanos en la región.

El Informe consta de seis capítulos. El Capítulo I ofrece un panorama general de las actividades de la Comisión durante el año. El Capítulo II rinde cuentas sobre la gestión del sistema de casos y peticiones y las medidas cautelares, a través de un nuevo sistema de gráficos interactivos. Además de presentar la información global para toda la región, este sistema permite seleccionar un país o grupo de países para acceder a la información relativa a las peticiones, casos y medidas cautelares, y realizar comparaciones año a año.

El Capítulo III está dedicado a las actividades de las Relatorías Temáticas. Allí se brinda información detallada del continuo trabajo que realizan las y los siete miembros de la Comisión en esa función. También se detallan los informes temáticos y de país aprobados en 2014, y toda la información de las actividades de promoción realizada por la CIDH.

El Capítulo IV.A ofrece un panorama de la situación de los derechos humanos en el hemisferio durante 2014, a partir del ejercicio de las facultades de monitoreo de la Comisión. En este contexto, la CIDH destaca cuatro asuntos de preocupación: seguridad ciudadana, discriminación por motivo de nacionalidad, discriminación por motivo de origen étnico o racial, situación de migrantes. Asimismo, el Capítulo IV.A analiza el nivel de cumplimiento de los Estados de las recomendaciones de la CIDH y las decisiones de la Corte IDH. Además, esta sección incluye todos los comunicados de prensa y cartas de solicitud de información emitidas a los Estados Miembros, las cuales constituyen herramientas claves de su mandato de monitoreo.

El Capítulo IV.B incluye informes especiales que la Comisión considera necesarios respecto de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros y en el Informe Anual 2014 analiza la situación en Cuba y Venezuela. Esta sección ha sido preparada de acuerdo con los criterios específicos y la metodología detallada en el Reglamento vigente. Estos informes se basan en información de público conocimiento, y son enviados a los Estados involucrados para que tengan la oportunidad de responder y aportar información adicional. A través de sus nuevas reglas, la Comisión ha refinado las metodologías para monitorear la situación de los países de la región. De acuerdo a estas reglas, el Capítulo IV.B no puede incluir a Honduras, ya que la CIDH realizó una visita in loco en diciembre de 2014 a dicho país, sobre la base de la cual se está preparando actualmente un Informe de País.

Respecto de Cuba, la Comisión Interamericana sostiene que las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba. En el transcurso del 2014, la información disponible sugiere que la situación en general de derechos humanos no ha variado. Persisten las situaciones recién señaladas, así como represiones severas y restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, la CIDH conoció situaciones de discriminación y violencia respecto de personas LGTBI y personas con discapacidad en Cuba. En este capítulo, la CIDH saluda con beneplácito el retorno de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, a la vez que reitera su preocupación sobre el impacto negativo del embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba en los derechos humanos de los y las habitantes de Cuba. También, destaca que esto no exime al Estado de sus obligaciones internacionales establecidas en la Declaración Americana.

En relación con Venezuela, la Comisión concluyó que a lo largo de 2014, el goce y disfrute de los derechos humanos enfrentó restricciones legales y administrativas como resultado de las modificatorias normativas que tuvieron lugar en los últimos años. Asimismo, la Comisión observa que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana. La CIDH señala actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, declaraciones de altos funcionarios públicos que tienen el efecto de deslegitimar el trabajo de defensores de derechos humanos, utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicialización de la protesta pacífica y persecución penal de los disidentes políticos. Asimismo, los altos grados de impunidad que se registran en Venezuela, las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios, son también elementos que la Comisión considera afectaciones al ejercicio de los derechos humanos a la vida y a la integridad personal de los venezolanos, entre otros. En febrero de 2014, la Comisión expresó su profunda preocupación ante los hechos de violencia que tuvieron lugar en el contexto de protestas públicas, así como por la situación del derecho a la protesta pacífica, al derecho de asociación, y a la libertad de expresión. El Informe Anual incluye información sobre las muertes violentas y detenciones que tuvieron lugar en el contexto de las manifestaciones, así como las denuncias a nivel nacional e internacional sobre presuntos actos de tortura contra las personas detenidas. Adicionalmente, se recogen las graves denuncias recibidas sobre afectaciones a los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de manifestantes.

