Derechos Humanos/Human Rights

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CIDH selecciona cinco finalistas para el cargo de Secretario Ejecutivo 
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia su selección de cinco finalistas para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a: Elizabeth Abi-Mershed, de Estados Unidos; Paulo Abrão, de Brasil; Renzo Pomi, de Uruguay; Michael Reed-Hurtado, de Colombia; y Lisa M. Shoman, de Belice.

El 15 de enero de 2016, el actual Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza Longoria, hizo pública una carta abierta anunciando su decisión de no presentarse a la reelección. Su mandato finaliza el 15 de agosto de 2016. En aplicación del procedimiento establecido en el Artículo 11 del Reglamento de la CIDH, el 9 de enero de 2016 se publicó el llamado a concurso para seleccionar a la persona que ocupará el cargo para el período de agosto de 2016 a agosto de 2020, período que podrá ser renovado una vez por otros cuatro años. Se recibieron más de 90 candidaturas, de las cuales se seleccionó a cinco finalistas aplicando los criterios establecidos en el Artículo 11 de su Reglamento. El mismo establece que el/la Secretario/a Ejecutivo/a será una persona con independencia y alta autoridad moral, con experiencia y de reconocida trayectoria en derechos humanos.

La CIDH publicará próximamente las hojas de vida de los y las finalistas en su página Web, a fin de recibir observaciones. El período para recibir observaciones será de aproximadamente un mes. Las fechas exactas serán anunciadas por medio de un comunicado de prensa.

La Comisión entrevistará a las cinco personas finalistas en su próximo Período ordinario de Sesiones, programado para tener lugar en la sede de la CIDH del 18 al 29 de julio. Con base en los comentarios recibidos sobre las cinco candidaturas y en las entrevistas, la CIDH determinará al candidato o la candidata más calificado/a, por consenso o mayoría absoluta de sus miembros. Tal como lo establece el Reglamento, una vez que la CIDH identifique al candidato o la candidata más calificado/a para el cargo, remitirá su nombre al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), proponiendo su designación.

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Defensorías de Panamá y Costa Rica piden respetar derechos humanos de los migrantes en la frontera 
Fuente: La Presa 
Las Defensorías de Panamá y Costa Rica se reunieron este jueves 21 de abril , para pedir a los países latinoamericanos el respeto de los derechos humanos de los migrantes que lleguen a sus fronteras.Al mismo tiempo, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se dirigieron a Costa Rica para conocer el estado e el que se encuentran los extracontinentales.
Las defensorías de ambas naciones realizaron un pronunciamiento público -el cual fue firmado por la defensora de Costa Rica, Monserrat Solano Carboni y el defensor de Panamá, Alfredo Castillero Hoyos- el cual se basa en la situación que afrontan diariamente estas personas.
“Con este pronunciamiento les recordamos a los gobierno latinoamericanos su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en general y garantizar su protección para contribuir a disminuir su sufrimiento”, destacaba el documento.
Asimismo, indicó que tanto como Panamá como Costa Rica, reconocen que la llegada de inmigrantes y actual escenario multipolar internacional, es debido a varios factores que afectan a la población de cada país al que pertenecen y por ello emigran a otras zonas.
Las naciones afirman que estas personas buscan una mejor forma de vida, pero que existen entre estos grupos en mayor situación de vulnerabilidad por factores como la edad. Y resulta necesario que los países de latinoamericanos adopten, entre otras medidas necesarias, el informar los policías migratorios en lo referente a la atención de este flujo de migrantes.

AFRICANOS NO QUIEREN IR A ALBERGUE
Al menos 250 africanos ubicados frente a la subestación de Policía de Costa Rica, desde el pasado 15 de abril, se niegan a ser trasladados a un albergue porque temen ser deportados.
Wilson Cámara, vocero de los africanos, dijo que como el gobierno de Costa Rica dijo que van a ser deportados no se quieren mover de este lugar.
Cámara reiteró que si ellos son deportados “temen que los maten”, por lo que piden la solidaridad de los países para que les permitan continuar y llegar a los Estados Unidos.

