Derecho Internacional/ International Law

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Consideraciones para la invocación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) 
Fuente: Organización de Estados Americanos 
La CDI, resolución de la Asamblea General de la OEA, adoptada el 11 de setiembre de 2001 prevé distintas vías que permiten su invocación.

El artículo 17 habilita a cualquier gobierno de un Estado miembro a hacerlo cuando considera que está en riesgo su proceso institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, pudiendo recurrir a la asistencia del Secretario General o del Consejo Permanente.

El artículo 18, por su parte, autoriza al Secretario General o al Consejo Permanente a disponer visitas y otras gestiones con el consentimiento del gobierno del país afectado.

En tanto, el artículo 19 refiere a situaciones de alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático, o situaciones de ruptura del orden democrático; y el artículo 20 detalla los procedimientos a seguir en el primer caso que cita el artículo 19. En ambas situaciones ni hay solicitud ni consentimiento del gobierno del Estado afectado.”

Una dificultad que se ha señalado, por el anterior Secretario General, en informe al Consejo Permanente (CP/doc. 4184/07 de 4 abril 2007) es la relativa al concepto de “gobierno”.

Los artículos 17 y 18 de la CDI se refieren a la “solicitud del gobierno” y al “consentimiento del gobierno”. El Consejo Permanente y en última instancia la Asamblea General son los órganos donde están representados los gobiernos, quienes deciden las medidas a adoptar. En el estado actual del derecho parece difícil que se acepte que otros funcionarios gubernamentales que no sean los designados y acreditados por el poder ejecutivo puedan representar a ese mismo Estado en dichos órganos. Es cierto que, de acuerdo con el derecho internacional, todos los poderes conforman el gobierno (Convención de Montevideo de 1933, por ejemplo) y que sus actos generan responsabilidad internacional para el Estado; pero no es menos cierto que los órdenes jurídicos internos y las constituciones nacionales, otorgan al poder ejecutivo, y no a otros poderes, la representación internacional del Estado, lo que ha sido retomado e incorporado en normas internacionales referidas a las relaciones diplomáticas y consulares o a la celebración de tratados.

Por ello, a falta de consentimiento del poder ejecutivo que no permite ir por las vías previstas en los artículos 17 o 18, y no habiéndose producido la ruptura del orden democrático, el único camino es lo dispuesto en el artículo 20.

Esta vía se inicia cumpliendo con los siguientes requisitos:

• la condición para invocarlo es que haya una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro de la OEA;
• quienes pueden invocarlo son el Secretario General o cualquier Estado miembro
quien aprecia si ello es así, si existe o no una alteración grave, y decide en consecuencia las medidas a adoptar, es el Consejo Permanente.

La pregunta natural que uno se hace es qué se entiende por una alteración grave.

Primero se trata de ver cuando hay una alteración. Los artículos 3 y 4 señalan cuáles son los elementos esenciales y los componentes fundamentales del orden democrático. Hay alteración cuando se ve afectado uno o más de esos elementos o componentes enumerados en dichos artículos. En este sentido se pronunció en el año 2009 el Comité Jurídico Interamericano al afirmar que “la alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático (art. 19 y 20 de la CDI) son situaciones que deben apreciarse a la luz de la vigencia de los elementos esenciales de la democracia representativa y de los componentes fundamentales del ejercicio de la misma” (CJI/RES. 159 (LXXV-O/09).

Pero (art.20) el determinar cuándo esa alteración es grave está sujeto a la apreciación que colectivamente realice el Consejo. El Consejo decide por mayoría de los miembros de la OEA (18 votos). Es esta una apreciación política en base a los elementos que se le sometan para su consideración. El Consejo puede:
• considerar que no hay alteración o
• que ésta pese a existir no es suficiente como para afectar gravemente el orden constitucional, en cuyo caso ahí termina el procedimiento. O puede,
• considerar que sí hay una alteración grave.

En este último caso continúa el camino indicado en los párrafos siguientes del artículo 20:

• proponer la realización de gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática y si éstas resultaran infructuosas
• la convocatoria de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General según lo dispone el artículo 20 párrafos 3 y 4 (para lo cual se requieren los votos de dos tercios de Estados, o sea 24).

La Asamblea General podrá proponer nuevas gestiones diplomáticas y en último caso, si se diese la ruptura del orden democrático constatado por ella, decidir la suspensión del Estado (artículo 21). No debe confundirse “ruptura del orden democrático” con “alteración grave” ; son dos situaciones distintas tal como lo indica el artículo 19 cuando dice que tanto una como otra son un “obstáculo insuperable para la participación en las sesiones de la Asamblea General (…)”. En el primer caso ya no hay gobierno; en el segundo, sí lo hay, de ahí el procedimiento previsto en el artículo 20 que supone gestiones posibles ante las autoridades nacionales.