El Capítulo V contiene un seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus Informes de País sobre Jamaica y Colombia. La sección sobre Jamaica evalúa el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de País publicado en 2012. La CIDH reconoce que el Estado ha realizado notables esfuerzos por atender los asuntos de derechos humanos, pero continúa observando carencias y retos pendientes en la aplicación de las recomendaciones realizadas al Estado en el Informe de 2012. Es por ello que la Comisión Interamericana continúa siguiendo de cerca los asuntos de seguridad ciudadana, la violencia a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y las medidas puestas en marcha para hacer posible el establecimiento de responsabilidad. En tal sentido, la CIDH sigue preocupada por la presunta persecución contra miembros de organizaciones de la sociedad civil en relación con su trabajo en defensa de los derechos humanos, el reciente reequipamiento de los presidios de la policía y centros de detención temporal para poder albergar jóvenes, y los continuos actos de violencia y discriminación hacia grupos vulnerables, incluidas las personas LGTBI y personas que viven con el VIH.

La sección sobre Colombia del Capítulo V da seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe “Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, publicado en 2013. En el Capítulo se reitera al Estado de Colombia la necesidad de continuar desplegando esfuerzos para lograr el cumplimiento de las recomendaciones del informe producto de la visita in loco realizada en 2012, así como sostener los resultados logrados hasta el momento. En tal sentido, la Comisión reconoce que el Estado continúa desplegando importantes políticas públicas en materia de derechos humanos para hacer frente a la realidad compleja derivada del conflicto, así como el impulso que el Gobierno está dando en la atención a las víctimas de violaciones y la protección de personas en riesgo, y la significativa inversión en recursos humanos y financieros en estas áreas. La Comisión reconoce la importancia de las negociaciones de paz que actualmente están en marcha, y que la paz es necesaria a fin de asegurar el respeto a los derechos humanos. La Comisión reafirma su compromiso de colaborar con el Estado colombiano en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos identificados, y continuar brindando su acompañamiento en los términos de su mandato, en el proceso de implementación y seguimiento a las medidas que el Estado ha desplegado como parte de su propósito por abordar efectivamente los obstáculos que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia y cumplir con sus obligaciones internacionales.

El Capítulo VI destaca los desafíos que la Comisión enfrenta en términos de recursos humanos y financieros. En el capítulo se incluye información relacionada al trabajo que la Secretaría Ejecutiva realizó, en consulta con la Comisión, para diseñar una nueva estructura que enfrente mejor, de manera equitativa y beneficiosa para todos los Estados y partes involucradas, los desafíos actuales, en particular el atraso procesal de peticiones y casos. Dicha reestructuración fue aprobada durante el 153º período ordinario de sesiones y actualmente se están realizando los procesos administrativos para implementarla, incluyendo las gestiones necesarias ante la Secretaría General de la OEA.
Durante 2014, la Comisión continuó haciendo seguimiento a la situación de Justicia Criminal y Raza en la región. La CIDH considera que este asunto tiene la máxima importancia y aprobó una iniciativa para elaborar un informe temático.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

IMG_0649El Salvador y Argentina fortalecen su relación bilateral de cooperación en materia de Derechos Humanos 
Fuente: SELA
San Salvador, 8 de mayo de 2015.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, recibió la visita de una delegación de la República de Argentina, que desarrolló una misión de diagnóstico para profundizar acerca de la situación de los Derechos Humanos en El Salvador, con el objeto de facilitar insumos para la formulación de un proyecto de Cooperación Triangular con el Reino de los Países Bajos.
La comitiva argentina estuvo conformada por Ana Oberlín, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Fiorella Canoni, de la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de dicho país. Así como, por la embajadora de Argentina en El Salvador, Betina Pasquali de Fonseca, quienes estuvieron acompañadas de representantes del Departamento de Cooperación Bilateral Sur-Sur de la Cancillería salvadoreña.
Las expertas argentinas llevaron a cabo una nutrida agenda de trabajo con instituciones nacionales vinculadas a la temática de los Derechos Humanos como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH).
Además, desarrollaron encuentros con otras direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador como la de Derechos Humanos, de Desarrollo Social Integral y la de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior. Por otra parte, sostuvieron un espacio con Organizaciones No Gubernamentales, como la Asociación Pro-Búsqueda, el Centro Madeleine Lagadec, Comité COMADRES, Tutela Legal “María Julia Hernández” y CODEFAM.
Asimismo, visitaron la sede de Ciudad Mujer, en San Martín; la Cripta de Monseñor Romero y las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), entre otros.
Al margen de la referida misión de diagnóstico, se celebró la Reunión de Evaluación de Medio Término del Programa de Cooperación Técnica y Científica salvadoreño-argentino 2013-2015, como antesala a la preparación de la III Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, prevista a realizarse en los próximos meses.

