Derecho Ambiental/ Enviromental Law

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IMG_0893BP pagará 16.800 millones por el vertido del golfo de México 
Fuente: El País 
La petrolera británica BP está decidida a zanjar las principales demandas pendientes en Estados Unidos por la catástrofe natural que causó la explosión de una de sus plataformas en el golfo de México, la Deepwater Horizon, en 2010.

Para ello, ha anunciado su disposición a pagar 18.700 millones de dólares (16.800 millones de euros) en 18 años tanto al Gobierno federal como a los cinco estados afectados por el mayor derrame de petróleo de la historia de EE UU. Se trata todavía de un acuerdo preliminar, pero ya ha recibido el visto bueno de Washington y de las regiones afectadas.
El anuncio, realizado desde la sede de BP en Londres el jueves, fue rápidamente celebrado en EE UU. “Este acuerdo histórico ayudará a reparar los daños a las economías locales y a los humedales, la fauna y la pesca tan afectadas por el derrame”, dijo el portavoz de la Casa Blanca Eric Schultz. “El principio de acuerdo responde de manera justa y amplia a las demandas federal y estatales” de Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas, coincidió la fiscal general, Loretta Lynch.
Para la secretaria de Justicia, el monto comprometido por la petrolera “ayudará a reparar el daño realizado a la economía y ecosistema” del Golfo, además de proporcionar “beneficios duraderos” a la región durante “generaciones”. Por ello, Lynch se comprometió a trabajar intensamente en los “próximos meses” para lograr un acuerdo definitivo que pueda ser sancionado por la corte. De ser así, subrayó, “será el mayor acuerdo con una sola entidad de la historia del país”.
El 20 de abril de 2010 se produjo una explosión en el pozo Macondo de la plataforma Deepwater Horizon. El accidente causó 11 muertos y provocó el mayor derrame de la historia de EE UU. El crudo contaminó gran parte de las costas del golfo de México y provocó importantes daños económicos y al ecosistema marino y costero. Tanto el Gobierno federal como los estados más afectados emprendieron una serie de litigios contra BP que esta espera zanjar ahora con el acuerdo ofrecido.
Según lo adelantado por BP, el acuerdo implica que su subsidiaria en EE UU, BP Exploration and Production (BPXP), pagará a lo largo de 15 años una multa civil de 5.500 millones de dólares al gobierno federal bajo la Ley de Aguas Limpias.
Durante ese mismo periodo de tiempo, BPXP pagará otros 7.100 millones de dólares al Gobierno y a los cinco estados afectados por daños a recursos naturales. A este monto se sumarán otros 232 millones de dólares en reserva por si surgieran nuevos daños en este ámbito.
La entidad pagará 4.900 millones de dólares adicionales en 18 años para “resolver demandas económicas y de otro tipo” impuestas por estos estados. Finalmente, BPXP destinará mil millones más a resolver las demandas interpuestas por más de 400 entidades gubernamentales locales.
El presidente de BP, Carl-Henric Svanberg, afirmó que el acuerdo presentado permitirá que BP y los estados del Golfo resuelvan las demandas pendientes de una manera que proporcione “certeza de pago” para todas las partes, a la par que “resuelve los mayores riesgos legales pendientes” para la compañía petrolera sin poner en riesgo su solvencia.
El plan cuenta, en principio, con el visto bueno de los estados demandantes, cuyos gobernadores celebraron como una “victoria” la llegada de unos fondos que se comprometieron a invertir en la economía y ecosistema de las regiones más afectadas.
Hasta el momento, BP había tenido que destinar más de 42.000 millones de dólares (38.000 millones de euros) por el vertido para cubrir el coste de la limpieza, las indemnizaciones y las multas, informa Reuters. BP era propietaria del 65% de Macondo, mientras que otro 25 era propiedad de la petrolera Anadarko.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el lunes el recurso presentado por ambas petroleras contra las multas impuestas por el vertido bajo el amparo de la Ley de Prevención de la Contaminación, una norma con rango federal.
El recurso de las petroleras se basaba en que el vertido fue causa del equipo de perforación, propiedad de la empresa Transocean, un argumento que finalmente no ha sido estimado. La propia Transocean pactó el año pasado el pago de 1.000 millones de dólares por su responsabilidad civil.

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