Estos son los caminos jurídicos que abren las normas de la CDI, para la actuación de la OEA, de su Consejo Permanente y de su Secretario General para permitir asistir a un Estado miembro cuando se considere que está en riesgo su proceso político institucional y el orden democrático.

oficina_16En junio se restablecerá el tráfico transatlántico de datos

-Unión Europea-

Fuente: El Economista 

El nuevo Escudo de Privacidad (Privacy Shield) negociado entre la Comisión Europea (CE) y la Administración de Estados Unidos (EEUU) entrará en vigor en el próximo mes de junio, poniendo fin al actual periodo transitorio en la transmisión de datos entre las empresas de uno y otro lado del Atlántico.
Esta situación, actualmente, está teniendo unos elevados costes para las empresas, que han tenido que adaptar su tráfico de datos a canales alternativos al Puerto Seguro.
Acceso a los tribunales
Tras la adopción por el Congreso de EEUU de la Ley de recurso judicial -Judicial Redress Act-, promulgada por el presidente Obama el 24 de febrero, la CE propondrá la firma del acuerdo marco. Esta Ley concede a los ciudadanos de la UE la facultad de invocar sus derechos de protección de datos ante los tribunales de EEUU.
El nuevo acuerdo sustituirá al Puerto Seguro -Safe Harbour -, invalidado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 6 de octubre de 2015, en el caso Schrems, al considerar que no protegía de manera adecuada los datos personales de los ciudadanos de la UE, especialmente ante las actividades de vigilancia de los servicios secretos de EEUU, desveladas por Edward Snowden en 2013. El nuevo mecanismo impondrá obligaciones más estrictas a las empresas de EEUU sobre la protección de datos personales de los europeos y obligará a un mayor nivel de seguimiento y de ejecución al Departamento de Comercio de los Estados Unidos y a la Comisión Federal de Comercio, incluso mediante una mayor cooperación con las autoridades europeas.
Francisco Fonseca, director general adjunto de Justicia y Consumidores de la UE, que participa en las negociaciones con la representación norteamericana, explicaba en una reciente jornada de análisis organizada por la Cámara de Comercio de EEUU en España y la CE, que “ha sido una negociación muy complicada en la que al final hemos logrado responder de una manera razonable a las grandes exigencias del TJUE en el caso Schrems”.
“Hemos acordado que ante los problemas de seguridad actuales se pueda restringir en parte este derecho, pero tiene que ser por vía legislativa y en interés general de una sociedad democrática y no de manera unilateral. Y esto ha sido muy difícil de comprender por los negociadores americanos, porque ellos consideran que desde el punto de vista constitucional americano es posible buscar datos al por mayor”.
La directora de la Agencia Española de protección de Datos (AEPD), Mar España, reconoció que ni en España ni en el resto de los Estados de la UE se ha multado a las empresas por no cumplir con las exigencias de uso de mecanismos alternativos.
Las empresas norteamericanas que deseen importar datos personales desde Europa deberán comprometerse a cumplir las obligaciones de tratamiento de datos personales y toda empresa que gestione datos de recursos humanos deberá comprometerse, además, a cumplir las decisiones de las autoridades de protección de datos.

encuentro_09China y Europa celebran Conferencia Internacional de Cooperación Judicial en Suzhou 

Fuente: CCTV Español 

China y Europa celebran el miércoles en la ciudad oriental china de Suzhou la Conferencia Internacional de Cooperación Judicial.
La cita de dos días de duración tiene como objetivo profundizar los intercambios entre las comunidades legislativas de China y los países de Europa Central y Oriental.
Un gran paso adelante en la cooperación internacional judicial.
Los presidentes de los Tribunales Supremos y personalidades de renombre del sector legal de China y los países de Europa Central y Oriental se han reunido en Suzhou.
Con la iniciativa la Franja y la Ruta uniendo cada vez más a los países, la necesidad de una cooperación judicial se torna urgente.
El presidente del Tribunal Popular Supremo de China, Zhou Qiang dice :”La cooperación económica entre China y las naciones de Europa Central y Oriental se profundiza paralelo al aumento de las disputas transnacionales y comerciales. Todos nuestros países se enfrentan a diferentes niveles del crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas y ciberataques. Necesitamos trabajar juntos y con mayor efectividad para hacer frente a estos desafíos”.
El presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje a la conferencia en el que expresó a los participantes su deseo de que sean capaces de ofrecer un servicio judicial y una garantía sólidos para la iniciativa la Franja, la Ruta y el desarrollo común de los países.
El presidente del Tribunal Supremo de Croacia, Branko Hrvatin señala :”Nuestro tribunal supremo debe ser consciente de su lugar especial dentro del sistema legal de nuestros Estados para contribuir a la constancia y la unidad no solo de las leyes de cada uno de nuestros países sino también de las leyes del derecho internacional”.
Bajo el lema “El sistema jurídico en la era de la información mundial”, la conferencia de dos días de duración debatirá temas tales como la reforma y la transparencia judiciales, la aplicación de la tecnología de la información y los tribunales.
Zhou indica :”La reforma judicial es un cambio profundo al sistema actual, en el que se hace indispensable fortalecer el diseño vertical. Mientras tanto, dada la inmensidad del territorio de China y las grandes diferencias entre las zonas del oriente, occidente y centro, se permitirán las exploraciones locales sobre la base de las condiciones prácticas”.

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