Fotor09279173La CIDH presenta nuevo sistema multimedia de gráficos interactivo
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
LA CIDH creó un nuevo sistema multimedia interactivo para presentar las estadísticas de las peticiones, casos y medidas cautelares. El usuario puede elegir el año/años y el país/países sobre los cuales buscar información y las estadísticas se generan al instante, en cuestión de segundos. Esta una esta aplicación dinámica que complementa los gráficos estáticos que utilizamos hasta el año pasado.
El nuevo sistema multimedia cuenta con tres secciones. En la primera, el usuario puede elegir uno entre los 35 países miembros de la OEA, o cualquier grupo de países y visualizar datos estadísticos de peticiones, decisiones de tramitabilidad, informes aprobados de admisibilidad, inadmisibilidad, fondo, soluciones amistosas y archivo desde el 2006 al 2014, como también casos enviados a la Corte y solicitudes de medidas cautelares recibidas y otorgadas para el mismo período. En la segunda sección, el usuario puede analizar por año datos comparativos entre países, mientras que la tercera ofrece un panorama sobre las actividades de la Comisión con respecto a peticiones, casos y medidas cautelares.

La Presidenta de la CIDH, Comisionada Rose Marie B. Antoine, dijo: “La Comisión espera que este Sistema contribuya a una mayor transparencia y a un mejor acceso a la información sobre su sistema de peticiones y casos y su sistema de protección. Este sistema permite exponer información compleja de una manera fácil y simple, que hace que cualquier parte interesada pueda inmediatamente generar gráficos con los datos específicos que busca, así como descargarlos y compartirlos”.

IMG_0896Realizarán Observatorio de Derechos Humanos
-México-
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/5/8/realizaran-observatorio-derechos-humanos-505740.asp
Asistirán los mejores expertos sobre este tema de América y Europa
Los días 11, 12 y 13 de la próxima semana se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Coahuila el Observatorio Interamericano de Derechos Humanos, con la participación de 30 expertos, donde abordarán temas como derechos de las personas desaparecidas, libertad de expresión, derecho a la vida, de los migrantes y la comunidad lésbico-gay, entre otros. La sede es la Ciudad Universitaria en Arteaga.
El gobernador Rubén Moreira será el encargado de inaugurar este evento, el cual va a reunir a los mejores expertos de América y Europa en el tema de derechos humanos.
La organización del evento está a cargo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.
A la inauguración de evento asistirán Eduardo Ferrer Mac-Gregor, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; José de Jesús Orozco Henríquez, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Salvador Nava Gomar, magistrado del Trife; el rector de la UAdeC, Blas Flores Dávila, y el director de la Facultad de Jurisprudencia, Luis Efrén Ríos Vega, quien además pertenece a la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
Además habrá participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Siena, el Instituto de Derechos Humanos de Valencia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

file000175875802Instituto de la UNAM, sede de observatorio sobre derechos humanos
-México-
Fuente: 20 minutos
Con la finalidad de contribuir a la consolidación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es sede del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta iniciativa que vincula a la comunidad universitaria, academia, sociedad e instituciones nacionales y extranjeras en la defensoría de garantías fundamentales, fue presentada por el director de la entidad universitaria, Pedro Salazar Ugarte. En un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que este proyecto será imparcial y autónomo en sus dinámicas y actividades. La coordinación recae en Magdalena Cervantes Alcayde, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Creemos en la importancia de la salvaguarda e instrumentación efectiva de esta agenda prioritaria en nuestros países. Preocupa el escenario actual, por lo que tiene sentido un ius commune latinoamericano inspirado y orientado en esa dirección”, destacó Salazar Ugarte. Para el abogado General de esta casa de estudios, César Astudillo Reyes, es el inicio de lo que en décadas será parte del patrimonio del Estado mexicano y un factor crucial en la construcción de reflexiones, ideas y criterios de órganos encargados de la protección y defensa en el rubro. Así despega un diálogo multidisciplinario entre la academia e instituciones para analizar las implicaciones de las determinaciones de la Comisión y de la Corte interamericanas, pues serán clave en nuestro orden constitucional. A su vez Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), consideró la presentación como un día de fiesta académica. “Es de enorme importancia robustecer y visibilizar al SIDH”. Entre los objetivos del observatorio están impulsar un seminario de análisis de los temas o resoluciones de la Corte Interamericana, un proyecto editorial para difundir y analizar sentencias, la actualización de obras sobre jurisprudencia, análisis y formar alumnos en el sistema interamericano. En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre instancias educativas, organismos estatales, instancias jurisdiccionales y el SIDH para diseñar estrategias, generar contenidos, fortalecer y educar a la sociedad en el tema. “Este observatorio suma y da continuidad al compromiso asumido por el rector José Narro de involucrar y comprometer a la educación superior con el respeto, promoción y resguardo de la dignidad del hombre”, resaltó el ombudsman nacional. En la iniciativa también participan la Oficina del Abogado General, la Facultad de Derecho, el PUDH y la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas, así como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la CNDH y su similar del Distrito Federal.

