Derechos Humanos/ Human Rights

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hammer-719066_1280La Corte emite sentencia sobre el derecho a la propiedad colectiva y protección del medio ambiente de los pueblos Kaliña y Lokono en Surinam 
Fuente: Corte IDH  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el caso pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 28 de enero de 2014. El texto íntegro de la sentencia y su resumen oficial pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm


El caso se relaciona con las reclamaciones de los Pueblos Kaliña y Lokono para el reconocimiento por parte del Estado de su personalidad jurídica colectiva, así como del derecho a la propiedad colectiva sobre su territorio tradicional, el cual no se encuentra titulado en su favor.
Parte del territorio reclamado limita en distintas zonas con asentamientos de la tribu N ́djuka maroon y otras áreas se encuentran tituladas a favor de terceros no indígenas en áreas contiguas al Río Marowijne.
Además, dentro del mismo se habrían creado tres reservas naturales, a saber: i) la Reserva Wia Wia en 1966; ii) la Reserva Galibi en 1969, y iii) la
Reserva Wane Kreek en 1986, las cuales en su conjunto abarcan un aproximado de 59.800 hectáreas del territorio reclamado. Las afectaciones a los Pueblos Kaliña y Lokono, relacionadas con la Reserva Galibi, se refirieron a restricciones de acceso y uso del territorio.
Además, en la Reserva Wane Kreek, el desarrollo de actividades de minería a cielo abierto destinadas a la extracción de depósitos de bauxita, las cuales no contaron con la participación efectiva, mediante un proceso de consulta a dichos pueblos, generaron problemáticas relacionadas con la degradación ambiental y reducción de la caza y pesca.
Respecto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la Corte reiteró su jurisprudencia en casos previos de Surinam y determinó que siendo que el ordenamiento jurídico interno del Estado no reconoce el ejercicio de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y tribales de manera colectiva, el Estado violó el artículo 3 de la Convención Americana.
Respecto del derecho a la propiedad colectiva, la Corte concluyó que la falta de delimitación, demarcación y titulación del territorio de los Pueblos Kaliña y Lokono por parte del Estado violó el derecho a la propiedad colectiva, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana, y el deber de adoptar medidas de derecho interno, establecido en el artículo 2 de la misma.
En relación con el derecho a solicitar la reivindicación del territorio ante la existencia de títulos individuales a favor de terceros no indígenas, la Corte estimó que este derecho permanece vigente, para lo cual el Estado debe ponderar los intereses territoriales particulares o estatales y los derechos territoriales de los miembros de las comunidades indígenas.
Respecto del alegado mantenimiento de las reservas naturales en el territorio tradicional, la Corte determinó que también les asiste a los Pueblos Kaliña y Lokono el derecho a solicitar en derecho interno, la posible reivindicación de las partes correspondientes a su territorio tradicional colindante con las reservas, frente a lo cual el Estado debe ponderar la protección del medio ambiente como parte del interés general con el derecho de los pueblos indígenas.
En relación con las alegadas restricciones para los pueblos indígenas en las reservas naturales, la Corte consideró relevante hacer referencia a la necesidad de compatibilizar la protección de las áreas protegidas con el adecuado uso y goce de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas.
En vista de ello, la Corte concluyó que, en principio, existe una compatibilidad entre las áreas naturales protegidas y el derecho de los pueblos indígenas y tribales en la protección de los recursos naturales sobre sus territorios, destacando que los pueblos indígenas y tribales, por su interrelación con la naturaleza y formas de vida, pueden contribuir de manera relevante con dicha conservación.
En este sentido, los criterios de participación efectiva, acceso y uso de sus territorios tradicionales, y obtención de beneficios de la conservación, resultan elementos fundamentales para alcanzar dicha compatibilidad, la cual debe ser evaluada por el Estado y garantizar mecanismos adecuados para su implementación. Para el caso concreto, el Tribunal concluyó que la falta de mecanismos expresos que garantizaran el acceso, uso y la participación efectiva de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono en la conservación de las Reservas de Galibi y Wane Kreek y sus beneficios, vulneró los derechos a la propiedad colectiva, identidad cultural y participación en asuntos públicos de las víctimas, recogidos en los artículos 2, 21y 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio los Pueblos Kaliña y Lokono y sus miembros.
Respecto de las garantías a la propiedad colectiva frente a la concesión minera dentro de la Reserva Wane Kreek, el Tribunal consideró que el deber del Estado en relación con la participación efectiva, a través de un proceso de consulta, se actualiza de manera previa a la ejecución de acciones que podrían afectar de manera relevante los intereses de los pueblos indígenas y tribales, tales como las etapas de exploración y explotación o extracción. En el presente caso, si bien la concesión minera se otorgó en 1958, las actividades de extracción de bauxita se iniciaron en 1997, momento en el cual debió garantizarse dicha consulta. Asimismo, no se llevó a cabo un estudio de impacto ambiental y social,ni se compartieron los beneficios del citado proyecto minero. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado violó los artículos 21 y 23 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.
Finalmente, la Corte consideró que la normativa analizada no contemplaba recursos judiciales o administrativos mediante los cuales se establecieran procedimientos para la protección del derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales. Asimismo, el Tribunal consideró que los procedimientos judiciales y peticiones interpuestas no resultaron efectivos para tal efecto, y que el Estado no otorgó la información solicitada por las víctimas ni fundamentó la imposibilidad de entrega de la misma. Por ello, el Estado fue encontrado responsable por la violación del derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1, 2 y 13 del mismo instrumento.
En razón de las violaciones declaradas, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre las que destacan, las obligaciones del Estado de:a) otorgar a los Pueblos Kaliña y Lokono el reconocimiento legal de la personalidad jurídica colectiva; b) delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los Pueblos Kaliña y Lokono, así como garantizar su uso y goce efectivo, tomando en cuenta los derechos que asisten a otros pueblos tribales en la zona; c) adoptar las medidas adecuadas para que se garantice el acceso, uso y participación efectiva en favor de los Pueblos Kaliña y Lokono en las Reservas Naturales de Galibi y Wane Kreek; d)garantizar procesos efectivos de participación,a través de la consulta para estos pueblos, la realización de estudios de impacto ambiental y social, y la repartición de beneficios; e)implementar las acciones suficientes y necesarias con el fin de rehabilitar la zona afectada en la Reserva Natural de Wane Kreek, y f) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de los Pueblos Kaliña y Lokono, entre otros.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Juez Roberto F. Caldas, Vice-Presidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez, Eduardo Vio Grossi, Juez, y EduardoFerrer Mac-Gregor Poisot, Juez.
Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana http://corteidh.or.cr/index o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, a corteidh@corteidh.or.cr

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