Derecho Internacional / International Law

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Unión-EuropeaEn vigor la orden de la UE para investigaciones transfronterizas

Fuente: El Economista
23 de mayo, 2017
Ayer entró en vigor la orden europea de investigación, un instrumento que unifica, simplifica y agiliza el trabajo de los organismos judiciales que lleven a cabo investigaciones transfronterizas. Así, por ejemplo, a través de la misma, el juez de un Estado miembro podrá solicitar a su homólogo de otro país de la UE que interrogue a testigos o lleve a cabo registros domiciliarios en su nombre.

La orden europea de investigación se basa en el reconocimiento mutuo; es decir, que las autoridades de los Estados están obligadas a reconocer la validez y ejecutar lo solicitado por otro país, tal y como harían con una decisión que procediera de sus propias autoridades judiciales.

Este instrumento, tal y como explica la Comisión Europea, pretende sustituir al fragmentado marco jurídico actual que rige la obtención de pruebas. Se prevé que abarque todo el proceso probatorio: desde el aseguramiento de pruebas hasta la transferencia de las mismas entre los Estados miembros.

En particular, permitirá el traslado temporal de detenidos con el fin de reunir pruebas; la consulta de cuentas bancarias y operaciones financieras; las investigaciones encubiertas y la interceptación de comunicaciones; y la adopción de medidas de protección de pruebas.

El plazo para que el país receptor acepte la solicitud de pruebas es de 30 días. Una vez confirmado, el Estado deberá ejecutar la medida de investigación solicitada en 90 días.

Cualquier retraso deberá ser comunicado.
Junto con unos plazos más estrictos, la normativa también se refuerza con una restricción de los motivos que permiten denegar la solicitud. Así, la autoridad receptora solo podrá negarse a ejecutar la orden en número reducido de circunstancias como que la solicitud sea perjudicial para sus intereses de seguridad nacional.

La orden de investigación también reduce los trámites administrativos gracias a la creación de un formulario único normalizado, que deberá realizarse en la lengua oficial del Estado ejecutor.

Finalmente, la regulación de este instrumento pretende garantizar los derechos de defensa de los investigados y respetar los procesos penales nacionales. Así, tanto su emisión o su validación debe ser realizada por una autoridad judicial.

Bruselas ha instado a los Estados a que apliquen lo antes posible la orden de investigación, y ha advertido de que se dirigiría a aquellos que aún no hubieran tomado medidas al respecto. España ya se encuentra tramitando la reforma y a finales de febrero se cerró el periodo de consulta pública previo a la redacción de la ley.

El 8 de junio, la Comisión Europea presentará además un paquete de medidas para mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas.

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