Derechos Humanos/ Human Rights

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Control de convencionalidad en Guatemala 
Fuente: El Quetzalteco 
El control de convencionalidad implica conocer, interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Conforme el derecho interno, debe prevalecer la supremacía constitucional en lo que atañe a la jerarquía normativa. Sin embargo, modernamente se hace referencia a que también se debe tomar en cuenta el control de convencionalidad, que consiste en una institución joven, lo que hace imperioso su análisis para así fortalecer su aplicación en casos concretos.


Para comprender desde su génesis esta institución, es menester recordar el quehacer del Estado de Guatemala, especialmente en relación a lo referente a la ratificación de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. En atención al tema objeto de estudio, es menester analizar la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, por haber sido suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. La ratificación se llevó a cabo con algunas reservas, las cuales fueron retiradas al introducir en su instrumento de ratificación el 27 de abril de 1978, por carecer de sustento constitucional a la luz del nuevo ordenamiento vigente en aquel tiempo.
A través del Acuerdo Gubernativo número 123-87, del 20 de febrero de 1987, el Estado de Guatemala reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con plazo indefinido y de carácter general.
El control de convencionalidad consiste en la obligación que tiene tanto el juez como el magistrado, de tomar en cuenta al momento de conocer y resolver todo caso y al emitir todas sus resoluciones judiciales, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que como parte de la argumentación jurídica, debe tomar en cuenta el texto y el contexto del Pacto de San José, para así evitar la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen vulneración a las previstas en la convención, o que desconozcan los derechos ahí tutelados.
Esta institución es importante, debido a que si un juez o magistrado no observa en sus resoluciones las disposiciones del Pacto de San José, luego del agotamiento de todos los recursos internos, el afectado puede acudir ante el Sistema Interamericano.

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Jurado del concurso Justicia y Convencionalidad
Fuente: IIDH 

FLÁVIA PIOVESAN
Brasileña. Es maestra y doctora en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) y profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en su Facultad de Derecho y el postgrado. También es docente en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, el doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) y la Universidad de Buenos Aires. Además, es Procuradora del estado de São Paulo desde 1991.

FLORENTÍN MELÉNDEZ
Salvadoreño. Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Doctorado en Derecho y Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Ex-Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

MARIELA MORALES
Venezolana. Abogada, summa cum laude, Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela; magister legum cum laude (LL.M.) de la Universidad de Heidelberg, Alemania; doctora en Derecho magna cum laude de la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania.
Referentin para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Público Internacional. Coordinadora del proyecto Ius constitutionale Commune en América Latina (ICCAL). Profesora invitada en diversas universidades europeas y latinoamericanas.

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Consejo unge a las “manifestaciones pacíficas” como un derecho humano inalienable 
Fuente: Panorama RIDH 
Ginebra, 24 de marzo.- Por 31 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el carácter inalienable de las manifestaciones pacíficas para la promoción y protección de los derechos humanos. Suiza, Turquía y Costa Rica libraron una batalla diplomática intensa contra China, Cuba, Egipto, Rusia e Irán, Estados que propusieron seis enmiendas para cambiar el contenido de la resolución. Todas fueron rechazadas.
De los ocho países que representan a Latinoamérica y el Caribe en el Consejo, cinco apoyaron la resolución: Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay. Por su parte, Bolivia se abstuvo, mientras que Cuba y Venezuela se opusieron.
El texto pide a los Estados que promuevan “un entorno seguro y propicio para que las personas y los grupos puedan ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación” y que en ese marco impidan “las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las detenciones y reclusiones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la violencia sexual”, e impedir a su vez que en todo momento “se produzcan abusos en los procedimientos penales y civiles o amenazas de algunos de los actos mencionados”.
La resolución recuerda que existe jurisprudencia en la materia dentro de la ONU vía relatores especiales que ya han analizado “los derechos humanos que entran en juego antes, durante y después de una manifestación, entre los que se cuentan los derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión, de asociación y de religión y creencias, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”, sin olvidar “el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personales, y el derecho a no ser objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho a un recurso efectivo por todas las violaciones de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana, la integridad física y la vida privada”.
A su vez, el texto invoca que existe en la ONU una “recopilación” de experiencias satisfactorias “para la gestión adecuada de las manifestaciones basadas en prácticas óptimas y lecciones aprendidas… que proporciona útiles orientaciones a los Estados sobre la forma de cumplir sus obligaciones y compromisos de promover y proteger los derechos humanos en esos contextos, incluidas las manifestaciones pacíficas, así como la forma de ponerlos en práctica en sus legislaciones, prácticas y procedimientos internos”.
Al respecto, el documento concluye que “todos los Estados deben garantizar que su legislación y sus procedimientos internos relativos a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, y al uso de la fuerza en el contexto de la aplicación de la ley estén en conformidad con sus obligaciones internacionales y se implementen de manera efectiva, y deben proporcionar una capacitación adecuada a los funcionarios que ejerzan funciones de aplicación de la ley, en particular con respecto al uso de equipos de protección y de armas no letales”.

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