Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_0896XXVII RAADH amplía iniciativas regionales para los derechos humanos 

Fuente: Mercosur 
Durante la sesión plenaria de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADH) del MERCOSUR, que tuvo lugar el jueves (26), en Asunción, los delegados de los países participantes (Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Surinam, Colombia, Chile y Ecuador) aprobaron importantes proyectos que promueven los derechos humanos.

Reunidos durante cuatro días del 23 al 26 de noviembre se discutieron proyectos en las ocho (8) comisiones permanentes: “Niñ@sur”, “personas con discapacidad”, “La discriminación, racismo y xenofobia”, “Educación y Cultura”, “LGBTI”, “Personas Mayores “,” Comunicación “y” Género “.
El comité permanente “Iniciativa Niñ@sur” aprobó la guía regional para la identificación y atención a las necesidades especiales de protección de los derechos de niños, adolescentes migrantes, también discutieron un plan de infancia y medios de comunicación, y la metodología para la construcción de buenas pautas de tratamiento para niños y adolescentes.
La redacción de un protocolo de accesibilidad en las zonas migratorias fue la principal decisión tomada en el Comité para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El documento va a crear un instrumento regional para establecer los parámetros para la atención a personas con discapacidad en estas áreas. Los miembros de este comité también definieron al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR como instancia para la coordinación de este conjunto de informaciones.
Los miembros de la Comisión sobre la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo reconocieron la relevancia de las actividades de capacitación que ofrece el IPPDH a los funcionarios de las áreas migratorias. La comisión contribuirá a la publicación de un manual regional de los derechos humanos de los migrantes, a cargo de IPPDH.
El instituto también presentó una propuesta para la elaboración de directrices regionales sobre la educación en derechos humanos para los participantes de la Comisión de Educación y Cultura.
El comité que se ocupa de cuestiones relacionadas con las demandas de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, el IPPDH presentó proyectos de redacción de un compendio regional de las mejores prácticas de los Estados para garantizar los derechos de las personas LGBTI, capacitación para agentes del poder judicial y la promoción de un seminario internacional sobre las prácticas de promoción y protección de los derechos de este grupo de ciudadanos del MERCOSUR.
Para promover los derechos de las personas mayores, la comisión que aborda esta temática aprobó la propuesta de publicar un libro sobre la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas de Edad y la producción y difusión de una campaña para llamar la atención a esta población.
También fue aprobado el plan de acción del grupo de trabajo de comunicación, preparado por el equipo IPPDH, y presentada en el grupo de trabajo sobre género, manual de lenguaje inclusivo y no sexista.
Fuente: RAADH
Declaración 10 años Protocolo de Asunción sobre el compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos en el MERCOSUR
PROTOCOLO DE ASUNCIÓN SOBRE COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MERCOSUR
Declaración de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR sobre los 40 años del Plan Cóndor

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Costa Rica aboga por los derechos humanos en cumbre del clima 

Fuente: La Nación 
Costa Rica aboga porque el nuevo acuerdo climático, que se negocia en la cumbre del clima en Le Bourget (Francia), incorpore principios universales de derechos humanos.
Otros países como Filipinas, Chile, México y Canadá comparten esta idea, la cual es bien vista por observadores y organizaciones como Climate Action Network (CAN).
“Amamos oír a algunos países decir que el acuerdo solo será exitoso si se asienta en la equidad de género e intergeneracional, la seguridad alimentaria, la integridad de ecosistemas y una justa transición a empleos decentes”, señaló CAN en un comunicado .
En febrero, Costa Rica presentó una propuesta para que los países humanizaran la discusión climática. Ese compromiso fue apoyado por 18 países durante una reunión en Ginebra, Suiza.
“La meta es que este compromiso sea apoyado universalmente a fin de permitir la formación de capacidades que faciliten respuestas al cambio climático que sean buenas para las personas y el planeta”, dijo Giovanna Valverde, actual jefa de la delegación tica presente en Francia, a La Nación en febrero.
En esa misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por los graves daños que implica el cambio climático en el goce universal de los derechos humanos e instó a los países a trabajar en un acuerdo climático que incorpore los derechos humanos.
IMG_0900Alto Comisionado de Derechos Humanos saluda la ratificación del Estatuto de Roma 

