Derecho Internacional/ International Law

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CIJ declara su competencia en dos demandas de Nicaragua contra Colombia 
Fuente: Organización de las Naciones 
17 de marzo, 2016 — La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró hoy competente en dos demandas interpuestas por Nicaragua contra Colombia: la primera se refiere a una presunta violación de sus zonas marítimas y la segunda solicita que se le otorgue una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas de su costa caribeña.

El máximo tribunal de justicia de la ONU rechazó cinco argumentos que Colombia había presentado para que la Corte se declarara incompetente en el primer caso, en el que Managua acusó a Bogotá de violar la obligación de no usar la fuerza o amenazar con usarla y de no transgredir las fronteras marítimas nicaragüenses, marcadas por la misma Corte en un fallo inapelable de noviembre de 2012.

En esa decisión, la Corte dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés y otorgó a Nicaragua una franja marítima en esa zona.

Colombia alegó entonces que la CIJ no era competente en el caso porque se había retirado del Pacto de Bogotá, un instrumento vinculante firmado en 1948, según el cual los países signatarios deben resolver sus disputas por medios pacíficos y reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

La CIJ consideró que Colombia no cumplió con los requerimientos de tiempo estipulados para renunciar al Pacto de Bogotá al intentar hacer inmediata su salida cuando inició el proceso en su contra.

En la segunda demanda, Managua ha argüido que cuando la CIJ delimitó la frontera marítima entre ambos países en noviembre de 2012 no especificó nada sobre la plataforma continental, mientras que Bogotá consideró cerrado el caso.

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La presunción general de sospecha sobre las empresas de transferencias de fondos prevista en la Ley 10/2010 es contraria al Derecho de la Unión Europea 

Fuente: Noticias Jurídicas 

El TJUE ha dictado una sentencia de fecha 10 de marzo de 2016 (asunto C-235/14 Safe Interenvíos) por la que considera que la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es contraria al Derecho de la Unión en tanto que establece una presunción que se aplica a todas las transferencias de fondos con carácter general, sin permitir desvirtuar dicha presunción en el caso de transferencias de fondos que objetivamente no presenten un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Los hechos
La entidad recurrente se dedica a la transferencia de fondos de sus clientes al extranjero, tanto a otros Estados miembros como a terceros Estados, utilizando las cuentas que mantiene en distintas entidades de crédito y bancarias.
Tres de estas entidades cancelaron las cuentas de dicha sociedad al considerar que esta había observado un comportamiento contrario a la Ley 10/2010 al haber comprobado que el 22 % de las transferencias realizadas a través de la cuenta de la actora durante un período de tres meses no había sido efectuado por agentes autorizados e identificados ante el Banco de España. Por otra parte, durante dicho período las transferencias fueron realizadas por un número de personas que supera ampliamente el número de agentes de la empresa, además, por último, un informe pericial había subrayado asimismo el riesgo de que las transferencias no fuesen efectuadas por agentes identificados.
Dicha compañía ejercitó tres acciones de competencia desleal contra las tres entidades financieras demandas, alegando que los bancos le exigieron proporcionarles la identidad de sus clientes, así como datos sobre el origen y el destino de los fondos, algo que los bancos niegan.
Además, al dedicarse la actora a gestionar la transferencia de los fondos de sus clientes al extranjero, debe hacer uso de cuentas en entidades bancarias, por lo que la cancelación operada por los bancos le impide llevar a cabo su actividad.
Por su parte, los bancos aducen que sus medidas se ajustaban a lo dispuesto en la Ley 10/2010, que estaban justificadas debido al riesgo inherente a la transferencia de fondos al extranjero, y que no eran contrarias al Derecho de la competencia.
La Audiencia Provincial de Barcelona pide al Tribunal de Justicia que aclare varios puntos relativos a la transposición de la Directiva en Derecho español.