file0001117035713UN Working Group on Arbitrary Detention Adopts Principles and Guidelines on Habeas Corpus 

Source: EJI Talk

A couple of days ago the UN Working Group on Arbitrary Detention adopted an important document, the “Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of His or Her Liberty by Arrest or Detention to Bring Proceedings Before Court,” and submitted the text to the Human Rights Council. The document was developed by the WG at the Council’s request. The project is meant to guide Member States on principles on the judicial review of the lawfulness of detention. The drafting process was completed after extensive consultations with states and other stakeholders. A press release is available here, the full text of the Guidelines and Principle is here, while the submissions by interested states and other actors are here.
This is a rich document dealing with many different issues. Perhaps most interesting – and certainly bound to be the most controversial – are the WG’s conclusions with regard to deprivation of liberty in armed conflict. The WG takes a very strong position regarding the right of habeas corpus in wartime, which it sees as non-derogable in common to a number of other human rights bodies, finding for example that in international armed conflict even prisoners of war have the right of access to a judicial mechanism that would establish the lawfulness of their status-based preventive detention. The WG also takes the view that IHL does not authorize internment in NIACs, and that internment would only be lawful if it is prescribed by domestic law, after a derogation in a public emergency. Some of the most important paragraphs are reproduced below the fold.
Principle 16. Exercise of the right to bring proceedings before a court in situations of armed conflict, public danger or other emergency that threatens the independence or security of a State
45. All detained persons in a situation of armed conflict, as properly characterized under international humanitarian law, or in other circumstances of public danger or other emergency that threatens the independence or security of a State, are guaranteed the exercise of the right to bring proceedings before a court to challenge the arbitrariness and lawfulness of the deprivation of liberty and to receive without delay appropriate and accessible remedies. This right and corresponding procedural guarantees, complements and mutually reinforces the rules of international humanitarian law.
46. Domestic legislative frameworks should not allow for any restrictions on the safeguards of persons deprived of their liberty concerning the right to bring proceedings before a court under counter-terrorism measures, emergency legislation or drug-related policies,.
47. A State which detains a person in a situation of armed conflict, as properly characterized under international humanitarian law, or in other circumstances of public danger or other emergency that threatens the independence or security of a State, by definition has that person within its effective control, and thus within its jurisdiction, and shall guarantee the exercise of the right of the detainee to bring proceedings before a court to challenge the arbitrariness or lawfulness of the deprivation of liberty and receive without delay appropriate remedies. Reconsideration, appeal or periodic review of decisions to intern or place in assigned residence alien civilians in the territory of a party to an international armed conflict, or civilians in an occupied territory, shall comply with these Basic Principles and Guidelines, including the Basic Principle on ‘The court as reviewing body’.
48. Prisoners of war should be entitled to bring proceedings before a court to challenge the arbitrariness and lawfulness of the deprivation of liberty and receive without delay appropriate and accessible remedy. where the detainee: (a) challenges his or her status as a prisoner of war; (b) claims to be entitled to repatriation or transfer to a neutral State if seriously injured or seriously sick; or (c) claims not to have been released or repatriated without delay following the cessation of active hostilities.
49. Administrative detention or internment in the context of a non-international armed conflict may only be permitted in times of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed. Any consequent deviation from procedural elements of the right to bring proceedings before a court to challenge the arbitrariness and lawfulness of the deprivation of liberty and receive without delay appropriate and accessible remedy must be in conformity with these Basic Principles and Guidelines, including on ‘Non-derogability’; ‘Right to be informed’; ‘The court as reviewing body’; ‘Equality of arms’; and ‘Burden of proof’.
50. During armed conflict, the deprivation of liberty of children must only be a measure of last resort for the shortest period of time. Basic legal safeguards must be provided in all circumstances, including for children deprived of liberty for their protection or rehabilitation, particularly if detained by military or security services. Safeguards include the right to legal assistance and periodic review of the legality of the deprivation of their liberty by a court. The child has the right to have the deprivation of liberty acknowledged by the authorities and to communicate with relatives and friends.

