Derecho Internacional/ International Law

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oficina_15La normativa UE sobre cláusulas abusivas también es aplicable a los procedimientos concursales 

Fuente: Noticias Jurídicas 

En su sentencia de fecha 21 de abril de 2016, en el asunto C 377/14 Ernst Georg Radlinger y Helena Radlingerová / Finway a.s, el TJUE declara que la obligación que incumbe al juez nacional de examinar de oficio que los profesionales se atengan a las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, también se aplica en los procedimientos concursales. Lo mismo cabe decir respecto de las normas relativas a los contratos de crédito al consumo.
La existencia de esta obligación ya ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia en lo que concierne a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión aplicables en materia de las cláusulas abusivas estipuladas en los contratos celebrados con los consumidores, de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales y de venta y garantías de los bienes de consumo.


En virtud de esta obligación, el juez nacional también debe comprobar si la información que ha de mencionarse en los contratos de crédito al consumo se ha hecho constar de forma clara y concisa.
En concurso de acreedores por no poder devolver un crédito
En agosto de 2011, los esposos Radlinger celebraron un contrato de crédito al consumo con la sociedad Smart Hypo por importe de 1 170 000 coronas checas (CZK) (unos 43 000 euros). Se comprometieron a devolver al acreedor 2 958 000 CZK (unos 109 500 euros) en 120 mensualidades (la TAE del crédito ascendía al 28,9 %) y a abonarle cuantiosas penalizaciones en caso de que no lograsen dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
En septiembre de 2011, la sociedad Finway, a quien Smart Hypo había cedido los créditos que tenía frente a los esposos Radlinger, instó a éstos a devolver inmediatamente la totalidad de la deuda, incluidos los intereses, los gastos y las penalizaciones. Motivó esta petición basándose en que, al celebrar el contrato, los esposos Radlinger no le habían informado de que se había decretado un embargo de sus bienes por importe de 4 285 CZK (unos 160 euros).
En abril de 2013, el Krajský soud v Praze (Tribunal regional de Praga, República Checa) declaró a los esposos Radlinger en concurso de acreedores e inició un procedimiento concursal contra ellos. En el marco de ese procedimiento, la pareja impugnó el importe exigido por Finway (4 405 531 CZK, esto es, unos 163 000 euros).
Cuestión prejudicial
En este contexto, el Krajský soud v Praze pregunta al Tribunal de Justicia si las normas de Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores se oponen a la normativa checa, que no permite al juez que ha de pronunciarse sobre el procedimiento concursal examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual estipulada en un contrato celebrado con consumidores. El órgano jurisdiccional checo desea además que se dilucide si el juez nacional debe comprobar de oficio si la información relativa a los contratos de crédito al consumo que ha de indicarse en esos contratos se ha hecho constar de forma clara y concisa.
Cláusulas abusivas
Así, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre cláusulas abusivas se opone a la normativa checa que no permite que, dentro de un procedimiento concursal, el juez examine el carácter abusivo de una cláusula estipulada en un contrato de crédito al consumo, aunque disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello.
La misma Directiva se opone además a la normativa controvertida en la medida en que únicamente permite impugnar algunos de los créditos y tan sólo mediante un número limitado de alegaciones (prescripción o caducidad).
Información clara y concisa
Además, el Tribunal de Justicia señala que, en virtud de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo, el juez nacional que conoce de un litigio relativo a derechos de crédito derivados de un contrato de ese tipo también debe examinar de oficio si la informaciónrelativa al crédito (como, por ejemplo, la TAE) que debe mencionarse en dicho contrato, se ha hecho constar de forma clara y concisa. A continuación, ha de deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional para el incumplimiento de la obligación de información (las sanciones deben tener carácter efectivo, proporcionado y disuasorio).
«Importe total del crédito»
Asimismo, el Tribunal de Justicia precisa que, en virtud de esta última Directiva, el «importe total del crédito» no puede incluir ninguna cantidad que esté comprendida en el «coste total del crédito», es decir, las cantidades destinadas a satisfacer los compromisos asumidos para la obtención del crédito de que se trate, tales como los gastos administrativos, los intereses, las comisiones o cualquier otro tipo de gastos que el consumidor haya de abonar. La inclusión irregular de estas cantidades en el importe total del crédito tendrá como consecuencia una infravaloración de la TAE, puesto que el cálculo de ésta depende del importe total del crédito, y afectará, por consiguiente, a la exactitud de la información que debe mencionarse en el contrato.
Por último, en lo que concierne al examen del carácter abusivo de las penalizacionesimpuestas al consumidor que no cumpla sus obligaciones, el Tribunal de Justicia declara que el juez nacional ha de evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas que figuren en el contrato y, en caso de que compruebe que varias de ellas tienen carácter abusivo, debe excluir todas aquellas que sean abusivas (y no sólo algunas de ellas).