IMG_0896Medir los derechos humanos para apoyar el desarrollo sostenible 

Fuente: Oficina del Alto Comisonado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En un evento auspiciado en marzo por el ACNUDH en paralelo a la última reunión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York, se analizó de qué manera los datos que se compilan y se utilizan con un enfoque de derechos humanos en mente podrían contribuir a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otros los de reducir la desigualdad y erradicar la discriminación contra todas las personas en el mundo entero.
En fecha reciente el ACNUDH elaboró una nota de orientación para responsables de formular políticas, especialistas en estadística y expertos en materia de desarrollo, relativa a la estrategia de derechos humanos para medir y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Compilar y desglosar los datos de manera integradora son dos conceptos fundamentales de ese documento.
“Si no te cuentan, no cuentas”, afirmó Thorkild Olesen, presidente de Organizaciones de Personas Discapacitadas, una ONG con sede en Dinamarca. “El propósito de la compilación de datos y estadísticas es aplicar y hacer realidad los derechos humanos, incluso los de los grupos más vulnerables o marginados”.
El ACNUDH ha definido un conjunto de seis principios básicos para una estrategia de compilación y uso de datos basada en los derechos humanos: la participación de diversos grupos de población, en particular los marginados, en el proceso de recolección de datos; el desglose de los datos, a fin de prevenir la discriminación por motivo de sexo, edad, condición étnica, discapacidad, orientación sexual o religión, que está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos; la autodefinición de estos grupos, sin contribuir a su discriminación; la transparencia, para garantizar el derecho a la información; el respeto a la intimidad de los entrevistados y a la confidencialidad de sus datos personales; y la rendición de cuentas en lo tocante a la recopilación y el uso de los datos.
En 2015, la Comisión de Derechos Humanos de México, en colaboración con la Oficina del ACNUDH en ese país, acogió una conferencia internacional de instituciones nacionales de derechos humanos, que se comprometieron a participar activamente en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a colaborar en su evaluación estadística.
En el censo nacional que se llevó a cabo en México ese mismo año se realizó un esfuerzo para aplicar una estrategia de derechos humanos a la compilación y el análisis de los datos, mediante el desglose de la base estadística según el grupo étnico, la situación del hogar y el análisis de dos segmentos específicos de población, los adolescentes y las personas mayores.
Este trabajo puso de manifiesto que el 21,5 por ciento de la población se consideraba de origen indígena y el 1,2 por ciento se autodefinía como afromexicana. El censo también reveló que las niñas indígenas asistían a la escuela un promedio de 5,1 años, o sea, 1,1 años menos que los niños indígenas y 3,9 años menos que el promedio nacional para el conjunto de las niñas. Además, el 91,2 por ciento de los usuarios de drogas que acudían a los centros de rehabilitación eran hombres y la mayoría de las mujeres adictas en dichos centros tenían entre 15 y 19 años de edad.
El Sr. Enrique Jesús Ordaz López, director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que presentó esas conclusiones, cree que los datos desglosados que ponen de manifiesto esas lagunas debería transmitirse claramente a la población y a los responsables de la formulación de políticas, de manera que puedan traducirse en respuestas políticas eficaces. El Sr. Ordaz recomendó que se examinaran nuevas modalidades de compilación y nuevas fuentes de datos, se mejorara el desglose y se ampliara la participación.
La jefa de la Autoridad de Estadística de Filipinas, la Sra. Lisa Grace Bersales, compartió esos puntos de vista. “Las oficinas nacionales de estadística tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor en términos de iniciativas conjuntas entre proveedores y usuarios de datos en el plano nacional y mundial, y deben coordinar nuestros sistemas nacionales de estadística”, afirmó. “Asimismo es preciso que demos un mejor uso a las fuentes existentes, tales como los registros y las encuestas administrativas, pero también a fuentes nuevas, tales como las de metadatos y las ciencias geoespaciales y de la Tierra”.
Los jefes de departamentos de estadística presentes en la reunión confirmaron que la Nota de orientación del ACNUDH era coherente con los Principios fundamentales de las estadísticas oficiales, el conjunto de criterios profesionales y científicos aprobado en 2014 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Nota de orientación recomienda también que las oficinas nacionales de estadística definan e integren las estadísticas relativas a los derechos humanos bajo la coordinación de un punto focal, una idea que recibió aportes positivos de los expertos en estadísticas de género de la oficina de Finlandia, según señaló su directora general, la Sra. Marjo Bruun.
“Aunque los expertos en estadística casi nunca usamos el concepto de ‘derechos humanos’, los diversos aspectos de esos derechos están presente en nuestras estadísticas”, afirmó la Sra. Bruun.

oficina_15New Practitioners’ Guide on women’s access to justice for gender-based violence: a manual for action from the International Commission of Jurists
Source: IntLaw Grrls 

