Derecho Internacional/ International Law

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oficina_18El Secretario General de la OEA activa la Carta Democrática para Venezuela 
Fuente: Infolatam 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó hoy la Carta Democrática del organismo para Venezuela, un paso sin precedentes que abre un proceso que puede llevar a su suspensión del ente.


En un informe de 132 páginas publicado hoy, Almagro recurre al artículo 20 de la Carta para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”, un procedimiento que “deberá atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” de Venezuela.
Almagro se convierte así en el primer titular de la OEA en activar la Carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno y lo hace amparándose en el artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
El titular de la OEA “sustenta” su afirmación de que esa “alteración” existe en Venezuela “en las denuncias formuladas a la Secretaría General por la Asamblea Nacional de Venezuela”, de mayoría opositora, y por sus propias conclusiones explicadas exhaustivamente en este largo informe que él mismo ha elaborado.
“La Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (…) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”, afirma en el documento.
“La continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que se refiere a equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de derechos humanos, procedimiento para el referendo revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país lo cual afecta al pleno goce de los derechos sociales de la población”, añade.
“Todo ello implica que la responsabilidad de la comunidad hemisférica es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas”, concluye.
Con ese paso sin precedentes en la OEA se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo cual es necesario el voto de dos tercios de los cancilleres y que solo ocurrió tras el golpe de Estado de Honduras en 2009.

oficina_05Consejo Permanente aprueba declaración sobre situación en Venezuela 

Fuente: Organización de Estados Americanos

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy por consenso una declaración en la que los países miembros hacen un ofrecimiento a Venezuela “a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente” entre los actores políticos y sociales del país “para preservar la paz y la seguridad en Venezuela con pleno respeto a su soberanía”.

La declaración también ofrece su respaldo a la iniciativa de los ex presidentes de España, República Dominicana, y Panamá de reabrir un diálogo efectivo entre el Gobierno y la Oposición, “con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica” del país; el respaldo del Consejo “a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan con apego a la constitución y pleno respeto de los derechos humanos de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democrática representativa”; y su apoyo “a todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y a los procedimientos constitucionales”.

El texto completo de la declaración está disponible aquí

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Los jueces se unen contra los ciberdelitos 
-Argentina –
Fuente: Diario Judicial 
En el marco del primer Taller Regional en Materia de Delito Cibernético, el ministro de de Justicia, Germán Garavano, expuso sobre las implicancias que tiene el tema dentro del sistema de justicia. Por su parte, el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, explicó que ”estos delitos exigen una rápida respuesta por parte de los jueces”.
Argentina, cada vez son más frecuentes los delitos informáticos y aquellos asociados a Internet. Ante esta situación, donde dichas conductas ilícitas pueden causar graves daños, se realizó por primera vez en el país el Taller Regional en Materia de Delito Cibernético para magistrados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
La organización estuvo a cargo de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
La iniciativa se dio en el marco de las recomendaciones formuladas por los Ministros de Justicia, Fiscales y Procuradores Generales de las Américas (REMJA), a los fines de “fortalecer y consolidar la cooperación hemisférica en la prevención y el combate contra el delito cibernético”.
En la jornada de cierre del taller, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, destacó la importancia de la capacitación para combatir la criminalidad informática. “Es un tema central dentro de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en toda la región”, indicó.
Según datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las amenazas a la seguridad en Internet “se han disparado de forma espectacular en los últimos años, y el delito cibernético afecta ahora a más de 431 millones de víctimas adultas a nivel mundial”. Los delitos más frecuentes son aquellos relacionados con la identidad y el fraude al consumidor.
En cuanto al procedimiento y producción de prueba electrónica, Garavano manifestó: “No es el fondo de la cuestión de estos nuevos delitos, sino que la evidencia digital se nos va a presentar en todos los casos y tipos de delitos”.
“Los jueces deben armar redes de cooperación”
En diálogo con Diario Judicial, el Secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jean Michel Arrighi, explicó que “estamos frente a nuevos desafíos tecnológicos que exigen una rápida respuesta por parte de los jueces (…) muchas de estas actividades pueden ser transfronterizas y, además, simultaneas”.
En materia legislativa, el especialista advirtió que la regulación “no siempre va al ritmo de la evolución tecnológica”, y agregó: “A veces no es suficiente, ya que un proceso legislativo lleva su tiempo y los delincuentes no están esperando leyes para cometer delitos”.
“Debemos tratar de utilizar las leyes existentes e ir actualizándolas cuando sea necesario. Los legisladores deben tener conciencia de que no están actuando para hoy, sino para el futuro. No podemos cambiar la normativa con cada modelo de celular que aparece”, dijo Arrighi, quien participó en el evento.
Arrighi también expresó que “los delincuentes son muy buenos para armar redes delictivas y, en consecuencia, eso exige armar redes de magistrados, es decir que los jueces estén suficientemente equipados para cooperar entre ellos”. Y añadió: “Estos talleres permiten que los magistrados se conozcan”.
“Queremos fomentar la cooperación y el desarrollo de nuevos temas jurídicos. Tuvimos una estupenda experiencia con la ley de Acceso a la Información que, de alguna forma, tomó el modelo de la ley Interamericana de la OEA”, concluyó.