oficina_07Bruselas pide a los 28 firmar el nuevo acuerdo de protección de datos con EEUU para combatir el terrorismo 
Fuente: La Información 
La Comisión Europea ha propuesto este viernes a los Veintiocho la autorización para firmar y concluir el nuevo acuerdo de protección de datos entre la UE y Estados Unidos concluido en septiembre de 2015 para cooperar en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La firma del presidente estadounidense, Barack Obama, el pasado mes de febrero del Acta de Reparación Judicial que permite a los ciudadanos europeos derecho a acudir a los tribunales estadounidenses en caso de violación de la privacidad de sus datos personales abre ahora la puerta a la firma del acuerdo entre la UE y Estados Unidos.
La comisaria de Justicia, Vera Jourová, ha defendido que el acuerdo garantizará “un estándar de protección de datos elevado cuando las autoridades intercambien datos personales, tales como antecedentes penales, nombres o direcciones a ambos lados del Atlántico para combatir el crimen y el terrorismo”.
También ha subrayado que “el Acta de Reparación Judicial garantizará que todos los ciudadanos de la UE tendrán derecho a que se cumplan sus derechos de protección de datos ante tribunales de EEUU” tal y como ya ocurre con los ciudadanos estadounidenses en Europa.
“Esto es un logro histórico para reconstruir la confianza en la transferencia de datos a ambos lados del Atlántico y para reforzar el derecho fundamental a la privacidad”, ha recalcado.
El acuerdo incluye salvaguardias y garantías para la transferencia legítima de todos los datos personales entre la UE y Estados Unidos, entre ellos, la limitación clara de que sólo podrán utilizarse para prevenir, detectar, investigar y juzgar delitos criminales, incluido delitos de terrorismo.
Además, la transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones sólo podrá darse con el consentimiento previo de las autoridades del país que remitió los datos y los datos personales individuales no podrán retenerse más allá del tiempo “necesario o apropiado”, teniendo en cuenta el impacto para los derechos de intereses de la persona y el plazo de retención deberá conocerse de forma pública en todo caso.
Los ciudadanos europeos también tendrán derecho a acceder a sus datos con ciertas condiciones y a pedir que se corrijan, además de recurrir a los tribunales estadounidenses en caso de que se viole la privacidad de sus datos o cuando las autoridades estadounidenses rechacen su acceso a los datos o a la rectificación.
El acuerdo también contempla la creación de un mecanismo para informar sobre las violaciones de la protección de datos personales a las autoridades nacionales competentes.
Los Gobiernos de los Veintiocho deben autorizar la firma del acuerdo con Estados Unidos y después aprobar su conclusión formal tras el consentimiento de la Eurocámara al acuerdo.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

El Banco Mundial tiene inmunidad, dictamina la Corte Suprema de Canadá 
Fuente: Radio Canadá Internacional 
El Banco Mundial goza de inmunidad en virtud del derecho internacional, y por lo tanto no tendrá que entregar sus documentos de investigación a un tribunal canadiense en un caso de corrupción que involucra a empleados de SNC-Lavalin, dictaminó el Tribunal Supremo de Canadá.
Kevin Wallace
La institución internacional que se negó a someterse a una orden de presentación del juez de primera instancia, se dirigió directamente a la corte más alta del país, que le dio la razón el viernes en una decisión unánime co-firmada por los jueces Suzanne Côté y Michael Moldaver.
El caso, que involucra a un ex alto ejecutivo de la empresa de ingeniería, Kevin Wallace, concierne alegaciones de corrupción en relación con la adjudicación de un contrato de servicios de consultoría lucrativos y de supervisión de trabajos de construcción de un puente multimodal sobre el río Padma en Bangladesh.
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) había presentado en septiembre de 2013, en Toronto, un cargo corrupción de funcionarios extranjeros contra el Sr. Wallace y otros tres empleados de SNC-Lavalin.
El Banco Mundial, que financió el proyecto, eliminó en 2013, a SNC-Lavalin y cien de sus filiales, de todas las ofertas relacionadas con los proyectos financiados de la institución por los próximos 10 años.
“El período más largo de exclusión nunca antes fijado en una resolución del Banco Mundial”, encabezó el comunicado de prensa anunciando la sanción.

oficina_10Parlamento Europeo afirma que demanda marítima boliviana es un tema “estrictamente bilateral” 

Fuente: La Tercera

El organismo valoró el respeto de Chile a los tratados internacionales, “incluida la estabilidad de las fronteras y la integridad territorial”.
Tras la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Congreso Nacional de Chile, que se desarrolló a principios de esta semana en Bruselas, ambas instancias firmaron una declaración conjunta en donde se aborda la demanda marítima boliviana.
En el párrafo 20 del texto, el organismo europeo valora el respeto de Chile a los tratados internacionales y afirma que la demanda de Bolivia es un tema “bilateral”.
“La Delegación del Parlamento Europeo reconoce el desempeño de Chile en el concierto global, entregando un aporte sustantivo al sistema internacional, al respeto a los tratados internacionales, incluida la estabilidad de las fronteras y la integridad territorial”, señala la declaración.
“Los Parlamentarios consideran que la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia relativa a su aspiración marítima, es una tema estrictamente bilateral”, añade.
Finalmente, el Parlamentode la UE destaca “el trabajo permanente de Chile en la promoción de los principios de un multilateralismo efectivo, el respeto del derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados, los derechos humanos, la democracia, la promoción y la búsqueda de la paz”.

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