On 8 March 2016, last month’s International Women’s Day, the International Commission of Jurists (ICJ) published a Practitioners’ Guide on women’s access to justice for gender-based violence, a piece of work I completed as a consultant.
This Practitioners’ Guide, part of a series of Guides on specific legal topics that the ICJ has produced, serves as a manual designed to introduce legal practitioners to the international and regional framework relevant to gender based violence advocacy. The project has been extremely timely, as the most recent General Recommendation 33 of the CEDAW Committee on women’s access to justice was published in August, and the substance of this new standard has been incorporated into this new Practitioners’ Guide.
Having written previously on women’s rights and international law, in the context of supporting Amnesty International’s research and campaigning work on violence against women, it was a very different experience to write a Practitioners’ Guide for the International Commission of Jurists. A Practitioners’ Guide is necessarily a succinct analysis of law, packaged in a format for ease of reference for a busy professional, aiming at a solid, rather than creative, analysis of the law: or at least where what is speculative, with possibilities for creating an evolution of the law, is highlighted as being such.
In 2003-4 I considered the principle of state responsibility for the actions of non-state actors (especially domestic or intimate partner violence, including marital rape). In the ten years or so that have elapsed since then, the principle that was elaborated in the regional conventions on gender-based violence (Belem do Para and the Maputo Protocol) have been confirmed by jurisprudence (Opuz v Turkey, the Cottonfield case and, Lenehan (Gonzalez) v US) by subsequent treaties (Article 5 of the Istanbul Convention) and by confirmation in treaty bodies’ general comments (The Committee against Torture’s General Comment 2; The Committee on the Elimination of Discrimination against Women’s General Recommendation 28; and the Human Rights Committee’s General Comment 31).

The detail of these domestic violence cases identified that states have duties to ensure cases of domestic violence are prosecuted, because these are in the public interest (Opuz); to ensure a regime of protection orders (Opuz) and to ensure the effective implementation of protection orders in cases of breach (Lenehan (Gonzalez)). In the case of Gonzales Carreno v Spain, there was a stringent analysis of the rights of children in cases of domestic violence to be heard by the courts, and for decisions relating to custody not to be swayed by stereotypical views, including that an abusive father has the right to parental contact, irrespective of the harm his behaviour causes the child. The safety of women and their children has been identified as the priority that states should address, not the privacy of the family unit, an abusive man’s property rights over the shared/marital home or the right of parental contact.

The first half of the Guide is based on a review of key global and regional legal standards – including the universal human rights treaties and regional treaties addressing women’s human rights from the African, American and European systems, and a brief reference to regional developments in the Arab Charter on Human Rights and ASEAN human rights systems. This part of the guide also contains condensed references to international and regional jurisprudence on gender-based violence, and some examples of good practice in jurisprudence at the domestic level.
Other trends in the jurisprudence and standards addressed in this Practitioners’ Guide include the confirmation of intersectionality as an approach that should be taken by courts to promote equality – especially the rights of Indigenous women (the cases of Valentina Rosendo Cantú and Ines Fernandez Ortega) and also including the right not to be subjected to discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity being recognized in treaty law (Istanbul Convention, Article 4(3)).
The second half of the Practitioners’ Guide addresses the practical situation faced by women survivors of gender-based violence, and the steps that States need to address in order to secure their access to justice in practice. This requires that the justice process deals with women’s need for safety and access to services, including medical services, ensuring women’s empowerment and access to information about their right to justice. There is a Chapter dedicated to women’s experience of the criminal justice system, ensuring that victims and witnesses can give their evidence in safety and dignity. The substantive and procedural criminal laws must also reflect the rights of victims, and are applied in such a way that impunity is addressed effectively.
Woven into these accounts is commentary and reflection from legal advocates and women human rights defenders on their experience of seeking justice for women, and their recommendations to legal advocates doing this work
The Guide also contains a summary of some leading academic literature and civil society organization commentary and research, particularly references and signposting to existing resources that take an in-depth look at relevant issues, for example, guides on protection of the safety of women human rights defenders and access to asylum for women facing persecution in the form of gender-based violence.
Two particularly important materials which informed this Practitioners’ Guide are two academic projects, which have a clear impact on the development of laws that ensure women’s access to justice: the book “Gender Stereotyping” by Rebecca Cook and Simone Cusack and the CEDAW Commentary, edited by Christine Chinkin, Marsha Freeman and Beate Rudolf. Cook and Cusack’s elegant analysis of international human rights law on gender stereotyping provides the tools to analyse in detail why a statement or proposition can be challenged in objective terms as inaccurate or tending to limit women’s choices, preferences and action, rather than (or indeed, supplementary to) the subjective viewpoint that a stereotypical view is sexist and offensive. As such, it provides a further lens, a further dimension, to any gendered human rights problem. The CEDAW Commentary contains an accessible analysis of the huge body of CEDAW Concluding Observations as well as General Recommendations and jurisprudence, set out according to Article and subject matter.
Women’s equality and an end to gender-based violence are recognized as cornerstones in current high-level global normative processes, such as the Sustainable Development Goals and the 15 year review of the women, peace and security initiative at the Security Council (the latter recognized the necessity of “transformative” justice, which includes women as participants and leaders at every level), yet the implementation of these norms in reality is lacking, so profoundly. As a writer, I always wonder how readers are affected by what I write, what is persuasive, what is useful, what is discounted and why: so much more so with this Practitioners’ Guide. We need to know more about why these norms are not taken up.
In an ideal world, there would be detailed guides to assist those dealing with gender-based violence against women to provide a good, rights-based service to survivors across all professions, and the wider community. I hope that you will find this contribution helpful and would welcome your feedback.

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