Derecho Internacional/ International Law

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Aprobado el Reglamento europeo de Protección de Datos: nuevas reglas adaptadas a la era digital

Fuente: Noticias Jurídicas 

Las nuevas reglas europeas en materia de protección de datos han recibido este jueves, 14 de abril, el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo. La reforma pretende devolver a los ciudadanos el control de sus datos personales y garantizar en toda la UE unos estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital. También incluye nuevas normas mínimas sobre el uso de datos para fines judiciales y policiales.

La aprobación de este Reglamento pone fin a más de cuatro años de trabajo para reformar drásticamente la normativa comunitaria sobre protección de datos. Las nuevas reglas sustituyen a una directiva de 1995, cuando el uso de internet no estaba tan extendido. El objetivo del nuevo reglamento general es dar más control a los ciudadanos sobre su información privada en un mundo de teléfonos inteligentes, redes sociales, banca por internet y transferencias globales.

Las medidas aprobadas por el Parlamento incluyen por un lado, el Reglamento y, por otro, la Directiva sobre protección de datos de carácter personal tratados a efectos policiales y judiciales, una reforma a la que se dio prioridad en su tramitación a raíz de los atentados terroristas de París el pasado mes de noviembre.

Un sí claro al derecho de los consumidores

“Con este reglamento de protección de datos conseguimos un nivel uniforme de protección en toda la UE. Es un gran éxito para el Parlamento y un “sí” claro a los derechos de los consumidores y a la competencia en la era digital. Los ciudadanos podrán decidir por sí mismos qué información quieren compartir”, subrayó Jan Albrecht (Verdes, Alemania), responsable de la tramitación parlamentaria del texto.

“También se ofrece más claridad a las empresas, con una norma única para toda la UE que refuerza la confianza y la seguridad jurídica e impulsa la competencia justa”, añadió Albrecht.

¿Qué incluyen las nuevas reglas de protección de datos?

Entre otras disposiciones, las nuevas reglas incluyen:

– el derecho al “olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales,

– la necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales,

– la “portabilidad”, o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios,

– el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados,

– lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y

– multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.

Nuevas normas sobre transmisión de datos para garantizar una cooperación policial efectiva

El nuevo paquete de protección de datos también incluye una directiva sobre transmisión de datos para cuestiones judiciales y policiales. Se aplicará al intercambio de datos transfronterizos dentro de la UE y establecerá estándares mínimos para el tratamiento de datos en cada país.

La intención es proteger a las personas implicadas en investigaciones policiales o procesos judiciales, sea como víctimas, acusados o testigos, mediante la clarificación de sus derechos y el establecimiento de límites en la transmisión de datos para prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos o la imposición de penas. Se han incluido salvaguardas para evitar riesgos para la seguridad pública, al tiempo que se facilita una cooperación más rápida y efectiva entre las autoridades policiales y judiciales.

“El principal problema ante los ataques terroristas y otros crímenes trasnacionales es que los cuerpos judiciales y de seguridad son reacios a compartir información valiosa”, explicó la ponente de la directiva, Marju Lauristin (S&D, Estonia). “Al fijar estándares europeos para el intercambio de información, esta norma se convertirá en una herramienta útil para ayudar a las autoridades a trasladar datos personales de manera sencilla y efectiva, asegurando el respeto al derecho fundamental a la privacidad”, agregó.

Entrada en vigor y aplicación efectiva del Reglamento: próximos pasos

Tal como se había avanzado al darse a conocer el borrador, la aplicación del nuevo texto no será efectiva hasta el año 2018. El Reglamento establece un período transitorio y está previsto que no sea aplicable hasta dos años después de la fecha de entrada en vigor (que se produce a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea). Esto significa que el texto no será ejecutivo antes del segundo semestre de 2018.

Los países comunitarios disponen de un plazo de dos años para trasladar los cambios de la directiva a la legislación nacional.

En el caso de Reino Unido e Irlanda, la directiva sobre intercambio de datos para fines policiales y judiciales sólo se aplicará de manera limitada. Dinamarca podrá decidir en seis meses tras su adopción definitiva si quiere trasladar la directiva a la ley nacional.

