Derechos Humanos/ Human Rights

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IMG_0896Derechos de los campesionos: un balance del debate en Naciones Unidas
Fuente: RIDH Panorama 
Ginebra, 26 de mayo.- El Grupo de trabajo de la ONU encargado de elaborar una declaración de los derechos de los campesinos celebró su tercera sesión entre el 17 y el 20 de mayo. Durante la reunión, estados miembros de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo participaron en el debate sobre la pertinencia del texto propuesto, antes de discutir en detalle el contenido de sus artículos.


Los estados que están a favor de la declaración, como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Sudáfrica, Irán y Egipto, señalaron la importancia de llenar los vacíos de la legislación internacional en materia de protección de los pequeños agricultores.
Por su parte, los estados que se oponen a la aprobación del texto, como los miembros de la Unión Europea o Estados Unidos, estimaron que fortalecer la implementación de los instrumentos de protección que ya existen es más pertinente que crear nuevos estándares.
La Resolución 21/19 del Consejo de Derechos Humanos, mediante la cual se creó el Grupo de trabajo, resaltó que “el 80 % de las personas que padecen hambre viven en el área rural, especialmente en países en desarrollo”. Esta observación puso de relieve la importancia de abordar las necesidades y proteger los derechos de los pobladores de las áreas rurales, quienes afrontan una discriminación desproporcionada.
Para Ecuador, el proyecto de declaración es la respuesta que la comunidad internacional debe dar a estas necesidades. La secretaria general de FIAN Internacional, Sofía Monsalve, también hizo énfasis en la urgencia de contar con esta declaración al señalar que representará el “reconocimiento de derechos en las legislaciones nacionales” y que su adopción facilitaría “la implementación del derecho internacional de los derechos humanos y la aplicación del marco normativo vigente”.
La Unión Europea, que rechaza el texto completo, se mostró en desacuerdo con esta posición toda vez que, desde su perspectiva, el proyecto de declaración no aporta en el análisis o evaluación de dicho marco normativo y carece de definiciones y referencias claras. Países Bajos, que tomó la palabra en nombre de la Unión Europea, participó activamente en el debate, pero no respaldó el proyecto de declaración.
Estados Unidos mantuvo sus reservas frente al texto con el argumento de que el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos de la ONU no son los mecanismos apropiados para abordar esta problemática. Por esta razón, se opuso a la aprobación de la integralidad de la declaración.
Suiza, por su parte, manifestó su beneplácito por la renovación del mandato del Grupo de trabajo y expresó su respaldo a la creación de nuevos derechos según el principio del consenso. Esto constituye un paso adelante por parte del Estado helvético, que fue más reticente a esta idea durante la segunda sesión del grupo de trabajo, celebrada el año pasado.
La iniciativa popular sobre soberanía alimentaria, lanzada en Suiza por la organización sindical campesina Uniterre y recientemente presentada a la cancillería federal, pudo haber influido en la posición del Estado. Dicha iniciativa abarca varios temas, incluyendo la agricultura local sostenible y la protección del medioambiente, principios centrales del ideal de la soberanía alimentaria.

La creación de nuevos derechos fue otro de los temas discutidos durante la sesión. Estados Unidos estipuló que no existe una definición internacionalmente aceptada del derecho a las semillas, asunto relacionado con la controversia entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho a “conservar, utilizar, mantener y desarrollar sus propias semillas, cultivos y recursos genéticos”, postulado en el artículo 22 del proyecto de declaración.
La Unión Europea dijo estar preocupada por la representación de los campesinos como un grupo homogéneo. Sin embargo, Henry Saragih, presidente de la Unión Indonesia de Campesinos y coordinador general de La Vía Campesina, saludó la ampliación de la declaración y el hecho de que incluya más derechos con el fin de que pueda ser aplicada en diferentes contextos, reconociendo que cada país tiene diferentes prioridades en materia de protección de los campesinos locales.
Elizabeth Mpofu, representante de La Vía Campesina, planteó otros problemas relacionados con la situación específica de África. “Allí se están implementando muchas políticas, pero sin consultar a los campesinos”, sostuvo Mpofu, quien puso como ejemplo el caso de Zimbabwe, en donde los campesinos están presionando al gobierno para que respalde el uso de semillas locales ya que no pueden pagarse las que ofrece el mercado global.

Según ella, la declaración permitiría a los agricultores un mejor acceso a la información y reduciría la influencia de los intermediarios que entorpecen su capacidad de negociar los precios de las semillas.
Pero el anhelo de un reconocimiento legal de los pequeños productores no solo está presente en los países en desarrollo, sino también en Europa.
Geneviève Savigny, representante europea de La Vía Campesina, ve la posición de Estados Unidos y la Unión Europea como el reflejo de un problema filosófico global. Para ella “la Unión Europea está dispuesta a crear nuevos derechos comerciales, pero no a reconocer nuevos derechos humanos”. En su opinión, esto da la impresión de que ciertos países occidentales son aliados del mercado, pero no de la gente.