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La UE acuerda la normativa aplicable al régimen económico de las parejas de nacionales de diferentes Estados 
Fuente: Noticias Jurídicas 

Deiciocho Estados miembros de la UE, entre ellos España, han alcanzado un acuerdo sobre la normativa aplicable a los regímenes de propiedad de los matrimonios y de las parejas de hecho registradas como tales, en los intervienen situaciones transfronterizas (por ejemplo, aquellos casos de parejas compuestas por nacionales de diferentes Estados miembros, que poseen propiedades en otro Estado miembro).
Este acuerdo es consecuencia de la aprobación, el pasado 2 de marzo, de una propuesta de acuerdo de cooperación reforzada entre dichos Estados, para clarificar las normas aplicables a los regímenes patrimoniales de las parejas casadas y las parejas de hecho internacionales registradas.
Además de España, forman parte de este acuerdo Suecia, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Croacia, Chipre, Eslovenia, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Países Bajos, Austria, y Finlandia. El resto de países de la Unión podrá sumarse a la normativa en cualquier momento una vez se adopte formalmente. Estonia por ejemplo ya ha anunciado su intención de hacerlo tras su adopción.
Beneficios para los ciudadanos
La importancia de esta iniciativa se aprecia teniendo en cuenta que en toda la UE hay unos 16 millones de parejas internacionales, según datos de 2011 que maneja Bruselas y que las reglas sobre estas materias varían mucho de un país a otro, generando no poca inseguridad y numerosos conflictos de elevado coste económico.
Por ello, la finalidad de esta iniciativa es:
1. Aclarar cuál es el órgano jurisdiccional nacional competente para ayudar a las parejas afectadas a gestionar su propiedad o dividirla en caso de divorcio, separación o fallecimiento (normas de competencia);
2. Aclarar qué legislación se aplica cuando podrían aplicarse al asunto las de varios países (normas sobre la legislación aplicable); y
3. Facilitar el reconocimiento y la ejecución en un Estado miembro de una resolución sobre asuntos de propiedad dictada en otro Estado miembro.
En consecuencia, este acuerdo clarifica las normas aplicables en caso de divorcio o defunción y tienen por objetivo poner fin a las contradicciones por la divergencia de los sistemas en los diferentes países relativos al régimen de propiedad o las cuentas bancarias, así como garantizar una mayor certidumbre jurídica para las parejas mixtas entre ciudadanos de diferentes Estado miembro.
Por tanto, estos instrumentos ayudarán a las parejas que se encuentren en un proceso de separación, o uno de cuyos miembros haya fallecido, y que posean bienes en otros Estados miembros diferentes del de su nacionalidad, a las que puede resultar muy difícil saber cuáles son las jurisdicciones competentes y las legislaciones aplicables a su situación y a su patrimonio.
Por ejemplo, para una pareja franco-alemana que viva en Bruselas, las disposiciones previstas les permitirán elegir previamente la ley de su residencia habitual (la ley belga) o la de su nacionalidad (la ley francesa o la ley alemana), garantizándoles así una mayor previsibilidad y, por tanto, más seguridad jurídica.
Ahorro de 400 millones al año
Los procesos judiciales “paralelos” en diferentes Estados miembros para resolver litigios de propiedades entre parejas suponen un coste en tasas de unos 1.100 millones de euros al año, según cálculos del Ejecutivo comunitario, que estima que las nuevas normas pueden ahorrar a las parejas “alrededor de 400 millones al año en costes adicionales”.
Competencia para regular sobre matrimonio
Los Estados miembro retienen la competencia para regular sobre matrimonio y parejas de hecho. De hecho, las nuevas normativas incluyen una serie de salvaguardias para respetar los sistemas nacionales jurídicos, por ejemplo, no obliga a los países que participen en la iniciativa a reconocer las parejas registradas si su legislación no las reconoce como institución ni a asumir la jurisdicción sobre ellas.
Los Estados miembros que no participan seguirán aplicando su legislación nacional, incluido sus normas sobre el derecho privado internacional.
Las propuestas de Reglamento sobre parejas internacionales
El 16 de marzo de 2011, la Comisión adoptó las dos primeras propuestas de Reglamentos sobre los regímenes patrimoniales de las parejas internacionales, uno para las parejas casadas (Propuesta de Reglamento sobre jurisdicción, Ley aplicable y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de regímenes económico matrimoniales) y otro para las parejas de hecho (Propuesta de Reglamento sobre jurisdicción, Ley aplicable y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de las relaciones económicas de las parejas de hecho registradas). Puesto que las propuestas se refieren al Derecho de familia, deben adoptarse por unanimidad en el Consejo.
Sin embargo, en diciembre de 2015 el Consejo llegó a la conclusión de que no era posible la unanimidad de los 28 Estados miembros para la adopción de los dos Reglamentos.
Por ello, 17 Estados miembros solicitaron a la Comisión que propusiera una decisión por la que se autorizara el establecimiento de una cooperación reforzada entre ellos en materia de regímenes patrimoniales de las parejas internacionales, que abarcara tanto los matrimonios como las uniones de hecho registradas.