Registro de datos de pasajeros aéreos para vigilar la entrada de terroristas en la UE

Otra de las medidas adoptadas por el pleno del Parlamento Europeo ha sido dar luz verde a la creación de un registro europeo de datos de los pasajeros de transporte aéreo (PNR, por sus siglas en inglés), una medida aplazada durante años por las dudas que plantea sobre la privacidad de los pasajeros, pero que finalmente se ha desbloqueado por la presión de los gobiernos para contar con ella en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Esta medida obligará a las compañías aéreas a entregar a las autoridades nacionales los datos de los pasajeros de sus rutas a terceros países con salida o llegada desde un Estado miembro, pero no la de los vuelos intracomunitarios.

Entre las salvaguardas introducidas para proteger la privacidad de los pasajeros y asegurar la protección de datos destaca que aunque las autoridades puedan conservar la información hasta cinco años, ésta deberá quedar “enmascarada” tras los primeros seis meses.

Ello garantizará que los datos que servirían para identificar directamente al pasajero, como su nombre o los datos de pago, deben quedar ocultados. Para asegurar que se respetan los cortafuegos para proteger la privacidad de los pasajeros, los países contarán con unidades de información específicas con un responsable encargado de “controlar” el tratamiento de los datos y con un registro de todas las operaciones de recogida, consulta, divulgación y suspensión de información obtenida del PNR.

oficina_1115 de 23 comités han aprobado acceso de Colombia a la OCDE 

Fuente: Ámbito Jurídico 

El Comité de gobierno corporativo de la OCDE y su grupo de trabajo sobre propiedad estatal dieron, en París, el visto bueno a que Colombia se convierta en miembro de dicha organización, en el marco de la presentación del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre los avances que el Ejecutivo ha realizado en la materia.

Con este aval, el país cuenta con la aprobación de 15 de los 23 comités que lo están evaluando dentro del proceso de acceso a la organización de sus buenas prácticas.

El ministro recordó que en noviembre pasado el Conpes publicó la nueva política de propiedad estatal, aplicando las mejores prácticas internacionales sobre empresas estatales e inmediatamente creó una nueva dirección general en la cartera de Hacienda para que lidere su implementación.

Según la entidad, las reformas incluyen la salida de los ministros de las juntas directivas de las empresas estatales, el fortalecimiento de la independencia y la protección legal del Superintendente Financiero y la actualización del código país sobre los estándares de gobierno corporativo para las empresas que emiten valores en el mercado de capitales.

Así mismo, manifestó que el Gobierno preparó el primer reporte anual de empresas estatales, donde se presenta la situación actual y el desempeño reciente de las mismas.

Es oportuno recordar que el año pasado durante la intervención ante el consejo de la OCDE, el presidente Juan Manuel Santos explicó cómo va el proceso para el ingreso de Colombia.

“En cuanto al proceso, recordamos que ya tenemos prácticamente 10 comités de los 23 necesarios. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder acelerar la aprobación de los demás comités”, sostuvo.

Igualmente, manifestó que espera a finales del próximo año contar con una hoja de ruta clara sobre qué hacer en las políticas públicas, las mejores prácticas de estas y cómo es ser miembro de la OCDE.

Por último, Santos indicó que el secretario general de la organización, Ángel Gurría, le entregó una serie de documentos que “tienen mucho que ver exactamente con el trabajo que estamos haciendo en preparar las mejores prácticas y las mejores políticas para sacarles el máximo provecho a los dividendos de la paz en términos económicos, en términos sociales y en términos de medio ambiente”.

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Google debe borrar los datos antiguos sobre los indultos 
-España-

Fuente: El Economista 

El tratamiento de los datos personales vinculados a la concesión de un indulto en un buscador generalista de Internet deja de ser lícito una vez transcurrido un plazo razonable desde que se ha concedido el indulto, si el afectado ejercita su derecho de oposición.
Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia, de 5 de abril de 2016, en la que se recoge el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Civil, que desestima la alegación de Google Spain de considerar a la sociedad matriz Google Inc, única responsable del tratamiento de los datos, y dictamina que la filial española puede ser demandada en un proceso civil de protección de derechos fundamentales.
El ponente, el magistrado Sarazá Jimena, dice que la filial española tiene la consideración de responsable en España del tratamiento de datos realizado por el buscador Google. Parte de la finalidad de la Directiva europea de protección de datos que garantiza una tutela eficaz y completa de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas y aplica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Al fondo del asunto, Sarazá realiza una ponderación entre el ejercicio de la libertad de información, consistente en que los datos sobre la concesión de indultos puedan encontrarse a través de un buscador como Google, y el respeto a los derechos al honor y a la intimidad cuando la información versa sobre el indulto por un delito que afecta negativamente a la reputación del afectado.
El daño provocado a los derechos al honor y a la intimidad del afectado es desproporcionado en relación al interés público que ampara el tratamiento de los datos, cuando no es persona de relevancia pública, ni los hechos presentan un interés histórico.