73. Military tribunals are not competent to review the arbitrariness and lawfulness of the detention of civilians. Military judges and military prosecutors cannot meet the fundamental requirements of independence and impartiality.

Guideline 17. Exercise of the right to bring proceedings before a court in situations of armed conflict, public danger or other emergency that threatens the independence or security of a State
112. Where persons who have or are suspected to have engaged in the preparation, commission or instigation of acts of terrorism are deprived of their liberty:
(a) they shall be immediately informed of the charges against them, and shall be brought before a competent and independent judicial authority, as soon as possible, and no later than within a reasonable time period;
(b) they shall enjoy the effective right to judicial determination of the arbitrariness and lawfulness of their detention;
(c) the exercise of the right to judicial oversight of their detention does not impede on the obligation of the law enforcement authority responsible for the decision to detain or to maintain the detention, to present the detainee before a competent and independent judicial authority within a reasonable time period. Such person shall be brought before the judicial authority, which then evaluates the accusations, the basis of the deprivation of liberty, and the continuation of the judicial process;
(d) in the development of judgments against them, they shall have a right to enjoy the necessary guarantees of a fair trial, access to legal counsel, as well as the ability to present exculpatory evidence and arguments under the same conditions as the prosecution, all of which should take place in an adversarial process.
113. Where civilians are detained in relation to an international armed conflict, the following must be ensured:
(a) Reconsideration of a decision to intern or place in assigned residence alien civilians in the territory of a party to an international armed conflict, or civilians in an occupied territory, or appeal in the case of internment or assigned residence, must be undertaken “as soon as possible” or “with the least possible delay”. While the meaning of these expressions must be determined on a case-by-case basis, delays in bringing a person before the court or administrative board must not exceed a few days and must be proportional in the particular context;
(b) Although the particular procedures for reconsideration or appeal are for determination by the Detaining or Occupying Power, such proceedings must always be undertaken by a court or administrative board that offers the necessary guarantees of independence and impartiality, and its processes must include and respect fundamental procedural safeguards;
(c) Where decisions to intern or place a civilian in assigned residence are maintained following the latter proceedings, internment or residential assignment must be periodically reviewed, at least twice each year. Such review must be undertaken by a court or administrative board that offers the necessary guarantees of independence and impartiality, and whose processes include and respect fundamental procedural safeguards;
114. The right of persons detained as prisoners of war to bring proceedings before court without to delay to challenge the arbitrariness and lawfulness of their detention and receive appropriate and accessible remedy shall be respected in order to:
(a) determine whether a person does fall within the category of prisoner of war ;
(b) Act as a check to ensure that a seriously injured or seriously sick prisoner of war is repatriated or transferred to a neutral State; and/or
(c) Act as a check to ensure that prisoners of war are released and repatriated without delay after cessation of active hostilities.
115. In regard to detention in relation to a non-international armed conflict:
(a) administrative detention or internment may only be permitted in the exceptional circumstance where a public emergency is invoked to justify such detention. In such cases, the detaining State must show that the:
i) emergency rises to the level to justify derogation;
ii) administrative detention is on the basis of grounds and procedures prescribed by law of the State in which the detention occurs and consistent with international law; and,
iii). administrative detention of each person is necessary, proportionate and non-discriminatory, and the threat posed by that individual cannot be addressed by alternative measures short of administrative detention;
(b) A person subject to administrative detention in a non-international armed conflict has the right to bring proceedings before a court that offers the necessary guarantees of independence and impartiality, and whose processes include and respect fundamental procedural safeguards, including disclosure of the reasons for the detention and the right to defend oneself including through legal counsel;
(c) Where decisions to detain a person subject to administrative detention in a non-international armed conflict are maintained, the necessity of the detention must be periodically reviewed by a court or administrative board that offers the necessary guarantees of independence and impartiality, and whose processes include and respect fundamental procedural safeguards;
(d) Where an internment regime is established, it shall be consistent with international human rights law and international humanitarian law applicable to non-international armed conflict, to allow full compliance with the right to bring proceedings before a court.

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