Derechos Humanos/ Human Rights

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wm213490ttJudith Schönsteiner lidera equipo que efectuará primer estudio línea base sobre empresas y derechos humanos en Latinoamérica 
-Chile-
Fuente: Centro de Derechos Humanos
Chile será el primer país en Latinoamérica donde, durante el 2015, se efectuará un estudio línea base sobre empresas y derechos humanos.
El estudio y parte importante de su desarrollo metodológico está a cargo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Este estudio sobre las obligaciones estatales de Chile en la regulación de actividades económicas servirá, junto a una serie de consultas a stakeholders en 2016 que serán convocadas por el Gobierno, como uno de los insumos para diseñar un Plan de Acción Nacional en la misma materia.


Todo esto porque en virtud de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía de Chile, especialmente con apoyo del Consejo para la Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, están embarcando en un proceso de promover una política pública para implementar a los Principios Rectores de NU sobre empresas y derechos humanos. Uno de los primeros pasos en esta línea es la publicación de una Guía País (elaborada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos) que oriente a los empresarios en el diseño de políticas sobre empresas y derechos humanos. Una conferencia internacional, convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a finales de abril, dio a conocer esta iniciativa.
Al mismo tiempo, el Instituto Danés de Derechos Humanos, que colabora con el Ministerio de Relaciones Exteriores en esta materia, encargó al Centro de Derechos Humanos de la UDP, como experto externo e independiente, un Estudio preliminar de Línea Base, para definir el grado de implementación y las brechas en materia de empresas y derechos humanos en Chile.
Considerando que los Principios Rectores no reflejan todas las obligaciones que Chile tiene en la materia, el estudio línea base se elabora aplicando un método de regionalización a la luz de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos; así, la matriz para el estudio, inicialmente elaborada por el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIDH) y la Mesa Redonda Internacional para Accountability (ICAR por sus siglas en inglés), será complementada por el Centro de Derechos Humanos con otra matriz, recogiendo las obligaciones internacionales en la materia. Esto permite que otros países de la región puedan replicar la metodología posteriormente. Dos talleres con abogadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han permitido al equipo chileno discutir desafíos en esta materia.
El equipo de la UDP, dirigido por Judith Schönsteiner, está conformado por Fernando Araya, Pablo Soto y Karla Varas, investigadores, Renata Sandrini, encargada de entrevistas, y Carlos Miranda, Vicente Martínez, Gabriela Labra, Tomás Greene y Nicolás Álvarez, ayudantes.
El proyecto está financiado por el DIDH, a quien se entregarán los resultados en enero del 2016. Los resultados estarán publicados al mismo tiempo en la página del Centro de Derechos Humanos. El Instituto Danés de Derechos Humanos se encargará de hacer llegar el estudio a la Cancillería chilena.

IMG_0901Justicia falla a favor de devolución de tierras a comunidad Sawhoyamaxa 
Fuente: La Nación
-Paraguay-
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay informó este miércoles el rechazo al recurso presentado por una empresa ganadera que pretendía paralizar la aplicación de una ley de expropiación de 14.404 hectáreas de tierras a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, del pueblo énxet.
La resolución de la Corte Suprema, con fecha del martes, da por válida la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente paraguayo, Horacio Cartes, el año pasado.
“Es un paso realmente importante”, dijo el abogado Óscar Ayala, de la ONG Tierraviva que defiende en los tribunales a la comunidad oriunda del Chaco paraguayo, donde a la vera de una carretera han pasado 23 años esperando que el Estado les devuelva las tierras que un empresario ganadero les había arrebatado.
Se trata de la mayor expropiación de tierras a favor de una comunidad indígena realizada en Paraguay en democracia y busca dar cumplimiento a una sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), según Tierraviva.
“Ahora toca avanzar en la formalización del título comunitario y que los empleados de la estancia se retiren del territorio de Sawhoyamaxa”, dijo Ayala según reporta Efe.
Los Sawhoyamaxa presentaron una denuncia contra administradores y empleados de las compañías Roswell Company y Kansol S.A., propiedad del empresario alemán Heribert Roedel, que poseían la titularidad de los terrenos hasta el pasado junio porque a pesar de todo continúan usando sus tierras para el pasto de ganado.
“La presencia de personal de la estancia en esas tierras debiera ya ser ilegal. Esperemos que empiecen a retirarse voluntariamente”, declaró el abogado.
La comunidad espera ahora que el Estado paraguayo de cumplimiento al resto de la sentencia de la Corte Interamericana que ordena que se les entregue un fondo de desarrollo de un millón de dólares para proyectos de servicios públicos como educación y salud, a los que nunca han tenido acceso.
En 2006, una sentencia de la CorteIDH reconoció que la comunidad Sawhoyamaxa fue expulsada de su territorio ancestral por Roedel sin que el Estado lo impidiera.
La sentencia ordenó al Estado paraguayo, además de la restitución del territorio, el pago del fondo en concepto de indemnización por los daños inmateriales provocados por la privación de sus tierras durante más de dos décadas.