hammer-719066_1280TEH: Los Estados no están obligados a introducir el matrimonio homosexual en sus ordenamientos internos 
Fuente: Noticias Jurídicas 

Según el TEDH, el art. 12 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que reconoce al hombre y a la mujer el derecho de contraer matrimonio según las leyes nacionales, no impone a los Estados la obligación de introducir en su regulación el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Así lo ha declara en una sentencia de fecha 9 de junio de 2016 (asunto n.º 40183/07, Chapin et Charpentier c. Francia), en la que reitera básicamente lo establecido en sus anteriores pronunciamientos de 24 de junio de 2010 (Schalk y Kopf), 15 de marzo de 2012 (Gas y Dubois) y 16 de julio de 2014 (Hämäläinen).
Derecho a contraer matrimonio y a la no discriminación por razón de sexo
Conforme a esta línea jurisprudencial, “si bien la institución del matrimonio se ha visto profundamente afectada por la evolución de la sociedad desde la adopción del Convenio, no existe un consenso a nivel europeo sobre la regulación del matrimonio homosexual”. Y es que, continúa, “el matrimonio está revestido de unas connotaciones sociales y culturales profundamente enraizadas, susceptibles de diferir notablemente de una sociedad a otra”.
Por ello el Tribunal considera que no es su misión sustituir con su criterio al de las autoridades nacionales, que se encuentran mejor situadas para apreciar en cada caso las necesidades de su sociedad, y deja los aspectos relativos a la autorización o a las restricciones al matrimonio homosexual a la ley nacional de los Estados.
Igualmente recuerda que, aunque un cierto número de Estados ya han admitido en su regulación el matrimonio entre personas del mismo sexo, no por ello cabe interpretar que el artículo 12 del Convenio imponga una obligación semejante a todos los Estados firmantes del mismo.
Por todo ello, el Tribunal no aprecia razón para modificar su criterio a este respecto y estima que no se vulneró el derecho de los demandantes al denegarles, en su momento, la posibilidad de contraer matrimonio.
Derecho a la vida privada y familiar sin discriminación
Este mismo criterio se mantiene incluso en una interpretación conjunta del art. 8 del Convenio (que establece el derecho a la vida privada y familiar de las personas) con el art. 14 del mismo (que prohíbe la limitación del disfrute de los derechos humanos en función del sexo de las personas).
A este respecto el Tribunal recuerda que los Estados son libres de limitar el matrimonio a las parejas heterosexuales, si bien disponen de un cierto margen para regular la naturaleza concreta atribuida a otros modelos de relación entre las personas.
Y si bien en la fecha de los hechos del litigio principal, los actores no podían contraer matrimonio, la ley francesa aplicable si les permitía al menos suscribir un pacto civil de solidaridad (pacte civil de solidarité), conforme al art. 515-1 del Código Civil francés, que atribuye a las partes un cierto número de derechos y obligaciones en materia fiscal, patrimonial y social. El tribunal admite que existen ciertas diferencias entre una y otra regulación, pero señala que no le corresponde pronunciarse en concreto sobre ellas, más allá de entender que con ello Francia hubiese sobrepasado su margen de apreciación en su regulación.
Finalmente, el Tribunal recuerda que Francia ya abrió la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo por medio de la Ley 2013-404 de 17 de mayo de 2013.


