Derechos Humanos / Human Rights

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bandera-mexicoUn año después de la salida del GIEI de México: el caso de Aytotzinapa sigue sin resolverse

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21 de abril, 2017
Obstrucción de justicia e irregularidades en la investigación siguen sin castigarse
Washington, DC—Abril marca un año desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó su trabajo de asistencia técnica al gobierno mexicano en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. El 24 de abril de 2016, el GIEI publicó su segundo y último informe con sus conclusiones y recomendaciones para el gobierno mexicano para avanzar en la investigación.

Actualmente, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coordinadora del Mecanismo y también Relatora para México, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión están de visita en México para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI en el caso. En el contexto de su visita, WOLA pone a su disposición una actualización sobre lo que ha ocurrido en el caso de Ayotzinapa desde la salida del GIEI.

El trabajo del GIEI en México fue esencial para desmentir la “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos y sus cuerpos incinerados y arrojados en un río aledaño, y para contrarrestar la prisa del el gobierno mexicano para cerrar el caso. El GIEI también logró avanzar en la investigación del caso. El GIEI descubrió pruebas clave y líneas de investigación creíbles para indagar, incluyendo la posible toma involuntaria de los estudiantes de un autobús usado por un grupo criminal para traficar la heroína a los Estados Unidos. El GIEI también reveló fuerte evidencia que implica varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia, incluyendo la posible manipulación de evidencia del actual Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Tomás Zerón. Además, el GIEI también brindó apoyo importante a las familias y víctimas del caso Ayotzinapa.

“A un año de la salida del GIEI y dos años y medio desde que los estudiantes desaparecieron muy poco ha cambiado. El gobierno mexicano sigue insistiendo en su ya desmentida verdad histórica, los estudiantes no han sido encontrados y nadie ha sido sancionado”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes. “El gobierno mexicano presume su gran inversión de recursos en esta investigación pero el caso sigue sin resolverse”.

En una audiencia del 17 de marzo de 2017 ante la CIDH, el gobierno mexicano declaró que no habían consolidado otra hipótesis y que no hay consolidada otra línea de investigación fuera de su “verdad histórica” de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero por miembros de un grupo de crimen organizado—a pesar de que esta teoría fue desmentida por el GIEI y varios estudios científicos.

Desde la salida del GIEI, se han encontrado información que muestran la importancia de seguir investigando la hipótesis del GIEI de que el motivo del ataque contra los estudiantes era su participación no intencional en una operación de narcotráfico que utiliza autobuses de pasajeros para transportar drogas a los Estados Unidos. Esta información fue deliberadamente ocultada del GIEI durante su tiempo trabajando en el caso.

El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30.000 casos de desaparición registrados oficialmente en México. Se ha convertido en un caso emblemático para solidarizarse y exigir no sólo justicia para los estudiantes y sus familias, sino también acciones gubernamentales para atender a las decenas de miles de familias que buscan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos en México y acciones para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas en el país.

“Un día más es demasiado tiempo para las familias de los estudiantes y para los miles de otras familias que exigen respuestas sobre el paradero de sus seres queridos”, dijo Meyer. “El gobierno mexicano debe seguir con todas las líneas de investigación propuestas por el Grupo de Expertos sobre el caso de Ayotzinapa. También urge aprobar una Ley General sobre la Desaparición de Personas que refleje las exigencias de los familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales”.

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