IMG_0896Colombia, sede del encuentro internacional en materia de derechos humanos
Fuente: Radio Santa Fé 
Diez Fuerzas Armadas de países de norte, centro y Suramérica compartirán por cinco días sus experiencias en materia de respeto, promoción y aplicación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, durante el ‘Primer Encuentro de Expertos USCAP Human Rights’, que comenzó hoy en Bogotá.
El encuentro internacional organizado por el Ministerio de Defensa y el comando Sur de los Estados Unidos, busca fortalecer la cultura de los derechos humanos al interior Fuerzas Armadas de países como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Estados Unidos y Colombia.
“Las Fuerzas Armadas de Colombia han venido haciendo un gran esfuerzo por aplicar los derechos humanos y garantizarlos en todas sus operaciones y un evento de estos es una oportunidad más para seguir en esa tarea que desde el Gobierno nacional celebramos y acompañamos”, afirmó Guillermo Rivera, Consejero Presidencial de Derechos Humanos.
Por su parte, Leana Bresnahan, directora de derechos humanos del Comando Sur de los Estados Unidos, destacó la importancia de conocer las experiencias en esta materia, de los diferentes países del continente.
“Para nosotros el respeto a los derechos humanos es una parte integral de nuestra política en el Comando Sur y tenemos muchos años trabajando con los países amigos como Colombia, para fomentar un mayor respeto en esta materia por parte de las Fuerzas Militares y de seguridad de toda la región”, señaló la alta funcionaria.
Finalmente, el mayor Javier Vásquez, Coordinador de Instrucción y Cooperación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, destacó los avances de la Política Integral de Derechos Humanos del sector Defensa, especialmente en materia de instrucción de los más de 450 mil integrantes de las Fuerzas Armadas del país.
“La Instrucción es una de las cinco líneas estratégicas de la Política, que actualmente cuenta con el Manual Único Pedagógico de las Fuerzas Militares y el Modelo Único Pedagógico de la Policía Nacional que consagran todas las materias para los niveles de soldados, suboficiales y oficiales. También vamos a las diferentes zonas para capacitar al personal en temas puntuales como el Derecho Internacional Humanitario, lecciones aprendidas y prevención de violencia sexual, entre otros”, aseguró el oficial.