IMG_0893Chile demanda a Bolivia ante La Haya por el río Silala 

Fuente: El País 

Chile demandará a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (CIJ) para que confirme técnicamente que las aguas del río Silala son internacionales, según ha anunciado esta mañana la presidente Michelle Bachelet. La contraofensiva chilena se produce luego de la arremetida boliviana que comenzó el 23 de marzo del 2016, cuando el presidente Evo Morales anunció en su discurso del Día del Mar que estudiaría una demanda contra Chile por la utilización histórica del Silala. El 26 de marzo, tres días después, el mandatario concretó su anuncio y señaló, directamente, que demandaría a Chile ante la Justicia internacional.
“Hemos decidido tomar la iniciativa”, señaló la mandataria socialista en entrevista con radio Zero.
El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, profundizó en rueda de prensa sobre las razones de Chile para la contraofensiva: “Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del Gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos”. El canciller indicó que “Bolivia anunció una serie de acciones para que el Silala no siga fluyendo hacia Chile, lo que es inaceptable”. Como el Gobierno de Morales había señalado que se tardaría unos dos años en preparar una eventual demanda por este caso, Muñoz indicó que “Chile no puede permitir que Bolivia siga intentando instrumentalizar el derecho internacional y sus instituciones como vehículos de hostigamiento político”.
El equipo estará integrado por técnicos chilenos y extranjeros de alto nivel, expertos en recursos hídricos. El manejo de esta disputa quedará en manos de la directora del Departamento de Fronteras y Límites (DIFROL), Ximena Fuentes, que asumirá como agente de Chile. La acompañarán como coagentes la embajadora en La Haya, María Teresa Infante, y el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña. Con el nombramiento de quien fuera subsecretario de Justicia en el Gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera (2010-1014), Chile pretende nuevamente enviar una señal internacional: los asuntos de Relaciones Exteriores son tratados como problemas de Estado, al margen de las diferencias en política interna.
De acuerdo con Chile, el Silala es un río cuyas afloraciones nacen en el departamento boliviano de Potosí y fluyen a través de la frontera hacia la Región chilena de Antofagasta, por lo que se trata de un río internacional. Bolivia alega, sin embargo, que tiene derecho al 100% del uso de sus aguas. En ese marco, el 11 de mayo pasado, Bolivia dictó el Decreto Supremo N° 2760, con el que creó la Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala y Todos los Recursos Hídricos en Frontera con la República de Chile, organismo con recursos propios y dedicación exclusiva. De acuerdo a fuentes de la Cancillería chilena, aunque Bolivia tiene fronteras con cinco países de Sudamérica, en su definición la nueva Dirección sólo se dedicará a los recursos hídricos “en Frontera con la República de Chile”.
La disputa entre ambos países es una de las más duras de la región. Sin relaciones diplomáticas desde 1962, Bolivia demandó a Chile en 2014 ante la CIJ por una salida soberana al Pacífico, aunque todavía no ha especificado ante el tribunal lo que entiende por soberanía. El proceso se encuentra abierto y el próximo paso está programado para julio, cuando Chile deba entregar su contramemoria. De acuerdo a los cronogramas de La Haya, la sentencia se conocería a comienzos de 2018.
Chile recuerda que en el marco de la Agenda de 13 Puntos desarrollada en el primer mandato de la presidente Michelle Bachelet (2006-2010), Chile y Bolivia discutieron el caso del río Silala y en 2009 llegaron a un pre acuerdo que establecía un uso compartido de sus aguas, como es propio de los ríos binacionales. De acuerdo a Chile, el Gobierno de Morales decidió someter ese pre acuerdo a un referendo en el departamento de Potosí, cuyo resultado fue negativo porque dicho departamento quiso incorporar el pago de una supuesta “deuda histórica” que el Gobierno de Chile consideró inaceptable. Ante este panorama, el grupo de trabajo encargado de discutir la Agenda de los 13 Puntos acordó renovar las conversaciones más adelante.
De acuerdo a la posición chilena, Chile estuvo dispuesto a reanudar ese diálogo, pero estas conversaciones terminaron sin resultado debido a la insistencia de Bolivia de negar que el Silala es un curso de agua internacional. Para el Gobierno chileno, el lenguaje que el presidente Morales ha utilizado últimamente para referirse a este caso –empleando expresiones como las de “robo” y “usurpación” – ha ido restringiendo objetivamente las posibilidades de que Chile mantenga sus ofrecimientos anteriores para llegar a un acuerdo. El Gobierno chileno parece estar convencido de que Bolivia busca cercenar sus derechos sobre un curso de agua continuo binacional.


