Derechos Humanos/ Human Rights

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derecho_01Corte Suprema de Colombia ordena atender crisis en La Guajira

Fuente: TeleSur

Investigadores de la organización colombiana Dejusticia señalaron que “no puede ser que un Estado no sepa por qué se están muriendo sus niños”.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia se unió a la lucha que ejercen varias entidades con respecto a la actual crisis de hambruna que vive La Guajira. Este miércoles exigió al Gobierno de Juan Manuel Santos responder por los cientos de niños que han muerto de hambre en ese departamento.

El director ejecutivo de la organización Dejusticia, César Rodríguez, puntualizó que la decisión es de gran importancia porque permite una coordinación entre las entidades estatales para remediar la crisis. “Muchas veces cuando aparecen este tipo de problemas y mucha gente trata de solucionarlo, aparece una descoordinación que termina empeorando todo”.

A este llamado de atención también se han sumado anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al decretar medidas cautelares en diciembre pasado, y el Tribunal Superior de Riohacha, que en el pasado mes junio le ordenó al presidente Juan Manuel Santos solucionar la emergencia humanitaria.

El titular de este centro señaló que ante esta situación son fundamentales este tipo de medidas judiciales, pero además hizo un llamado para que el tema no quede en el olvido de la opinión pública. “La esperanza de una solución descansa en que haya formas de presión múltiple. Si la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad y las organizaciones le seguimos dando una atención sostenida a los avances para solucionar esta crisis, creo que la esperanza aumenta considerablemente”.

La investigadora de la organización Dejusticia, Diana Guarnizo, precisó que la orden que dio la Corte Suprema es una decisión muy valiosa porque es el medio por el cual se van a tomar medidas efectivas de una manera organizada, con esto se está unificando una política pública, que por orden de la propia Corte, debe estar encabezada por la Presidencia.

El también investigador Mauricio Albarracín argumentó que este fallo judicial permite analizar la manera en que el Estado actúa antes y después de una decisión judicial. La intervención del Estado allá comenzó realmente cuando la CIDH emitió las medidas cautelares en diciembre pasado. Antes, solo había una omisión de su parte.

Albarracín indicó que lo que buscan los abogados es que no los condenen por nada (refiriéndose a las intervenciones de los abogados del Estado), pero esa no es su tarea. Su función y en lo que en realidad deberían estar trabajando es en que los niños de este país no se mueran de hambre. El Gobierno debería asistir a los tribunales con vergüenza y dispuesto a aceptar los cargos.

Con respecto a que sea la propia Presidencia la encargada de coordinar el plan de solución, Diana Guarnizo dijo estar de acuerdo en que la Presidencia es la que puede tener una visión más completa de este problema, para poner a todas las entidades a trabajar para acabar con este problema.

La investigadora Guarnizo hizo referencia a la ausencia de instituciones locales lo suficientemente fuertes y comprometidas con la protección de los miembros de su comunidad; Albarracín por su parte agregó el factor ambiental, en el que no solo tiene que ver el prolongado fenómeno de El Niño.

Para el Albarracín el mensaje es claro: “La Corte Suprema le parece evidente que hay una violación clara de los derechos de los niños y que esa violación la tiene que arreglar el Estado en coordinación con la Presidencia. Lo que pasa en La Guajira es un fracaso de la constitución”.

En contexto

Más de 100 niños han muerto en Colombia por desnutrición en lo que va de año,según revela el Instituto Nacional de Salud (INS).

El informe detalla que los departamentos más afectados por la poca o mala alimentación en los menores de cinco años son La Guajira (26) y en Meta (10). El 50,5 por ciento de los casos se registró en el sexo femenino; el 54,5 por ciento en menores de un año.

IMG_0893Militares presos irían a corte internacional

-Paraguay-

Fuente:  ABC

Familiares de militares encarcelados en el penal castrense de Viñas Cue podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado paraguayo por la prisión ilegal, según ellos, de los uniformados. Alegan la no publicación de leyes militares.