La sentencia del TJUE
Las posibles medidas de diligencia debida aplicables
En su sentencia el Tribunal de Justicia declara en primer lugar que la Directiva 2005/60/CE, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, no se opone a una normativa como la española que, por una parte, permite la aplicación de medidas normales de diligencia debida con respecto a los clientes cuando éstos son entidades financieras cuyo cumplimiento de las medidas de diligencia debida es objeto de supervisión, si existen sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido de dicha Directiva y que, por otra parte, obliga a las entidades y personas sujetas a la citada Directiva a aplicar, en función de su apreciación del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en aquellas situaciones que, por su propia naturaleza, puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido de la Directiva, como el envío de fondos.

Medidas más estrictas y excepciones a las medidas

Además, aclara que, aun cuando no existan tales sospechas o tal riesgo, la Directiva permite a los Estados miembros adoptar o mantener en vigor disposiciones más estrictas,siempre que tengan como finalidad reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La Directiva sobre blanqueo de capitales permite que, si concurren determinados requisitos –relativos a situaciones en que el legislador de la UE ha entendido que existe un menor riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo debido, entre otros motivos, a la identidad del cliente o al valor y contenido de la transacción o el producto, como cuando el cliente de una entidad o persona sujeta a dicha Directiva es, a su vez, una entidad de crédito o financiera sujeta a dicha Directiva– no es necesario aplicar las medidas de diligencia debida con respecto al cliente en situaciones en que, en principio, deberían aplicarse.
Sin embargo, las medidas normales de diligencia debida con respecto al cliente siempre deben aplicarse cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En esos casos un Estado miembro no puede exigir ni autorizar la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente

Medidas reforzadas

Asimismo, cuando existe un riesgo elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, el hecho de que el cliente sea a su vez una entidad o una persona sujeta a la Directiva no impide que un Estado miembro pueda exigir la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a ese cliente.
La enumeración de las medidas reforzadas de diligencia que contiene la Directiva no es exhaustiva, de modo que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación considerable al ejecutar la obligación de establecer dichas medidas y al determinar tanto las situaciones en que existe ese riesgo más elevado como las propias medidas.

Consideración de las empresas de envío de fondos

Por ello, aunque el envío de fondos por una entidad a Estados distintos de aquel en que se halla establecida no esté contemplado en la Directiva, ello no impide a los Estados miembros definirlo en sus ordenamientos internos como situación que presenta un riesgo elevado y que justifica o exige la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida además de las medidas normales.
Por lo que respecta a la posibilidad de aplicar medidas normales de diligencia debida con respecto a las entidades financieras aun cuando no existan sospechas o un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, el Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva sobre blanqueo de capitales se limita a establecer una armonización mínima y permite a los Estados miembros adoptar o mantener en vigor disposiciones más estrictas, siempre que tengan como finalidad reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que las entidades y personas sujetas a la Directiva no pueden socavar la función de supervisión que las autoridades competentes han de ejercer con arreglo a la Directiva 2007/64, sobre servicios de pago en el mercado interior, ni pueden sustituir a esas autoridades.

Adaptación de las medidas al riesgo

Si bien una entidad financiera puede, en cumplimiento de la obligación de supervisión que le incumbe con respecto a sus clientes, tener en cuenta las medidas de diligencia debida aplicadas por una entidad de pago con respecto a sus propios clientes, todas las medidas de diligencia debida que adopte deben estar adaptadas al riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Si bien las entidades y personas sujetas a la Directiva sobre blanqueo de capitales deben aplicar las medidas de diligencia y pueden verse obligadas a tener en cuenta las medidas de diligencia debida que sus clientes aplican en sus procedimientos, las medidas de supervisión están reservadas a las autoridades competentes.

