Derechos Humanos / Human Rights

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panamaBalance de la evaluación de Panamá ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño

Fuente: Red Internacional de Derechos Humanos

08 de febrero, 2018

Los pasados 17 y 18 de enero, Yazmín Cárdenas, titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SENNIAF), presidió en Ginebra la delegación de Panamá para el examen ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño. Cárdenas estuvo acompañada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas y la Policía Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Su intervención ante los 18 expertos del Comité inició afirmando que Panamá tiene el compromiso de garantizar la implementación efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño, y continuó resaltando las bondades de los programas y proyectos que se realizan en el país y que se basan, sostuvo, en el principio del mejor interés del niño.

Algunos de los avances señalados por Cárdenas fueron el establecimiento de un mecanismo permanente de consulta para niños y adolescentes, la desinstitucionalización infantil a través del Comité Nacional encargado de esta tarea, y los esfuerzos para mejor el sistema de educación y hacerla gratuita para todos.

Sin embargo, como oportunamente destacaron los expertos del Comité, Panamá no tiene ni una Ley Nacional ni un Plan Nacional articulado específicamente en materia de niñez y adolescencia, lo que dificulta la implementación de políticas dirigidas a abordar las causas estructurales de algunas de las principales problemáticas que afectan a los niños y adolescentes en Panamá, como el aumento de la violencia que ha llevado a la UNICEF a considerar al país como uno de los más peligrosos para los jóvenes en el mundo, las altas tasas de embarazo precoz y el aumento de los contagios de las enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA.

El Comité fue enfático en este aspecto ya que Panamá es uno de los pocos países de la región que aún no cuentan con un Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia. No obstante, cabe señalar que el mismo día de su evaluación ante al Comité el Consejo de Gabinete de Panamá aprobó la Resolución 002 del 16 de enero de 2018, que permite la creación de dicho sistema. Sin embargo, no creo que esto sea una coincidencia, pues el Comité ya había cuestionado la ausencia de este sistema en Panamá durante su examen anterior, que tuvo lugar en 2011.

De cualquier manera, si bien se trata de un avance, es oportuno aclarar que aún es necesario que se apruebe la ley marco que reordene la oferta de las instituciones públicas dirigida a la infancia, la niñez y la adolescencia, y las reglas para garantizar la exigibilidad de sus derechos.[1]

Por otra parte, el Comité también criticó que Panamá no contara con un sistema de recolección de datos para determinar los recursos del Estado que son empleados por las distintas instituciones que trabajan temas sobre la niñez y adolescencia, y señaló que sin datos confiables no era posible medir la eficacia de estos proyectos. En este sentido se pronunció el experto Cephas Lumina, quien aseveró que dar respuesta a las necesidades de la infancia no está relacionado necesariamente con gastar, sino con asignar de manera eficiente los recursos y de medir adecuadamente su ejecución.

Durante la sesión se hicieron otros cuestionamientos con respecto al turismo sexual, el impacto que tienen los megaproyectos en las comarcas indígenas sobre los niños citando el caso de Barro Blanco, los concubinatos de menores con hombres mayores de edad, los estereotipos sobre niños y adolescentes indígenas, afros, con discapacidad, LGTBI, migrantes y refugiados.

El Comité condenó especialmente la persistencia del toque de queda como medida de “protección” para los menores, ya que no solo es una violación clara a la Convención, sino además a la Constitución de Panamá, pues restringe el derecho a la libre circulación y asociación, y constituye una acción discriminatoria ya que, por una parte, se aplica únicamente en “áreas rojas”, es decir, en áreas urbanas de bajos recursos y no en los barrios de clase alta, y, por otra, brinda una imagen negativa del adolescente panameño, que es percibido como peligroso. El Comité fue bastante enfático en esta observación, señalando que no solo no hay indicadores que demuestren que esta medida es eficaz, sino que además el Gobierno de Panamá se ha comprometido en repetidas ocasiones a eliminarla.

Sobre este tema, la delegación nacional se limitó a contestar que desde la SENNIAF se giraban notas a los gobernadores de las provincias, indicándoles que es una violación de los derechos del niño, y recomendándoles que empleen otras medidas. Además mencionaron que la Procuraduría General respondió, a la consulta realizada por el gobernador de Panamá, que el toque de queda no es un instrumento idóneo para proteger a los menores de edad.

En vista de lo anterior, el Comité insistió en que no entendía que en un Estado de derecho como Panamá persista una práctica evidentemente contraria a las normas vigentes. Además, los expertos se mostraron poco complacidos cuando se cuestionó al Estado sobre el procedimiento empleado para detener a los jóvenes durante el toque de queda, ya que la delegación panameña parecía no tener claro el procedimiento, ni el lugar donde permanecía el menor mientras se localizaba a sus padres o acudientes.

