Derecho Económico y Comercial

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OCDE pide nuevas leyes para proteger el e-commerce 
Fuente: SELA 
– A través del Comité de Políticas de Consumo (CCP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió una recomendación para que empresas y gobiernos modernicen las leyes de consumo e implementen nuevos controles en servicios de comercio electrónico y aplicaciones de comercio móvil para proteger a los usuarios.


“La línea entre los negocios y los consumidores se ha desvanecido y ha abierto oportunidades de negocios para que los usuarios vendan, renten y realicen trabajos a través de plataformas digitales. Estas actividades generan riqueza y gran cantidad de datos sobre los perfiles de consumo que generan nuevos modelos de comercio, pero también traen riesgos”, citó la OCDE.
En la recomendación, emitida bajo el nombre de Protección al Consumidor en el e-Commerce, la OCDE hizo hincapié en que las nuevas leyes deben incluir tanto a aplicaciones móviles, dentro de las llamadas economías de colaboración, como Uber y Airbnb, así como a servicios en donde los usuarios intercambian datos o recomendaciones por crédito o dinero, pues el no hacerlo, abre la puerta a la recolección indiscriminada de datos personales y su uso por parte de las mismas apps e incluso de terceros.
“Sugerimos que los datos del consumidor sean protegidos en aplicaciones móviles y servicios que tengan acceso a datos personales. Los usuarios están cada vez más atraídos a las compras digitales, pero aún hay preocupación por la privacidad y la seguridad de los pagos y recursos legales que tienen los usuarios si hay un problema”, cita el documento publicado en París.
Del total de los 36 países que conforman la OCDE, en donde se incluye México, 75% de la población cuenta con acceso a Internet y cerca de 50% de éstas realiza compras en línea. En México, donde 60 millones de personas son internautas, la facturación por comercio electrónico en el país ascendió a 12,200 millones de dólares en 2015, según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
Algunas de las recomendaciones que sugiere la OCDE son:
– Brindar mayor claridad en las limitaciones de los servicios, su interoperabilidad o restricciones según países.
– Garantizar que en sitios o apps que utilizan la retroalimentación de los usuarios o comentarios para validar experiencias, estos sean fidedignos.
– Limitar la recolección de datos personales a través de sitios o aplicaciones y no permitirlo sin el consentimiento del usuario por medio de un tercero. La empresa tendrá la obligación de hacerse cargo de controles de ciberseguridad que protejan los datos del usuario.
– Se pidió a las autoridades y accionistas de las empresas del sector a emitir lineamientos mínimos de seguridad en pagos móviles, sin importar el dispositivo a través del cual se haga el pago. Se incluye la posibilidad de que los usuarios puedan retractarse de una transacción en el servicio digital si así lo desean.
– Ya que existen productos, que por dañinos, han sido retirados de las tiendas físicas, estos aún se pueden adquirir en la red, por lo que la OCDE recomendó eliminarlos también de este escaparate.
– Se podrán desactivar las notificaciones publicitarias de los servicios si es que no desean recibirlos.
– Se deben tomar en cuenta mecanismos de inclusión para personas con discapacidades en estos servicios
Si bien el documento emitido por la Organización no implica una obligación para los países miembros, el CCP, instruyó que estas medidas se implementen a lo largo de los próximos cinco años y que se les de seguimiento. Se espera que la ejecución de dichas recomendaciones sean un tema central durante la Cumbre Ministerial de la Economía Digital, que tendrá lugar en la Ciudad de México el próximo 22 y 23 de junio de 2016.
oficina_12Costa Rica aprueba tratado con China para la protección de inversiones 
Fuente: El País 
San José, 29 mar (EFE/ElPaís.cr).- El Congreso de Costa Rica aprobó hoy en segunda y definitiva votación, un tratado para la promoción y protección recíproca de inversiones con China.
El tratado fue aprobado con 35 votos a favor y 9 en contra, con 44 diputados presentes de los 57 que integran el Legislativo costarricense.
“El acuerdo establece como indispensable impulsar el desarrollo de los negocios de manera equitativa, con el objeto de fortalecer y posicionar al sector exportador de ambos Estados en nuevos mercados mediante el intercambio de bienes y servicios”, declaró en un comunicado el jefe de la bancada del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo.
El Tratado constituye el marco jurídico aplicable a la inversión entre ambos países, incorpora disposiciones como promoción, protección y tratamiento de la inversión, expropiación, compensación por daños y pérdidas, transferencias, resolución de diferencias entre las partes, resolución de diferencias entre inversionistas y una de las partes, entre otras.
“La aprobación de este Acuerdo se enmarca dentro de la política de comercio exterior de Costa Rica, la cual busca consolidar la inserción del país en la economía mundial mediante la suscripción de instrumentos jurídicos que promuevan el establecimiento de nuevas oportunidades en el país”, afirmó Redondo.
Costa Rica y China establecieron relaciones diplomáticas en el 2007 y desde entonces se han intensificado sus vínculos políticos, comerciales y de cooperación.
Ambos países tienen vigente un Tratado de Libre Comercio y han suscrito diversos proyectos de cooperación como la construcción del Estadio Nacional de San José, valorado en 83 millones de dólares donados por China y que fue inaugurado en el año 2011.
Los datos oficiales más recientes indican que en el 2014 Costa Rica exportó a China 338 millones de dólares, mientras las ventas del gigante asiático a su socio centroamericano fueron por 1.715 millones de dólares.
La inversión china en Costa Rica durante el 2014 fue de 9,8 millones de dólares, según las cifras del Ministerio de Comercio Exterior costarricense. EFE

