Derecho Internacional/ International Law

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oficina_18La normativa UE sobre cláusulas abusivas también es aplicable a los procedimientos concursales 

Fuente: Noticias Jurídicas 

En su sentencia de fecha 21 de abril de 2016, en el asunto C 377/14 Ernst Georg Radlinger y Helena Radlingerová / Finway a.s, el TJUE declara que la obligación que incumbe al juez nacional de examinar de oficio que los profesionales se atengan a las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, también se aplica en los procedimientos concursales. Lo mismo cabe decir respecto de las normas relativas a los contratos de crédito al consumo.


La existencia de esta obligación ya ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia en lo que concierne a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión aplicables en materia de las cláusulas abusivas estipuladas en los contratos celebrados con los consumidores, de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales y de venta y garantías de los bienes de consumo.
En virtud de esta obligación, el juez nacional también debe comprobar si la información que ha de mencionarse en los contratos de crédito al consumo se ha hecho constar de forma clara y concisa.
En concurso de acreedores por no poder devolver un crédito
En agosto de 2011, los esposos Radlinger celebraron un contrato de crédito al consumo con la sociedad Smart Hypo por importe de 1 170 000 coronas checas (CZK) (unos 43 000 euros). Se comprometieron a devolver al acreedor 2 958 000 CZK (unos 109 500 euros) en 120 mensualidades (la TAE del crédito ascendía al 28,9 %) y a abonarle cuantiosas penalizaciones en caso de que no lograsen dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
En septiembre de 2011, la sociedad Finway, a quien Smart Hypo había cedido los créditos que tenía frente a los esposos Radlinger, instó a éstos a devolver inmediatamente la totalidad de la deuda, incluidos los intereses, los gastos y las penalizaciones. Motivó esta petición basándose en que, al celebrar el contrato, los esposos Radlinger no le habían informado de que se había decretado un embargo de sus bienes por importe de 4 285 CZK (unos 160 euros).
En abril de 2013, el Krajský soud v Praze (Tribunal regional de Praga, República Checa) declaró a los esposos Radlinger en concurso de acreedores e inició un procedimiento concursal contra ellos. En el marco de ese procedimiento, la pareja impugnó el importe exigido por Finway (4 405 531 CZK, esto es, unos 163 000 euros).
Cuestión prejudicial
En este contexto, el Krajský soud v Praze pregunta al Tribunal de Justicia si las normas de Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores se oponen a la normativa checa, que no permite al juez que ha de pronunciarse sobre el procedimiento concursal examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual estipulada en un contrato celebrado con consumidores. El órgano jurisdiccional checo desea además que se dilucide si el juez nacional debe comprobar de oficio si la información relativa a los contratos de crédito al consumo que ha de indicarse en esos contratos se ha hecho constar de forma clara y concisa.
Cláusulas abusivas
Así, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre cláusulas abusivas se opone a la normativa checa que no permite que, dentro de un procedimiento concursal, el juez examine el carácter abusivo de una cláusula estipulada en un contrato de crédito al consumo, aunque disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello.
La misma Directiva se opone además a la normativa controvertida en la medida en que únicamente permite impugnar algunos de los créditos y tan sólo mediante un número limitado de alegaciones (prescripción o caducidad).
Información clara y concisa
Además, el Tribunal de Justicia señala que, en virtud de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo, el juez nacional que conoce de un litigio relativo a derechos de crédito derivados de un contrato de ese tipo también debe examinar de oficio si la informaciónrelativa al crédito (como, por ejemplo, la TAE) que debe mencionarse en dicho contrato, se ha hecho constar de forma clara y concisa. A continuación, ha de deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional para el incumplimiento de la obligación de información (las sanciones deben tener carácter efectivo, proporcionado y disuasorio).
«Importe total del crédito»
Asimismo, el Tribunal de Justicia precisa que, en virtud de esta última Directiva, el «importe total del crédito» no puede incluir ninguna cantidad que esté comprendida en el «coste total del crédito», es decir, las cantidades destinadas a satisfacer los compromisos asumidos para la obtención del crédito de que se trate, tales como los gastos administrativos, los intereses, las comisiones o cualquier otro tipo de gastos que el consumidor haya de abonar. La inclusión irregular de estas cantidades en el importe total del crédito tendrá como consecuencia una infravaloración de la TAE, puesto que el cálculo de ésta depende del importe total del crédito, y afectará, por consiguiente, a la exactitud de la información que debe mencionarse en el contrato.
Por último, en lo que concierne al examen del carácter abusivo de las penalizacionesimpuestas al consumidor que no cumpla sus obligaciones, el Tribunal de Justicia declara que el juez nacional ha de evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas que figuren en el contrato y, en caso de que compruebe que varias de ellas tienen carácter abusivo, debe excluir todas aquellas que sean abusivas (y no sólo algunas de ellas).