file000816536459Human rights and the environment: Our generation must meet the great challenge – UN experts 
Source: Office of the High Commissioner for Human Rights
GENEVA (5 June 2015) – A group of 27 United Nations independent experts* today urged governments worldwide to make sure human rights are at the core of climate change governance, including by signing the Geneva Pledge for Human Rights in Climate Action to promote and respect human rights in climate action.
“Climate change is one of the greatest human rights challenges of our generation, and it is our generation that must meet it,” the UN experts said. “Heads of governments and their climate negotiators represent the very last generation that can prevent catastrophic environmental harm to a vast array of human rights.”
The human rights experts’ call comes on World Environment Day, as international negotiators gather for the climate change conference which started this week (1-11 June) in Bonn, Germany at the United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) Secretariat.
“Bringing a human rights perspective to climate change not only clarifies what is at stake; it also helps to ensure that responses are coherent, effective and responsive to the concerns of those most affected,” the experts noted.
UN experts have warned earlier this year that the 2 degrees goal being discussed “is not ambitious enough to protect human rights” in a report presented to the UNFCCC to warn States about the threats to the rights to life, health, food and water and sanitation if the world temperature warms just 2 degrees. (The report: http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2015/05/humanrightsSRHRE.pdf)
“We renew our call on State parties to maintain language in the 2015 climate agreement that provides that the parties shall, in all climate change related actions, respect, protect, promote and fulfil human rights for all,” they said.
In their statement, the UN human rights experts also reiterated their support to heads of governments and their climate negotiators and all those working to protect human rights from this grave threat.
(*) Check the full statement and the UN experts who have endorsed it: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16049&LangID=E
Fotor09279173UN experts voice concern over adverse impact of free trade and investment agreements on human rights 
Source: Office of the High Commisioner for Human Rights
GENEVA 2 June 2015 – A number of free trade and investment agreements, such as the Trans-Pacific Partnership (TPP) and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), are currently being negotiated. A group of UN experts* have issued the following statement to express concern about the secret nature of drawing up and negotiating many of these agreements and the potential adverse impact of these agreements on human rights:
“While trade and investment agreements can create new economic opportunities, we draw attention to the potential detrimental impact these treaties and agreements may have on the enjoyment of human rights as enshrined in legally binding instruments, whether civil, cultural, economic, political or social. Our concerns relate to the rights to life, food, water and sanitation, health, housing, education, science and culture, improved labour standards, an independent judiciary, a clean environment and the right not to be subjected to forced resettlement.
As also underlined in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, States must ensure that trade and investment agreements do not constrain their ability to meet their human rights obligations (Guiding Principle 9).
Observers are concerned that these treaties and agreements are likely to have a number of retrogressive effects on the protection and promotion of human rights, including by lowering the threshold of health protection, food safety, and labour standards, by catering to the business interests of pharmaceutical monopolies and extending intellectual property protection.
There is a legitimate concern that both bilateral and multilateral investment treaties might aggravate the problem of extreme poverty, jeopardize fair and efficient foreign debt renegotiation, and affect the rights of indigenous peoples, minorities, persons with disabilities, older persons, and other persons leaving in vulnerable situations. Undoubtedly, globalization and the many Bilateral Investment Treaties (BITs) and Free Trade Agreements (FTAs) can have positive but also negative impacts on the promotion of a democratic and equitable international order, which entails practical international solidarity.
Investor-state-dispute settlement (ISDS) chapters in BITs and FTAs are also increasingly problematic given the experience of decades related arbitrations conducted before ISDS tribunals. The experience demonstrates that the regulatory function of many States and their ability to legislate in the public interest have been put at risk.
We believe the problem has been aggravated by the “chilling effect” that intrusive ISDS awards have had, when States have been penalized for adopting regulations, for example to protect the environment, food security, access to generic and essential medicines, and reduction of smoking, as required under the WHO Framework Convention on Tobacco Control, or raising the minimum wage.
ISDS chapters are anomalous in that they provide protection for investors but not for States or for the population. They allow investors to sue States but not vice-versa. The adoption in 2014 of the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration is an important step to address the problem of the typically confidential and non-participatory nature of investor-State agreements. Greater transparency should serve to remedy incoherence between current modes of investment with human rights considerations.
We invite States to revisit the treaties under negotiation and ensure that they foster and do not hinder human rights. If the treaties in question include a chapter on investor-State-dispute-settlement, the terms of reference of the arbitrators must be so drafted that interference in the domestic regulation of budgetary, fiscal, health and environmental and other public policies are not allowed.
Moreover arbitration tribunals should allow public review and its awards must be appealable before the International Court of Justice or a yet to be created an International Investment Court working transparently and with accountability. There must be a just balance between the protection afforded to investors and the States’ responsibility to protect all persons under their jurisdiction.
We recommend that:
All current negotiations of bilateral and multilateral trade and investment agreements should be conducted transparently with consultation and participation of all relevant stakeholders including labour unions, consumer unions, environmental protection groups and health professionals.
All draft treaty texts should be published so that Parliamentarians and civil society have sufficient time to review them and to weigh the pros and cons in a democratic manner.
Ex ante and ex post human rights impact assessments should be conducted with regard to existing and proposed BITs and FTAs.
The Parties should detail how they will uphold their human rights obligations if they ratify the BITs and FTA’s under negotiation.
Given the breadth and scope of the agreements currently under negotiation, robust safeguards must be embedded to ensure full protection and enjoyment of human rights.”
ENDS
(*) The experts: Mr Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Ms Catalina Devandas Aguilar, Special Rapporteur on the rights of person with disabilities, Mr Dainus Puras, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Ms Farida Shaheed, Special Rapporteur in the field of cultural rights, Ms Gabriella Knaul, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Ms Hilal Helver, Special Rapporteur on the right to food, Mr Juan Bohoslavsky, Independent Expert on the effects of foreign debts and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Mr Léo Heller, Special Rapporteur on the human right to safe drink water and sanitation, Ms Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Ms Virginia Dandan, Independent Expert on human rights and international solidarity.

wm213490tt27ª. Reunión de Presidentes de los órganos de tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Panel Público.
Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Los órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas son comités de expertos independientes que supervisan su cumplimiento por los Estados parte. Para ello, desempeñan funciones tales como examinar los informes de los países, las denuncias o comunicaciones individuales y elaborar observaciones generales sobre las disposiciones de los tratados y temas relacionados.
La reunión anual de Presidentes, mediante la cual se coordinan las actividades de dichos órganos, tendrá lugar del 22 al 26 de junio. Esta se efectuará por primera vez en Latinoamérica y el IIDH será la sede en esta significativa ocasión.
En ese marco, el panel público de discusión se realizará el 23 de junio, de 3:00 a 6:00 de la tarde (hora de Costa Rica), en el Aula Interamericana de Derechos Humanos. En él, además de los Presidentes de los órganos de tratados, estarán presentes los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las y los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por este medio, se invita a todas las personas interesadas en estos asuntos a participar en el panel para dialogar, interactuar y plantear eventuales canales de comunicación entre los sistemas universal e interamericano, así como referirse al tema de las represalias y sus consecuencias para las y los defensores de derechos humanos.
El cupo es limitado.
Confirme su asistencia haciendo clic AQUÍ
Lugar: Aula Interamericana de Derechos Humanos, Barrio Los Yoses, de Spoon 100 m. oeste y 25 al sur. San José, Cosa Rica.

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