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Derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambientales están en el corazón de la Agenda 2030 
Fuente: CEPAL 
Los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambientales –consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo- están en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, señalaron hoy autoridades y expertos reunidos en Uruguay.
La Tercera Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe  comenzó hoy en Montevideo, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Uruguay.
En el encuentro –que se prolongará hasta el viernes 8 de abril- representantes de los países firmantes de la declaración sobre la aplicación del Principio 10 en asuntos ambientales en la región continuarán con las negociaciones para contar con un acuerdo regional en estas materias, el cual se espera concluir para diciembre de 2016.
La reunión fue inaugurada por el Embajador Martín Vidal, Director General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente de Costa Rica y co-presidenta de la Mesa Directiva del proceso de negociación; Danielle Andrade y Alberto Gómez, representantes del público; y Alejandro Nario, Director Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay.
En su intervención, el Embajador Vidal señaló que tras la aprobación de la Agenda 2030 en septiembre pasado por los países miembros de las Naciones Unidas ha quedado claro que en materia ambiental no es posible la generación de políticas sin la participación activa de la sociedad civil en todas las etapas. “La implementación de estas políticas solo es posible si todos los actores son incorporados. Por eso este ejercicio que hoy continuamos es tan importante; se trata de un modelo innovador e inédito de negociación”, indicó.
Alicia Bárcena destacó que el estilo de desarrollo que hemos llevado hasta ahora ya no basta y no puede continuar, ya que no es sostenible. “Debemos cambiar el estilo de desarrollo y a eso apunta la Agenda 2030, que requiere una gran cooperación regional y grandes coaliciones”, declaró. Agregó que los temas tratados en el Principio 10 están “en el corazón” de esta propuesta y que es necesario un nuevo pacto social dentro de la Agenda 2030, con visión a futuro.
“Es preciso garantizar a la población información confiable y acceso a la justicia, para avanzar de una cultura de los privilegios a la cultura de la igualdad, con una gobernanza activa de los recursos naturales. Nos debemos a las futuras generaciones. Dejemos como herencia una nueva forma de negociar, una nueva forma de mirar el mundo”, dijo Bárcena.
En ese mismo sentido, Patricia Madrigal reafirmó que la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) confirman que el proceso de negociación que se desarrolla en Uruguay para un acuerdo sobre el Principio 10 es correcto y visionario. “Los derechos de acceso y la democracia son necesarios para el desarrollo sostenible”, indicó.
Madrigal señaló que trabajar en estos temas previene los conflictos socioambientales, abre los espacios de participación y previene conflictos posteriores. Además permite avanzar en la reducción de la corrupción, lo que requiere transparencia y la participación de todos los actores sociales.
Los representantes del público Danielle Andrade y Alberto Gómez relevaron también la importancia del proceso, ya que guía el camino para fijar estándares que mitiguen los conflictos medioambientales, promuevan una buena gobernanza y así avanzar en los derechos de los ciudadanos de la región. “Sin derechos igualitarios y justicia, ¿cómo podemos esperar la paz?”, señaló Andrade.
Finalmente, Alejandro Nario destacó que no es posible un desarrollo si no es sostenible, y esto no se puede realizar sin participación ciudadana. Agregó que más alla de las diferencias entre países es necesario articular procesos como región, compartir información, éxitos y fracasos. “La sociedad civil, los países y la región entera están exigiendo avanzar en este tema. Tenemos que pasar a la acción”, recalcó.
Al término de la sesión inaugural se informó que Granada se adhirió formalmente a la declaración sobre la aplicación del Principio 10 en asuntos ambientales en la región y se sumó al Comité de Negociación del acuerdo regional, con lo cual ya son 21 países los que participan de esta iniciativa.