Presunciones y respeto a las libertades fundamentales

Por último, el Tribunal de Justicia declara que, si bien para ser compatible con la Directiva sobre blanqueo de capitales y con el Derecho de la UE, una normativa nacional debe respetar las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados, el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo puede justificar una restricción de las libertades fundamentales.
Asimismo, estima adecuado para garantizar ese objetivo presumir que las transferencias de fondos por parte de una entidad sujeta a la Directiva a Estados miembros distintos de aquél en que se halla establecida siempre presentan un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Ilicitud de las presunciones con carácter general

Sin embargo, la normativa resulta contraria al Derecho de la UE si, como en el caso de la normativa española, establece una presunción que se aplica a todas las transferencias de fondos, con carácter general, sin permitir desvirtuar dicha presunción en el caso de transferencias de fondos que objetivamente no presenten un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
El Tribunal de Justicia concluye que una normativa que contemple la posibilidad de desvirtuar dicha presunción resulta menos restrictiva, a la vez que permite alcanzar el nivel de protección deseado por el Estado miembro de que se trate.

books-441866_1280Secretaria General del SICA participa en reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe 

Fuente: SICA 
San Salvador, 17 de marzo 2016. La Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés junto a representantes de los órganos judiciales de los países de la región, inauguraron la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.

El objetivo del encuentro fue para abordar acciones estratégicas, desde una visión regional, que contribuyan a garantizar el Estado de derecho de las y los ciudadanos de los países representados.

En relación a ello, la Secretaria General dio a conocer avances en los proyectos conjuntos que se sustentan en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, del SICA, suscrito en 1995. Entre los trabajos realizados conjuntamente se puede destacar por ejemplo: los esfuerzos implementados para la tecnificación y profesionalización de los miembros de los órganos judiciales de la región, a través del Programa Regional de Formación Judicial del Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad.

En ese sentido, la Secretaría General expresó que, aunque los esfuerzos realizados en los temas han dado resultados, aún falta mucho por realizar. Agregó que espera que esos avances sean los que motiven a los órganos judiciales a seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía regional.
A la fecha me se han capacitado 3,446 operadores y operadoras del sector de justicia y seguridad, a través del Programa Regional de Formación Judicial del Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad. Dicha meta fue establecida por los países al momento de la formulación del proyecto DB1 que fue de 3,300, en la práctica el número de funcionarios capacitados se incrementó.

Asimismo la doctora de Avilés, exhortó a los representantes regionales del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe a seguir trabajando de manera conjunta para afrontar los principales desafíos de la seguridad en cada uno de los países para que eso represente la suman de los esfuerzos que haga mejorar progresivamente la condición de la seguridad como un bien social.

A la fecha el Programa Regional de Formación Judicial del Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad ha capacitado a funcionarios de los órganos judiciales en temas como la protección de víctimas y testigos, formación Judicial por competencias, el rol de los operadores de justicia frente a los desafíos del nuevo proceso penal en Centroamérica, justicia Restaurativa en los Procesos Penales Juveniles entre otros.

Al encuentro asistieron los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, señor José Oscar Armando Pineda Navas; y de Honduras, señor Rolando Edgardo Argueta Pérez; Así como representantes de las Cortes Supremas de Justicia de los países miembros del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe y representantes del cuerpo diplomático acreditados en El Salvador.