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El Parlasur contará con un centro de documentación de derechos humanos integrales 
Fuente: El Diario 
La iniciativa tratada en Montevideo, fue presentada por la representante misionera Cecilia Britto, y funcionará en el ámbito de la comisión de DD.HH del Parlamento del Mercosur. “Nos llena de orgullo poder poner a consideración aquí, herramientas legislativas del presidente de la Cámara de Representante de Misiones, Carlos Rovira y de la ministra de Derechos Humanos, Lilia Tiki Marchesini, y contar con el acompañamiento de mis pares para concretar este anhelo”, destacó la parlamentaria.

“Nuestra provincia es la única Legislatura del país que cuenta con este Centro de Documentación que ahora también va a tener su ámbito en el Parlasur. La medida nos permitirá obtener un registro digitalizado, de todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y el respeto de los pactos internacionales. Es una satisfacción muy grande porque la comisión de DD.HH ha funcionado siempre con una alta jerarquización, y este instrumento busca contribuir a poner en valor la institucionalidad del Parlasur”, sostuvo Britto.

Asimismo se refirió específicamente a los pedidos presentados por legisladores venezolanos. “Según lo previsto en el orden del día le dimos tratamiento al informe referido a varias denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos; y también avanzamos en la organización de la audiencia pública a realizarse próximamente en Caracas, Venezuela; con la colaboración de la Asamblea Nacional y la participación del Poder Ejecutivo”.

“Estamos muy contentos porque pudimos avanzar; la audiencia en Venezuela se venía postergando desde hace cuatro años; sabemos que están viviendo momentos muy críticos, que es una situación muy difícil, pero se han tomado los recaudos, y nos han garantizados la seguridad necesaria para que podamos ser observadores de lo que ocurre en ese país, y poder después presentar un informe al Parlasur”, indicó Cecilia Britto.

En cuanto a la sesión efectuada

este lunes, la parlamentaria dijo que “ha sido sumamente fructífera. Seguimos construyendo entre todos un Parlasur fuerte; con una delegación argentina que va consolidándose; con pensamientos diversos, pero trabajando en pos de un Parlamento plural; que tiene q ver con ese Mercosur en el que creemos los misioneros, y en el que creo juntos, a pesar de las diferentes miradas políticas, los representantes de nuestro país seguiremos apoyando y fortaleciendo; porque estamos convencidos que el Mercado Común del Sur es la herramienta de crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos”, concluyó.

Durante la reunión de la comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, dando cumplimiento al plan de labor, se recibió a autoridades RAFRO, organizadores de la II Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos de las personas Afrodescendientes, en el marco del Decenio Internacional de las personas Afrodescendientes declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar hoy en el Palacio Legislativo de la República Oriental del Uruguay.

También tuvieron tratamiento; el proyecto de Cecilia Britto, recomendando al Consejo del Mercado Común a instar a las Cancillerías y demás autoridades competentes de las Repúblicas de Venezuela y Brasil el restablecimiento del vínculo materno-filial del menor Flavio Andrei Carbalho de Abreu; y el proyecto de Julia Perié, declarando su preocupación por la decisión de la Unión Europea de prohibir el ingreso de los refugiados e inmigrantes a los países de la Unión, mediante el apoyo financiero a Turquía para mantenerlos en el territorio de ese país.

ley_19-137274La CoIDH determinó que Ecuador debe indemnizar a menor a la cual se le violó el derecho de acceso a la educación 
Fuente: Canal Judicial 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador a indemnizar a una menor, a quien se le violó su derecho de acceso a la educación protegido por el Protocolo de San Salvador y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La menor fue infectada de VIH, al recibir una transfusión de manera inadecuada, cuando tenía tres años.
Posteriormente fue expulsada del colegio cuando tenía 5 años, porque era portador del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Los órganos judiciales de Ecuador, le negaron la protección de la justicia, argumentando que su separación del colegio fue adecuada, pues con ello se protegía la salud del resto de estudiantes.
La Corte Interamericana consideró inadecuada la resolución, pues violaba el derecho a la educación de la menor.
Por ese motivo condenó a Ecuador a brindar atención médica y psicológica a la menor, así como a dotarla de medicamentos gratuitos.
Además, le deberá otorgar una beca para que continúe sus estudios universitarios y una vivienda digna, en el plazo de un año.
Asimismo tendrá que capacitar al personal de salud sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes con VIH.

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