mundo_07Ban pide a todos los estados aceptar la jurisdicción de la CIJ en su 70 aniversario
Fuente: EFE 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió hoy a todos los Estados que acepten la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con motivo del 70 aniversario de la entidad, con sede en La Haya.
Ban señaló que el alto tribunal “ha contribuido esencialmente al Estado de derecho, ha intervenido eficazmente cuando medidas diplomáticas o políticas han fracasado y ha ayudado a países a solucionar sus disputas pacíficamente”.
Alabó también a todos los países que han solucionado sus disputas en la CIJ, e instó a los “que no han aceptado aún la jurisdicción de la misma a hacerlo”.
Ban pidió “un cumplimiento firme de las sentencias”, y subrayó que “la importancia de resolver disputas pacíficamente y acorde al Derecho Internacional nunca ha sido más urgente”.
El ministro holandés de Asuntos Exteriores, Bert Koenders, subrayó que desde 1946 el tribunal ha “preservado su carácter apolítico” dentro del sistema de la ONU, pese a las ideologías e intereses que representan los Estados que juzga.
También dijo que le gustaría ver que “todo el mundo” acepte y reconozca la competencia y la jurisdicción de la Corte.
“En sus 70 años de historia siempre ha defendido su integridad jurídica” y sus sentencias las hace cumplir “por la calidad de sus decisiones”.
Son sentencias sobre fronteras terrestres, delimitaciones marítimas, soberanía territorial, el no recurso a la fuerza, las violaciones del Derecho Humanitario Internacional y la no injerencia en asuntos internos de los Estados.
También las relaciones diplomáticas, la toma de rehenes, el derecho de asilo, la nacionalidad, la tutela, el derecho de paso y el derecho económico.
La misión de la Corte es doble: el arreglo conforme al Derecho Internacional de controversias que le sean sometidos por los Estados, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de la ONU que tengan autorización para hacerlo.
La CIJ ha emitido así 27 dictámenes desde 1946, que han versado sobre la conformidad de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo, las consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en el territorio palestino ocupado y la admisión de Estados en la ONU.
También sobre el estatuto territorial del Sahara Occidental y del Sudoeste africano (Namibia), las sentencias dictadas por tribunales administrativos internacionales, los gastos de ciertas operaciones de la ONU, el estatuto de los ponentes de derechos humanos y la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares.
El presidente de la CIJ, Ronny Abraham, afirmó que en 70 años, el mundo ha cambiado sustancialmente y esto se refleja en el trabajo de la Corte, principalmente en el tipo de casos que juzga, dado que ahora tiene disputas en “nuevas áreas, como el derecho medioambiental internacional”, por ejemplo.
La Corte también ha tenido un número creciente de casos sobre violaciones a los derechos humanos y el Derecho Humanitario, dijo.
“Durante los pasados años hemos tomado decisiones sobre Estados de Sudamérica, África, Asia y de Europa. Un gran número de los países afectados no existieron cuando se creó la ONU”, indicó.
Pese a que el mundo político y jurídico ha cambiado, “la necesidad de que un tribunal mundial trabaje en pro de la paz internacional y la justicia es tan fuerte como cuando se firmó la Carta” de la ONU, recalcó.
Con la “serena madurez” que ha alcanzado en los últimos 70 años “está preparada para hacer frente a los retos que puedan surgir en la próxima década”, aseguró Ronny Abraham.

irish-handsMeeting of the CEPEJ SATURN Group on judicial time management 

Source: Council of Europe 

The CEPEJ SATURN group on judicial time management will hold its 19th meeting on 21 and 22 April 2016 in Strasbourg. The group will examine the recent EctHR case-law with regards to the reasonable time criterion, and it will examine the new version of the implementation Guide on the European timeframes for judicial proceedings. These activities will be followed by an exchange of views on the directions of the study carried out in 2014 on judicial timeframes in the 2nd and 3rd instance courts. The group will also make an inventory of the on-going work, which falls within the framework of the CEPEJ co-operation programmes, as well as of the 2016 court coaching programmes. The afternoon of 22 April 2016 will be focusing on the co-operation with Morocco.
Draft agenda

law-books-4Council of Europe launches action plan on strengthening judicial independence and impartiality 
Source: Council of Europe 

Sofia, 21.04.2016 – Justice ministers from across Europe have given their backing to the Council of Europe’s new 2016-2021 action plan on strengthening judicial independence and impartiality.
At a conference held in Sofia, justice ministers from the Council of Europe’s 47 member states and representatives of the judiciary agreed to take the necessary steps to implement the plan.
Speaking at the conference, Council of Europe Secretary General Thorbjørn Jagland said: “It is vital that judicial independence and impartiality exist in practice and are secured by law. It is equally important that public confidence in the judiciary be maintained or restored. The measures proposed are designed to promote a culture of respect for judicial independence and impartiality, which is crucial in a democratic society based on human rights and the rule of law.”
The objectives set include:
· establishing mechanisms to fully implement member states’ obligations under the European Convention on Human Rights to guarantee access to an independent and impartial tribunal;
· improving or establishing formal legal guarantees of judicial independence and impartiality and putting in place the necessary structures, policies and practices to ensure that these guarantees are respected and that the judicial branch functions properly;
· safeguarding and strengthening the judiciary in its relations with the executive and legislature;
· reinforcing the independence of the prosecution service;
· building public trust in the judiciary, including by taking society as a whole into account in the composition of tribunals and the judiciary.
The action plan is based on three lines of action involving a series of measures: 1) Safeguard and strengthen the judiciary in its relation with the executive and legislature; 2) Protect the independence of individual judges and ensure their impartiality; 3) Reinforce the independence of the prosecution service.
The Council of Europe supports member states in their efforts by offering the expertise and assistance of the Venice Commission, the Commission for the Efficiency of Justice, the anti-corruption group, the European Programme for Human Rights Education for Legal Practitioners (HELP) and its various committees of experts.
Speech by the Council of Europe Secretary General

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