IMG_0900Morales confirma nueva demanda de Bolivia contra Chile 
Fuente: Deustche Welle 
Las relaciones entre Bolivia y Chile distan de estar en su mejor momento. Este sábado (26.03.2016) el presidente boliviano, Evo Morales, confirmó que su país acudirá nuevamente ante la Corte Internacional de La Haya para demandar a su vecino, esta vez por el uso de las aguas de la zona fronteriza del Silala. Se trata de la segunda acción de este tipo que lanza La Paz contra Santiago, tras la demanda abierta para negociar una salida al mar.
“Ahora que Chile quiere confundir, con más razón, con más fuerza, con más documentación vamos a presentar la demanda ante La Haya para sentar soberanía sobre las aguas del Silala”, dijo Morales durante un discurso pronunciado en el pueblo central de Tacachi, en Cochabamba. La controversia adquirió actualidad debido a que Morales, recientemente derrotado en un referendo, acusó a Chile de hacer uso “ilegal y abusivo” de las aguas.
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Bolivia defiende que el Silala está formado por vertientes, cuyas aguas fueron canalizadas en 1908 al norte de Chile para el aprovechamiento de la empresa chilena Bolivian Antofagasta Railway. Chile, en cambio, defiende que se trata de un río internacional y su canciller, Heraldo Muñoz, mostró un mapa que acompaña el tratado bilateral de 1904 para respaldar la postura de su país. Para Morales, esa afirmación, pese a la existencia del mapa, es “falsa”.
¿Retirarse de Bogotá?
Morales acusó a Chile de no haber “querido resolver” este conflicto, y dijo que la demanda será presentada “para hacer respetar” el manantial. En octubre de 2009, ambos países habían alcanzado un preacuerdo sobre el uso del afluente, donde Chile se comprometía a pagar una determinada cantidad de dinero. La propuesta fue rechazada debido a la oposición del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que pedía el pago total de la “deuda histórica”.
Morales agregó, en tanto, que Chile debe reconocer que “está robando aguas del departamento de Potosí”. Esta disputa había estado hasta ahora en un segundo plano frente al reclamo histórico de Bolivia a Chile de una restitución de su salida al Pacífico, que desde el 2013 se trata en el máximo tribunal de Naciones Unidas en La Haya.
Diversos dirigentes políticos chilenos reaccionaron ante el anuncio. El senador Hernán Larraín, de la derechista UDI, dijo que “mientras Bolivia insista por el camino judicial no puede haber más diálogo. Si insisten en la demanda nos debemos retirar del Pacto de Bogotá”. La misma idea planteó el diputado José Manuel Edwards, de Renovación Nacional. Mientras, el senador de Gobierno Patricio Walker piensa que la nueva demanda es “un volador de luces tratando de desviar la atención por la derrota política que sufrió en el referendo”.
oficina_05Argentina celebra la decisión de la ONU que amplía su plataforma marítima un 35% 
Fuente: Actualidad RT 
Argentina celebra la decisión de la ONU sobre que amplía el límite de su plataforma marítima en 1.700.000 kilómetros cuadrados, un 35% más que la superficie actual.
La noticia fue anunciada por la canciller, Susana Malcorra, después de que las Naciones Unidas aprobaran la solicitud para una nueva demarcación territorial presentada en 2009. La funcionaria recalcó que se trata de un hecho histórico, pues se reafirman los derechos de soberanía en la zona del Atlántico Sur.
Decisión histórica de la ONU
Esta decisión de la ONU reconoce que las islas Malvinas están situadas dentro del territorio de la República Argentina. De acuerdo con la Convención de la ONU sobre derecho del mar, los Estados rivereños fijan sus límites exteriores en concordancia con varias reglas técnicas y procesuales.
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido comentó que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, no analizaba la solicitud de Argentina en relación con las islas en disputa y no está autorizada para resolver las cuestiones respecto a las Malvinas. Londres enfatiza, que no duda sobre su soberanía de las Malvinas y el derecho de los isleños para decidir su futuro.
El director del Observatorio Polar del Centro Argentino de Estudios Internacionales, Sergio Caplan, ha señalado en una entrevista a RT que, geográficamente, las islas Malvinas ahora pertenecen a Argentina y ha destacado que el único argumento que tiene el Reino Unido en la disputa es la fuerza militar.
La solicitud presentada a la ONU durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue elaborada con base a un reporte, que Argentina estuvo elaborando durante 20 años.
El territorio sumergido argentino abarcará no solo las Malvinas, sino las islas Georgias del Sur y las islas Sándwich del Sur. El Estado podrá realizar explotación de recursos, actividades mineras y petrolíferas en el territorio recientemente adquirido. Fue precisamente la exploración hidrocarburífera en áreas cercanas a las Malvinas lo que agudizó las últimas fricciones entre Argentina y el Reino Unido. El anterior Gobierno argentino denunció penalmente a varias compañías que operaban en la zona sin la autorización de Buenos Aires.

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