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Honduras: MACCIH iniciará labores la próxima semana

Fuente: Organización de Estados Americanos 

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) comenzará sus labores de instalación en Tegucigalpa la próxima semana.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, informó hoy al Canciller hondureño, Arturo Corrales, que los primeros integrantes de la MACCIH llegarán a Honduras la próxima semana.

En una reunión que ambos mantuvieron en la sede de la OEA en Washington, DC, el Secretario General Almagro explicó que de esa forma se da cumplimiento al Acuerdo suscrito el pasado 19 de enero entre la OEA y el gobierno hondureño.

MACCIH será encabezada por el Representante Especial del Secretario General y Vocero de la Misión, Juan Jimenez Mayor, que estará acompañado por los expertos:

• Jacobo Domínguez, Coordinador de la División Político Electoral
• Jan Michael Simon, Asesor Especial contra la Corrupción y la Impunidad
• Katalina Montaña, Jefa de la Sección de Fortalecimiento Institucional en Diálogo y Mediación de la OEA
• Un experto del Departamento de Seguridad Pública de la OEA

Seguidamente se integrará al grupo de expertos Juan Pablo Corlazzoli, quien lidera el Observatorio de Justicia Penal de la MACCIH.

El Secretario General Almagro subrayó que la MACCIH es “una iniciativa sin precedentes que tiene como objetivo abatir la corrupción y la impunidad en Honduras y producir una reforma estructural en la administración de justicia en un país que le dijo basta a la corrupción”.

Asimismo, y en aras de apoyar el proceso de depuración y modernización de la policía hondureña, se anunció que en el marco de la Misión se iniciarán las labores de la Tercera Ronda que elaborará el Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tras las rondas realizadas en 2012 y 2014.

En el caso de la investigación del crimen de la dirigente indígena Berta Cáceres, se explicó que una vez establecida la MACCIH, sus miembros se reunirán con las distintas agencias involucradas en la investigación para determinar la modalidad más adecuada de apoyo.

El Secretario General Almagro concluyó que, tal y como lo manifestó a la familia de Berta Cáceres, los asuntos de Derechos Humanos que procedan en este caso deberán ser atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Concluye en Paraguay Cumbre Judicial Iberoamericana 

Fuente: Prensa Latina

Asunción, 15 abr (PL) Lista para su clausura hoy quedó en Paraguay la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que reunió a altos magistrados de la región.

Amplios debates en sesiones plenarias efectuaron los delegados en los dos días precedentes, centrados en la consolidación de la seguridad jurídica, cultura de paz y desarrollo social como tema primordial.

Grupos de este mecanismo presentaron informes sobre el trabajo desplegado en el periodo entre uno y otro foros en materias como transparencia y seguridad jurídica, rendición de cuentas e integridad.

Igualmente, esos aspectos incluyeron tecnología, cooperación jurídica internacional y medioambiente.

Los debates generales los realizaron los representantes de los máximos cuerpos judiciales de los 23 países miembros en el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol en la ciudad de Luque, aledaña a Asunción.

Allí opinaron sobre retos planteados como aportar credibilidad a las instituciones judiciales desde la transparencia y la erradicación de la corrupción.

Hasta este viernes la asamblea plenaria buscó mecanismos auxiliares para evitar que conflictos sociales necesariamente deban llegar a judicializarse. Para consolidar el objetivo primordial, en esta reunión se trazaron acciones concertadas tendientes a mejorar el servicio de la administración judicial a todos los ciudadanos sin distinción de raza, lengua y religión.

Entre los temas debatidos estuvo el relacionado con género, principalmente sobre la violencia hacia las mujeres, un problema que preocupa a las autoridades de este sector.

Como colofón de la sesión del jueves se hicieron los traspasos de mando de las secretarías de la Cumbre, cuando Uruguay se posesionó en la permanente en sustitución de España y Ecuador de la pro témpore, hasta entonces regida por Paraguay.

De manera paralela se efectuó la VI Feria de Justicia y Tecnología, en la cual expositores de renombre mundial explicaron los avances tecnológicos en el ámbito judicial y de servicios públicos.

Ellos presentaron las nuevas herramientas electrónicas puestas al servicio de la administración judicial en los países de la región.

La Cumbre Judicial Iberoamericana se plantea como una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias entre representantes de las cortes supremas de justicia y los consejos de la judicatura de los miembros.

Estos son Andorra, España, Portugal, Costa Rica, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

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