Otras preocupaciones elevadas por los expertos hacían referencia a la calidad de la educación panameña, la cual está pobremente valorada en la región. En la última prueba del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), Panamá obtuvo una de las evaluaciones más bajas, toda vez que resultó en la posición 63 de los 65 países participantes. La delegación señaló los esfuerzos de Panamá para mejorar el nivel educativo y agregó que estarán presentes en las pruebas PISA 2018.

A esto debe agregarse que el país cuenta con pobres infraestructuras educativas, sobre todo en las áreas rurales y de difícil acceso, donde se mantienen escuelas multigrados y escuelas ranchos. El Comité manifestó su preocupación en cuanto al plan del Gobierno para eliminar las escuelas rancho y construir nuevos centros de educación más modernos, ya que esto representaría menos escuelas, como en el caso de la comarca Ngäble Buglé donde se pretende reemplazar 268 aulas rancho en Müna por 44 planteles que contarán con mejoras estructurales como bibliotecas y comedores. No obstante, si esto no se complementa con servicios de transportes eficientes, la reducción de centros educativos en estas zonas podría dificultar el acceso efectivo a la educación.

Los expertos también cuestionaron al Estado por no haber adoptado una ley de educación sexual, teniendo en cuenta que el 38 % de la población, según el Censo Nacional de 2010, tiene menos de 20 años, y que las tasas de embarazo precoz y de enfermedades de transmisión sexual han ido en aumento. La situación es tan preocupante que el VIH/SIDA es una de las principales causas de muerte en jóvenes panameños de 15 a 24 años, y en un reporte del Instituto Gorgas de Estudios de la Salud del 2011 se concluyó que el 68 % de los adolescentes entre 15 y 19 años es afectado por el virus de papiloma humano, causa del 90 % de los casos de cáncer uterino. El Estado alegó que el proyecto de ley 61 sobre educación sexual integral no había sido aprobado por la Asamblea debido a que no se había logrado llegar a un consenso con la sociedad civil.

Además, los expertos criticaron que el Estado no facilitara el acceso a medios contraceptivos o de protección contra enfermedades de transmisión sexual y destacaron que la Ley 60 de 30 de noviembre de 2016 sobre la menor embarazada se limita a proponer campañas de difusión de información y que promueve la abstinencia como método anticonceptivo.

Por otra parte, el experto español Jorge Cardona fue enfático en la mora de catorce años que mantiene el Estado de Panamá en cuanto a la presentación del informe sobre el cumplimiento del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el cual fue ratificado por Panamá en 2001. Apenas en 2017, la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES), sostuvo reuniones con el Ministerio Público y el Órgano Judicial para preparar un primer borrador[3], a pesar de que el Protocolo entró en vigor para Panamá en 2002, y en su artículo 12 estipula que en un plazo de dos años después de la entrada en vigor, el Estado deberá presentar al Comité un informe que contenga la exposición general de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la disposiciones del mismo.

El Comité centró sus cuestionamientos en temas claves como el registro infantil a nivel nacional, la participación de los niños, niñas y adolescentes en los procesos administrativos y judiciales, el cuidado prenatal y natal y el trabajo infantil. Los expertos hicieron énfasis en las áreas rurales por los elevados índices de deserción escolar, el concubinato entre menores y adultos con el consentimiento de los padres, la situación en los centros de detención juvenil, respecto de la cual el Comité ya se había mostrado preocupado debido a los casos observados en la última evaluación de Panamá, cuando se abordó que jóvenes murieron quemados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen. Igualmente se resaltó la importancia de combatir la corrupción que afecta directamente los recursos del Estado, de invertir en programas de salud mental, la inclusión de grupos discriminados como indígenas, afros y personas con discapacidad.

Finalmente, el Comité agradeció al Estado por su participación y la presentación del informe, y recordó la importancia de tener este diálogo, cuyo propósito es constituir un espacio de cooperación para fortalecer los esfuerzos dirigidos a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La evaluación de los Estados ante el Comité de los Derechos del Niño es un proceso en el cual también participa la sociedad civil a través de la presentación de informes alternativos al del Estado. Los resultados de esta evaluación se verán plasmados en las recomendaciones emitidas por los expertos, las cuales estarán disponibles en la primera semana del mes de febrero.

Notas

[1] http://www.mides.gob.pa/consejo-de-gabinete-aprueba-sistema-de-proteccion-integral-de-ninez-y-adolescencia-en-panama/

[2] https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Gobierno-comienza-historica-eliminacion-de-escuelas-rancho-en-la-comarca-Ngabe-Bugle-

[3] http://www.telemetro.com/nacionales/Panama-cumplimiento-protocolos-pornografia-infantil_0_1024998513.html

 

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