Los asesores legales de los militares presos agotarán las instancias locales para recurrir, eventualmente, a la corte internacional, con sede en San José, Costa Rica, según indicaron ayer Nelly Cortesi y el suboficial principal (SR) Juan Carlos Mereles, presidenta y secretario general, respectivamente, de la Coordinadora de Familiares de la Fuerza Pública.

Esta entidad sesionará mañana para tomar nuevas medidas en el reclamo que está haciendo para la liberación de los detenidos.

El argumento de la coordinadora es que los militares fueron juzgados y encarcelados bajo leyes castrenses que no tienen vigencia, porque nunca fueron publicadas en la Gaceta Oficial. Se refieren al Código Penal Militar, la Ley Orgánica de los Tribunales Militares y el Código de Procedimiento Penal Militar.

El Ejecutivo, en una respuesta al Congreso el viernes último, se ratificó en que las citadas normativas fueron publicadas en la revista Cerro Cora y la imprenta militar. El jueves pasado miembros de la coordinadora de familiares se encadenaron en la sede de la Justicia Militar. Al mismo tiempo, seis de los militares presos iniciaron una huelga de hambre, medida que seguían ayer. Cortesi informó que los huelguistas desde el sábado se niegan a ser inyectados por médicos castrenses, porque sospechan que puede ser una maniobra para desacreditar la medida de fuerza. Cinco de los presos fueron condenados por el caso del robo en la Aviación.

IMG_0896Más acceso a la justicia de personas vulnerables

-Perú-

Fuente:  El Peruano. 

El Poder Judicial articula e integra esfuerzos institucionales mediante el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, que avanza con innovadora metodología descentralizada, participativa y democrática, a través del ejercicio de las buenas prácticas judiciales.

Estos logros son posibles gracias a la participación voluntaria de jueces, juezas y servidores judiciales, quienes fuera de su horario de trabajo se desplazan a comunidades lejanas para apoyar en la admisión de demandas en mesas itinerantes y garantizar el acceso a la justicia en un Perú diverso y pluricultural.

A 120 días del lanzamiento del plan, en las 33 cortes de justicia de la República se han realizado diferentes actividades tendentes a acercar los órganos de justicia a la ciudadanía, fomentando buenas prácticas a favor de la población de extrema pobreza, discapacitados, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres violentadas, poblaciones indígenas y rurales, entre otras.

Se ejecutan productos y servicios acordes con los principios contenidos en las 100 Reglas de Brasilia y la Carta de los Derechos?de las Personas, toda vez que el acceso al sistema judicial implica no solo brindar un buen servicio de justicia, sino también remover los obstáculos y adoptar las medidas concretas para favorecer el goce efectivo de este derecho, sobre todo a los más necesitados.

Se han inaugurado lactarios para madres litigantes, y ampliado Servicios de Orientación al Adolescente para su rehabilitación en medio abierto en 22 cortes de justicia. Asimismo, se ha lanzado el Protocolo de Justicia de Paz Escolar y el primer Centro de Conciliación Escolar, así como el servicio de Justicia Itinerante, que funcionará en las 33 cortes de justicia del país, aplicando la celeridad procesal y los principios de inmediatez, economía y oralidad, para fortalecer la atención a las poblaciones más lejanas y en condiciones de alta vulnerabilidad.

La primera semana de agosto implementaremos salas de encuentro familiar, salas multiusos para la atención de personas con discapacidad y adultos mayores, cámaras Gessel para evitar la revictimización y el protocolo del derecho de los niños a ser oídos. Asimismo, entre el 24 y 26 próximos se realizará el Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyas conclusiones se llevarán a la 7ª Cumbre Mundial sobre la Infancia en Paraguay.

Al celebrarse el 4 de agosto el Día del Juez, expreso mi saludo y reconocimiento a los más de 1,500 jueces y juezas voluntarios del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, así como a su coordinadora nacional, doctora Carmen Julia Cabello Matamala, jueza suprema provisional.

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