oficina_17Peru: UN experts welcome the adoption of the Law on the Search of Disappeared Persons 

Source: United Nations Human Rights Office of the High Commissioner

GENEVA (1st June 2016) – A group of human rights experts of the United Nations* welcomed the decision by the Congress of the Republic of Peru to approve the draft Law on the Search of Disappeared Persons, which will cover the period of the internal armed conflict between 1980 and 2000.
“This is a major step towards the realization of the right of all victims to know the truth about the fate and whereabouts of their loved ones,” the experts said, while highlighting the humanitarian spirit of the new law.
The bill, submitted to the legislature by the Ombudsperson Institution, confers on the Ministry of Justice and Human Rights, and on the Public Ministry, a central and leading role in the search for missing persons. Also, it establishes the creation of a National Registry of Disappeared Persons.
“We call on the Peruvian State to continue taking decisive steps, mainly through the immediate publication and enactment of the new Law on the Search of Disappeared Persons and the drafting of the related secondary norms,” the experts added. They also stressed the importance of ensuring the necessary and sufficient budget allocation for the law to be properly implemented by all the institutions involved.
The experts drew attention to the recent sentence issued by the Fifth Specialized Constitutional Court of Lima, whereby the multiple violations of the victims of the internal armed conflict were recognized. In that regard, they called on the Ministry of Justice and Human Rights to immediately address and implement the decision of the court, considering the age and situation of the relatives, and to reconsider the grounds for its appeal to this judgment, in light of the international obligations of the Peruvian State and the recommendations by human rights mechanisms.
Finally, the experts sent a message of recognition, solidarity and encouragement to the victims and families of persons who disappeared during the internal armed conflict in Peru, and reiterated its support for the Peruvian government in its efforts to clarify cases of enforced disappearance occurred during this period.
The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, which officially visited Peru in June 2015, will submit a report to the UN Human Rights Council in September 2016, with its observations and recommendations on the situation in the country.
– See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20046&LangID=E#sthash.sGn8tVtl.dpuf

IMG_0649Council of Europe calls on Liechtenstein to ratify the Criminal Law Convention on Corruption and to make political funding transparent
Source: Council of Europe
Strasbourg, 02.06.2016 – The Council of Europe’s Group of States against Corruption (GRECO) today called on Liechtenstein to ratify the Criminal Law Convention on Corruption, to fully implement it, and to swiftly and substantially improve legislation on political funding.
Liechtenstein joined the international anti-corruption efforts at a late stage and it is one of the four GRECO member states which, to date, has not ratified the Criminal Law Convention on corruption and its additional protocol. According to the report, the Criminal Code currently does not adequately cover bribery involving assembly members, foreign and international public officials and trading in influence involving public officials. As result, for instance, a parliamentarian or a local council member cannot be prosecuted for taking a bribe. At the same time, bribes are defined exclusively by reference to a financial value. Therefore, Liechtenstein needs to ensure that corruption involving favours and other intangible benefits can also be prosecuted. The sanctions should also be made more effective, proportionate and dissuasive. GRECO welcomes that ambitious amendments have already been prepared by the government in 2015 to address many of the above issues.
Liechtenstein is also one of the very few GRECO members which have no arrangements in place on the transparency of political financing. The 1984 legislation on the public subsidisation of political parties does not regulate private support at all, nor are parties required to consolidate their accounts so as to include all related activities and entities. This law sets forth that annual financial statements should be submitted to the Government’s Financial Affairs Unit, which can subsequently order a specific audit by private firms, and that these statements be published: but these important arrangements are not applied in practice. Liechtenstein needs to fill the gaps and to establish a sufficiently independent supervisory mechanism. Obviously, the desirable improvements would need to also apply during election campaigns, says the report.
In total, GRECO has made 20 recommendations for improvements and it will examine their implementation in the first half of 2018.

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