Fuente: Diario Colatino

La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) saluda la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Mediante esta ratificación, El Salvador ha dado un paso significativo en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra el derecho internacional, reafirmando así su compromiso con la justicia” dijo la señora Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional de OACNUDH.
La Asamblea Legislativa ratificó el Estatuto de Roma el 26 de noviembre, cuyo estudio inició en junio de 2014, iniciativa del Gobierno remitida al Parlamento. Con la ratificación El Salvador sería parte de la Corte Penal Internacional (CPI); cuya misión es juzgar a las personas que hayan cometido crímenes de genocidio, guerra o lesa humanidad; y por tanto, estaría sujeto a su jurisdicción, lo que representará para el país una protección, a futuro, a nivel nacional e internacional.
Entre los delitos que persigue el Estatuto de Roma están: crímenes de guerra, de agresión, de lesa humanidad y actos genocidas; por lo que representará para el país una protección, a futuro, en el ámbito nacional e internacional.
El Estatuto fue aprobado con 44 votos, que incluyó a GANA, FMLN y dos diputados del PCN: Reynaldo Cardoza y Francisco Merino.
El Estatuto de Roma fue aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional y entró en vigencia el 1º de julio 2002.
El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la “Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional”.
Durante la Conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de éste. Pese a esto tanto Israel como los Estados Unidos firmaron pero no ratificaron el Tratado. De hecho, la firma por la parte estadounidense la realizó el ex presidente Bill Clinton sólo un día antes de dejar el poder a George W. Bush.
Pese a la experiencia internacional en suscripción de tratados multilaterales, el mismo estatuto fijó un alto quórum para su entrada en vigencia (60 países). Sin embargo, el proceso fue sumamente rápido, partiendo por Senegal hasta que diez países en conjunto depositaron ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación el 11 de abril de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002.

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Manual para el acceso a justicia de personas discapacitadas 
-Ecuador-

Fuente: La Hora 

Los jueces, fiscales, peritos y defensores públicos ya no tienen excusa para no saber cómo proceder con casos en los que el acceso a la justicia es de personas con diferentes tipos de discapacidad.
La Función Judicial tiene un nuevo manual que especifica cómo deben actuar los operadores de justicia cuando lleguen a sus manos casos en los que estén vinculadas personas con discapacidad.
Hace 15 meses comenzó la elaboración del documento que delimita el procedimiento que deberán seguir los funcionarios para adaptarse a las necesidades de quienes tienen alguna discapacidad y no al contrario.
El manual está enfocado en explicar qué hacer para facilitar el acceso a un entorno físico adecuado a las características de las personas, como durante el tratamiento de diferentes procesos (penales, civiles, familia…).
“El acceso igualitario a la justicia involucra tres políticas: la participación de las personas con discapacidad en los procesos judiciales, el acceso físico a los espacios y el acceso a la información de sus derechos”, explicó Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura.

El documento “destaca cómo deben actuar (los operadores de justicia), los procedimientos, conocer de las discapacidades”, señaló Xavier Torres, vicepresidente del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis).
Cambios
Para el acceso de las personas con discapacidad a la infraestructura, esta debe estar adaptada a sus necesidades. Por ejemplo, en caso de que la discapacidad sea física deberán existir rampas o ascensores. Si es visual, marcas en el piso que muestren los caminos.
Si los edificios son antiguos, los operadores de justicia son los que tomarán las decisiones de cómo proceder. Un ejemplo del manual señala que si una audiencia es en un cuarto piso y no hay ascensor, esta debería ser cambiada a planta baja. Otra opción son las videoconferencias.
Cuando se trate de una discapacidad auditiva, las personas deberán contar con un intérprete de lengua de señas o estar cerca de los operadores de justicia para leer sus labios. Jueces y fiscales deberán hablar pausadamente.
Si la discapacidad es intelectual, es necesaria una “interpretación del tipo y nivel de discapacidad”, debido a que deberá analizarse la “capacidad jurídica” de dichas personas.
Según Jalkh, estas modificaciones son posibles con la aprobación del Código General de Procesos, que entrará en vigencia en mayo próximo, con el cual también se aplicará el sistema oral para los casos civiles. (AGO)

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