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Directrices de Naciones Unidas amplían y fortalecen protección al consumidor 
Fuente: SICA 
En el marco de la conmemoración del Día Nacional y Mundial de los Derechos de las personas consumidoras, la Defensoría del Consumidor realizó este martes quince de marzo, una conferencia sobre “Las Nuevas Directrices de Naciones Unidas para la Protección al Consumidor” aprobadas recientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ante una amplia concurrencia de delegados de las asociaciones y grupos gestores de consumidores, la Presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yanci Urbina, destacó que Naciones Unidas ha reafirmado que “las directrices son un conjunto valioso de principios mínimos para establecer las principales características que deben tener las leyes de protección del consumidor”, las instituciones que las aplican y los sistemas de compensación a favor de las personas consumidoras.

Urbina celebró que las nuevas directrices contienen aspectos de suma importancia para la tutela de los derechos de los consumidores y la protección de la economía familiar, especialmente la de los sectores excluidos, lo cual expresó “es coherente con lo establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019; El Salvador productivo, educado y seguro”, instrumento de política pública de más alto nivel del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.

De acuerdo con la Defensoría, las nuevas directrices contribuirán a vigorizar el marco jurídico de protección al consumidor, entre otros, frente al comercio electrónico y móvil, los servicios financieros, la protección de datos de los consumidores y la salud y seguridad en el consumo.

Las directrices también alientan las buenas prácticas comerciales para los proveedores de bienes y servicios, la competencia leal y efectiva para que los consumidores tengan la posibilidad de elegir productos y servicios dentro del mayor surtido y a los precios más bajos. También reiteran la promoción del consumo sostenible y la responsabilidad ante el consumidor de la cadena del tráfico comercial, desde el manufacturero hasta el detallista.

Destaca asimismo, la promoción del acceso universal a los servicios públicos y a la energía no contaminante; y, la atención y colaboracion entre los Estados para la atención y resolución de controversias de consumo transfronterizos.

En su resolución, la Asamblea General de Naciones Unidas establece que corresponde a los Estados a formular, fortalecer o mantener una política enérgica de protección del consumidor, teniendo en cuenta las directrices y los acuerdos internacionales pertinentes. Al hacerlo, cada Estado debe establecer sus propias prioridades para la protección de los consumidores, según las circunstancias económicas, sociales y ambientales del país.

Las directrices, originalmente aprobadas en 1985, son la guía para los Estados Miembros interesados en formular y aplicar leyes, normas y reglamentos nacionales y regionales adaptados a sus propias circunstancias económicas, sociales y ambientales. La primera revisión de las directrices fue realizada en el año de 1999.

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